Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06093-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06093-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-06093-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
14 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06093-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JORGE ELIECER CUERVO CUERVO
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO. NO SE
ACREDITÓ LA EXISTENCIA DE UNA SITUACIÓN FRAUDULENTA PARA QUE
PROCEDA LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA PROFERIDA DENTRO
DE UN PROCESO DE LA MISMA NATURALEZA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DIGNIDAD HUMANA, DEBIDO PROCESO Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte
actora contra el JUZGADO TREINTA ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ1 y la SECCIÓN PRIMERA -
SUBSECCIÓN “C”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA2.
I – ANTECEDENTES
1
En adelante Juzgado.
2
En adelante Tribunal.
2
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Actor: JORGE ELIECER CUERVO CUERVO
I.1. La Solicitud
El señor JORGE ELIECER CUERVO CUERVO, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la dignidad humana y al principio de legalidad, los cuales
estima vulnerados por el JUZGADO y el TRIBUNAL, al haber
proferido, respectivamente, las providencias de 26 de mayo y 17 de
julio de 2026, dentro de la acción constitucional identificada con el
número 2026-00211-01.
I.2. Hechos
Señaló que promovió acción de tutela contra el MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL3, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y a la dignidad
humana, con ocasión a la omisión en el cómputo de seis años, ocho
meses y nueve días correspondientes al tiempo de servicios que
prestó como suboficial de la Fuerza Aérea Colombiana durante las
declaratorias de estado de sitio decretadas en los años 1975 y 1976.
Mencionó que sus prestaciones sociales fueron reconocidas bajo la
3
En adelante Ministerio.
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Actor: JORGE ELIECER CUERVO CUERVO
vigencia del Decreto 089 de 18 de enero de 19844, por lo tanto, debió
tenerse en cuenta los haberes percibidos acreditados en la hoja de
servicios 070-FAC-175 de 1985 y el certificado núm. 179 de 1985,
Manifestó que su hoja de vida debió ser corregida por cuanto no se
incorporó el ascenso a técnico segundo, ni el tiempo de doble servicio
reclamado y, además, excluyó de la base de liquidación de cesantías
el subsidio de alimentación, la prima de especialista y las “jinetas”
de buena conducta, y se le redujo el porcentaje de la prima de
actividad del 33% al 20%.
Asimismo, sostuvo que previamente contra los actos administrativos
promovió los medios de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificados con los números 1001-33-31-023-2007-
00723-00/01 y 25000-23-42-000-2012-00094-00/015, los cuales no
fueron eficaces pues incurrieron en sendos defectos por la indebida
aplicación de normas que no son compatibles con el régimen especial
de las fuerzas militares.
4
“Por el cual se reorganiza la carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares”.
5
-Expediente 1001-33-31-023-2007-00723-00/01: concluyó con fallo de segunda instancia de
17 de marzo de 2011 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda-
Subsección “D” que, confirmó la providencia de 26 de mayo de 2010 proferida por el Juzgado Noveno
Administrativo de Descongestión de Bogotá que, denegó las pretensiones.
-Expediente 25000-23-42-000-2012-00094-00/01: concluyó con fallo de segunda instancia de 9
de octubre de 2014 proferido por la Sección Segunda- Subsección “B” del Consejo de Estado que,
confirmó la providencia de 25 de julio de 213 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “D” que, denegó las pretensiones.
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Actor: JORGE ELIECER CUERVO CUERVO
Indicó que a la acción constitucional cuestionada le fue asignado el
número único de radicación 2026-00211-00 y le correspondió por
reparto en primera instancia al JUZGADO que, en sentencia de 26
de mayo de 2026, declaró improcedente la solicitud por
subsidiariedad e inmediatez.
Afirmó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
impugnación que fue desatado de manera confirmatoria por el
TRIBUNAL en sentencia de 17 de julio de 2026.
I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en desconocimiento del precedente plasmados en las
siguientes sentencias:
“[…] SU-277 de 2025 , SU-204 de 2025, T-009 de 2019, T-375 de
2018, excepciones al principio de subsidiaridad de la tutela y
procedencia excepcional de la tutela como mecanismo definitivo.
T-217 de 2013 y T-246 de 2015, irrelevancia e inaplicación de la
inmediatez. SU-027 de 2021, SU 168 de 2017 y T-1034 de 2005,
supuestos que permiten al actor interponer nueva tutela sin que se
considere temeraria. C-335 de 2008, expresa que el prevaricato
por acción se configura por dictar una providencia contraria a la
Ley y la Constitución. T-006 de 1992, sentencias que por
desconocer y violar derechos fundamentales tanto de orden
sustantivo como procesal no pueden pretender hacer tránsito a
cosa juzgada […]”.
Igualmente, mencionó que es un sujeto de especial protección, por
cuanto es un adulto mayor de 74 años con alto grado riesgo
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morbilidad debido a las enfermedades cardiovasculares que padece
y acude al presente mecanismo, por cuanto, a su juicio, las
accionadas han vulnerado sus derechos prestacionales al proferir
decisiones contrarias a la ley y a los preceptos constitucionales.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia:
“[…] PRIMERA:
Tutelar Mis Derechos Fundamentales (1) A la dignidad
Humana , (2) al Debido Proceso , (3) Acceso al Administración de
Justicia o Tutela Judicial efectiva y (4) Principio de Legalidad
claramente Vulnerados por el Juzgado 30 Administrativo de Bogotá
y Tribunal Administrativo de Cundinamarca sección primera -
subsección -C en el Proceso de Tutela 11001 33 35 030 2026 00211
00/01
SEGUNDA
Dejar Sin efectos las Sentencias Proferidas en Proceso de Tutela
11001 33 35 030 2026 00211 00/01 Por Juzgado 30 Administrativo
de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca sección
primera -subsección -C
TERCERA
Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca sección
primera -subsección -C , que en el término de esta providencia
Profiera Nueva sentencia teniendo en cuenta :
3.1. Que el Accionado Fue el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
que contrario lo que se Afirma en la sentencias , SI intervino en
el proceso Como obra a Registro 5 del expediente ( SAMAI
_Consulta de Procesos) y lo Hizo a través de la Abogada ALLISON
ANDREA PAEZ RODRIGUEZ , y por lo tanto debe Considerarse como
Contestación de Tutela.
3.2. Los Precedentes Judiciales y Jurisprudenciales , sobre los
cuales se Sustentó la Tutela Impetrada y con radicado 11001 33
35 030 2026 00211.
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3.3 Que el suscrito y como está expresado en el escrito de Tutela
11001 33 35 030 2026 00211 y sustentado con Los Radicados de
Procesos hizo uso De los medios de Defesa judicial dispuesto en la
ley como lo son 3.3.1 Nulidad y Restablecimiento del Derecho
3.3.3. Reparación Directa
3.4 Que el suscrito y como está expresado en el escrito de tutela
11001 33 35 030 2026 00211 presento 25 Tutela Conta Ministerio
de Defensa Nacional, la cuales obran en la sentencia Preferida por
el juzgado 30 Administrativo de Bogotá […]”.(Negrilla pertenece al
texto, sic en toda la cita).
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la acción
constitucional de la referencia, pues, a su juicio, la parte actora
pretende controvertir una decisión de tutela que no le favoreció y
ahora busca reabrir un debate que se estudió debidamente en la
acción constitucional cuestionada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
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Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
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derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por
cuanto los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante
esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias
no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se dejen sin efectos las providencias de 26 de mayo y 17 de julio
de 2026, proferidas, respectivamente, por el JUZGADO y el
TRIBUNAL, dentro de la acción constitucional identificada con el
número 2026-00211-01.
A las citadas providencias se le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la dignidad humana y al principio de
legalidad.
A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en desconocimiento del precedente plasmados en las sentencias
“[…] SU-277 de 2025, SU-204 de 2025, T-009 de 2019, T-375 de
2018, excepciones al principio de subsidiaridad de la tutela y
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procedencia excepcional de la tutela como mecanismo definitivo. T-
217 de 2013 y T-246 de 2015, irrelevancia e inaplicación de la
inmediatez. SU-027 de 2021, SU- 168 de 2017 y T-1034 de 2005,
supuestos que permiten al actor interponer nueva tutela sin que se
considere temeraria. C-335 de 2008, expresa que el prevaricato por
acción se configura por dictar una providencia contraria a la Ley y la
Constitución, T-006 de 1992, sentencias que por desconocer y violar
derechos fundamentales tanto de orden sustantivo como procesal no
pueden pretender hacer tránsito a cosa juzgada […]”, sin precisar la
relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo allí resuelto y
los argumentos formulados en la acción de tutela cuestionada.
Igualmente, mencionó que es un sujeto de especial protección, por
cuanto es un adulto mayor de 74 años con alto grado riesgo
morbilidad debido a las enfermedades cardiovasculares que padece
y acude al presente mecanismo, por cuanto, a su juicio, las
accionadas han vulnerado sus derechos prestacionales al proferir
decisiones contrarias a la ley y a los preceptos constitucionales.
Es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se solicita dejar
sin efectos tanto la providencia de 26 de mayo de 2026 proferida
por el JUZGADO, como la dictada el 17 de julio del mismo año
por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados
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frente a la sentencia de segunda instancia proferida por el ad quem,
máxime si ésta fue la que dio por terminado el proceso.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,
establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos fundamentales
invocados e incurrió en el defecto alegado.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, en especial, el requisito de procedibilidad
consistente en “que no se trate de tutela contra decisión de
tutela”.
Cabe resaltar que, en lo concerniente a la procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias proferidas dentro de una acción de la
misma naturaleza, la Corte Constitucional unificó los criterios
jurisprudenciales sobre este aspecto, en la sentencia SU-627 de 1o.
de octubre de 2015, en los siguientes términos:
“[…] 4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la
procedencia de la acción de tutela contra sentencias de
tutela y contra actuaciones de los jueces de tutelas
anteriores o posteriores a la sentencia.
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4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela,
cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por
distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro
de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia
de tutela, la regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la
sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por
su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este
evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias,
que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro
juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede
proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y
por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los
requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada
no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de
tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del
proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si
éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la
sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y
consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de
informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados
por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí
procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el
asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia
y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas
en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se
trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y
se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de
tutela puede proceder de manera excepcional […]” (Destacado
fuera del texto original).
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De acuerdo con la posición expuesta por la Corte en la sentencia
transcrita en precedencia, la regla general es la de la improcedencia
de la acción de tutela contra sentencias de tutela; sin embargo, la
jurisprudencia ha establecido como excepción a dicha regla que
cuando la sentencia sea proferida por cualquiera de los jueces o
tribunales de la República, la acción de tutela puede proceder,
siempre y cuando se logre acreditar que existió fraude y, por
tanto, que se está ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
conforme lo antes expuesto.
En ese sentido, se observa que la parte actora tenía el deber de
acreditar que la decisión adoptada por el TRIBUNAL fue producto de
una situación de fraude y, en consecuencia, que hubo cosa juzgada
fraudulenta, la cual: “[…] se predica de un proceso que ha cumplido
formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa en
esencia un negocio fraudulento a través de medios procesales, que
implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad […]”,
circunstancia que no aparece demostrada dentro del presente
proceso.
En efecto, en el presente caso, la parte actora se limitó a manifestar
las inconformidades por las cuales estimaba que en la acción de
tutela objeto de controversia adolece de vicios de ilegalidad al
desconocer preceptos jurisprudenciales y legales, y que además, es
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un sujeto de especial protección constitucional; argumentaciones que
no resultan suficientes para demostrar que el juez incurrió en una
actuación dolosa o extremadamente negligente, que habilite al
examen de fondo de la mentada providencia; además que tampoco
allegó a la acción de tutela objeto de controversia como a este
amparo prueba alguna que demostrara esta última condición
alegada.
En ese sentido, sobre la necesidad de acreditar la existencia de una
situación fraudulenta para que proceda la acción de tutela contra
sentencias proferidas dentro de un proceso de la misma naturaleza,
la Corte Constitucional, en sentencia T-322 de 19 de julio de 20196,
sostuvo:
“[…] la jurisprudencia de este Tribunal permite identificar una
línea de interpretación, según la cual, quien pretenda la
revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito a
cosa juzgada constitucional debido a su no selección, debe
cumplir con una exigente carga argumentativa dirigida a
demostrar (i) que el juez de tutela incumplió un deber
básico de conducta que se opone a los requerimientos
medulares que se anudan a la tarea de administrar
justicia, manifiesta en una actuación dolosa o
extremadamente negligente y (ii) que la sentencia
cuestionada no puede ser admitida debido a que resulta
evidentemente incorrecta, implicando además -en principio- una
afectación grave del patrimonio público. La Corte advierte que
esta conclusión se desprende del análisis conjunto de las
diferentes providencias que, de una u otra forma se han ocupado
de la materia. En adición a ello, es posible identificar un grupo
de eventos que, en principio, pueden ser considerados indicios
de que se ha configurado una situación fraudulenta.
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Corte Constitucional, sentencia T-322 de 19 de julio de 2019. Expediente T-6.976.900. M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06093-00
Actor: JORGE ELIECER CUERVO CUERVO
En este sentido la parte interesada debe demostrar, con
base en fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes
la situación de fraude alegada, la incidencia en la decisión
adoptada, la evidente violación de un derecho fundamental y que
la afectación sea significativa y trascendental (trasgredir de
manera grave el patrimonio público). En este sentido, no
serán de recibo razones o interpretaciones que obedezcan
al disgusto o inconformismo del solicitante por la
sentencia atacada. Ese presupuesto tiene fundamento en
el principio de seguridad jurídica y cosa juzgada
constitucional […]” (Resaltado fuera del texto original)
Así las cosas, resulta evidente que la presente acción no cumple
con los requisitos generales, comoquiera que no se acreditó la
existencia de una situación fraudulenta para que proceda la acción
de tutela contra sentencia proferida dentro de un proceso de la
misma naturaleza, razón por la cual se declarará improcedente la
solicitud de amparo y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06093-00
Actor: JORGE ELIECER CUERVO CUERVO
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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