Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06056-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06056-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06056-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06056-00
Accionante: María Clemencia Vargas Hernández
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N. 6
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedencia por falta de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por la señora María Clemencia Vargas Hernández, quien
actúa por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión N. 6, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad; así como el principio de seguridad
jurídica, ocurrida con la expedición de la sentencia del 23 de junio de 2026,
proferida al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 15238-33-33-001-2024-00028-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. La señora María Clemencia Vargas Hernández ingresó al servicio de educación
oficial el 20 de febrero de 1990. Con posterioridad, la Secretaría de Educación de
Duitama, a través de la Resolución 213 de 2012 le reconoció una pensión vitalicia
de jubilación. Luego, la accionante solicitó la reliquidación de dicha prestación; no
obstante, la entidad omitió pronunciarse sobre la petición dentro del término
legalmente establecido. En consecuencia, se configuró un acto ficto o presunto de
carácter negativo.
3. La señora María Clemencia Vargas Hernández, a través de apoderado judicial y
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
interpuso demanda contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales, con la finalidad de que se declarara la nulidad
de un acto ficto presunto negativo1 y a título de restablecimiento del derecho, se
les ordenara la reliquidación de la pensión de jubilación.
1 Por medio del cual se negó la reliquidación de la pensión de jubilación por retiro definitivo del servicio.
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Accionante: María Clemencia Vargas Hernández
4. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Duitama, mediante sentencia
del 1° de noviembre de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, en el sentido de ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación,
adicionando la diferencia resultante de comparar el valor del factor de asignación
básica tenido en cuenta al momento del estatus pensional con el 75 % del
promedio que, por el mismo concepto, devengó durante el último año de servicios.
5. Asimismo, la autoridad judicial dispuso que las diferencias pensionales derivadas
de la reliquidación se reconocieran a partir del 1.º de agosto de 2012, fecha
siguiente al retiro definitivo del servicio, con efectos fiscales desde el 30 de octubre
de 2020, al declarar prescritas las diferencias causadas con anterioridad a esta
última fecha.
6. En sede de apelación, la Sala de Decisión No. 6 del Tribunal Administrativo de
Boyacá, a través de la sentencia del 23 de junio de 2026, revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que no era posible reliquidar la pensión combinando factores
correspondientes al año anterior a la adquisición del estatus pensional con
aquellos del año anterior al retiro del servicio. Además, determinó que la
reliquidación con los factores computables del último año de servicio resultaba
menos favorable para la demandante.
2.2. Fundamento jurídico
7. La parte accionante citó un apartado de la sentencia de unificación SUJ-014 –
CE – S2 – 2019 del 25 de abril de 2019, con radicado 680012333000201500569-
01 en el que se menciona lo siguiente: «En esta oportunidad y retomando lo
indicado la Sala Plena de la Corporación, se acudirá al método de aplicación en
forma retrospectiva del precedente, disponiendo para ello, que las reglas
jurisprudenciales que se han fijado en este pronunciamiento se apliquen de
manera obligatoria en todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias, salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables». (Sic en toda la cita)
8. Con fundamento en lo anterior, consideró que le asiste derecho a la reliquidación
de la pensión de jubilación por retiro definitivo, con la inclusión de los factores
ordenados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que ordenó la
reliquidación por estatus.
9. Además, indicó que en el año 2015 el Consejo de Estado determinó que los
docentes pensionados antes del 13 de abril de 2019, que no les incluyeron las
primas de servicios, vacaciones y/o navidad y las bonificaciones, la pueden
recuperar solicitando la reliquidación de la mesada pensional. La parte accionante
consideró que esa decisión «corrigió» la aplicación retroactiva de la sentencia de
unificación del 2019.
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2.3. Pretensiones
10. La parte accionante solicitó:
«TUTELAR los derechos fundamentales de prevalencia del derecho
sustancial, debido proceso, igualdad, justicia, seguridad jurídica, entre otros
de la accionante de la referencia, los cuales están siendo vulnerados.
DECLARAR que con la sentencia proferida el 23 de junio de 2026, por la Sala
de Decisión No. 6 del H. Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 15238-3333-001-
2024-00028-01, adelantado en contra de la Nación – MEN – FNPSM, se
incurrió en vía de hecho y/o decisión ilegítima por violación de los derechos
fundamentales de prevalencia del derecho sustancial, debido proceso,
igualdad, justicia, seguridad jurídica, entre otros.
Como consecuencia de lo anterior, ordenar dejar sin efecto la sentencia de
segunda instancia proferida el 23 de junio de 2026, por la sala de decisión No.
6 del H. Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 15238-3333-001-2024-00028-01,
adelantado en contra de la Nación – MEN – FNPSM.
Que la Sala de Decisión No. 6 del H. Tribunal Administrativo de Boyacá,
expida la sentencia de segunda instancia por medio de la cual revoca
parcialmente el fallo de primera instancia, proferido por el Juzgado Primero
Administrativo Oral de Duitama, accediendo a las pretensiones y condenas
de la demanda». (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
11. Por medio del auto del 3 de agosto de 2026, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N. 6 como
accionado y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Duitama y a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – FOMAG, como terceros interesados en el resultado del
proceso.
12. El Tribunal Administrativo de Boyacá manifestó que no incurrió en ninguno
de los defectos que habilitan la procedencia excepcional del amparo contra
providencias judiciales, por lo que aseguró que la inconformidad de la parte
accionante se fundamenta únicamente en la decisión desfavorable, circunstancia
que no resulta suficiente para desvirtuar la presunción de acierto y legalidad que
ampara las sentencias judiciales.
13. Precisó que, en el caso concreto, no resultaba posible ordenar la reliquidación
de la pensión de la demandante incluyendo de manera simultánea factores
salariales correspondientes al año de adquisición del estatus pensional y al último
año anterior al retiro del servicio, toda vez que ello daría lugar a una liquidación
basada en un ingreso de liquidación no autorizado por la normativa aplicable.
Además, afirmó que se desconocería el período único que debe tomarse como
referente para efectuar una correcta liquidación de la prestación.
14. Finalmente, consideró que acceder a la solicitud formulada por la accionante
conduciría a una disminución de la mesada pensional que actualmente percibe.
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15. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Duitama: remitió enlace
del expediente digital.
16. El Ministerio de Educación Nacional señaló que no se demostró que las
vulneraciones a las garantías procesales y fundamentales invocadas
comprometieran gravemente la existencia o supervivencia del accionante.
Además, estimó que la naturaleza del debate procesal es estrictamente
económica. Por ende, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por
falta de relevancia constitucional.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
17. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
18. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad.
En caso afirmativo, se deberá establecer si el Tribunal Administrativo de Boyacá
incurrió en una interpretación jurisprudencial que vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad, al proferir la sentencia del 23 de junio
de 2026, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 15238-33-33-001-2024-00028-01.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
19. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015
fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado.
20. Lo anterior procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial
idóneo para la protección de tales derechos. En ese sentido, la acción de tutela
tiene un carácter residual o subsidiario, pues solo opera en ausencia de otros
mecanismos judiciales, salvo cuando se interpone como mecanismo transitorio
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
21. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales.
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22. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible
de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los
límites que la Carta le impone.
23. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso.
24. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
25. Los presupuestos generales de la acción de tutela dirigida a controvertir
providencias judiciales, son: i) relevancia constitucional; ii) subsidiariedad, salvo,
claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; iii) inmediatez; iv) que
la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4. La relevancia constitucional como requisito de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
26. La Corte Constitucional, ha establecido que el requisito de relevancia
constitucional se entiende satisfecho cuando la controversia objeto de tutela trata
de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido, alcance y goce de
un derecho fundamental o un principio constitucional y ha precisado que es
imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que se cumple con
el referido requisito2. La finalidad de esta exigencia es la de preservar la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional e
impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso adicional de los
procesos ordinarios.
27. En ese sentido, en la Sentencia SU-215 de 20223, se establecieron los
siguientes criterios para determinar si se cumple con el referido requisito:
2
Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de
2019 y T-140 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional.
3
Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022, MP Cristina Pardo Schlesinger.
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• Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no
meramente legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la
determinación de aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta
interpretación o aplicación de una norma de rango legal o reglamentario, y que el
debate no sea estrictamente monetario de ni connotaciones particulares o privadas
que no representen un interés general4.
• Que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta con
que la parte actora alegue la violación al debido proceso, a la administración de
justicia o a la reparación efectiva, sino que debe ir más allá «de la mera adecuación
del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales»,
lo cual supone justificar de manera razonada y clara la «existencia de una
restricción desproporcionada a un derecho fundamental»5. (Negrillas de la Sala).
• Que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o un
recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios. Sobre
este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela contra
providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo
cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica si se
verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso»6. Negrillas y subrayas de la Sala.
28. Quela solicitud de amparo que pretenda la protección de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el
comportamiento negligente u omisivo del accionante en el procedimiento judicial.7
3.4.1. Análisis del caso concreto
29. De la lectura de la acción de tutela se devela que la accionante atribuye la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad al
Tribunal Administrativo de Boyacá, por cuanto revocó la decisión judicial de
primera instancia en la que se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación
con inclusión de los factores devengados en el último año de servicio. Lo anterior,
al considerar que sobre la decisión proferida en primera instancia se configuró
cosa juzgada constitucional y, por tanto, no le resultaba aplicable la sentencia de
unificación SUJ-014 – CE – S2 – 2019 del 25 de abril de 2019.
30. Además, indicó que en el año 2015 el Consejo de Estado determinó que los
docentes pensionados antes del 13 de abril de 2019, que no les incluyeron las
primas de servicios, vacaciones y/o navidad y las bonificaciones, la pueden
recuperar solicitando la reliquidación de la mesada pensional. La parte accionante
4
Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas
por la Corte Constitucional.
5
Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte
Constitucional.
6
Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, proferidas por la Corte
Constitucional.
7
Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
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unificación del 2019.
31. Sin embargo, esta Subsección advierte que el planteamiento expuesto carece
de relevancia constitucional, por las razones que pasan a exponerse.
32. El reproche formulado por la parte accionante no satisface la carga
argumentativa necesaria para cuestionar una providencia judicial mediante el
ejercicio de la acción de tutela.
33. En efecto, aunque aparentemente alega el desconocimiento del precedente
judicial, no identificó la regla jurisprudencial que, en su criterio, debía aplicarse al
caso concreto, ni explicó las razones por las cuales esta resultaba vinculante o de
qué manera su eventual desconocimiento habría vulnerado los derechos
fundamentales invocados.
34. Tampoco señaló la configuración de algún otro defecto específico que habilitara
la intervención excepcional del juez constitucional en una decisión adoptada por el
juez natural. Así, su inconformidad se limita, en esencia, a cuestionar la decisión
judicial por resultar contraria a sus intereses, sin desarrollar una argumentación
encaminada a demostrar la vulneración de un derecho fundamental.
35. De este modo, se advierte que, en el caso concreto, la acción de tutela está
siendo empleada como una instancia adicional para reabrir un debate ya definido
por el juez competente y obtener una decisión favorable a las pretensiones de la
accionante.
36. En ese sentido, se recuerda a la parte accionante que la acción de tutela no
está diseñada para reabrir debates propios de la jurisdicción ordinaria ni para
sustituir el criterio del juez natural.
37. La intervención del juez constitucional frente a providencias judiciales es
excepcional y solo procede cuando se advierte la vulneración de derechos
fundamentales como consecuencia de la configuración de alguno de los defectos
reconocidos por la jurisprudencia constitucional, siempre que se cumplan los
requisitos generales y específicos de procedencia de este mecanismo.
38. En consecuencia, comoquiera que los argumentos desarrollados por la parte
accionante no revisten relevancia constitucional ni demuestran, siquiera de
manera preliminar, la posible vulneración de un derecho fundamental atribuible a
la providencia cuestionada, esta Subsección declarará improcedente la presente
acción de tutela por falta de relevancia constitucional.
39. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
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Accionante: María Clemencia Vargas Hernández
FALLA
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la
señora María Clemencia Vargas Hernández, por los motivos expuestos en
precedencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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