Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06091-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06091-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06091-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-06091-00
Accionante: DIEGO FERNANDO BECERRA SILVA
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO
Tema: Se ampara el derecho fundamental de petición. Se declara la
carencia actual de objeto por hecho superado.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Consejo
Superior de la Judicatura - Presidencia y el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca - Presidencia.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Diego Fernando Becerra Silva en nombre propio solicitó el amparo de su
derecho fundamental de petición cuya vulneración le atribuyó al Consejo Superior
de la Judicatura - Presidencia y al Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca - Presidencia por la omisión de dar respuesta de fondo a la petición
de 3 de julio de 2026.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Informó que “[…] Dentro de la acción de tutela No. 25126-40-89-004-2026-
00150-00 / 01, promovida contra las Comisarías de Familia Primera y Segunda de
Cajicá, el Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de Cajicá profirió sentencia el 20 de
marzo de 2026 y concedió la impugnación mediante auto del 6 de abril de 2026.
Según el acta de reparto de segunda instancia, el asunto fue asignado al Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Zipaquirá, con fecha y hora de llegada del 6 de abril
de 2026 a las 12:39 p. m. El 8 de mayo de 2026, ante la ausencia de fallo, solicité
vigilancia judicial administrativa por mora, actuación tramitada bajo el número VJA-
CSJCUN-2026-00417 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Diego Fernando Becerra Silva
2.2. Señaló que “[…] la titular del despacho vigilado rindió informe fechado el 12 de
mayo de 2026, en el que expresó que el término para decidir se cumplía el 7 de
mayo y que “la decisión de segunda instancia fue emitida el día 6 de ese mes”. El
documento efectivamente comunicado por ese despacho, mediante Oficio JCCZ
No. 0662 del 6 de mayo de 2026, se identifica como “Notificación Auto Rechaza
Competencia de Tutela” e informa que se ordenó devolver las diligencias para que
fueran sometidas a reparto entre los Juzgados de Familia del Circuito. El informe
del 12 de mayo no mencionó esa circunstancia […]”.
2.3. Adujo que “[…] el Consejo Seccional dispuso, mediante auto del 20 de mayo de
2026, el archivo de la actuación, por cuanto —según allí se consignó— el despacho
vigilado había proferido decisión en segunda instancia el 6 de mayo de 2026 […]”.
2.4. Manifestó que “[…] Mediante auto del 2 de julio de 2026, aprobado en Sala, el
Consejo Seccional negó la solicitud de nulidad y dispuso expresamente que contra
esa decisión “no procede recurso alguno”. Con ello quedó agotada toda vía de
contradicción dentro de la vigilancia […]”.
2.5. Sostuvo que “[…] el 3 de julio de 2026, a las 8:00 a. m., presenté ante la
Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura —dirigida a la Honorable
Magistrada Presidenta— al correo oficial
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co, una petición administrativa de
intervención institucional y revisión de trazabilidad relacionada con la Vigilancia
Judicial Administrativa No. VJA-CSJCUN-2026-00417. El correo remitió dos
archivos: el escrito de petición, de cinco páginas, y su anexo documental […]”.
2.6. Advirtió que “[…] La Presidencia del Consejo Superior tampoco informó, dentro
de los cinco días siguientes a la recepción, que careciera de competencia; no remitió
copia de un oficio remisorio; no identificó a la autoridad competente; y no comunicó
número de radicación, fecha de traslado, dependencia receptora ni funcionario
encargado, en los términos del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015. A la fecha de
esta acción no he recibido comunicación alguna suscrita por esa dependencia […]”.
2.7. Afirmó que mediante Oficio CSJCUO26-1081 del 30 de julio de 2026, “[…] el
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca indicó, en tres numerales, que
no es competente para informar el número de radicación asignado por la
Presidencia, que no es posible informar la dependencia o despacho al cual fue
asignada la petición, y que del escrito “se corrió traslado para conocimiento y fines
pertinentes” a ese Consejo Seccional […]”.
2.8. Adicionó que “[…] El oficio fue suscrito por el Presidente del Consejo Seccional
de la Judicatura de Cundinamarca y remitido con copia a la Presidencia del Consejo
Superior de la Judicatura, según consta al pie del documento. La Presidencia
conoció así, a más tardar el 30 de julio de 2026, que la petición que le fue dirigida
no había sido resuelta materialmente y que no se había informado su trazabilidad
[…]”.
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Accionante: Diego Fernando Becerra Silva
2.9. Sostuvo que “[…] El oficio tampoco definió si el Consejo Seccional asumió
competencia para resolver la petición. Si la asumió, omitió responder dos de las tres
solicitudes. Si no la asumió, omitió identificar a la autoridad competente y efectuar
la remisión formal exigida por la ley […]”.
2.10. Resaltó que “[…] Al presentar esta acción ha transcurrido un mes calendario
desde la radicación. Existe un oficio formal, pero la petición continúa materialmente
sin respuesta y no hay trazabilidad verificable de una remisión por competencia. La
vulneración es actual y permanece íntegra […]”.
2.11. El accionante allegó memorial el 12 de agosto de 2026 dentro de la presente
acción de tutela, mediante el cual insistió en que “[…] La tutela no persigue reabrir
la Vigilancia Judicial Administrativa No. VJA-CSJCUN-2026-00417, convertir al juez
constitucional en instancia de revisión de aquella actuación ni imponer una
respuesta favorable. Ese límite fue expresamente fijado desde el escrito inicial de
tutela. El objeto constitucional continúa siendo el derecho fundamental de petición:
obtener una respuesta material, clara, precisa, congruente y completa frente a la
petición administrativa radicada el 3 de julio de 2026, y establecer qué autoridad la
asumió, trasladó o dejó sin decisión […] la pregunta es qué hizo frente a una petición
que recibió, radicó y respecto de la cual expidió una comunicación formal […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA. AMPARAR mi derecho fundamental de petición, vulnerado por
el Consejo Superior de la Judicatura – Presidencia y el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca – Presidencia.
SEGUNDA. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura – Presidencia que,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo:
– Informe el número de radicación asignado a la petición del 3 de julio de 2026,
la fecha y el acto mediante el cual fue distribuida o trasladada, la dependencia
receptora y el servidor responsable de su trámite, y aporte copia íntegra de la
constancia, registro u oficio correspondiente.
– Indique expresamente si conservó la competencia para resolver la petición si
se desprendió formalmente de ella.
– Si conserva competencia, responda de manera clara, precisa, congruente,
consecuente y completa cada una de las tres solicitudes formuladas.
– Si considera que carece de competencia, identifique motivadamente a la
autoridad competente, efectúe la remisión formal prevista en el artículo 21 de la
Ley 1755 de 2015 y comunique al accionante el oficio remisorio.
TERCERA. ORDENAR al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca
– Presidencia que, dentro del mismo término:
– Informe el acto, la fecha, el origen y el fundamento competencial del traslado
que registró bajo el radicado de entrada EXTCSJCU26-2075, y precise si lo
recibió como remisión por competencia, traslado interno para decisión o simple
copia informativa.
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Accionante: Diego Fernando Becerra Silva
– Declare expresamente si asumió competencia para resolver la petición.
– Si la asumió, responda separadamente las tres solicitudes formuladas el 3 de
julio de 2026, incluyendo la procedencia o improcedencia motivada de la
revisión institucional y de las medidas administrativas solicitadas.
– Si no la asumió, lo declare, identifique a la autoridad competente y efectúe la
remisión legal correspondiente.
CUARTA. ORDENAR que las respuestas y sus soportes sean notificados
efectivamente al correo electrónico del accionante y remitidos al despacho
judicial como acreditación de cumplimiento, y PREVENIR a las accionadas que
la mera reiteración del archivo de la vigilancia, la narración de hechos
posteriores o la reproducción de fórmulas evasivas no satisfacen el deber
constitucional de resolver materialmente la petición […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 3 de agosto de 2026, el magistrado a cargo de la sustanciación
admitió la presente acción de tutela y vinculó en calidad de tercero con interés
directo en el resultado del proceso al Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Zipaquirá.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y la vinculada,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. El
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca solicitó su
desvinculación de la acción de tutela e informó lo siguiente:
“[…] En relación con los hechos que dieron lugar a la presente acción constitucional
y en lo que respecta exclusivamente al ámbito competencial de esta Corporación,
es necesario precisar que el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca
y Amazonas no ejerce funciones jurisdiccionales, conforme a lo dispuesto en la
Constitución Política y en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, las
cuales circunscriben su actuación al ámbito administrativo de la Rama Judicial.
En desarrollo de dichas competencias, esta Corporación no interviene en la
adopción de decisiones judiciales; no participa en el trámite ni en la resolución de
acciones de tutela; ni tiene facultad alguna para incidir en la programación,
desarrollo o suspensión de audiencias judiciales, ni para conocer, tramitar o resolver
recursos procesales, incluida la impugnación de fallos de tutela.
[…]
Ahora bien, el objeto de la solicitud de vigilancia judicial administrativa radicada bajo
el consecutivo VJA-CSJCUN-2026-00417 se resume en que al 8 de mayo de 2026
no se había recibido notificación del fallo de segunda instancia ni comunicación
procesal que informara de manera objetiva, concreta y verificable la razón del
retardo, habida cuenta de que la impugnación había sido recibida por dicho
despacho el 6 de abril de 2026.
En este sentido, no era dable continuar con la vigilancia judicial administrativa, toda
vez que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquirá profirió auto mediante el
cual se declaró incompetente para conocer del asunto. Como consecuencia de ello,
el expediente fue remitido a otro despacho judicial, circunstancia que tornó inocuo
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Accionante: Diego Fernando Becerra Silva
continuar con el trámite de vigilancia judicial administrativa, por cuanto desapareció
el presupuesto fáctico que dio origen a esta actuación administrativa.
En consecuencia, resulta claro que la presunta vulneración de derechos
fundamentales alegada por el accionante, en caso de configurarse, tendría su origen
en la presunta falta de respuesta del Consejo Superior de la Judicatura a la solicitud
presentada el 3 de julio de 2026. Dicha petición fue dirigida exclusivamente a esa
Corporación y no al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y
Amazonas, razón por la cual esta Corporación no fue destinataria de la solicitud, no
era competente para tramitarla o resolverla y, en consecuencia, no tenía obligación
funcional ni legal de emitir pronunciamiento alguno frente a su contenido.
Así las cosas, cualquier eventual afectación de derechos fundamentales derivada
de la ausencia de respuesta a dicha petición no resulta atribuible a este Consejo
Seccional, que carece de competencia, injerencia, dirección o control funcional
respecto de las actuaciones adelantadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Máxime cuando se trata de la autoridad superior dentro de la estructura orgánica de
la Rama Judicial respecto de este Consejo Seccional.
Por consiguiente, se configura una evidente falta de legitimación en la causa por
pasiva respecto de esta Corporación, toda vez que los hechos que el accionante
identifica como generadores de la presunta vulneración no le son atribuibles ni
material ni jurídicamente
Ahora bien, debe resaltarse que la acción de tutela no puede convertirse en un
mecanismo para involucrar a entidades que no guardan relación con los hechos
objeto de controversia, ni para extender de manera indiscriminada la
responsabilidad por actuaciones que escapan por completo a su ámbito de
competencia, pues ello desborda la finalidad del mecanismo constitucional y
compromete indebidamente el debido proceso de las entidades vinculadas sin
fundamento material […]”.
5.2. El Consejo Superior de la Judicatura señaló que se configuró una carencia
actual de objeto por hecho superado, en la medida que en el transcurso del presente
trámite de tutela dio respuesta a la petición presentada por el accionante, la cual fue
notificada al correo diegofbecerra@gmail.com. Precisó que “[…] al verificar que la
actuación del Consejo Superior de la Judicatura tiene su asidero en lo dispuesto en
el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, se configuraría el fenómeno denominado por
la jurisprudencia como carencia actual de objeto por hecho superado […]”.
5.3. El
accionante mediante memorial recibido el 21 de agosto de 2026 en la
Secretaría General, informó que se presentaba un hecho sobreviniente toda vez
que el “[…] 21 de agosto de 2026, a las 3:00 p. m., recibí comunicación de la
Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura en respuesta a la petición
administrativa presentada el 3 de julio de 2026 […]”. No obstante, señaló que “[…]
su expedición no configura carencia actual de objeto ni hecho superado. Por el
contrario, permite efectuar ahora un contraste documental directo entre lo solicitado
el 3 de julio y lo efectivamente respondido el 21 de agosto, y evidencia que
permanecen sin resolución material aspectos centrales de la petición cuya
protección se reclama en esta tutela […]”.
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Accionante: Diego Fernando Becerra Silva
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previo a la definición del problema jurídico que se resolverá,
resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal
del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T-1001 de 20067, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
‘2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]’ […]” (Negrilla fuera del
texto).
9. Teniendo en cuenta que el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca
fue señalado en el escrito de tutela como una de las autoridades accionadas por no
haber dado respuesta a la petición de 3 de julio de 2026, la Sala considera que a
1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Accionante: Diego Fernando Becerra Silva
esta entidad le asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta acción
constitucional.
10. Por lo anterior, se negará la solicitud de desvinculación presentada, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer
si se vulneró el derecho fundamental de petición de Diego Fernando Becerra Silva
por la omisión de dar respuesta de fondo a la petición de 3 de julio de 2026.
VI.4. El núcleo esencial del derecho de petición
12. El artículo 23 de la Constitución Política prevé que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades y también ante organizaciones
privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta
resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de
la Carta.
13. La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la
connotación de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales
como la información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad
social, el acceso a documentos públicos, entre otros.
14. Elderecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional, que ha dispuesto que
son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho, a saber: (i) la pronta
resolución; (ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara,
precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y (iii) que la decisión adoptada
se le notifique al peticionario8.
15. La vulneración del núcleo esencial del derecho fundamental de petición es objeto
de protección a través de la acción de tutela. Sin embargo, la jurisprudencia ha
precisado que el sentido de la respuesta no hace parte del referido núcleo esencial
de este derecho. En virtud de lo anterior, se ha precisado que la respuesta negativa
en ningún caso constituye una vulneración del derecho fundamental de petición, ya
que “[…] existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo
pedido […]”9.
16. En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si existe
8
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-007 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 18 de enero de 2017.
9
Ibidem.
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coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido.
VI.5. Caso concreto
17. El señor Diego Fernando Becerra Silva en nombre propio solicitó el amparo de
su derecho fundamental de petición cuya vulneración le atribuyó al Consejo Superior
de la Judicatura - Presidencia y al Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca - Presidencia por la omisión de dar respuesta de fondo a la petición
de 3 de julio de 2026.
VI.5.1. Análisis del caso concreto
18. La Sala procederá al análisis de la vulneración del derecho de petición frente a
las accionadas.
VI.5.1.1. De la carencia actual de objeto por hecho superado por parte del
Consejo Superior de la Judicatura
19. La Corte Constitucional, en sentencia T-054 de 14 de febrero de 202010, sostuvo
que “[…] la carencia actual de objeto por hecho superado tiene lugar cuando, entre
la interposición de la acción de tutela y la decisión del juez constitucional11,
desaparece la afectación al derecho fundamental alegada y se satisfacen las
pretensiones del accionante12, debido a “una conducta desplegada por el agente
transgresor […]”13.
20. Lo anterior es en razón a que el fin último de la acción de tutela, conforme con el
artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto 2591 de 1991 y la
doctrina constitucional, es lograr la protección efectiva y cierta de los derechos
fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad
pública o privada en los casos exceptuados por la ley. Sin embargo, en el evento
que la situación que origina la violación o amenaza sea superada la tutela pierde su
eficacia y razón de ser14.
21. En ese sentido, cuando se encuentra demostrada tal situación, el juez de tutela
no está obligado a pronunciarse de fondo15, sino que en esos casos le corresponde
10 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Sentencia T-054 de 14 de febrero de 2020, Magistrado
Ponente: Carlos Bernal Pulido.
11 Corte Constitucional, sentencias T-238 de 2017 y T-047 de 2016. Asimismo, ver, Corte Constitucional,
Sentencia T-358 de 2014.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-540 de 2007: “el hecho superado se presenta cuando, por la acción u
omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera
que ‘carece’ de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión
hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto
de la satisfacción de lo pedido en la tutela”.
13 Corte Constitucional, sentencias T-238 de 2017 y T-011 de 2016.
14 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de unificación 771 de 16 de octubre de 2014, Magistrada
Ponente: Martha Victoria Sáchica Méndez.
15 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-011 de 22 de enero de 2016, Magistrado
Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
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Accionante: Diego Fernando Becerra Silva
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que de realizar
lo contrario sus decisiones y/u órdenes carecerían de sentido, ante “[…] la
superación de los hechos que dieron lugar al recurso de amparo o ante la
satisfacción de las pretensiones del actor […]”16.
22. Al respecto, el Consejo Superior de la Judicatura solicitó declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado, toda vez que mediante correo electrónico de
21 de agosto de 2026 dio respuesta a la solicitud del accionante.
23. El accionante presentó petición el 3 de julio de 2026 en los siguientes términos:
“[…] Cajicá, Cundinamarca, tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Honorable Magistrada
Mary Lucero Novoa Moreno
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Presidencia
E. S. D.
Respetada señora Presidenta:
DIEGO FERNANDO BECERRA SILVA, identificado con cédula de ciudadanía
No. […], respetuosamente presento solicitud de intervención administrativa y
revisión institucional de trazabilidad respecto de la Vigilancia Judicial
Administrativa No. VJA-CSJCUN-2026-00417, antes de acudir a la acción de
tutela, a la queja disciplinaria o a las demás autoridades competentes.
Esta solicitud no se presenta como recurso, apelación ni nueva reposición
contra la decisión del Consejo Seccional. Se formula como petición
administrativa de intervención institucional para que la propia Judicatura revise
una actuación de vigilancia que, con base en los documentos del expediente,
convalidó una abstención tardía y presentó como superada una mora
constitucional que no fue realmente superada.
[…]
VIII. PETICIONES
Con fundamento en lo anterior, solicito respetuosamente:
PRIMERA. Dar trámite a esta solicitud como petición administrativa de
intervención institucional y revisión de trazabilidad, no como recurso contra una
decisión ya cerrada. En caso de no ser esa la dependencia competente,
remitirla de inmediato al área que corresponda dentro de la Judicatura,
informando al suscrito la trazabilidad de dicha remisión.
16Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de unificación 771 de 16 de octubre de 2014, Magistrada
Ponente: Martha Victoria Sáchica Méndez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06091-00
Accionante: Diego Fernando Becerra Silva
SEGUNDA. Revisar institucionalmente la actuación surtida en la Vigilancia
Judicial Administrativa No. VJA CSJCUN-2026-00417, verificando de manera
expresa: (i) si una providencia denominada
«0010AutoRechazaCompetenciaFuncional» podía tenerse como fallo o
decisión material de segunda instancia; (ii) si era jurídicamente admisible usar
reglas de reparto para abstenerse de decidir una impugnación de tutela; y (iii) si
la mora denunciada podía declararse superada sin analizar la oportunidad de la
abstención y la falta de resolución efectiva de la impugnación.
TERCERA. Adoptar las medidas administrativas correctivas o de seguimiento
que correspondan para que la propia Judicatura corrija internamente la
situación, precise la trazabilidad del expediente, prevenga nuevas devoluciones
tardías fundadas en reglas de reparto improcedentemente usadas como
competencia y determine si debe requerirse al Consejo Seccional un
pronunciamiento material que diferencie entre fallo de segunda instancia y auto
de rechazo de competencia funcional.
IX. CONSTANCIA FINAL
La presente solicitud se presenta antes de acudir a acción de tutela, queja
disciplinaria o demás autoridades competentes, precisamente para que sea la
propia administración judicial la que revise y corrija institucionalmente una
actuación administrativa que, con los documentos disponibles, convalidó una
abstención tardía y trasladó al accionante las consecuencias de una devolución
que no resolvió la impugnación constitucional.
No se formula una descalificación personal. Se formula una objeción objetiva,
documental y verificable: una tutela retenida y no decidida dentro de sus
términos perentorios sí compromete garantías fundamentales; no puede ser
presentada como una irregularidad formal sin incidencia real […]”. [Negrilla del
texto]
24. La Sala advierte que, de conformidad con los anexos allegados con el escrito de
tutela, el accionante envió la solicitud al correo electrónico
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co, como se observa a
continuación:
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Accionante: Diego Fernando Becerra Silva
25. El accionante señaló que “[…] La Presidencia del Consejo Superior tampoco
informó, dentro de los cinco días siguientes a la recepción, que careciera de
competencia; no remitió copia de un oficio remisorio; no identificó a la autoridad
competente; y no comunicó número de radicación, fecha de traslado, dependencia
receptora ni funcionario encargado, en los términos del artículo 21 de la Ley 1755
de 2015. A la fecha de esta acción no he recibido comunicación alguna
suscrita por esa dependencia […]”. [Negrilla fuera del texto]
26. Al respecto, la Sala observa que, si bien en el Oficio CSJCUO26-1081 de 30 de
julio de 2026 el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca señaló que
“[…] Del escrito por usted remitido se corrió traslado para conocimiento y fines
pertinentes a este Consejo Seccional […]”, lo cierto es que previamente a la
interposición de la acción de tutela no existía constancia alguna de la respuesta
dada por el Consejo Superior de la Judicatura, ni constancia de la remisión que
parecía haber hecho al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca -
Presidencia.
27. La Sala encuentra que, de conformidad con el informe rendido por el Consejo
Superior de la Judicatura y el memorial allegado por el accionante el 21 de agosto
de 2026, durante el trámite de la acción de tutela17 se dio respuesta al accionante
señalándole que no es la autoridad competente, como se advierte a continuación:
“[…]
Señor
DIEGO FERNANDO BECERRA
diegofbecerra@gmail.com
Asunto: Respuesta petición del pasado 3 de julio
Cordial saludo,
El Consejo Superior de la Judicatura es el órgano de gobierno y de
administración de la Rama Judicial, razón por la cual ejerce funciones
netamente administrativas, sujetas al marco normativo dispuesto en la
Constitución Política y la Ley 270 de 1996.
En ese contexto, la Corte Constitucional en Sentencia C- 265 de 1993, indicó lo
siguiente:
[…]
Así mismo, la Ley 270 de 1996 prevé que el Consejo Superior de la Judicatura,
los Consejos Seccionales de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de Administración Judicial
tienen funciones propias y diferentes como las establecidas en los artículos
99 ibidem, por lo tanto, responden de manera independiente.
De dicha autonomía que ostentan las Corporaciones citadas, la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en auto ATC1480-2022 del 5 de
octubre de 2022, señaló lo siguiente:
17
3 de agosto de 2026.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06091-00
Accionante: Diego Fernando Becerra Silva
2. Bajo esa óptica, ha de resaltarse que el auxilio supralegal del epígrafe
involucra, exclusivamente, actuaciones de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial - División de Cobro Coactivo, organismo que, según la
promotora, vulneró sus garantías esenciales al interior del proceso cobro
coactivo que se adelanta en su contra.
[…]
Ahora bien, con relación al caso concreto sea primero indicar que conforme con
la facultad otorgada por la Ley a esta Colegiatura, expidió el Acuerdo No.
PSAA11-8716 de 2011, el cual regula el mecanismo de vigilancia judicial
administrativa, medio de control para que la justicia se administre oportuna y
eficazmente.
Dicho mecanismo le corresponde adelantarlo a los Consejos Seccionales de
la Judicatura de conformidad con el numeral 6° del artículo 101 de la Ley 270
de 1996, que reza a continuación:
[…]
Ciertamente, las funciones asignadas por el artículo 257 de la Constitución
Política y el artículo 85 de la Ley 270 de 1996 al Consejo Superior de la
Judicatura como órgano de administración y gobierno de la Rama Judicial, son
las de trazar las políticas y direcciones estratégicas, sin embargo, el Legislador
previó atribuciones propias que han sido desconcentradas en diferentes
órganos como el anterior mecanismo.
Ahora bien, con ocasión de su solicitud «de intervención administrativa y
revisión institucional de trazabilidad relacionada con la Vigilancia Judicial
Administrativa No. VJA-CSJCUN-2026-00417, adelantada frente al Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Zipaquirá», me permito informarle dicha solicitud
escapa de la órbita de funciones del Consejo Superior de la Judicatura,
comoquiera, se reitera, es un mecanismo previsto por el Legislador a través de
la Ley 270 de 1996, el cual no prevé intervención del Consejo Superior de la
Judicatura, sino de sus Seccionales; de acceder a su pedimento se estaría
infringiendo la Ley.
Adicionalmente, si una vez agotado los recursos que habilita la normatividad
frente al mecanismo precitado y de persistir la inconformidad, puede usted
acudir a instancias judiciales para debatir la decisión adoptada por el Consejo
Seccional de Cundinamarca, toda vez que este Cuerpo Colegiado no tiene
facultades judiciales […]”. [Negrilla del texto].
28. La anterior respuesta fue debidamente notificada al accionante como se muestra
a continuación:
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Accionante: Diego Fernando Becerra Silva
29. Por consiguiente, frente al Consejo Superior de la Judicatura, la Sala considera
que se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, por cuanto en el
trámite de la tutela dio respuesta a la petición de 3 de julio de 2026 presentada por el
accionante.
30. Finalmente, respecto a los reparos propuestos por el señor Diego Fernando
Becerra Silva en memorial de 21 de agosto de 2026 relacionados con que la
respuesta transcrita supra “[…] no resuelve la petición realmente formulada […]”,la
Sala precisa que no le asiste razón en la medida en que por virtud del artículo 21
del CPACA si no es competente debe remitirlo al que sí lo es, sin que esto implique
vulneración al derecho de petición.
31. En ese orden de ideas, de acuerdo con la Corte Constitucional, en este caso se
configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, dado que el presunto hecho
generador de la vulneración respecto de dicha entidad desapareció.
VI.5.1.2. De la presunta vulneración por parte del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca y Amazonas
32. El accionante señaló en el escrito de tutela que mediante Oficio CSJCUO26-1081
de 30 de julio de 2026, “[…] el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca
indicó, en tres numerales, que no es competente para informar el número de
radicación asignado por la Presidencia, que no es posible informar la dependencia
o despacho al cual fue asignada la petición, y que del escrito “se corrió traslado para
conocimiento y fines pertinentes” a ese Consejo Seccional […]”.
33. Sostuvo que “[…] El oficio fue suscrito por el Presidente del Consejo Seccional
de la Judicatura de Cundinamarca y remitido con copia a la Presidencia del Consejo
Superior de la Judicatura, según consta al pie del documento. La Presidencia
conoció así, a más tardar el 30 de julio de 2026, que la petición que le fue dirigida
no había sido resuelta materialmente y que no se había informado su trazabilidad
[…]”.
34. El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca rindió informe a través
del cual indicó que i) no ejerce funciones jurisdiccionales, sino que estas se
circunscriben al ámbito administrativo de la Rama Judicial; ii) no era dable continuar
con la vigilancia judicial administrativa, toda vez que el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Zipaquirá profirió auto mediante el cual se declaró incompetente para
conocer del asunto; y iii) la petición cuestionada fue dirigida exclusivamente al
Consejo Superior de la Judicatura.
35. De los documentos que allegó el accionante con el escrito de tutela, obra el Oficio
CSJCUO26-1081 del 30 de julio de 2026 del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, en el cual se lee lo siguiente:
“[…] Bogotá, D.C., 30 de julio de 2026
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06091-00
Accionante: Diego Fernando Becerra Silva
Señor
DIEGO FERNANDO BECERRA SILVA
diegofbecerra@gmail.com
Asunto: EXTCSJCU26-2075 Solicitud de confirmación de radicación y
trazabilidad — VJACSJCUN-2026-00417
Respetado señor Becerra Silva:
De manera atenta nos permitimos informar que:
1. Este despacho no es competente para informar el número de radicación
asignado a la petición por usted remitida el 3 de julio de 2026 a la Presidencia
del Consejo Superior de la judicatura.
2. De igual manera no es posible informar la dependencia o despacho al cual
fue asignado.
3. Del escrito por usted remitido se corrió traslado para conocimiento y fines
pertinentes a este Consejo Seccional.
Frente a su petición administrativa encaminada a revisar la actuación surtida
dentro de la vigilancia 2026-417, nos permitimos informarle que esta se
encuentra archivada, luego de haberse surtido el trámite correspondiente y de
haberse resuelto tanto el recurso interpuesto como la solicitud de nulidad
presentada.
Ahora bien, es pertinente señalar que, ante la declaratoria de incompetencia por
parte del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquirá, la impugnación
presentada dentro de la tutela 2026-150 fue remitida al Juzgado Primero de
Familia de Zipaquirá. Dicho despacho profirió la decisión correspondiente y
remitió la acción de tutela a la Corte Constitucional, corporación que excluyo
(sic) de revisión la acción constitucional por usted
presentada.
Atentamente,
[…]”. [Negrilla del texto].
36. De lo expuesto, se advierte que el Consejo Seccional conoció de la petición del
actor previamente a la interposición de la acción de tutela, lo cual no fue desvirtuado
en el informe rendido por dicha autoridad.
37. Ahora bien, en cuanto a la respuesta que se le dio al accionante, la Sala considera
que no es clara, congruente y de fondo respecto a la segunda y tercera solicitud
planteadas en la petición de 3 de julio de 2026, a saber:
“[…] SEGUNDA. Revisar institucionalmente la actuación surtida en la Vigilancia
Judicial Administrativa No. VJA CSJCUN-2026-00417, verificando de manera
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06091-00
Accionante: Diego Fernando Becerra Silva
expresa: (i) si una providencia denominada
«0010AutoRechazaCompetenciaFuncional» podía tenerse como fallo o
decisión material de segunda instancia; (ii) si era jurídicamente admisible usar
reglas de reparto para abstenerse de decidir una impugnación de tutela; y (iii) si
la mora denunciada podía declararse superada sin analizar la oportunidad de la
abstención y la falta de resolución efectiva de la impugnación.
TERCERA. Adoptar las medidas administrativas correctivas o de seguimiento
que correspondan para que la propia Judicatura corrija internamente la
situación, precise la trazabilidad del expediente, prevenga nuevas devoluciones
tardías fundadas en reglas de reparto improcedentemente usadas como
competencia y determine si debe requerirse al Consejo Seccional un
pronunciamiento material que diferencie entre fallo de segunda instancia y auto
de rechazo de competencia funcional […]”.
38. En efecto, en el oficio referido supra, el Consejo Seccional indicó que la vigilancia
está archivada, se resolvieron el recurso y la nulidad, y la tutela terminó siendo
decidida por otro despacho, lo cual no se refiere a lo solicitado por el accionante.
39. Sobreel contenido del derecho de petición, la Corte Constitucional18 ha
determinado las siguientes reglas esenciales:
“[…] “i) la formulación de la petición, esto es, la posibilidad cierta y efectiva de elevar,
en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que estas puedan
negarse a recibirlas o abstenerse de tramitarlas; ii) la pronta resolución, es decir, la
facultad de exigir una respuesta pronta y oportuna de lo decidido, dentro de un plazo
razonable, que debe ser lo más corto posible; iii) la respuesta de fondo, que hace
hincapié en el deber de ofrecer respuesta clara, precisa y de fondo o material,
lo que supone que la autoridad competente ha de pronunciarse sobre la
materia propia de la solicitud de manera completa, congruente y sin evasivas,
respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados, con independencia de
que la respuesta sea favorable; iv) la notificación de lo decidido, para que el
ciudadano tenga conocimiento de la solución que las autoridades hayan dispuesto
sobre la petición formulada” […]”. [Negrilla fuera del texto]
40. La Sala precisa que en el caso concreto lo que se observa es la falta de respuesta
de fondo y no el acierto o la conveniencia del contenido material de la respuesta,
toda vez que el núcleo esencial del derecho de petición no comprende el derecho a
obtener una decisión favorable a las pretensiones del solicitante.
41. Para la Sala resulta claro que el actor no ha recibido una respuesta de fondo,
clara y congruente a la segunda y tercera solicitud de su petición de 3 de julio de
2026, lo que constituye la vulneración del derecho fundamental de petición.
42. En razón a lo anterior, la Sala amparará el derecho fundamental de petición del
accionante y, en consecuencia, ordenará al Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente providencia, dé respuesta de fondo y de manera
congruente a las solicitudes segunda y tercera de la petición de 3 de julio de 2026
y la notifique al accionante.
18
Corte Constitucional, sentencias T-147 de 2006, T-108 de 2006, T-490 de 2005, T-1130 de 2005, T-373 de 2005, SU-067
de 2022, entre otras.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06091-00
Accionante: Diego Fernando Becerra Silva
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
del Consejo Superior de la Judicatura, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Diego
Fernando Becerra Silva, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
CUARTO: ORDENAR al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca que,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
providencia, dé respuesta de fondo y de manera congruente a las solicitudes
segunda y tercera de la petición de 3 de julio de 2026 y la notifique al accionante.
QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SEXTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
17
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06091-00
Accionante: Diego Fernando Becerra Silva
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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