República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06081-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
7 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06081-00 (9608)
Accionante: Cleidy Mariam Carrillo Morales
Accionados: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: requisitos generales de
procedibilidad. Subtema 2: defecto procedimental absoluto por incorporación y
contradicción de pruebas. Subtema 3: defecto fáctico y motivación de la decisión
sobre el alcance del título ejecutivo contractual. Subtema 4: violación directa de la
Constitución.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Cleidy Mariam Carrillo
Morales contra el Juzgado Quinto Administrativo de Quibdó y el Tribunal
Administrativo del Chocó.
1. Síntesis del caso
Cleidy Mariam Carrillo Morales interpuso acción de tutela contra las providencias
proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo de Quibdó y el Tribunal
Administrativo del Chocó dentro del proceso ejecutivo con radicación 27001-33-33-
005-2023-00289-00/01, promovido contra el municipio de Quibdó para obtener el
pago de una suma que, según sostuvo, correspondía al período adicional de
ejecución del contrato de arrendamiento No. 175 de 2020. La accionante consideró
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso
a la administración de justicia, al estimar que las autoridades judiciales incurrieron
en defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, motivación defectuosa y
violación directa de la Constitución.
1
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06081-00 (9608)
Accionante: Cleidy Mariam Carrillo Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1.
De conformidad con los documentos que obran en el expediente 1, es posible
reconstruir los siguientes hechos jurídicamente relevantes:
2.
En el marco de la urgencia manifiesta declarada con ocasión de la pandemia
por COVID-19, el municipio de Quibdó celebró el 27 de abril de 2020 el contrato de
arrendamiento No. 175 con la señora Cleidy Mariam Carrillo Morales, representante
legal de Pacífico GFO S. A. S. (Hotel Galú). El negocio tenía por objeto el
arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de una red extendida
destinada a la atención de pacientes afectados por el virus. Se pactó un valor de
$259.200.000 y un plazo de un mes y quince días, contado desde el 27 de abril
hasta el 11 de junio de 2020. El contrato contó con el certificado de disponibilidad
presupuestal núm. 0000000827 y el registro presupuestal núm. 0000000942, ambos
por el valor contratado.
3.
El 24 de julio de 2020, el entonces alcalde de Quibdó dirigió una comunicación
al Hotel Galú en la que informó que el municipio continuaría utilizando los servicios
de hotelería hasta el 30 de julio siguiente, fecha en la cual entregaría el inmueble.
Con fundamento en ese documento, la contratista sostuvo posteriormente que la
ocupación se había extendido más allá del término inicialmente convenido y elaboró
una cuenta de cobro por $282.240.000, correspondiente, según indicó, a 49 días
comprendidos entre el 12 de junio y el 30 de julio de 2020, calculados sobre 90
camas a razón de $64.000 diarios.
4.
En 2021 se adelantó una conciliación extrajudicial en la que se reclamó al
municipio el pago de los $282.240.000 correspondientes al período adicional de
ocupación. El comité de conciliación decidió no conciliar porque ese compromiso no
se encontraba respaldado por un certificado de disponibilidad presupuestal y un
registro presupuestal. El agente del Ministerio Público solicitó reconsiderar esa
determinación, al estimar que los documentos examinados permitían advertir una
alta probabilidad de condena; sin embargo, el municipio mantuvo su decisión y la
conciliación fue declarada fallida.
5.
El 29 de agosto de 2023, la señora Carrillo Morales promovió proceso ejecutivo
contractual contra el municipio de Quibdó. Solicitó el pago de $282.240.000, junto
con los intereses correspondientes, y señaló que el título ejecutivo estaba integrado,
entre otros documentos, por el contrato núm. 175, sus soportes presupuestales, el
acta de inicio, el informe de supervisión, la comunicación del 24 de julio de 2020 y
la cuenta de cobro correspondiente al período que afirmaba pendiente de pago.
Mediante auto del 7 de septiembre de 2023, el Juzgado Quinto Administrativo de
1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06081-00 (9608), índice 2, certificado F68818E52FAAED18
81641A78E0452377 AFE5F5CCEECE1534 05092E8E6BFDA612.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06081-00 (9608)
Accionante: Cleidy Mariam Carrillo Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Quibdó libró mandamiento de pago, pero lo hizo por $259.200.000, esto es, por el
valor consignado en el contrato de arrendamiento.
6.
Al contestar la demanda, el municipio de Quibdó manifestó que se encontraba
sometido a un acuerdo de reestructuración de pasivos en los términos de la Ley 550
de 1999. Con fundamento en esa circunstancia sostuvo que no podían adelantarse
procesos ejecutivos en su contra y propuso la excepción que denominó
«cumplimiento de la Constitución y ley». En atención a esa defensa, mediante auto
del 16 de noviembre de 2023, el Juzgado requirió al municipio para que informara
si las sumas correspondientes al contrato No. 175 se encontraban incluidas en el
acuerdo de reestructuración de pasivos.
7.
En respuesta al requerimiento, el municipio informó que la obligación no hacía
parte del acuerdo de reestructuración, pues afirmó que el contrato había sido
pagado en su totalidad. Para sustentar esa manifestación allegó el comprobante de
egreso No. 02649 del 17 de septiembre de 2020, la orden de pago núm. 2066 del
10 de septiembre de ese año y el soporte de una transferencia bancaria por
$221.402.557. De esa respuesta se corrió traslado a la ejecutante, cuyo apoderado
adujo que esos documentos correspondían al contrato inicial y reiteró que la
comunicación del alcalde acreditaba la extensión de la ocupación hasta el 30 de
julio de 2020.
8.
Mediante auto del 1° de febrero de 2024, el Juzgado incorporó al expediente,
con el valor legal que correspondiera, los documentos aportados por las partes con
la demanda y su contestación, y dispuso correr traslado para alegar de conclusión.
En esa etapa, el municipio insistió, entre otros aspectos, en que la obligación
contenida en el contrato No. 175 había sido satisfecha antes de la presentación de
la demanda. En sus alegatos reprodujo la orden de pago, el comprobante de egreso
y el soporte de la transferencia bancaria antes mencionados, a partir de los cuales
solicitó que se declarara probado el pago total de la obligación.
9.
El 20 de marzo de 2024, el Juzgado Quinto Administrativo de Quibdó profirió
la sentencia No. 222, en la que consideró que los documentos de pago demostraban
la satisfacción de la obligación contenida en el contrato No. 175 y, a su vez, estimó
que la comunicación mediante la cual el alcalde anunció que el municipio
continuaría utilizando el hotel hasta el 30 de julio de 2020 no conformaba, junto con
el contrato, un título ejecutivo respecto de una obligación adicional.
10.
Señaló, igualmente, que una modificación o adición contractual debía constar
por escrito y que la eventual controversia sobre las prestaciones posteriores podía
plantearse en un proceso declarativo. En consecuencia, declaró de oficio probada
la excepción de pago total y terminó el proceso.
11.
La ejecutante apeló la sentencia. Explicó que la suma perseguida no
correspondía al valor del contrato inicial, sino al período comprendido entre el 12 de
junio y el 30 de julio de 2020, y afirmó que los documentos allegados con la
demanda conformaban un título ejecutivo complejo. Asimismo, cuestionó que se
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06081-00 (9608)
Accionante: Cleidy Mariam Carrillo Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
hubiera entendido satisfecha la obligación reclamada con los soportes de un pago
realizado respecto del contrato inicial y sostuvo que tanto la actuación adelantada
durante la conciliación como la posición asumida por el municipio daban cuenta de
la existencia de una obligación distinta. Solicitó, por ello, revocar la decisión y
ordenar que se siguiera adelante con la ejecución.
12.
El Tribunal Administrativo del Chocó resolvió la apelación mediante sentencia
No. 68 del 30 de junio de 2026, en la que precisó que el mandamiento ejecutivo
había sido librado exclusivamente por $259.200.000, suma correspondiente al valor
del contrato No. 175, y consideró que la orden de pago, el comprobante de egreso
y el soporte bancario acreditaban su satisfacción.
13.
En cuanto a los $282.240.000 reclamados por el período posterior, indicó que
la comunicación del 24 de julio de 2020 no fijaba una nueva obligación económica
ni contenía una modificación o adición contractual, y que la cuenta de cobro
provenía de la propia ejecutante. Con fundamento en esas razones, confirmó la
terminación del proceso y la declaración de pago total efectuada en primera
instancia.
2.2. Argumentos y pretensiones de la tutela
14.
La parte accionante sostuvo que las providencias cuestionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia, porque las autoridades judiciales habrían resuelto el
proceso ejecutivo a partir de una valoración probatoria que, en su criterio,
desconoció el objeto real de la obligación reclamada. Señaló que la controversia no
recaía sobre el pago del valor inicialmente pactado en el contrato de arrendamiento,
sino sobre una obligación adicional derivada de la prolongación de su ejecución, de
modo que no podía tenerse por extinguida esta última con documentos que, a su
juicio, únicamente acreditaban el pago del contrato inicial.
15.
En cuanto a las causales específicas de procedencia, alegó, en primer lugar,
un defecto procedimental absoluto, por cuanto el Juzgado y el Tribunal habrían
valorado una prueba aportada por el municipio en la etapa de alegatos de
conclusión sin que hubiera sido decretada ni sometida previamente a contradicción.
En segundo término, adujo un defecto fáctico, pues estimó irrazonable concluir que
la obligación reclamada había sido pagada con soportes correspondientes a una
suma y a un período distintos. Añadió que las autoridades judiciales no valoraron
integralmente el expediente ni la totalidad de los documentos que, en su criterio,
conformaban el título ejecutivo complejo.
16.
Finalmente, invocó un defecto por motivación defectuosa y la violación directa
de la Constitución, al considerar que las providencias no dieron respuesta adecuada
a la diferencia entre la obligación cuya ejecución se pretendía y aquella que
aparecía respaldada por los documentos de pago. También afirmó que se
desconocieron precedentes judiciales relacionados con el contrato de
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06081-00 (9608)
Accionante: Cleidy Mariam Carrillo Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
arrendamiento, el incumplimiento contractual y los fines de la contratación estatal.
Con fundamento en esos reproches, formuló las siguientes pretensiones:
1. DECLARAR la vulneración de los derechos fundamentales al Debido Proceso, a la
Defensa y al Acceso a la Administración de Justicia de la señora CLEIDY MARIAM
CARRILLO MORALES, violentados por el Juzgador de Primera Instancia como el de
Segunda Instancia.
2. DEJAR SIN EFECTO la sentencia emitida de Segunda Instancia emanada de
Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, y la sentencia de Primera Instancia
dictada por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó.
3. ORDENAR al despacho judicial competente emitir un nuevo fallo de reemplazo en
el cual se prescinda de la prueba aportada de manera extemporánea por el Municipio
de Quibdó, y valorada irregularmente por el Juzgador de Primere [sic] y Segunda
Instancia; o en su defecto, se valore respetando el derecho de contradicción y la
debida congruencia entre lo que se pagó y lo que se está ejecutado.
2.3. Trámite procesal
17.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
auto del 14 de agosto de 20262, admitió la acción de tutela presentada por Cleidy
Mariam Carrillo Morales contra el Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado
Quinto Administrativo de Quibdó, por la presunta vulneración de sus derechos al
debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, con ocasión
de las providencias dictadas el 20 de marzo de 2024 y el 30 de junio de 2026 dentro
del proceso ejecutivo núm. 27001-33-33-005-2023-00289-00/01.
18.
Asimismo, vinculó al municipio de Quibdó como tercero con interés, ordenó
notificar a las partes y al vinculado para que intervinieran dentro de los tres días
siguientes, tuvo como pruebas los documentos aportados con la solicitud, requirió
a las autoridades judiciales accionadas para que remitieran el expediente ejecutivo,
reconoció personería al apoderado de la accionante y dispuso mantener el
expediente en Secretaría, con suspensión de términos, mientras se allegaban las
pruebas y vencían los plazos concedidos.
2.4. Intervenciones
19.
Revisado el expediente, se advierte que el Tribunal Administrativo del Chocó
y el municipio de Quibdó guardaron silencio dentro del trámite constitucional. Por su
parte, el Juzgado Quinto Administrativo de Quibdó se limitó a remitir copia digital del
expediente correspondiente a la primera instancia del proceso ejecutivo, mediante
memorial radicado el 20 de agosto de 20263.
2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06081-00 (9608), índice 5, certificado 485D5AC18B3F7501
0E553445898E48E5 69C85E36CBAD8346 5D5181856143F7A3.
3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06081-00 (9608), índice 11, certificado 6DDDEEECCBFFF07A
5BABE5E143B3BB2D BA6B550E31EC777F 4EAF0A2073254D91.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06081-00 (9608)
Accionante: Cleidy Mariam Carrillo Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
3. Consideraciones
3.1. Competencia
20.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
primera instancia, de la acción de tutela presentada por Cleidy Mariam Carrillo
Morales contra el Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado Quinto
Administrativo de Quibdó.
3.2. Legitimación en la causa de las partes
21.
La legitimación en la causa por activa de Cleidy Mariam Carrillo Morales está
acreditada, por cuanto actuó como parte ejecutante dentro del proceso con
radicación 27001-33-33-005-2023-00289-00/01, en el que se profirieron las
providencias judiciales que cuestiona mediante la presente acción de tutela. En
consecuencia, es titular de los derechos fundamentales cuya vulneración alega.
22.
Por su parte, la legitimación en la causa por pasiva recae en el Juzgado Quinto
Administrativo de Quibdó y en el Tribunal Administrativo del Chocó, autoridades
judiciales que profirieron, respectivamente, las sentencias del 20 de marzo de 2024
y del 30 de junio de 2026, a las que la accionante atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales.
23.
Asimismo, se encuentra justificada la vinculación del municipio de Quibdó, en
calidad de tercero con interés, pues intervino como parte ejecutada dentro del
proceso judicial de origen y cualquier decisión que se adopte en sede de tutela
respecto de las providencias cuestionadas puede incidir directamente en la situación
jurídica definida en ese trámite. Por esa razón, conserva un interés legítimo en las
resultas del presente proceso constitucional.
3.3. Problemas jurídicos
24.
La Sala considera que, en el caso bajo examen, el problema jurídico se contrae
a determinar lo siguiente:
25.
¿La acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad exigidos
para controvertir providencias judiciales? y, de ser así, ¿incurrieron el Juzgado
Quinto Administrativo de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó en los
defectos procedimental absoluto, fáctico, de motivación y por violación directa de la
Constitución alegados por la accionante, con vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de
justicia?
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06081-00 (9608)
Accionante: Cleidy Mariam Carrillo Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
26.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado4 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de unos requisitos generales y
específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un
uso abusivo de este mecanismo constitucional5.
27.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
(i) que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial «subsidiariedad»;
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
«inmediatez»;
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
28.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales y, por tanto,
constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
29.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, una de las siguientes causales o defectos: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución6.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
5 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
6 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06081-00 (9608)
Accionante: Cleidy Mariam Carrillo Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
3.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad para el caso
concreto
30.
En el presente asunto, la Sala encuentra satisfechos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, por las razones
que se exponen a continuación.
31.
En primer lugar, el asunto reviste relevancia constitucional porque los reproches
de la accionante no se limitan a expresar su desacuerdo con el resultado del proceso
ejecutivo, sino que cuestionan la forma como las autoridades judiciales valoraron
los documentos con los cuales se tuvo por acreditado el pago de la obligación y la
oportunidad procesal en que estos fueron incorporados.
32.
A partir de ello, atribuye a las providencias cuestionadas los defectos
procedimental, fáctico y de motivación defectuosa, así como la violación directa de
la Constitución, con incidencia en sus derechos al debido proceso, a la defensa y al
acceso a la administración de justicia. Lo anterior permite adelantar el examen
constitucional, sin que ello suponga anticipar la prosperidad de tales cargos.
33.
También se cumple el requisito de subsidiariedad, pues la sentencia del 20 de
marzo de 2024 fue apelada por la accionante y el Tribunal Administrativo del Chocó
resolvió el recurso mediante sentencia del 30 de junio de 2026, con la cual quedó
agotada la segunda instancia del proceso ejecutivo. Frente a esta última decisión
no se advierte la existencia de un recurso ordinario idóneo y eficaz que permita
controvertir los defectos que ahora se plantean en sede constitucional.
34.
Tampoco se advierte que los reproches formulados por la accionante puedan
subsumirse en alguna de las causales taxativas del recurso extraordinario de
revisión, pues cuestionan la valoración probatoria, la incorporación de determinados
documentos al proceso y la interpretación del alcance del título ejecutivo, asuntos
que no corresponden, en principio, a los supuestos previstos para la procedencia
de ese mecanismo extraordinario.
35.
De igual manera, se satisface el requisito de inmediatez, porque la sentencia de
segunda instancia fue proferida el 30 de junio de 2026 y la acción de tutela se
presentó el 1° de agosto siguiente, esto es, poco más de un mes después. Por tanto,
la solicitud de amparo fue promovida dentro de un término razonable respecto de la
providencia que puso fin al proceso judicial cuestionado.
36.
Asimismo, las irregularidades alegadas tienen, en principio, incidencia directa
en el sentido de la decisión. En particular, la accionante sostiene que las autoridades
judiciales tuvieron por satisfecha la obligación reclamada con fundamento en
documentos que, a su juicio, correspondían a una obligación distinta, y cuestiona
que algunos de esos elementos hubieran sido valorados sin respetar las reglas de
contradicción. De acreditarse tales planteamientos, podrían comprometer las
razones que condujeron a declarar probada la excepción de pago y a terminar el
proceso ejecutivo.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06081-00 (9608)
Accionante: Cleidy Mariam Carrillo Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
37.
Finalmente, la solicitud de amparo identifica suficientemente las providencias
cuestionadas, las actuaciones que considera lesivas de sus derechos y los defectos
que les atribuye. Además, las decisiones objeto de reproche fueron proferidas
dentro de un proceso ejecutivo contractual y no corresponden a sentencias dictadas
en otro trámite de tutela. En consecuencia, se encuentran satisfechos los requisitos
generales de procedibilidad y corresponde examinar los cargos específicos
formulados por la accionante.
3.6. Cuestión preliminar
38.
La Sala concentrará principalmente el análisis constitucional en la sentencia del
30 de junio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, por cuanto
esa autoridad resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del
Juzgado Quinto Administrativo de Quibdó y examinó nuevamente los aspectos
centrales que sustentan la presente acción de tutela, esto es, el alcance de los
documentos que integraban el título ejecutivo, la acreditación del pago de la
obligación contenida en el contrato No. 175 de 2020 y la aptitud de la comunicación
del 24 de julio de 2020 para sustentar el cobro de una suma adicional.
39.
En esa providencia, el Tribunal confirmó la terminación del proceso y expuso
las razones por las cuales consideró que la obligación originalmente pactada había
sido pagada y que la suma adicional pretendida no estaba contenida en un título
ejecutivo. Sin perjuicio de ello, la Sala examinará directamente la actuación del
Juzgado en cuanto resulte necesario para resolver el defecto procedimental alegado
por la accionante, relacionado con la incorporación y contradicción de los
documentos utilizados para acreditar el pago.
3.7. Análisis de los defectos invocados en la acción de tutela
3.7.1. Observación general sobre la forma en que se estudiarán los defectos
alegados en la acción de tutela
40.
Antes de abordar los cargos formulados por la accionante, la Sala considera
necesario precisar que, aunque estos fueron presentados bajo distintas
denominaciones, no todos plantean problemas constitucionales autónomos. En
efecto, el defecto procedimental absoluto se sustenta en una presunta irregularidad
ocurrida durante la incorporación y contradicción de los documentos utilizados para
acreditar el pago, mientras que los reproches por defecto fáctico, motivación
defectuosa y violación directa de la Constitución convergen, en lo sustancial, en
cuestionar la forma como las autoridades judiciales determinaron el alcance del
título ejecutivo y descartaron la existencia de una obligación exigible por el período
adicional reclamado.
41.
Por esa razón, la Sala estudiará, en primer lugar, el defecto procedimental
absoluto, a partir de la forma en que los documentos de pago fueron incorporados
al proceso y de las oportunidades de contradicción que tuvo la ejecutante. En
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06081-00 (9608)
Accionante: Cleidy Mariam Carrillo Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
segundo término, examinará conjuntamente los defectos fáctico y de motivación,
para determinar si fue razonable distinguir entre la obligación contenida en el
contrato No. 175, cuyo pago se tuvo por acreditado, y la suma adicional pretendida
con fundamento en la comunicación del alcalde y la cuenta de cobro. Finalmente,
analizará el cargo por violación directa de la Constitución.
3.7.2. Sobre el defecto procedimental absoluto
42.
De conformidad con los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, el debido
proceso, el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho
sustancial constituyen garantías que deben orientar la interpretación y aplicación de
las normas procesales. Por ello, la observancia de las formas judiciales, aunque
indispensable para asegurar el orden y la igualdad entre las partes, no puede
convertirse en un obstáculo injustificado para el ejercicio efectivo de sus derechos.
43.
La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el defecto procedimental
puede presentarse cuando la autoridad judicial se aparta por completo del trámite
legalmente establecido o cuando, pese a seguir formalmente el procedimiento,
aplica sus reglas con un rigor excesivo que sacrifica la justicia material. Esta
segunda modalidad, denominada exceso ritual manifiesto, se configura cuando la
autoridad privilegia una lectura rígida de las formas procesales, sin valorar las
circunstancias concretas del asunto, y de esa manera impide el ejercicio de los
derechos de defensa, contradicción o acceso efectivo a la justicia7.
44.
Sentado lo anterior, la Sala advierte que no encuentra configurado el defecto
procedimental alegado. Efectivamente, el cargo parte de la premisa de que los
documentos utilizados para acreditar el pago de la obligación fueron aportados por
el municipio de Quibdó únicamente con los alegatos de conclusión y valorados sin
que la ejecutante hubiera tenido oportunidad de controvertirlos.
45.
Sin embargo, las actuaciones procesales adelantadas en el expediente 27001-
33-33-005-2023-00289-00 demuestran que dichos elementos fueron allegados
previamente en respuesta al requerimiento efectuado por el Juzgado mediante auto
del 16 de noviembre de 2023, oportunidad en la que el municipio informó que el
contrato No. 175 había sido pagado y aportó la orden de pago, el comprobante de
egreso y el soporte de la transferencia bancaria. En efecto, en el referido auto se
ordenó lo siguiente:
Previo a resolver el despacho la solicitud de suspensión del presente proceso
presentada por la apoderada de la parte ejecutada Municipio de Quibdó Dra. MARIA
YAJAIARA OREJUELA WALDO visible a índice 7 en samai y, teniendo en cuenta que
el despacho no tiene claridad si la obligación adeudada por el Municipio de Quibdó
hace parte del acuerdo de reestructuración de pasivos suscrito entre el Municipio de
Quibdó y sus acreedores en el marco de la ley 550 de 1999, se ordenará que por
secretaria, se requiera al Municipio de Quibdó para que, certifique al despacho si las
7 Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06081-00 (9608)
Accionante: Cleidy Mariam Carrillo Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
sumas de dineros correspondientes al contrato de arrendamiento No 175 del 27 de
abril de 2020, hacen parte o no del acuerdo de reestructuración de pasivos8.
46.
Respecto de la respuesta otorgada a ese requerimiento, y de acuerdo con la
sentencia del 20 de marzo de 2024, el municipio de Quibdó respondió que
De acuerdo con lo solicitado, este despacho se permite manifestar lo siguiente: Que
la obligación demandada, no hace parte del acuerdo de restructuración de pasivos,
toda vez que el contrato de arrendamiento 175 del 17 de abril del 2020, fue pagado
en su totalidad por el ente territorial tal y como se evidencia en la información que
reposa en el expediente del contrato, mediante comprobante de egreso Numero
02649 de fecha 17 de septiembre del 2020, orden de pago OP N°. 0000002065 de
fecha 10 de septiembre del 2020 y copia del pantallazo de transferencia, por el valor
contratado.
En cuanto al oficio de fecha 24 de junio del 2020, suscrito por el Dr. MARTIN EMILIO
VALENCIA SÁNCHEZ, en calidad de alcalde municipal de Quibdó, por medio del cual
manifiesta que hasta el 30 de julio del 2020, se estará haciendo uso del servicio de
hotelería (…) se permite manifestar que el mismo no constituye una obligación clara,
expresa y exigible, por lo tanto, no constituye un título ejecutivo9.
47.
De esa documentación se corrió traslado a la parte ejecutante, cuyo apoderado
se pronunció expresamente sobre su contenido y sostuvo que los soportes
acreditaban únicamente el pago del contrato inicial, mas no el período adicional que
pretendía cobrar10. Posteriormente, mediante auto del 1° de febrero de 2024, el
Juzgado incorporó al expediente los documentos aportados por las partes y dispuso
correr traslado para alegar de conclusión11. En esas condiciones, la reiteración de
los soportes de pago en los alegatos del municipio no comportó la introducción de
una prueba nueva ni privó a la accionante de la posibilidad de ejercer su derecho
de contradicción.
48.
Por consiguiente, no se advierte que las autoridades judiciales hubieran
pretermitido una etapa del procedimiento ni valorado elementos probatorios
desconocidos para la ejecutante. Tampoco se acredita una irregularidad con
incidencia en la decisión, pues la parte actora conoció los documentos, controvirtió
expresamente su alcance y planteó desde entonces la misma distinción que ahora
formula en sede de tutela entre el pago del contrato inicial y la suma reclamada por
el período posterior. En ese sentido, el defecto procedimental absoluto no está
llamado a prosperar.
8 Ver en Samai, exp. 27001-33-33-005-2023-00289-00
9 Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, Sentencia del 20 de marzo de 2024, pág. 3, en
Samai, exp. 27001-33-33-005-2023-00289-00, índice 2, certificado 4C4FFD2F2258D504 A652D5675A477A08
B2325E1AA58A038A 8DCD676C73B7F68B.
10 Memorial suscrito por el apoderado Rodolfo A. Mena Palacios, suscrito el 13 de diciembre de 2023, en Samai,
exp. 11001-03-15-000-2026-06081-00, índice 11, certificado 5843558B2261B44A EF38F15FA8D49201
4D84F76B9B0C6B8F 10AEB9C55EC5A0E5.
11 En Samai, exp. 27001-33-33-005-2023-00289-00, índice 18, certificado C3C33376417F4E9D
F92473511B718262 79A43D0828ACCE34 D40FAFA35B878FC5.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06081-00 (9608)
Accionante: Cleidy Mariam Carrillo Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
3.7.3. Sobre los defectos fáctico y de defectuosa motivación alegados en la
acción de tutela
49.
La jurisprudencia constitucional ha reiterado que, en virtud del principio de
autonomía e independencia judicial, los jueces tienen una considerable libertad para
valorar las pruebas presentadas en el proceso bajo las reglas de la sana crítica. Sin
embargo, también ha señalado que este principio tiene un límite, ya que no otorga
un poder absoluto ni debe usarse para vulnerar derechos fundamentales. Según la
jurisprudencia, al valorar las pruebas, el juez debe aplicar criterios objetivos y
racionales, es decir, debe evaluar cuidadosamente la relevancia e impacto de cada
prueba, sin caer en suposiciones personales. La Corte Constitucional ha explicado
que un defecto fáctico ocurre cuando «la irregularidad en el juicio valorativo sea
ostensible, flagrante y manifiesta, es decir, de tal magnitud que incida directamente
en el sentido de la decisión proferida»12.
50.
En este punto es importante señalar que existen dos dimensiones del defecto
fáctico: una positiva y una negativa. La dimensión positiva consiste en que el juez
estudia aquellas pruebas que no ha debido estudiar, esto es, se basa en elementos
probatorios que no son aptos para llegar a la conclusión. Así, se recuerda que,
aunque existe una libertad en ese ejercicio de valoración por parte del operador
jurídico, el mismo no puede ser irracional13.
51.
Por otro lado, la dimensión negativa del defecto fáctico se refiere a la omisión
en la valoración de elementos probatorios. Esto puede manifestarse de diversas
formas: la falta de decreto de una prueba, la ausencia de valoración de una prueba
que ya fue decretada, o una valoración inadecuada de la misma. En cualquiera de
estos casos, la omisión implica un defecto en la apreciación de las pruebas dentro
del proceso judicial14.
52.
Ahora bien, la Sala no encuentra configurado el defecto fáctico alegado en el
caso bajo examen. El reproche de la accionante parte de una premisa que no
corresponde al contenido de las providencias cuestionadas: que las autoridades
judiciales tuvieron por pagada la suma de $282.240.000 reclamada por el período
adicional con fundamento en documentos que únicamente acreditaban el pago del
contrato inicial. Sin embargo, tanto el Juzgado como, de manera especialmente
clara, el Tribunal, distinguieron entre la obligación contenida en el contrato No. 175
y la suma adicional cuya ejecución pretendía la demandante.
12 Corte Constitucional, sentencia T-008 de 2022.
13 Según la Sentencia T-018 de 2023, el juez de tutela debe evaluar la calidad y la valoración de las pruebas.
Para establecer si se vulneró el debido proceso, el juez constitucional debe verificar si la decisión es irracional
(conclusión opuesta a la lógica del expediente y evidente para un juicio medio), subjetiva (basada en el capricho
del juzgador), no integral (sin valorar el conjunto probatorio ni justificar el peso dado a cada elemento) o si se
fundamenta en pruebas impertinentes, inconducentes o ilícitas.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-448 de 2016, que señala: «(…) la dimensión negativa puede dar lugar a
tres circunstancias: (i) por omisión o negación del decreto o la práctica de pruebas determinantes, (ii) por
valoración defectuosa del material probatorio y (iii) por omitir la valoración de la prueba y dar por no probado el
hecho que emerge claramente de ella».
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06081-00 (9608)
Accionante: Cleidy Mariam Carrillo Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
53.
En efecto, el mandamiento ejecutivo fue librado por $259.200.000, suma
correspondiente al valor expresamente pactado en el contrato de arrendamiento.
Respecto de esa obligación, las autoridades judiciales valoraron la orden de pago
No. 2066, el comprobante de egreso No. 02649 y el soporte de la transferencia
bancaria, documentos que identificaban el contrato No. 175 y daban cuenta del pago
efectuado en septiembre de 2020. A partir de esos elementos concluyeron que la
obligación contenida expresamente en el contrato había sido satisfecha antes de la
presentación de la demanda. Esa inferencia no resulta contraria al contenido
objetivo de las pruebas ni aparece sustentada en una apreciación arbitraria o
caprichosa.
54.
Una cuestión distinta era determinar si los demás documentos invocados por la
ejecutante permitían establecer la existencia de una nueva obligación por
$282.240.000, correspondiente al período comprendido entre el 12 de junio y el 30
de julio de 2020. Sobre este aspecto, el Tribunal examinó expresamente la
comunicación del 24 de julio de 2020 y concluyó que, aunque permitía acreditar que
el municipio anunció que continuaría utilizando los servicios del hotel hasta el 30 de
julio siguiente, no contenía una determinación económica, no fijaba un nuevo canon,
no incorporaba una modificación o adición contractual ni remitía a un nuevo respaldo
presupuestal.
55.
La misma providencia examinó la cuenta de cobro por $282.240.000 y explicó
que se trataba de un documento elaborado unilateralmente por quien pretendía el
pago, que no estaba acompañado de una modificación contractual, acta de
ampliación del plazo, certificación de supervisión correspondiente al período
adicional o documento proveniente del municipio del cual pudiera desprenderse
expresamente esa obligación.
56.
Por el contrario, el certificado de supervisión existente en el expediente
correspondía al período inicialmente pactado y respaldaba el valor de
$259.200.00015. Así, no puede afirmarse que el Tribunal hubiera omitido valorar los
elementos en los que la accionante sustentaba su pretensión; los examinó y explicó
las razones por las cuales no les reconocía la aptitud demostrativa pretendida.
57.
Esa valoración también resulta razonable a la luz de la naturaleza del proceso
ejecutivo. La existencia de un título complejo no permite construir la obligación
mediante inferencias acerca de lo que las partes posiblemente quisieron convenir,
pues del conjunto documental debe emerger una prestación clara, expresa y
exigible.
58.
En este caso, para arribar a la suma reclamada habría sido necesario concluir
que la comunicación unilateral del alcalde modificó o prorrogó el contrato, que
durante el período adicional conservaron vigencia las condiciones económicas
inicialmente pactadas y que de esa extensión surgió precisamente una obligación
15 Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera, sentencia del 30 de junio de 2026, pág. 9, en Samai, exp.
11001-03-15-000-2026-06081-00, índice 2, certificado 4C4FFD2F2258D504 A652D5675A477A08
B2325E1AA58A038A 8DCD676C73B7F68B.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06081-00 (9608)
Accionante: Cleidy Mariam Carrillo Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
por $282.240.000. Tales conclusiones no aparecen expresamente consignadas en
los documentos que integraban el título.
59.
A ello se suma que, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los
contratos estatales son solemnes y que sus modificaciones deben constar en un
acuerdo escrito16. Por esa razón, tampoco resulta irrazonable que las autoridades
accionadas diferenciaran entre el valor probatorio que podía tener la comunicación
del alcalde para demostrar la continuación material del uso del inmueble y su aptitud
para acreditar, dentro de un proceso ejecutivo, una modificación contractual de la
cual surgiera una nueva obligación dineraria. Que ese documento pudiera
eventualmente ser relevante en un proceso declarativo no significaba que, por sí
mismo, incorporara una obligación clara, expresa y exigible susceptible de
ejecución.
60.
En esas condiciones, las providencias cuestionadas no incurrieron en una
valoración probatoria ostensible, flagrante o manifiestamente contraria al
expediente. Por el contrario, distinguieron el pago de la obligación originalmente
pactada del problema relativo a la eventual existencia de una obligación posterior y
explicaron por qué los documentos aportados no permitían ejecutar esta última.
61.
La pretensión de la accionante consiste, entonces, en que el juez constitucional
atribuya a esos elementos una fuerza demostrativa distinta de la reconocida por los
jueces naturales del proceso, sin que se advierta una valoración irracional que
justifique desplazar su autonomía judicial. Por tanto, el defecto fáctico no está
llamado a prosperar.
3.7.4. Sobre la violación directa de la Constitución Política
62.
La jurisprudencia constitucional ha explicado que la violación directa de la
Constitución constituye una causal específica y autónoma de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, cuyo fundamento se encuentra en el
carácter normativo y en la supremacía de la Carta Política, conforme al artículo 4
superior.
63.
En virtud de ese mandato, las autoridades judiciales tienen el deber de aplicar
directamente las disposiciones constitucionales cuando corresponda y de
interpretar y aplicar las normas legales de conformidad con sus principios, valores
y derechos fundamentales. Aunque inicialmente esta causal fue concebida como
una modalidad del defecto sustantivo17, a partir de la sentencia T-949 de 2003
adquirió carácter autónomo, comprensión que posteriormente fue reiterada en la
sentencia C-590 de 200518.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de marzo de 2022, exp. 44001-23-33-
000-2016-00051-01 (64411), M.P. Alberto Montaña Plata.
17 Corte Constitucional, sentencias SU-1722 de 2000, SU- 159 de 2002.
18 Ver, además de las mencionadas, Corte Constitucional, sentencias SU-918 de 2013 y SU-244 de 2021.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06081-00 (9608)
Accionante: Cleidy Mariam Carrillo Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
64.
En particular, este defecto se configura cuando la autoridad judicial adopta una
decisión contraria a la Constitución, bien porque deja de aplicar una disposición ius
fundamental directamente aplicable al caso o porque aplica la ley al margen de los
mandatos superiores. La jurisprudencia también ha identificado como supuestos de
esta causal la omisión de interpretar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional, la vulneración evidente de un derecho fundamental de
aplicación inmediata, el desconocimiento del principio de interpretación conforme
con la Constitución y la falta de aplicación de la excepción de inconstitucionalidad
cuando la norma que rige el asunto resulta incompatible con la Carta19.
65.
En todo caso, la sola invocación de un derecho fundamental no basta para
estructurar el defecto, pues debe demostrarse de qué manera concreta la
providencia desconoció directamente un mandato constitucional aplicable a la
controversia.
66.
Pues bien, en el caso concreto la Sala no encuentra configurada la violación
directa de la Constitución. La accionante sostiene que las providencias
cuestionadas desconocieron los principios de legalidad y buena fe contractual,
porque las autoridades judiciales habrían omitido advertir que la obligación cuya
ejecución pretendía correspondía al período adicional de ocupación del inmueble,
mientras que los documentos utilizados para declarar el pago se referían al contrato
inicialmente celebrado. Sin embargo, este planteamiento no identifica una
disposición constitucional directamente aplicable que hubiera sido dejada de aplicar
ni explica de qué manera las autoridades accionadas resolvieron el asunto al
margen de un mandato superior.
67.
Por el contrario, como se explicó al estudiar el defecto fáctico, el Tribunal
Administrativo del Chocó distinguió expresamente entre las dos situaciones. De una
parte, estableció que la obligación por $259.200.000 contenida en el contrato No.
175 había sido satisfecha; de otra, examinó separadamente la suma de
$282.240.000 reclamada por el período posterior y concluyó que la comunicación
del 24 de julio de 2020 y la cuenta de cobro no contenían una obligación clara,
expresa y exigible por ese concepto. Así, la providencia no confundió la obligación
inicialmente pactada con aquella que la ejecutante atribuía a la prolongación del uso
del inmueble, sino que explicó por qué esta última no podía hacerse efectiva
mediante el proceso ejecutivo.
68.
En esas condiciones, la invocación de los principios constitucionales de
legalidad y buena fe no transforma la discrepancia de la accionante sobre el alcance
del título ejecutivo en una violación directa de la Constitución. El cargo reproduce,
en realidad, el desacuerdo ya examinado respecto de la valoración de los
documentos y de la motivación empleada por las autoridades judiciales, sin
demostrar que estas hubieran dejado de aplicar una disposición ius fundamental,
desconocido una regla constitucional de aplicación inmediata, interpretado una
19 Corte Constitucional, sentencia SU-918 de 2013.
15
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06081-00 (9608)
Accionante: Cleidy Mariam Carrillo Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
norma legal en abierta contradicción con la Carta o debido acudir a la excepción de
inconstitucionalidad.
69.
Tampoco se advierte que la decisión cuestionada hubiera desconocido
directamente los derechos al debido proceso o al acceso a la administración de
justicia. La accionante pudo promover el proceso ejecutivo, controvertir los
documentos allegados por el municipio, apelar la sentencia de primera instancia y
obtener una decisión de segunda instancia que examinó los argumentos centrales
de su inconformidad. Que el Tribunal no acogiera la interpretación según la cual de
los documentos aportados surgía una obligación ejecutable por el período adicional
no supone, por sí mismo, la vulneración directa de tales garantías. Por consiguiente,
este defecto tampoco está llamado a prosperar.
4. Conclusión
70.
La acción de tutela no acredita la configuración de los defectos específicos
invocados. La Sala encontró que los documentos utilizados para acreditar el pago
fueron incorporados al proceso con anterioridad a los alegatos y pudieron ser
controvertidos por la ejecutante. Además, las autoridades judiciales distinguieron
entre la obligación contenida en el contrato No. 175, cuyo pago se tuvo por
demostrado, y la suma adicional reclamada por el período posterior, respecto de la
cual concluyeron que no existía un título ejecutivo que contuviera una obligación
clara, expresa y exigible.
71.
Los cuestionamientos de la accionante expresan, en esencia, su desacuerdo
con esa valoración y pretenden que el juez constitucional atribuya a la comunicación
unilateral del alcalde y a otros documentos un alcance jurídico distinto del
reconocido por los jueces naturales del proceso. Sin embargo, esa discrepancia no
demuestra una valoración probatoria manifiestamente irrazonable, una falta de
motivación, una irregularidad procesal con incidencia en la decisión ni el
desconocimiento directo de un mandato constitucional.
72.
En consecuencia, la Sala negará el amparo de los derechos fundamentales
invocados.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Negar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y al acceso a la administración de justicia invocados por Cleidy Mariam
Carrillo Morales, por las razones expuestas en esta providencia.
16
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06081-00 (9608)
Accionante: Cleidy Mariam Carrillo Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Segundo: Notificar esta decisión a las partes y a los demás interesados por el medio
más expedito, en los términos del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo previsto en el
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese y Cúmplase.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
17
Sigue leyendo
Lee la providencia completa en RuleX
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.