Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06047-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-06047-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06047-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06047-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06047-00
Accionante: JULIO IVÁN CLARO SARABIA
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO – Durante el
trámite de la acción de tutela, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Oficina de Apoyo de los Juzgados Penales de Valledupar respondieron la petición
presentada el 10 de junio de 2026.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por el señor Julio Iván Claro Sarabia, de conformidad con lo consagrado en el
artículo 86 de la Constitución Política, en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de
19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 31 de julio de 2026, en nombre propio, el señor Julio Iván Claro Sarabia
presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición y al debido
proceso.
Hechos relevantes
2. Desde el 1.° de diciembre de 2023, el señor Julio Iván Claro Sarabia ocupa el
cargo de citador grado III, adscrito al Centro de Servicios de los Juzgados Penales
de Valledupar. El 10 de junio de 20262,el actor radicó una petición ante el Consejo
Superior de la Judicatura, la Mesa de Entrada del Consejo Superior de la Judicatura
y la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura3 con el fin de obtener
información acerca de la entidad responsable del suministro de herramientas
tecnológicas, medio de transporte institucional y reconocimiento de auxilio de
rodamiento para los empleados judiciales con funciones de entrega de
correspondencia.
1
Que ingresó para fallo el 14 de agosto de 2026.
2
Obra en certificado 8B7ED49A6AB94635 8D4A8B5A680152FD 80F5A2BBAB689DEF
B747E5BBED754E20, págs. 1-7, índice 2 de Samai.
3
La cual remitió a los correos electrónicos info@cendoj.ramajudicial.gov.co,
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co y mepjbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06047-00
Accionante: Julio Iván Claro Sarabia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
3. De igual forma, solicitó información acerca del trámite aplicable a la entrega de
citaciones dentro de los procesos penales, y si dicha función correspondía, según
qué casos, al Centro de Servicios Administrativos y de Apoyos, a la Fiscalía General
de la Nación o a las partes e intervinientes dentro de los procesos penales.
4. El actor puso de presente que, el 12 de junio de 2026, su solicitud fue objeto de
sucesivas remisiones por parte del Consejo Superior de la Judicatura, que la envió
a la Mesa de Entrada de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4 y a la
Mesa de Entrada del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar. Posteriormente,
el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar remitió la petición a la Mesa de
Entrada de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar y al
Asistente del director Seccional del Cesar – Valledupar.
5. Sin embargo, a juicio del accionante, para la fecha de la presentación de la acción
de tutela no había respuesta de fondo a la petición realizada.
Pretensiones
6. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
“1. Tutelar los derechos fundamentales al derecho de petición y al debido
proceso.
2. Ordenar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA como entidad
encargada de regular los tramites administrativos y judiciales no previstos
por el legislador, dar respuesta al derecho de petición presentado el día 10
de junio de la presente anualidad, la cual debe ser clara, precisa y de
fondo”5.
Fundamentos de la demanda de tutela
7. El tutelante afirmó que el procedimiento impartido a la petición objeto de tutela
es injustificable, por cuanto la competencia para regular los trámites judiciales y
administrativos no regulados en la ley corresponde al Consejo Superior de la
Judicatura, de acuerdo el artículo 85 de la Ley 270 de 19966.
Trámite en primera instancia
8. Mediante auto del 3 de agosto de 2026, el despacho sustanciador admitió la
solicitud de amparo y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura como
accionado y a la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, al Centro de
Documentación Judicial -CENDOJ-, al Nivel Central y la Mesa de Entrada de
Valledupar – Cesar y el de Bogotá del Consejo Superior de la Judicatura, a la
4
En particular, la dirección ejecutiva recibió la solicitud el 12 de junio de 2026.
5
Ver pág. 2 del escrito de tutela.
6
“ARTÍCULO 85. FUNCIONES [D]EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Al Consejo
Superior de la Judicatura le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
[…]
b. Los dirigidos a regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos
judiciales en los aspectos no previstos por el legislador […]”
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06047-00
Accionante: Julio Iván Claro Sarabia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Consejo Seccional de la
Judicatura del Cesar, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Valledupar y al Centro de Servicios Administrativos del Sistema Penal Acusatorio
de Valledupar – Cesar como terceros con interés en las resultas del proceso.
También ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
Intervenciones
9. En memorial allegado el 6 de agosto de 2026, el director Ejecutivo Seccional
de Administración Judicial de Valledupar expuso que dicha dirección seccional
tiene a su cargo funciones principalmente administrativas, por lo que no es la
autoridad competente para pronunciarse sobre las disposiciones normativas que
regulan los deberes y funciones de los citadores y centros de servicios.
10. Narró que, el 26 de febrero de 2026, el accionante presentó una petición ante
esa dirección seccional en la que solicitó una línea móvil institucional y un medio de
transporte institucional con el respectivo suministro de combustible, la cual fue
contestada por medio del oficio DESAJVAO26-604 del 20 de marzo de 2026, en el
que se le indicó que no era posible acceder a lo pedido, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 16 del Decreto 0199 de 20247.
11. Igualmente alegó que, fruto de reuniones sostenidas entre la dirección
seccional, el Consejo Seccional de la Judicatura, el Juez coordinador y el
profesional universitario del Centro de Servicios de los Juzgados Penales de
Valledupar, se concertó adquirir un servicio de telefonía móvil a efectos de
garantizar las labores de notificación a cargo de dicho centro de servicios.
12. Afirmó que la dirección seccional adquirió un teléfono móvil con acceso a plan
de datos, lo asignó al Juez coordinador y al profesional universitario del Centro de
Servicios de los Juzgados Penales de Valledupar para la atención de sus funciones,
y lo entregó el 14 de julio de 2026.
13. Reiteró que no era posible asignar vehículos a servidores o funcionarios, y
precisó que, en atención al régimen salarial y prestacional vigente, el artículo 8 del
Decreto 0297 de 2026 prevé el auxilio especial de transporte a los citadores de los
diferentes despachos judiciales con el fin de cubrir los desplazamientos necesarios
para las diligencias de notificación. Al respecto, adujo que al accionante se le
reconoce mensualmente la suma de $57.173 por concepto de dicho auxilio de
transporte.
14. Para concluir, solicitó la desvinculación de la entidad al carecer de legitimación
en la causa por pasiva, por no ser responsable de la conducta vulneradora alegada
en la tutela.
7
“Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los órganos que hacen parte
del Presupuesto General de la Nación”.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06047-00
Accionante: Julio Iván Claro Sarabia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
15. A través de su profesional universitario, el Centro de Servicios de los
Juzgados Penales de Valledupar afirmó que la petición cuya falta de respuesta se
alega no fue presentada directamente ante dicha dependencia, por lo que no le
asiste competencia para resolverla de fondo.
16. Igualmente, hizo referencia a las reuniones efectuadas con la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Valledupar, producto de las cuales se
entregó a los citadores del centro un teléfono móvil institucional destinado a la
realización de notificaciones, y adujo que, en virtud de ello, el accionante cuenta con
acceso a dicho teléfono para cumplir sus funciones.
17. De la misma manera, trajo a colación la circular CSJCEC26-40 del 24 de julio
de 2026, expedida por el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, y manifestó
que en ella se refleja el marco funcional bajo el cual opera el centro de servicios en
materia de notificaciones. Alegó que dicha directriz consiste en la racionalización de
las cargas administrativas de los centros de servicios frente a órdenes de
notificación reiterativas o innecesarias, sin que ello comporte desconocimiento de
las decisiones judiciales, sino la aplicación de criterios de razonabilidad y
proporcionalidad.
18. Por último, indicó que se ha dado cumplida cuenta de las gestiones
administrativas adelantadas frente a las condiciones de trabajo del accionante, sin
embargo, iteró que no le asiste legitimación en la causa por pasiva en cuanto a lo
pretendido en la acción de tutela.
19. En memorial allegado por el vicepresidente del Consejo Seccional de la
Judicatura del Cesar, afirmó que, el 12 de junio de la presente anualidad, dicha
entidad recibió la petición presentada por el accionante, dispuso su remisión a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar y le dio
contestación mediante el oficio CSJCEO26-64 del 10 de agosto de 2026, el cual fue
notificado al correo electrónico del accionante.
20. En dicha contestación, se le informó al actor que, de conformidad con la Ley
270 de 1996, los consejos seccionales de la judicatura no tienen asignadas
funciones relacionadas con administración presupuestal, adquisición de bienes y
servicios, dotación de herramientas de trabajo, asignación de vehículos
institucionales, reconocimiento de auxilios de rodamiento o suministro de equipos
tecnológicos para los servidores judiciales.
21. Con respecto a los puntos de la solicitud relacionados a la realización de
citaciones, notificaciones y comunicaciones dentro de los procesos penales y los
sujetos procesales responsables de estas, se le manifestó que dicho asunto está
vinculado “con la interpretación y aplicación de las normas procesales en cada caso
concreto, materia que corresponde definir a los Jueces de la República […]”, por lo
que el consejo seccional no se encontraba facultado para emitir conceptos jurídicos
de carácter vinculante sobre ello.
22. En virtud de dicha contestación, solicitó su desvinculación del presente trámite.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06047-00
Accionante: Julio Iván Claro Sarabia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
23. La directora del Centro de Documentación Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura allegó memorial en el que señaló que, como unidad técnica del
Consejo Superior de la Judicatura, dicha dependencia tiene a su cargo la
administración funcional del servicio de correo electrónico institucional de la Rama
Judicial.
24. Señaló que la petición objeto de tutela fue recibida a través del correo
electrónico info@cendoj.ramajudicial.gov.co y que, por considerarlo de su
competencia, se le remitió a la Mesa de Entrada del Consejo Superior de la
Judicatura, a la Mesa de Entrada de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y a la Mesa de Entrada del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar.
25. No obstante, adujo que el Centro de Documentación Judicial no es la
dependencia responsable para dar solución a la controversia planteada por el
accionante y solicitó su desvinculación de este trámite, en la medida que realizó las
gestiones necesarias en el marco de sus competencias para evitar la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales invocados, ya que trasladó la petición al
competente.
26. A través de una magistrada auxiliar, la Presidencia del Consejo Superior de
la Judicatura explicó que la Unidad de Recursos Humanos de las direcciones
seccionales de Administración Judicial y/o la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial está legitimada para dirimir la controversia señalada. Esto de conformidad
con el artículo 1°. del Acuerdo PSAA09-6203 del 2009. De igual modo precisó que
esa dependencia es quien tiene la aptitud legal por ser la competente para definir el
reconocimiento y pago de los emolumentos y prestaciones sociales con relación del
personal que trabaja en los distritos judiciales de su jurisdicción territorial, así como
la expedición de los certificados, corrección de estos, reconocimiento y demás
situaciones que deriven del pago o descuentos de nómina.
27. De otra parte, adujo que la petición recibida el 10 de junio de 2026 a través del
correo electrónico presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co fue trasladada
por competencia el 22 del mismo mes y año a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Valledupar, remisión que fue notificada al accionante por
medio del correo electrónico jclarosa@cendoj.ramajudicial.gov.co. Por tanto, solicitó
acceder a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y, en
consecuencia, desvincular a la entidad del trámite de amparo.
28. A través de la abogada de la Unidad de Asistencia Legal, el 11 de agosto de
20268, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura allegó un memorial en el cual solicitaba una prórroga de dos (2)
días hábiles para contestar la acción de tutela de la referencia.
29. El 24 de agosto de 20269, luego de que el expediente ingresara al despacho
para fallo y se registrara “a la Sala para sentencia” para su estudio en la sesión de
8
Ver índice 00013 de SAMAI.
9
Índice 00018 de SAMAI, documento registrado a las a las 10:45:29 en el expediente 11001-03-15-
000-2026-06047-00.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06047-00
Accionante: Julio Iván Claro Sarabia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
ese mismo día, la entidad allegó de forma extemporánea el oficio DEAJRHO26-
3157 del “12 de agosto de 2026”, por medio del cual se afirmó que había
complementado la respuesta brindada a los puntos 1 y 2 por el oficio DESAJVAO26-
604 del 20 de marzo de 2026, expedido por el director Seccional de Administración
Judicial de Valledupar. En este sentido, se le informó al accionante que no resultaba
procedente la adquisición y asignación individual de un teléfono celular al
accionante para el cumplimiento de las funciones ordinarias del cargo de citador, de
conformidad con las restricciones establecidas en el Decreto 0618 de 2026.
30. De igual forma, se le puso de presente que la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Valledupar informó que no dispone de vehículos
institucionales para asignación individual a servidores judiciales para el desarrollo
de las diligencias propias del cargo, se expuso que el auxilio especial de transporte
se encuentra previsto en el artículo 32 del Decreto 717 de 1978 y se afirmó que no
se identifica una disposición normativa que establezca el reconocimiento de un
auxilio de rodamiento adicional al auxilio especial de transporte.
31. Igualmente, se allegaron los oficios CSJPV0789 y CSJPV-0790 expedidos por
el juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales
de Valledupar, mediante los cuales contestó los puntos 3, 4, 5 y 6 del escrito
petitorio. En ese orden de ideas, se pronunció sobre la competencia para la citación
de testigos y víctimas dentro del proceso penal y sobre el deber de entrega de
correspondencia en zonas rurales del municipio.
32. Adicionalmente, la entidad adjuntó constancia de la remisión de los oficios
mencionados, junto con diversos anexos, al correo electrónico
jclarosa@cendoj.ramajudicial.gov.co.
CONSIDERACIONES
Competencia
33. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201910.
Cuestión previa
34. A través de memorial del 11 de agosto de 202611, se advierte que la abogada
de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
solicitó una prórroga por el término de dos (2) días hábiles con el fin de contestar la
acción de tutela.
10
Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
11
Ver índice 18 de Samai.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06047-00
Accionante: Julio Iván Claro Sarabia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
35. No obstante, al revisar el expediente de tutela, se constató lo siguiente: (i) el
auto admisorio proferido por el despacho sustanciador estableció con claridad que
las partes contaban con el término de dos (2) días, contados a partir de su recibo,
para pronunciarse sobre el contenido de la acción de amparo. Dicha providencia fue
notificada a las partes el 5 de agosto de 2026; (ii) el proceso de tutela ingresó al
despacho para fallo el 14 de agosto de 2026, y la solicitud fue presentada el 11 del
mismo mes y año, es decir, transcurrieron tres (3) días hábiles después de la
solicitud. Durante esos días, la DEAJ pudo allegar la contestación correspondiente,
máxime si se tiene en cuenta que, en el trámite de la acción de tutela, no existen
etapas preclusivas que impidan valorar los informes aportados con posterioridad al
vencimiento del término concedido12; (iii) la acción de tutela debe resolverse de
manera expedita y ágil, por lo que, en este caso particular, aplazar la decisión para
ampliar un plazo de respuesta desnaturalizaría dichos principios13;y (iv) el 24 de
agosto de 2026 a las 10:45:29, la entidad allegó una contestación cuando el
expediente ya había ingresado al despacho para fallo, desde el 14 de agosto de
2026, y había sido registrado “a la Sala para sentencia”, cuando el expediente ya
se encontraba para decisión. Por tanto, dado el estado procesal en que se
encontraba el asunto, no se accederá a la solicitud de prórroga. Lo anterior, no
impide valorar la contestación allegada el 24 de agosto de 2026 y sus anexos, en
atención al carácter informal del trámite de tutela, ya que fueron aportados el día en
que se profiere sentencia, sin que se hubiese decido el asunto.
Problema jurídico y metodología de la decisión
36. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela satisface los requisitos
de procedibilidad formal. En caso de superar el anterior examen, esta Corporación
debe establecer si el Consejo Superior de la Judicatura y las entidades a las cuales
fue remitida la petición del 10 de junio de 2026 vulneraron el derecho fundamental
de petición y al debido proceso del señor Julio Iván Claro Sarabia, al no brindar una
respuesta de fondo frente a la solicitud. Previo a este análisis sustantivo, deberá
examinarse, si se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado al
emitir, según las entidades accionadas, respuesta a las peticiones del tutelante o
haberlas remitido a las autoridades competentes.
37. Con el objetivo de resolver los problemas jurídicos planteados, la Subsección
adoptará la siguiente ruta de análisis: (i) se examinarán los requisitos generales
para la procedencia de la acción de tutela y lo relacionado con el derecho de petición
y (ii) se realizará el análisis del caso concreto conforme a cada una de las
autoridades que tuvieron conocimiento de la solicitud del 10 de junio de 2026.
Procedibilidad formal de la acción de tutela
38. A continuación, se examinará si se satisfacen los requisitos de procedibilidad
formal de la acción de tutela.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU387 de 2022 y Auto 567 de 2019.
13
Corte Constitucional, Auto 038 d 2005 y Sentencia T-217 de 2001.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06047-00
Accionante: Julio Iván Claro Sarabia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Legitimación en la causa por activa y por pasiva
39. El señor Julio Iván Claro Sarabia cuenta con legitimación en la causa por activa
para formular la acción de tutela, puesto que es el titular de los derechos que alega
como vulnerados. En los soportes allegados al proceso y algunas de las respuestas
otorgadas por las autoridades accionadas, se advierte que el accionante radicó una
solicitud el 10 de junio de 2026.
40. Respecto del Consejo Superior de la Judicatura, se advierte que cuenta con
legitimación en la causa por pasiva, pues es una de las autoridades a las que se
envió la petición que se reclama como no contestadas.
41. Ahora bien, la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, el Centro de
Documentación Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional
de la Judicatura del Cesar y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Valledupar solicitaron su desvinculación. No obstante, en el caso de la
Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y su Centro de Documentación
Judicial, no se accederá a la solicitud, puesto que son las autoridades a las cuales
fue enviada inicialmente la petición. De igual modo, no se accederá a la solicitud de
desvinculación de las demás autoridades, en virtud de que tuvieron conocimiento
de la petición presentada por el accionante debido a las diversas remisiones
realizadas para que esta fuera atendida. Por ello, existe una relación suficiente entre
la conducta cuestionada y las autoridades vinculadas al extremo pasivo de la acción.
Inmediatez
42. De acuerdo con la información suministrada dentro del expediente de tutela, la
parte accionante satisfizo el requisito, pues la petición se formuló el 10 de junio de
2026. Ahora bien, tal como lo indicó en la solicitud de amparo, las peticiones no
habían sido resueltas, por lo cual la vulneración alegada es actual. En efecto, se
supera el requisito de inmediatez.
Subsidiariedad
43. En relación con el requisito de subsidiariedad, el Decreto 2591 de 1991 indica
que la persona que acuda ante el juez de tutela deberá agotar los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su disposición. En el presente caso, la Sala
advierte que el señor Julio Iván Claro Sarabia no cuenta con otro mecanismo de
defensa judicial para obtener la protección de su derecho fundamental, razón por la
cual procederá al estudio de fondo del caso.
44. Por consiguiente, la acción es procedente y la Sala realizará el estudio sobre la
solicitud formulada por el actor y que, a su juicio, no fue resuelta por el Consejo
Superior de la Judicatura.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06047-00
Accionante: Julio Iván Claro Sarabia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
El hecho superado en el derecho de petición como causal de improcedencia
de la acción de tutela
45. La Corte ha reconocido que dicha figura se presenta cuando, durante el trámite
de la acción de tutela y antes de que se adopte una decisión, desaparecen las
circunstancias que originaron la presunta vulneración de derechos fundamentales,
lo que hace innecesario un pronunciamiento judicial14. El Tribunal Constitucional15
ha identificado tres supuestos para la configuración de la carencia actual de objeto:
(i) hecho superado; (ii) daño consumado o (iii) situación sobreviniente. En atención
a los antecedentes del presente caso, la Subsección se detendrá a realizar algunas
precisiones sobre el hecho superado. En particular, la hipótesis (i) opera cuando la
vulneración o amenaza del derecho fundamental desapareció porque la autoridad
accionada adoptó de manera voluntaria las medidas necesarias para restablecer el
derecho presuntamente vulnerado16. En tales casos, la tutela pierde objeto, pues ya
no subsiste la situación lesiva que justifique una intervención del juez constitucional
y la vulneración de los derechos fundamentales se superó.
46. Precisado lo anterior, debe señalarse que el hecho superado puede
configurarse cuando, durante el trámite de la acción, la autoridad satisface la
pretensión asociada al derecho de petición. Sin embargo, la sola existencia formal
de una contestación no permite tener por superada la vulneración, pues
corresponde verificar que aquella satisfaga los elementos esenciales del derecho,
esto es, que resuelva de fondo lo solicitado de manera clara, precisa y congruente,
y que haya sido efectivamente puesta en conocimiento del peticionario.
47. El artículo 23 Constitucional establece el derecho fundamental de todas las
personas a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o
particular, con el fin de obtener una pronta resolución. Con base en esta norma y la
regulación estatutaria en la Ley 1755 de 2015, la Corte Constitucional ha sintetizado
los elementos del derecho, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 1. Reglas jurisprudenciales del derecho de petición
Elementos del derecho fundamental de petición
El derecho de petición protege la posibilidad cierta y efectiva de dirigir a
Formulación las autoridades o a los particulares, en los casos que determine la ley,
solicitudes respetuosas. Dichos sujetos no pueden negarse a recibirlas o
abstenerse de tramitarlas. Los obligados a cumplir con este derecho
deben recibir toda clase de peticiones, a excepción de las irrespetuosas.
El término de respuesta del derecho de petición debe entenderse como
Pronta un tiempo máximo que tiene la administración o el particular para resolver
resolución la solicitud. Según la Ley 1755 de 2015, salvo norma especial, ese plazo
corresponde a 15 días hábiles en las peticiones, a 10 días en la solicitud
de información o documentos o a 30 días en las consultas.
La respuesta a la petición debe ser de fondo. Por lo tanto, debe ser: (i)
clara, “inteligible y de fácil comprensión”; (ii) precisa, de forma tal que
14
Corte Constitucional, sentencia T-200 de 2022. M.P: José Fernando Reyes Cuartas.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-109 de 2022. M.P: Paola Andrea Meneses Mosquera.
16
Corte Constitucional, Sentencias T-226 de 2024, T-244 de 2023 y SU-096 de 2018.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06047-00
Accionante: Julio Iván Claro Sarabia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Respuesta “atienda, de manera concreta lo solicitado, sin información impertinente”
de fondo y “sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas”; (iii) congruente, es decir,
que “abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo
solicitado”, y (iv) consecuente, lo cual implica “que no basta con ofrecer
una respuesta como si se tratara de una petición aislada (…) sino que, si
resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las
razones por las cuales la petición resulta o no procedente”.
La respuesta debe ser notificada, por cuanto la notificación es el
Notificación mecanismo procesal adecuado “para que la persona conozca la
resolución de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en
el capítulo de notificaciones de la Ley 1437 de 2011”. Esta obligación
genera para la administración la responsabilidad de actuar con diligencia
para que su respuesta sea conocida.
48. En este contexto, la vulneración del derecho fundamental de petición se
configura cuando la autoridad guarda silencio y omite pronunciarse dentro de los
plazos legalmente establecidos, y cuando pese a emitir una respuesta, esta no
satisface de manera clara, precisa y congruente el contenido de la solicitud
formulada y, por tanto, no puede considerarse como una respuesta de fondo
adecuada o idónea. Igualmente, el hecho de que se brinde una respuesta no implica
la aceptación de lo requerido. Además, el término y la obligación para responder
una solicitud opera para una entidad con independencia de que dentro de esta deba
someterse a diferentes trámites o etapas. Esto sin perjuicio de que cuando no sea
posible resolver la petición en el plazo legal, la autoridad deberá informar al
interesado, antes de su vencimiento, los motivos de la demora y el nuevo término
razonable para responder, que no podrá exceder el doble del inicialmente
previsto10.
Análisis del caso concreto
De la solicitud presentada el 10 de junio de 2026 al Consejo Superior de la
Judicatura
49. El señor Julio Iván Claro Sarabia interpuso acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura, al considerar que vulneró sus derechos fundamentales
de petición y al debido proceso. Esto por no brindar una respuesta integral sobre su
petición presentada el 10 de junio de 2026 a los correos electrónicos
info@cendoj.ramajudicial.gov.co,
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co y
mepjbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co. Allí solicitó que informara sobre los
siguientes puntos: (1) si existe obligación de suministrarle herramientas
tecnológicas y medios de transporte o, en su defecto, reconocer un auxilio de
rodamiento para el cumplimiento de sus funciones; (2) cuál es el fundamento
normativo de esa obligación y el procedimiento para solicitar dicho suministro o
reconocimiento; (3) si los citadores deben efectuar entregas de correspondencia en
zonas rurales; (4) cuál es el medio prevalente para realizar las citaciones ordenadas
por los jueces en los procesos penales; (5) a qué autoridad corresponde citar a las
víctimas respecto de las distintas actuaciones penales; y (6) si la citación de testigos
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06047-00
Accionante: Julio Iván Claro Sarabia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
corresponde al Centro de Servicios o constituye una carga de las partes e
intervinientes.
50. Al respecto, reprochó que se hubiera remitido la solicitud a diversas entidades
a pesar de haber sido dirigida al Consejo Superior de la Judicatura, por cuanto, a
su juicio, es dicha autoridad la que ostenta la competencia para resolverla.
51. De las pruebas allegadas al trámite, se constató que el 12 de junio de 2026, el
Centro de Documentación Judicial del Consejo Superior de la Judicatura remitió la
solicitud a correos electrónicos que corresponden a las mesas de entrada del
Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar.
52. De la misma forma, se encontró que, ese mismo día, la Mesa de Entrada del
Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar remitió la petición a los correos
electrónicos correspondientes a la Mesa de Entrada de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Valledupar y al “Asistente Director – Cesar
– Valledupar”.
53. Asimismo, se evidencia que, el 22 de junio de la presente anualidad, a través
del correo electrónico de un profesional de la Oficina del Despacho de la Presidencia
del Consejo Superior de la Judicatura, se remitió el escrito petitorio a las mesas de
entrada de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Valledupar y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
54. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de su intervención
en este trámite constitucional, indicó que la solicitud debía ser resuelta por la Unidad
de Recursos Humanos de la Dirección Seccional de Administración Judicial o
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de conformidad con el artículo 1°. Del
Acuerdo PSAA09-6203 de 2009. En el mismo sentido, señaló que remitió la petición
a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar y notificó dicha
actuación al peticionario.
55. Luego de que el expediente ingresara al despacho para fallo y se registrara
proyecto de fallo para su estudio en Sala, el 24 de agosto de 2026, a las 10:45:29,
por medio de ventanilla virtual, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
allegó su contestación, junto con el oficio DEAJRHO26-3157, fechado “12 de agosto
de 2026”, en el cual se pronunció sobre los puntos 1 y 2 de la solicitud presentada
por el actor.
56. De igual forma, la entidad remitió los oficios CSJPV0789 y CSJPV-0790
expedidos el 18 de agosto de 2026 por el juez coordinador del Centro de Servicios
Judiciales para los Juzgados Penales de Valledupar, por medio de los cuales dio
contestación a los puntos 3, 4, 5 y 6 del escrito petitorio.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06047-00
Accionante: Julio Iván Claro Sarabia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
57. Revisados los anexos aportados, se constata que el oficio DEAJRHO26-3157,
fechado el 12 de agosto de 2026 y generado electrónicamente el 20 del mismo mes.
Así como los oficios CSJPV0789 y CSJPV-0790 del 18 de agosto de 2026, fueron
enviados el 21 de agosto siguiente al correo electrónico
17
jclarosa@cendoj.ramajudicial.gov.co , como se observa:
58. La Sala confirma que, en el oficio DEAJRHO26-3157, fechado el “12 de agosto
de 2026”, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dio respuesta a los
puntos 1 y 2 de la petición del 10 de junio de 2026 de la siguiente forma:
Petición presentada el 10 de junio de 2026 al Respuesta otorgada por el director de talento
Consejo Superior de la Judicatura, remitida humano de la Dirección Ejecutiva de Administración
los siguientes 12 y 22 de junio a diversas Judicial por medio del oficio DEAJRHO26-3157 del
entidades “12 de agosto de 2026”
“1. Se sirva indicar si, conforme al marco “1. Suministro de teléfono celular con acceso a
normativo vigente, recae sobre el Consejo Internet
Superior de la Judicatura o la Dirección […]
Ejecutiva de Administración Judicial la En materia de telefonía móvil, el artículo 16 del
responsabilidad de suministrar las Decreto 0199 de 2024 estableció medidas de
herramientas tecnológicas (teléfono con austeridad relacionadas con la adquisición y
acceso a internet), y un medio de transporte renovación de equipos y servicios de telefonía
institucional o, en su defecto, reconocer un móvil, Internet y datos para los servidores públicos,
auxilio de rodamiento a los empleados en los términos y con las excepciones previstas en
judiciales que, como el suscrito, tienen dicha disposición.
17
Se advierte que dicha dirección de correo electrónico fue dispuesta por el accionante en la solicitud
del 10 de junio de 2026 y en el escrito de tutela para efectos de notificaciones.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06047-00
Accionante: Julio Iván Claro Sarabia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
dentro de sus funciones la entrega personal Actualmente, el literal e) del artículo 17 del Decreto
de correspondencia judicial. 0618 de 2026, en concordancia con las
disposiciones sobre austeridad y racionalización del
2. Se precise cuál es la disposición gasto previstas en el Decreto 1068 de 2015,
normativa que regula dicha obligación, en establece que las entidades que hacen parte del
caso de existir, y se indique cuál es el Presupuesto General de la Nación deben
procedimiento administrativo que debe abstenerse de renovar o adquirir teléfonos celulares
adelantarse para solicitar formalmente dicho y planes de telefonía móvil, Internet y datos para los
suministro o reconocimiento”. servidores públicos de cualquier nivel, así como
desmontar gradualmente los servicios actualmente
contratados, salvo las excepciones expresamente
establecidas en la normativa.
De acuerdo con la información reportada por la
Dirección Seccional, la situación planteada por el
accionante, en su calidad de Citador del Centro de
Servicios Judiciales para los Juzgados Penales de
Valledupar, no se encuentra comprendida dentro de
las excepciones previstas en la citada disposición.
Por consiguiente, no resulta procedente la
adquisición y asignación individual de un teléfono
celular con acceso a Internet y plan de datos para el
cumplimiento de las funciones ordinarias del cargo
2. Asignación de medio de transporte institucional y
auxilio de rodamiento
En cuanto a la solicitud de un medio de transporte
institucional para el cumplimiento de las diligencias
externas propias del cargo, la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Valledupar informó
que no cuenta actualmente con vehículos
disponibles para asignación individual a servidores
judiciales.
[…] Respecto del auxilio de rodamiento, el artículo
32 del Decreto 717 de 1978 contempla el auxilio
especial de transporte para los Citadores que
prestan sus servicios en los Juzgados Penales,
entre otros despachos. Para la vigencia 2026, el
artículo 8 del Decreto 297 de 2026 mantiene este
beneficio y establece las cuantías correspondientes
según la población de la ciudad. En consecuencia,
el auxilio especial de transporte constituye el
beneficio económico previsto normativamente para
los Citadores en razón de las funciones propias del
cargo. Este beneficio no corresponde a un auxilio de
rodamiento adicional destinado a sufragar el uso de
un vehículo particular. Por tanto, no se identifica una
disposición normativa que establezca el
reconocimiento de un auxilio de rodamiento
adicional al auxilio especial de transporte previsto
para los Citadores”.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06047-00
Accionante: Julio Iván Claro Sarabia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
59. Por otro lado, se constata que, mediante los oficios CSJPV0789 y CSJPV-0790
del 18 de agosto de 2026, el juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales
para los Juzgados Penales de Valledupar brindó respuesta a los puntos 3, 4, 5 y 6
de la solicitud del 10 de junio de la siguiente manera:
Petición presentada el 10 de junio de 2026 al Respuesta otorgada por el juez coordinador del
Consejo Superior de la Judicatura, remitida Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados
los siguientes 12 y 22 de junio a diversas Penales de Valledupar por medio de los oficios
entidades CSJPV0789 y CSJPV-0790 del 18 de agosto de
2026
“3. Se indique si es deber de los citadores “Previamente, se deja constancia de que las
entregar correspondencia en zonas rurales funciones del señor Julio Iván Claro Sarabia, en su
de la ciudad de Valledupar dado que el condición de Citador III adscrito a este Centro,
establecimiento Carcelario y Penitenciario fueron fijadas mediante la Resolución No. 004 de
de Alta y Media Seguridad de Valledupar “LA 2025 del 24 de enero de 2025, expedida por el Juez
TRAMACUA” está ubicada a 3.5 kilómetros Coordinador de este Centro de Servicios, cuyo
del batallón la popa conduce al numeral 16 dispone expresamente que
corregimiento de la Mesa y hace parte de la corresponde a dicho servidor “notificar las
zona rural del municipio.” providencias judiciales conforme a las órdenes en
ellas emitidas” y “realizar, de manera eficiente y
oportuna, el procedimiento de las notificaciones
personales, electrónico, telefónicas y por aviso”,
funciones que sirven de marco de referencia para
las respuestas que a continuación se desarrollan.
[…] El Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, si bien se
encuentra físicamente próximo a una vía rural del
municipio, se localiza dentro de la jurisdicción y el
perímetro territorial del municipio de Valledupar, y
no en un municipio distinto. En consecuencia, no se
configura el supuesto de excepción previsto en el
parágrafo del artículo Décimo de la Resolución No.
004 de 2025 (destinatario “por fuera de la ciudad”),
que es el único que habilitaría acudir al mecanismo
subsidiario del despacho comisorio.
[…] Por lo anterior, la entrega personal de citaciones
y notificaciones dirigidas a personas privadas de la
libertad recluidas en dicho establecimiento
corresponde, en principio, al citador designado para
tal función, por tratarse de un destinatario ubicado
dentro del municipio de Valledupar, conforme a las
funciones fijadas en la Resolución No. 004 de
2025”.
“4. Informar cual es el medio prevalente para “Ley 906 de 2004, artículo 169: por regla general las
la realización de las citaciones ordenadas providencias se notifican a las partes en estrados;
por los Jueces dentro de los procesos de manera excepcional procederá la notificación
penales”18. mediante comunicación escrita dirigida por
telegrama, correo certificado, facsímil, correo
electrónico o cualquier otro medio idóneo.
18
Ibidem.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06047-00
Accionante: Julio Iván Claro Sarabia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Ley 906 de 2004, artículos 171 y 172: las citaciones
se surten por orden del juez contenida (sic) en la
providencia respectiva, y son tramitadas utilizando
los medios técnicos más expeditos disponibles.
Circular CSJCEC26-40 del 24 de julio de 2026,
Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar: la
notificación en audiencia constituye la regla general
dentro del sistema penal acusatorio, con plenos
efectos procesales, de modo que la activación de
mecanismos subsidiarios debe obedecer a
supuestos excepcionales debidamente justificados.
De lo anterior se concluye que el medio prevalente
y de aplicación prioritaria es la notificación en
estrados, respecto de quienes concurren a la
audiencia. Para quienes no comparecen o deben
ser convocados a diligencias futuras como ocurre
típicamente con testigos y víctimas, el medio
prevalente es el electrónico (correo electrónico y
comunicación telefónica), en consonancia con la
Ley 2213 de 2022, que adoptó de manera
permanente las medidas del Decreto Legislativo
806 de 2020 orientadas a privilegiar el uso de
tecnologías de la información en las actuaciones
judiciales. La notificación o citación personal y física
es, por tanto, un medio subsidiario, reservado a los
eventos en que los medios electrónicos resulten
ineficaces, no idóneos, o cuando la ley o la
providencia judicial así lo exijan expresamente”.
“5. Se indique de acuerdo con el código del “Ley 906 de 2004, artículo 11: el Estado garantiza a
procedimiento penal y demás normas que lo las víctimas el acceso a la administración de justicia
complementen si la labor de citar a las y el derecho a recibir información y a ser oídas y
víctimas sobre las diferentes actuaciones facilitadas en su intervención dentro de las distintas
penales debe recaer sobre el Centro de fases de la actuación.
Servicios Administrativos y de Apoyo o es
una labor propia de la fiscalía general de la Ley 906 de 2004, artículo 136: prevé el deber de
Nación a través de sus despachos y informar a las víctimas sobre las actuaciones
empleados”. procesales que se surtan dentro del proceso penal.
[…] De un lado, el deber general de mantener
informada a la víctima sobre el desarrollo del
proceso, particularmente durante las fases de
indagación e investigación recae primordialmente
sobre la fiscalía general de la Nación […]. De otro
lado, cuando dentro de una audiencia el juez
decreta la citación de la víctima para que
comparezca a una diligencia judicial concreta […],
dicha citación se convierte en un acto propio de la
actuación jurisdiccional, cuya ejecución material
15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06047-00
Accionante: Julio Iván Claro Sarabia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
corresponde al Centro de Servicios Judiciales por
orden expresa del despacho”.
“6. Se informe de acuerdo con el código de “Ley 906 de 2004, artículo 217 (citado por el propio
procedimiento penal y demás normas que lo peticionario): la parte que solicita el testimonio debe
complementen si la labor de citar a los procurar la comparecencia del testigo, salvo las
testigos corresponde a los Centros de excepciones allí previstas.
Servicios Administrativos y de Apoyo o
constituye una carga procesal atribuible a Ley 906 de 2004, artículo 384: prevé las
las partes e intervinientes dentro del proceso consecuencias del desacato a una citación y la
penal”. posibilidad de que el testigo sea sometido a una
orden de conducción.
Como regla general del sistema penal acusatorio, la
comparecencia del testigo ofrecido en el
descubrimiento probatorio y decretado en la
audiencia preparatoria es una carga procesal que
recae sobre la parte que lo presentó […].
No obstante, cuando la parte acredita ante el juez
su imposibilidad de lograr la comparecencia por sus
propios medios, o cuando el despacho, en ejercicio
de su función de dirección del proceso, decide
decretar la citación oficial del testigo mediante
providencia motivada como ha ocurrido en
actuaciones concretas de los Juzgados Penales del
Circuito y Municipales de esta ciudad, en las que se
ha ordenado al Centro de Servicios citar y notificar
a testigos específicos, con la prevención de las
consecuencias del artículo 384 del C. P. P, dicha
citación oficial se convierte en un acto de ejecución
reglada de una decisión jurisdiccional, cuyo trámite
material corresponde al Centro de Servicios, sin que
ello desplace la carga procesal original de la parte”.
60. A partir del cuadro precedente, la Subsección verifica que las autoridades
competentes dieron respuesta a la totalidad de los interrogantes formulados por el
actor, en los términos en que fueron planteados. En efecto, respecto de los puntos
(1) y (2), la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial explicó que las normas
de austeridad impiden, en el caso del accionante, la adquisición y asignación
individual de un teléfono celular con acceso a internet; indicó que no existen
vehículos institucionales disponibles para su asignación individual; precisó que el
ordenamiento prevé para los citadores un auxilio especial de transporte, sin que
exista disposición que reconozca adicionalmente un auxilio de rodamiento; y con
base en esto, por sustracción de materia, omitió describir un trámite administrativo
autónomo para solicitar tales prestaciones, dado que no había reconocimiento de la
prestación que implicara la aplicación de un procedimiento. En consecuencia, la
respuesta resolvió de fondo los asuntos planteados en esos numerales, sin que el
derecho de petición implique que la contestación deba ser favorable a los intereses
del solicitante.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06047-00
Accionante: Julio Iván Claro Sarabia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
61. En cuanto a los puntos (3), (4), (5) y (6), el juez coordinador del Centro de
Servicios Judiciales para los Juzgados Penales de Valledupar señaló que la entrega
de citaciones y notificaciones dirigidas a personas privadas de la libertad recluidas
en el establecimiento penitenciario corresponde, en principio, al citador designado,
por encontrarse el destinatario dentro del municipio de Valledupar; precisó que la
notificación en estrados constituye la regla general y que, respecto de quienes no
comparecen o deben ser convocados a actuaciones futuras, deben privilegiarse los
medios electrónicos; explicó que el deber general de mantener informadas a las
víctimas recae primordialmente en la Fiscalía General de la Nación, mientras que la
ejecución material de una citación ordenada por un juez corresponde al Centro de
Servicios; y, finalmente, indicó que la comparecencia de los testigos constituye, por
regla general, una carga de la parte que los ofrece, sin perjuicio de que el Centro de
Servicios deba ejecutar su citación cuando exista una orden judicial expresa. Por
tanto, se advierte que estos cuatro interrogantes también fueron objeto de una
respuesta clara, congruente y directamente relacionada con lo solicitado.
62. En ese orden de ideas, al verificarse que la omisión que motivó la presentación
de la acción de tutela cesó durante el trámite del proceso, el juez constitucional se
ve imposibilitado para emitir una orden de protección respecto de los derechos
fundamentales invocados. Ello obedece a que desapareció el objeto jurídico que
daba fundamento a la solicitud de amparo, en tanto la situación que originó la
presunta vulneración fue plenamente superada en el curso del presente
procedimiento.
63. Por lo anterior, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado respecto de la petición presentada el 10 de junio de 2026 al Consejo
Superior de la Judicatura y remitida a diversas entidades el 12 y 22 de junio de 2026.
En efecto, mediante el oficio DEAJRHO26-3157, fechado el 12 de agosto de 2026
y comunicado al accionante el 21 siguiente, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial se pronunció sobre los puntos 1 y 2; y, por medio de los oficios CSJPV0789
y CSJPV-0790 del 18 de agosto de 2026, igualmente notificado al actor el día 21
siguiente, el juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados
Penales de Valledupar contestó los puntos 3, 4, 5 y 6 de la referida solicitud.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de prórroga del 11 de agosto de 2026 presentada
por la abogada adscrita a la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial (DEAJ), de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la
Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Valledupar, el Consejo Seccional de la Judicatura del
17
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06047-00
Accionante: Julio Iván Claro Sarabia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Cesar y el Centro de Documentación Judicial del Consejo Superior de la Judicatura,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO dentro de la presente demanda de tutela, promovida por el señor Julio
Iván Claro Sarabia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
QUINTO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
18
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.