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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06066-00

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06066-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción constitucional por las razones expuestas en esta providencia. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: Cristian David Rodríguez Ruiz Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2026-06066-00 SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la Fiscalía General de la Nación. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-06066-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06066-00
Accionante: CRISTIAN DAVID RODRÍGUEZ RUÍZ
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Tema: Tutela contra la providencia judicial – improcedencia por no
superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por la parte
actora en contra del Tribunal Administrativo del Tolima. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 4 de agosto de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Cristian David Rodríguez Ruiz, actuando mediante apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima.
Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración
de justicia.

2. El accionante atribuyó la transgresión de sus garantías constitucionales a
la sentencia del 29 de enero de 2026, por medio de la cual la autoridad judicial
accionada confirmó la decisión del Juzgado Décimo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Ibagué que negó las pretensiones del medio de control de
reparación directa con radicado 73001-33-33-010-2018-00445-00/01, que

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 4 Samai. Se precisa que se notificó como accionado al Tribunal Administrativo del Tolima,
y se vinculó en calidad de terceros con interés al Juzgado 10 Administrativo del Circuito de Ibagué,
a la Nación – Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los términos del artículo 610 del
Código General del Proceso.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
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Accionante: Cristian David Rodríguez Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06066-00

promovió contra la Nación – Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo.

3. En concreto, el tutelante formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales del actor Cristian David
Rodríguez Ruiz al debido proceso, a la igualdad, al acceso efectivo a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, así como sus derechos, en
calidad de víctima, a la verdad, la justicia y la reparación integral, vulnerados por
el Tribunal Administrativo del Tolima mediante la sentencia de segunda instancia
proferida el 29 de enero de 2026, dentro del medio de control de reparación
directa radicado bajo el número 73001-33-33-010-2018-00445-01.

SEGUNDA: Como consecuencia del amparo, DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia del 29 de enero de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, mediante la cual se confirmó la decisión del Juzgado Décimo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, que negó las pretensiones de
la demanda de reparación directa promovida por el accionante contra la Nación–
Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

TERCERA: Como consecuente del anterior numeral ORDENAR al Tribunal
Administrativo del Tolima que, dentro del término que determine el juez
constitucional, profiera una nueva sentencia de segunda instancia en la que
subsane los defectos material o sustantivo, de decisión sin motivación y de
desconocimiento del precedente judicial advertidos en esta acción constitucional,
y en su lugar resuelva integralmente los argumentos formulados en la demanda,
su reforma y el recurso de apelación.

CUARTA: ORDENAR que, al adoptar la nueva decisión, el Tribunal examine de
manera autónoma la afectación de los derechos de acceso a la administración
de justicia y tutela judicial efectiva causada por la prescripción de la acción penal,
sin reducir el daño reclamado a la posibilidad de obtener el pago de las cuotas
alimentarias mediante un proceso ejecutivo, y sin exigir al accionante la
demostración cierta de que la actuación penal necesariamente habría culminado
con sentencia condenatoria. Para tal efecto, deberá considerar que el daño
alegado consiste también en la pérdida definitiva de la posibilidad de obtener una
decisión penal de fondo, incluso absolutoria, mediante la cual se esclarecieran
los hechos y se determinara la existencia o inexistencia de responsabilidad penal.

QUINTA: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Tolima que aplique, confronte
o distinga de manera expresa y suficientemente motivada la línea jurisprudencial
de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre responsabilidad estatal por
prescripción de la acción penal y vulneración de la tutela judicial efectiva,
particularmente las sentencias del 2 de mayo de 2016, radicación 13001-23-31-
000-2001-00506-01 (37111); del 30 de agosto de 2018, radicación 50001-23-31-
000-2003-30307-01 (40251); y del 1.º de diciembre de 2023, radicación 23001-
23-31-000-2011-00590-01 (65.453)

SEXTA: DISPONER las demás medidas que el juez constitucional estime
necesarias para lograr el restablecimiento efectivo de los derechos
fundamentales vulnerados y garantizar que la nueva providencia sea adoptada
con sujeción a la Constitución, al precedente judicial aplicable y a los principios
de congruencia, motivación suficiente y reparación integral3.

3
Transcripción literal con posibles errores.

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Accionante: Cristian David Rodríguez Ruiz
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06066-00

1.2. Hechos

4. En mayo de 2002, el Juzgado Tercero de Familia de Ibagué fijó a cargo de
la señora Luz Maribel Corrales Forero y en favor de su hijo Cristian David
Rodríguez Ruiz4 una cuota alimentaria equivalente al 25 % de un salario mínimo
legal mensual vigente. Ante el incumplimiento de esa obligación, el señor David
Rodríguez Giraldo, padre del entonces menor, presentó denuncia por el delito de
inasistencia alimentaria el 23 de abril de 2008.

5. Durante el trámite penal se declaró la nulidad de parte de la actuación por
haberse adelantado inicialmente bajo un procedimiento diferente al aplicable.
Posteriormente, se formularon imputación y acusación contra la señora Luz
Maribel Corrales Forero, pero varias audiencias no pudieron realizarse por
circunstancias relacionadas con la ausencia de la procesada, inconvenientes en
su citación, solicitudes o inasistencias de las partes, indisponibilidad de la Fiscalía
y permisos del juez.

6. Mediante providencia del 23 de septiembre de 2016, el Juzgado Doce
Penal Municipal de Ibagué con funciones de conocimiento declaró de oficio la
preclusión de la actuación por prescripción de la acción penal. Asimismo,
compulsó copias para que se investigaran las posibles irregularidades en las que
hubieran incurrido funcionarios o empleados judiciales y el defensor de la
procesada.

7. El señor Cristian David Rodríguez Ruiz promovió medio de control de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial, la Fiscalía General de la
Nación y la Defensoría del Pueblo. Solicitó declarar su responsabilidad por el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que habría
ocasionado la prescripción de la acción penal y reclamó el reconocimiento de
perjuicios materiales e inmateriales.

8. Mediante sentencia del 6 de febrero de 2025, el Juzgado Décimo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué declaró probada de oficio la
excepción de inexistencia del daño antijurídico y negó las pretensiones.
Consideró que el pago de las cuotas alimentarias podía reclamarse mediante un
proceso ejecutivo sustentado en la sentencia proferida por el juez de familia,
mecanismo que no fue promovido por la parte interesada.

9. El demandante apeló esa decisión. Argumentó que el proceso penal no
perseguía únicamente el pago de la obligación alimentaria, sino también la
realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, por lo que el
proceso ejecutivo no sustituía la posibilidad de obtener una decisión penal de
fondo. Agregó que la prescripción produjo un daño autónomo y alegó que la
demora era atribuible a las entidades demandadas.

4
Al cumplir la mayoría de edad, el accionante realizó la modificación de su registro civil de
nacimiento, con el fin de adoptar el apellido de su madre de crianza Azucena Ruiz.

3
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Accionante: Cristian David Rodríguez Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06066-00

10. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 29 de enero
de 20265, confirmó la negativa de las pretensiones. Aunque reconoció la
existencia de un daño derivado de la prescripción, consideró que no tenía
carácter antijurídico, pues el demandante podía acudir al proceso ejecutivo para
reclamar las cuotas alimentarias y no demostró la imposibilidad definitiva de
obtener el resarcimiento por otra vía. También señaló que no se acreditó una alta
probabilidad de que el proceso penal hubiera concluido con una sentencia
condenatoria.

1.3. Sustento de la vulneración

11. El accionante sostuvo que la sentencia cuestionada incurrió en defecto
material o sustantivo, porque desconoció los artículos 11 y 137 de la Ley 906
de 2004, que reconocen los derechos de las víctimas a intervenir en el proceso
penal y a obtener verdad, justicia y reparación. En particular, destacó que el
numeral 7 del artículo 137 permite a la víctima promover el incidente de
reparación integral una vez establecida la responsabilidad penal, lo cual
demostraría que la reparación económica es solo una de las finalidades de su
participación en el proceso penal.

12. Afirmó que el Tribunal redujo el daño reclamado a su dimensión
patrimonial y atribuyó al proceso ejecutivo de alimentos un alcance que no posee,
pues este permite obtener el pago de una obligación dineraria, pero no esclarecer
los hechos, establecer la responsabilidad penal ni garantizar los derechos de la
víctima a la verdad y a la justicia. En su criterio, la autoridad judicial dejó de aplicar
integralmente las disposiciones mencionadas e interpretó de manera irrazonable
el régimen jurídico relativo a la participación de las víctimas en el proceso penal.

13. Asimismo, señaló que la providencia desconoció los artículos 29 y 229 de
la Constitución Política, que consagran los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, respectivamente, pues le impuso la carga
de demostrar que la actuación penal habría culminado con una sentencia
condenatoria. A su juicio, el daño consistió en la pérdida definitiva de la
posibilidad de obtener cualquier decisión penal de fondo, incluso absolutoria, y
no exclusivamente en la frustración de una expectativa de condena o de
reparación económica. También invocó el artículo 228 superior, relativo a la
prevalencia del derecho sustancial y a la observancia diligente de los términos
procesales.

14. También, alegó el desconocimiento del precedente judicial contenido
en las siguientes providencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado:

i) la sentencia del 2 de mayo de 2016, proferida por la Subsección B, con
radicado 13001-23-31-000-2001-00506-01 (37111), en la que, según el

5
Notificada el 3 de febrero de 2026.

4
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actor, se reconoció como daño autónomo la afectación del derecho de
acceso a un recurso judicial efectivo, debido a que la prescripción privó a
los interesados de obtener una decisión definitiva sobre la controversia
penal, aunque no existiera certeza de que el proceso habría culminado con
una condena;

ii) la sentencia del 30 de agosto de 2018, dictada por la Subsección B, con
radicado 50001-23-31-000-2003-30307-01 (40251), que habría
diferenciado entre la pérdida de la oportunidad de obtener el resarcimiento
de los perjuicios en el proceso penal y la afectación autónoma del derecho
a la tutela judicial efectiva, ocasionada por la prescripción de la acción; y

iii) la sentencia del 1.º de diciembre de 2023, emitida por la Subsección A,
con radicado 23001-23-31-000-2011-00590-01 (65.453), en la que se
habría reconocido la reparación de la vulneración de los derechos de
acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva como un
daño autónomo, pese a que la víctima disponía de la jurisdicción civil para
reclamar los perjuicios materiales derivados de los hechos investigados.

15. El tutelante sostuvo que las anteriores decisiones establecieron una regla
común, según la cual la subsistencia de otro mecanismo judicial para obtener una
reparación patrimonial o la incertidumbre sobre el sentido de la eventual
sentencia penal no excluyen, por sí solas, el daño derivado de la pérdida definitiva
de la posibilidad de obtener una decisión penal de fondo. A su juicio, el Tribunal
se apartó de esa línea sin identificarla, confrontarla o explicar las razones por las
cuales no resultaba aplicable al caso concreto.

16. Finalmente, atribuyó a la providencia un defecto por decisión sin
motivación. Manifestó que el Tribunal no explicó por qué la posibilidad de acudir
al proceso ejecutivo hacía jurídicamente soportable la pérdida de una decisión
penal de mérito, ni respondió suficientemente los argumentos de la apelación
sobre la autonomía de los derechos a la verdad, la justicia y la tutela judicial
efectiva. Por ello, consideró que la autoridad accionada omitió examinar aspectos
determinantes de la controversia y vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

1.4. Intervenciones

17. El Tribunal Administrativo del Tolima, se limitó a remitir copia del
expediente de segunda instancia, sin realizar un pronunciamiento de fondo.

18. Por su parte, la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Ibagué, solicitó declarar improcedente la acción. Señaló que el accionante
pretende reabrir un debate resuelto dentro del proceso de reparación directa y
retrotraer actuaciones ya concluidas. Agregó que la tutela no constituye una

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instancia adicional para controvertir las decisiones judiciales ni se acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable.

19. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué se
opuso a las pretensiones. Explicó que negó la demanda de reparación directa
porque no encontró acreditado el daño antijurídico, dado que el actor podía
reclamar las cuotas alimentarias mediante el proceso ejecutivo fundado en la
sentencia del juez de familia. Además, sostuvo que las pretensiones del medio
de control estuvieron orientadas a obtener la responsabilidad patrimonial del
Estado y la indemnización de perjuicios, sin que se hubiera reclamado
concretamente la reparación autónoma de la afectación de los derechos a la
verdad y a la justicia. Por ello, consideró que la tutela busca sustituir la valoración
efectuada por los jueces naturales e introducir un planteamiento que no fue
formulado en esos términos dentro del proceso ordinario.

20. La Fiscalía General de la Nación solicitó declarar improcedente la tutela
y disponer su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Indicó que no profirió la providencia cuestionada ni tiene competencia para
dejarla sin efectos o emitir la nueva decisión pretendida. Asimismo, señaló que
el asunto carece de relevancia constitucional porque el actor intenta reabrir una
controversia legal ya definida y ejecutoriada, sin demostrar una actuación judicial
arbitraria o una vulneración autónoma de sus derechos fundamentales.

1.4. Manifestación de impedimento

21. Encontrándose el asunto en trámite para proferir sentencia de primera
instancia, el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez mediante escrito del 31 de
agosto de 2026, manifestó su impedimento para conocer del caso, con
fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal. No obstante, mediante auto del 3 de septiembre de 2026,
el magistrado ponente declaró infundada la aludida manifestación.

II. CONSIDERACIONES

22. La Sala declarará la improcedencia del amparo por no encontrarse
acreditado el requisito de relevancia constitucional, por los motivos que pasan a
explicarse a continuación.

2.1. Caso concreto

La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

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23. El Consejo de Estado6 y la Corte Constitucional7, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales8 y a la configuración de algún
defecto especial9 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

24. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

25. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

26. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

27. La Sala advierte que el señor Cristian David Rodríguez Ruiz está
legitimado en la causa por activa, porque integró la parte demandante dentro del
medio de control en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta
vía. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Tolima está
legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la decisión cuestionada a
través del presente trámite.

28. Ahora, la Fiscalía General de la Nación solicitó su desvinculación, al
señalar que no profirió la sentencia cuestionada ni tiene competencia para dejarla
sin efectos. Sin embargo, la Sala negará esa petición, pues fue vinculada con

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
8
(i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
9
(i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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ocasión del interés que le asiste en el resultado del trámite, dado que integró el
extremo demandado del proceso de reparación directa en el que se emitió la
decisión objeto de cuestionamiento.

29. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional10, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

30. De conformidad con lo anterior, En el presente asunto, la Sala advierte que
este presupuesto no se satisface. En efecto, en este asunto, el actor sostuvo que
la sentencia del 29 de enero de 2026 incurrió en defectos sustantivo, de decisión
sin motivación y de desconocimiento del precedente. En términos generales,
cuestionó que el Tribunal Administrativo del Tolima concluyera que el daño
derivado de la prescripción de la acción penal no era antijurídico, porque el pago
de la obligación alimentaria podía perseguirse mediante el proceso ejecutivo y no
se acreditó una alta probabilidad de que la actuación penal hubiera terminado
con una sentencia condenatoria.

31. Para el tutelante, esa conclusión redujo la controversia a su dimensión
patrimonial y desconoció que la terminación del proceso penal también le impidió
obtener una decisión de fondo y ejercer sus derechos a la verdad, a la justicia y
a la tutela judicial efectiva.

32. Sin embargo, tales argumentos no plantean una cuestión constitucional
diferente de la discutida y resuelta dentro del proceso de reparación directa. En
efecto, al apelar la sentencia del 6 de febrero de 2025, el demandante sostuvo
que el proceso penal no buscaba exclusivamente el resarcimiento patrimonial,
sino también la sanción del responsable y la protección de los derechos
fundamentales de la víctima. Asimismo, alegó que mediante la acción penal
pretendía alcanzar «los principios de verdad, justicia y reparación» y que su
prescripción le impidió obtener una decisión judicial efectiva.

33. De la revisión de la providencia cuestionada, se observa que el tribunal
reseñó expresamente esos planteamientos. En particular, indicó que el
recurrente cuestionó que la primera instancia hubiera limitado el estudio de la
reparación al cobro ejecutivo y afirmó que «cuando el Estado permite la
prescripción de la acción penal por negligencia, no solo impide la reparación

10
Sentencia SU-215 de 2022.

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patrimonial, sino que también priva a la víctima de la justicia y la verdad,
configurando un daño autónomo que debe ser reparado».

34. Asimismo, la autoridad accionada formuló como problemas jurídicos
determinar si la prescripción de la acción penal causó al demandante la pérdida
de la oportunidad de obtener la reparación de los perjuicios y si se cumplieron los
presupuestos de ese daño, entre ellos, «la imposibilidad de obtener la reparación
de los perjuicios en otro proceso diferente al penal». De este modo, la providencia
identificó la cuestión jurídica central planteada por el apelante y delimitó el
análisis que efectuaría para resolverla.

35. Al estudiar el caso concreto, el Tribunal reconoció que el daño alegado no
se limitaba al componente económico. En efecto, señaló que la prescripción
habría impedido al demandante acceder a la reparación de los perjuicios
derivados de la inasistencia alimentaria y obtener «la sanción del responsable y
la protección de derechos fundamentales». También calificó el supuesto como un
posible defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, conforme al
artículo 69 de la Ley 270 de 1996.

36. Sin embargo, luego de estudiar la jurisprudencia sobre la pérdida de
oportunidad, concluyó que para reconocer el daño reclamado debían acreditarse
dos presupuestos: i) que el interesado se encontrara en una posición
potencialmente apta para obtener la indemnización y ii) que existiera una
imposibilidad definitiva de conseguir la reparación en otro proceso. Respecto del
segundo requisito, explicó:

En conclusión, la parte actora tenía la posibilidad de presentar la demanda
ejecutiva o civil; sin embargo, no lo hizo sin que ello resulte atribuible a la entidad
demandada, pues, no se cumpliría con el segundo presupuesto para la
configuración del daño antijurídico, esto es la imposibilidad de obtener la
reparación, pues el actor sí la tenía, pero decidió no acudir a la jurisdicción
ordinaria.

37. El tribunal también abordó el argumento relacionado con la pérdida del
acceso a la verdad y a la justicia. Frente a ese aspecto, consideró que el
demandante debía acreditar que, de no haberse producido la prescripción, existía
una probabilidad suficiente de que el proceso penal hubiera concluido
favorablemente. Al respecto, señaló que:

Por otra parte, el apelante indicó que con la prescripción de la acción penal por
el delito de inasistencia alimentaria se impidió la continuación de la persecución
penal y de esa manera se cercenó el acceso a la administración de justicia
efectiva y por ende a acceder a los postulados de verdad y justicia.

Al respecto, se debe indicar que el demandante tenía la carga de acreditar las
razones por las cuales, de no haberse decretado la prescripción de la acción,
existía una alta probabilidad de que se hubiera proferido una sentencia
condenatoria en contra de Luz Maribel Corrales dentro del proceso penal; pese
a ello, tampoco cumplió con dicha carga, más aún, cuando la declaratoria de
prescripción ocurrió antes de que el juzgado de conocimiento emitiera sentencia.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
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Accionante: Cristian David Rodríguez Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06066-00

En este punto, es necesario recordar la importancia de acreditar el daño
antijurídico, pues, ante su ausencia la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
señalado que, si este “no aparece demostrado, las actuaciones del sujeto
resultan inocuas desde el punto de vista de los derechos de los administrados.
Aún el comportamiento más riesgoso, o la conducta más ineficiente o temeraria
de la Administración carecerán de relevancia jurídica frente a las personas sino
se traducen en perjuicios apreciables”11.

38. Finalmente, la autoridad accionada condensó su conclusión en los
siguientes términos:

En atención a lo expuesto, es claro que se encuentra acreditado el daño sufrido
por el demandante con la declaración de extinción de la acción penal por
prescripción, pues, fue quien instauró la denuncia y participo durante el proceso
penal como representante del menor víctima, en el que pretendía obtener la
reparación de sus perjuicios; sin embargo, este no puede considerarse
antijurídico, porque para ello se debe tratar de una lesión que una persona no
tenía el deber jurídico de soportar, y en este asunto contrario a ello, la parte
actora, tenía la posibilidad de presentar la demanda ejecutiva y no lo hizo, es
decir, que fue por su propia voluntad que perdió la posibilidad de obtener tal
reconocimiento, sin que de esta manera se logre cumplir con el segundo
presupuesto para la configuración del daño antijurídico, establecido por la
jurisprudencia del Consejo de Estado, esto es, la imposibilidad de obtener la
reparación.

39. Por tanto, no se advierte que el Tribunal hubiera omitido los argumentos
relacionados con las finalidades del proceso penal o con la afectación de los
derechos a la verdad y a la justicia. La autoridad judicial los identificó y resolvió a
partir de su interpretación sobre los presupuestos del daño antijurídico y de la
pérdida de oportunidad. Que el análisis no haya conducido a la conclusión
pretendida por el demandante no convierte la providencia en una decisión
carente de motivación ni habilita una nueva revisión por vía de tutela.

40. Tampoco se advierte que el alegado desconocimiento del precedente
permita superar el requisito de relevancia constitucional. Aunque el accionante
invocó tres sentencias proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, y las individualizó, no explicó por qué las reglas
allí establecidas resultaban aplicables a su caso ni demostró la semejanza entre
sus presupuestos fácticos y jurídicos y los del asunto examinado, ni demostró
que contuvieran una postura uniforme y vinculante aplicable al presente asunto.

41. En todo caso, el Tribunal Administrativo del Tolima examinó la
jurisprudencia que consideró aplicable, desarrolló los presupuestos del daño
antijurídico y de la pérdida de oportunidad y explicó por qué la posibilidad de
promover el proceso ejecutivo impedía tener por acreditada la imposibilidad
definitiva de obtener la reparación. Asimismo, abordó los argumentos
relacionados con los derechos a la verdad y a la justicia.

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 4 de
diciembre de 2002. exp. 12.625, C.P. Germán Rodríguez Villamizar.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06066-00

42. En consecuencia, el cargo refleja una divergencia con la interpretación de
la jurisprudencia y con la conclusión del juez natural sobre la antijuridicidad del
daño. Al respecto, la Sala no desconoce que la actuación penal concluyó por
prescripción y que el incumplimiento alimentario ocurrió cuando el accionante era
menor de edad. Sin embargo, esas circunstancias fueron conocidas y valoradas
en el proceso ordinario, por lo que no configuran una cuestión constitucional
autónoma ni permiten convertir la tutela en una instancia adicional. Así, la
solicitud de amparo no cumple el requisito de relevancia constitucional.

43. Tampoco se configura una cuestión constitucional autónoma frente a la
alegada decisión sin motivación. Contrario a lo afirmado por el actor, del estudio
de la decisión cuestionada, y tal como se indicó en precedencia, se extrae que el
Tribunal se pronunció sobre las finalidades del proceso penal, sobre la afectación
de los derechos a la verdad y a la justicia, y, al reseñar esos argumentos, explicó
las razones por las cuales no encontró acreditado un daño antijurídico
indemnizable. En realidad, el reproche se sustenta en que la respuesta ofrecida
no coincidió con la tesis defendida por el demandante, circunstancia que no
equivale a una ausencia de motivación.

44. Por lo anterior, la solicitud de amparo no cumple el requisito de relevancia
constitucional, pues los cargos formulados reproducen el debate resuelto por el
juez natural y reflejan la inconformidad del accionante con la motivación y la
conclusión de la sentencia, sin demostrar una afectación constitucional autónoma
que justifique la intervención excepcional del juez de tutela.

45. Se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces
naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en
los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por el actor dentro del
trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones
judiciales desfavorables, sin el contraste de un indebido e irracional estudio por
parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial
y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera
instancia12.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción constitucional
por las razones expuestas en esta providencia.

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15
de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.

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Accionante: Cristian David Rodríguez Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06066-00

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la Fiscalía
General de la Nación.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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