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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06094-00

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06094-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa respecto de la agencia oficiosa de las comunidades ribereñas del arroyo Bruno invocada por el actor Ericsson Ernesto Mena Garzón, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la Sección Primera del Consejo de Estado - Magistrado Pablo Andrés Córdoba Acosta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DESVINCULAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del presente trámite de tutela, de conformidad con su solicitud y la parte motiva de esta providencia. CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón contra la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. SEXTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-06094-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06094-00
Accionante: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN PRIMERA – SUBSECCIÓN C Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA - Derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la
seguridad alimentaria, al ambiente sano, al debido proceso y al acceso a la justicia efectiva/
MEDIO DE CONTROL DE ACCIÓN POPULAR / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA /
SUBSIDIARIEDAD

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala se pronunciará en relación con la acción de tutela instaurada por Ericsson
Ernesto Mena Garzón contra la providencia del 28 de julio de 2026, proferida por la
Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en
el artículo 37 del Decreto 2591 de 19911.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El 3 de agosto de 2026, la parte accionante interpuso acción de tutela obrando
en nombre propio y manifestando actuar en calidad de agente oficioso de las
comunidades ribereñas del arroyo Bruno, contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la
vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al ambiente sano, al debido
proceso y al acceso a la justicia efectiva.

Hechos relevantes

2. En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C,
cursó en primera instancia el medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos – acción popular radicada con el número 25000-23-41-000-2022-00696-
00. Este mecanismo fue promovido, entre otros actores, por los ciudadanos Irma
Llanos Galindo y Ericsson Ernesto Mena en defensa de las comunidades ribereñas
del arroyo Bruno frente a las actividades de minería de Carbones del Cerrejón
Limited.

1
Que ingresó a despacho para fallo el 31 de agosto de 2026.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06094-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

3. El trámite ordinario de la acción popular culminó en primera instancia mediante
Sentencia del tres (3) de junio de dos mil veintiséis (2026)2, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C amparó
los derechos colectivos reclamados y ordenó, entre otras medidas, la elaboración
de un nuevo estudio técnico integral.

4. Contra la referida sentencia, las partes interpusieron los respectivos recursos de
apelación3. Al evaluar la admisibilidad de estos, el Tribunal dispuso concederlos en
el efecto suspensivo mediante auto del veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis
(2026)4.

5. Ante el auto que concedió los recursos de apelación en efecto suspensivo, la
parte demandante interpuso recurso de reposición5 buscando la modificación de los
efectos en los que se concedieron. En el mismo escrito, elevó una solicitud de
imposición de medidas cautelares autónomas encaminadas a proteger con
inmediatez el lecho natural del arroyo Bruno y evitar alteraciones materiales
derivadas de la suspensión de las órdenes del fallo.

6. Mediante auto del veintiocho (28) de julio de dos mil veintiséis (2026)6, el Tribunal
resolvió las controversias suscitadas: (i) resolvió no reponer el auto recurrido
(manteniendo el efecto suspensivo de las apelaciones, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 323 del código general del proceso7); (ii) denegó las medidas cautelares
solicitadas. El fundamento fáctico y jurídico de esta negativa consistió en que
cualquier tipo de intervención material sobre el cauce del arroyo Bruno, o su desvío,
se encuentra absoluta y categóricamente suspendida por el estricto mandato del
Auto 419 del nueve (9) de agosto de dos mil diecisiete (2017)8, proferido en sede
de seguimiento por la Corte Constitucional en relación con la Sentencia SU-698 de
2017.9

7. Una vez remitido el expediente al superior jerárquico, la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, admitió formalmente

2
SAMAI Expediente 25000-23-41-000-2022-00696-00, Índice 00192.
3
SAMAI, Ibidem, índices: 00196, 00197, 00198, 00199 y 00200. Las apelaciones interpuestas fueron
de: Ericsson Ernesto Mena Garzón, ANLA y Carbones del Cerrejón Limited.
4
SAMAI, Ibidem, índice: 00205.
5
SAMAI, Ibidem, índice: 00209.
6
SAMAI, Ibidem, índice: 00213.
7
Artículo 323 - código general del proceso: “…Se otorgará en el efecto suspensivo la apelación de
las sentencias que versen sobre el estado civil de las personas, las que hayan sido recurridas por
ambas partes, las que nieguen la totalidad de las pretensiones y las que sean simplemente
declarativas.”
8
Corte Constitucional, Auto 419/17, Magistrado Sustanciador: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
9
Corte Constitucional, SU-698 de 2017: Magistrado Sustanciador: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
“RESUELVE…NOVENO.- Mientras se da cumplimiento a lo ordenado en los numerales anteriores,
la suspensión de las obras materiales del proyecto se mantendrá en los mismos términos dispuestos
en la medida provisional ordenada mediante el Auto 419 de 9 de agosto de 2017, proferido por la
Sala Plena de la Corte Constitucional.”

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06094-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

el recurso de apelación mediante auto del 18 de agosto de 202610, providencia en
la que adicionalmente se decretaron diversas pruebas en segunda instancia.11

Pretensiones

8. La parte accionante solicitó:

Como medida provisional:

“1. ORDENAR DIRECTAMENTE A CARBONES DEL CERREJÓN
LIMITED la prohibición absoluta e inmediata de alterar, remover, intervenir
o modificar el lecho natural abandonado del Arroyo Bruno y su acuífero
aluvial, con el fin de preservar la evidencia física, hidrológica y biológica
necesaria para el nuevo estudio técnico, bajo apercibimiento de sanciones
por desacato.

2. SUBSIDIARIAMENTE, OFICIAR al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y al Consejo de Estado para que, en el marco de sus
competencias y sin levantar el efecto suspensivo de la apelación de fondo,
adopten y mantengan vigentes las medidas de aseguramiento del status quo
probatorio y ambiental aquí descritas, garantizando el effet utile de la futura
decisión.”

Como pretensiones principales:

“Que se declare la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, la
salud, el agua, la seguridad alimentaria y el debido proceso, y en
consecuencia se ordene:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales invocados de las
comunidades ribereñas del Arroyo Bruno, vulnerados por la omisión judicial
en la adopción de medidas de aseguramiento probatorio y ambiental.
SEGUNDO: ORDENAR A CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED el
congelamiento absoluto del status quo en el lecho natural abandonado del
Arroyo Bruno, conforme a la medida cautelar transitoria solicitada.
TERCERO: OFICIAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, para que
asuman el conocimiento de las medidas cautelares autónomas como asunto
de urgencia máxima, garantizando que la mora procesal no consolide un
daño ambiental y probatorio irreversible.”

Fundamentos de la demanda de tutela

9. El accionante afirma que la negativa del Tribunal vulnera y amenaza de manera
inminente los derechos fundamentales a la vida, la salud, el agua, la seguridad
alimentaria, el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.
Sostiene que, mientras se resuelve el recurso de apelación, existe un riesgo real de
alteración del cauce y de pérdida de la línea base necesaria para llevar a cabo el
nuevo estudio técnico ordenado en la sentencia de primera instancia, situación
agravada por la duración natural del proceso judicial.

10
SAMAI, Expediente 25000-23-41-000-2022-00696-01, índice: 00004.
11
Ibidem, Folio 4: “i.) Concepto Técnico de Seguimiento Ambiental No. 2190-6 del 02 de mayo de
2023, expediente LAM1094. ii.) Concepto Técnico de Seguimiento Ambiental No. 9877 del 24 de
diciembre de 2024, expediente LAM1094. iii.) Concepto Técnico de Seguimiento”

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06094-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

10. Para sustentar la procedencia de la tutela contra providencia judicial, el actor
atribuye al Auto del 28 de julio de 2026 la configuración de dos defectos específicos:
un defecto fáctico y una omisión judicial inconstitucional.

11. El tutelante señaló que el defecto fáctico se habría configurado porque el
Tribunal sustentó la negativa de las medidas cautelares afirmando que toda
intervención en el sector ya se encontraba suspendida por mandato del Auto 419
de 2017 de la Corte Constitucional. Según argumenta el actor, el Tribunal erró en
su apreciación, pues dicha providencia de la Corte únicamente suspendió el avance
físico del Tajo La Puente sobre el cauce natural, pero no ordenó preservar el lecho
abandonado ni impidió su modificación.

12. Así mismo, alegó que la omisión judicial inconstitucional radicó, a su juicio,
en la negativa del Tribunal a decretar medidas cautelares autónomas, las cuales
resultaban imperativas para proteger el objeto material del litigio y evitar que
Carbones del Cerrejón alterara el lecho seco antes de la práctica del nuevo estudio.

13. Concluye la demanda señalando que el auto cuestionado desconoce la realidad
material del riesgo y tiene la potencialidad de tornar ilusoria la futura sentencia que
dicte el Consejo de Estado en segunda instancia.

Trámite de la acción de tutela

14. Previo a la admisión de la demanda, el despacho sustanciador a través de auto
del 4 de agosto de 2026 requirió a la parte accionante para que aclarara y subsanara
la solicitud de amparo. Específicamente, le exigió que justificara y acreditara los
presupuestos para actuar en representación de las comunidades ribereñas,
advirtiéndole que, de no hacerlo, la consecuencia sería so pena de no vincular a la
comunidad como accionante dentro del trámite tutelar.

15. Dentro del término legal concedido, el accionante allegó el respectivo escrito de
subsanación12. Frente a su calidad procesal, aclaró que interviene en nombre propio
y manifestó expresamente actuar como agente oficioso de las comunidades
ribereñas del arroyo Bruno. Para justificar la imposibilidad material de dichas
poblaciones de promover su propia defensa, argumentó que la urgencia inminente
del caso y el término perentorio de tres (3) días otorgado por el despacho hacían
materialmente imposible coordinar un mandato formal o reunir a las autoridades
tradicionales, sumado a la dispersión geográfica y la vulnerabilidad estructural de
estas frente a la empresa minera.

16. El despacho sustanciador mediante auto proferido el 20 de agosto de 2026,
admitió la acción de tutela. En dicha providencia ordenó la notificación y vinculación
procesal13, precisando expresamente que el estudio definitivo sobre la legitimación

12
SAMAI, ibidem, índice: 00009 del 11 de agosto de 2026.
13
SAMAI, ibidem, índices 00014 y 00015 por los cuales el 25 de agosto de 2026, se notificó el auto
admisorio de la demanda. Se vinculó a: la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado, a la Sección Primera del Consejo de
Estado, a la Defensoría del Pueblo, al Registro Público de Acciones Populares y de Grupo, a la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), a la Corporación Autónoma Regional de la
Guajira (Corpoguajira), al Procurador Delegado para la Protección Ambiental, al Ministerio de

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06094-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

en la causa por activa frente a la agencia oficiosa se efectuaría en la sentencia.
Asimismo, denegó la medida provisional solicitada al incumplir los requisitos
jurisprudenciales de apariencia de buen derecho (fumus boni iuris), peligro en la
demora (periculum in mora) y proporcionalidad. Entre otras decisiones.

Intervenciones

17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Primera,
Subsección C) señaló que las medidas cautelares solicitadas en el recurso de
reposición fueron negadas en estricta observancia de la orden proferida por la Corte
Constitucional mediante el Auto 419 de 2017, la cual suspendió categóricamente
cualquier tipo de intervención material sobre el arroyo. Por ello, solicitó declarar
improcedente o negar el amparo, al considerar que no ha vulnerado derecho
fundamental alguno de la parte actora.14

18. Adujo que el accionante ha acudido reiteradamente a la acción de tutela con el
propósito de debatir incidencias de este mismo asunto. Al respecto, enlistó seis (6)
acciones de tutela previas15 promovidas por el mismo ciudadano buscando
controvertir las decisiones procesales dictadas en el curso del medio de control
popular, destacando que todas ellas fueron declaradas improcedentes por la
jurisdicción constitucional.

19. Carbones del Cerrejón Limited solicitó declarar la improcedencia de la acción
de tutela. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones en la medida en que no ha
incurrido en vulneración alguna de derechos fundamentales. Señaló que la acción
va encaminada a dejar sin efectos un auto procesal pese a la existencia de falta de
legitimación por activa y falta de subsidiariedad, advirtiendo que el recurso de
apelación de la acción popular fue admitido el 18 de agosto de 2026 por el Consejo
de Estado, escenario en el cual ya se decretaron pruebas en segunda instancia.
Además, sostuvo la inexistencia de un perjuicio irremediable gracias a la protección
del Auto 419 de 2017.16

20. La ciudadana Irma Llanos Galindo, en su calidad de demandante popular,
manifestó su voluntad de coadyuvar la tutela y solicitó que se acceda a las
pretensiones de amparo. Su petición se fundamentó en la conexidad material entre
los derechos colectivos amparados en el fallo de primera instancia y los derechos
fundamentales al agua, a la salud y al ambiente sano, exigiendo adicionalmente la
aplicación del principio de precaución.17

Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio Público, Irma Llanos Galindo y a los demás
intervinientes dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
radicado núm. 25000-23-41-000-2022-00696-00/01 en calidad de terceros con interés.
Índice 00019: La secretaría general del Consejo de Estado envió despacho comisorio al Tribunal
para que realizara la notificación encomendada a los demás intervinientes dentro de la acción
popular.
14
SAMAI, ibidem, índice: 00023.
15
(radicados 2023-01496, 2024-04028, 2024-04364, 2024-04365, 2024-06440 y 2025-06636)
16
SAMAI, ibidem, índice: 00026.
17
SAMAI, ibidem, índice: 00025.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06094-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

21. La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) manifestó
que en el escrito de tutela no se le endilga ninguna acción u omisión generadora de
vulneración y que carece de responsabilidad material respecto del auto judicial
censurado. Por consiguiente, solicitó su desvinculación inmediata del trámite por
falta de legitimación en la causa por pasiva.18

22. La Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado indicó que sus
funciones dentro del proceso popular se circunscriben estrictamente a labores de
impulso y trámite administrativo, careciendo de facultades jurisdiccionales o de
injerencia en la providencia cuestionada. En consecuencia, solicitó su
desvinculación inmediata por falta de legitimación en la causa por pasiva.19

23. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela, por cuanto, en su criterio, el accionante
pretende controvertir una decisión judicial debidamente motivada, proferida dentro
de un proceso que aún se encuentra en trámite. De manera subsidiaria, solicitó
negar el amparo, al considerar que no se encuentra acreditada una actuación
arbitraria por parte de la autoridad judicial accionada. Por último, pidió declarar su
falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que no tiene competencia para
proferir, modificar, revocar o dejar sin efectos las decisiones judiciales.20

24. La Sección Primera del Consejo de Estado - Magistrado Pablo Andrés
Córdoba Acosta manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva
dentro del presente trámite constitucional, toda vez que los hechos que sustentan
la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por la parte actora
se atribuyen a las actuaciones adelantadas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la sociedad Carbones del Cerrejón Limited. Agregó que del escrito
de tutela no se desprende reproche alguno en su contra ni una actuación atribuible
a esa autoridad que pueda considerarse lesiva de los derechos invocados. En
consecuencia, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto de esa autoridad para atender las pretensiones de amparo.21

25. Municipio de Albania (La Guajira) indicó que comparece como tercero con
interés dentro del trámite constitucional y sostuvo que carece de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que no profirió la providencia judicial cuestionada, no
intervino en su adopción, no ejerce funciones sobre la licencia ambiental ni sobre
las operaciones de Carbones del Cerrejón y, por tanto, no tiene competencia para
satisfacer las pretensiones del accionante. En consecuencia, solicitó que se declare
su falta de legitimación por pasiva, que no se impartan órdenes en su contra y que
cualquier decisión sobre la protección ambiental se adopte con fundamento en
criterios técnicos y dentro del ámbito de competencia de las autoridades
correspondientes.22

18
SAMAI, ibidem, índice: 00027.
19
SAMAI, ibidem, índice: 00024.
20
SAMAI, ibidem, índice: 00030.
21
SAMAI, ibidem, índice: 00035.
22
SAMAI, ibidem, índice: 00037.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06094-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

26. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó que se declare su
falta de legitimación en la causa por pasiva y su consecuente desvinculación del
trámite. Señaló que la acción de tutela cuestiona una providencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad que adoptó las decisiones
objeto de reproche, por lo que no existe acción u omisión atribuible a esa cartera
ministerial que pueda relacionarse con la alegada vulneración de derechos
fundamentales. Agregó que fue vinculado únicamente en calidad de tercero con
interés, que ninguna de las pretensiones se dirige en su contra y que carece de
competencia para intervenir en las decisiones adoptadas por las autoridades
judiciales dentro del proceso ordinario correspondiente.23

27. La Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas para Asuntos
Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios informó que, a raíz de su vinculación
al presente trámite de tutela, inició una actuación preventiva ambiental para verificar
la situación del lecho natural abandonado del Arroyo Bruno y su acuífero aluvial.
Para ello requirió información a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA) y a la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) sobre
las actividades de seguimiento, vigilancia y control adelantadas, las visitas técnicas
realizadas, sus resultados y los eventuales requerimientos formulados a Carbones
del Cerrejón Limited. Señaló que el propósito de estas actuaciones es contar con
información técnica, actualizada y verificable que permita valorar objetivamente las
condiciones ambientales del sector y determinar la necesidad de adoptar medidas
adicionales dentro de sus competencias. Asimismo, precisó que la actuación
preventiva se encuentra en curso y que, mientras no se analice integralmente la
información solicitada, no es posible anticipar conclusiones sobre el estado
ambiental del área ni sobre la suficiencia de las actuaciones de las autoridades
competentes.24

28. Pese a haber sido notificados en debida forma25 las demás partes guardaron
silencio.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

29. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

30. De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala determinar, en primer
lugar, la legitimación en la causa por activa de la parte accionante frente a la agencia
oficiosa de las comunidades ribereñas, y la legitimación en la causa por pasiva de

23
SAMAI, ibidem, índice: 00038.
24
SAMAI, ibidem, índice: 00039.
25
SAMAI, ibidem, índices 00014 y 00015 por los cuales el 25 de agosto de 2026, se notifica el auto
admisorio de la demanda.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06094-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

las dependencias vinculadas. De superarse estos presupuestos, corresponderá
examinar la procedencia de la acción de tutela y la eventual vulneración de sus
derechos fundamentales. En particular, el problema jurídico se ciñe a resolver:

31. Primero. ¿El accionante Ericsson Ernesto Mena se encuentra legitimado en la
causa por activa para promover el presente trámite en defensa de las poblaciones
asentadas en la ronda del arroyo Bruno, pese a no ostentar la calidad de
representante legal de dichas comunidades ni haber acreditado una circunstancia
de indefensión que lo habilite para actuar en su nombre?

32. Segundo. ¿La acción de tutela contra el Auto del 28 de julio de 2026 resulta
procedente al superar los requisitos generales, específicamente los de relevancia
constitucional y subsidiariedad, frente al defecto fáctico y a la omisión judicial
inconstitucional alegados?

33. A efectos de resolver los interrogantes previamente formulados, se llevará a
cabo el análisis correspondiente: (i) de la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales, particularmente en lo relacionado con la
legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) del requisito de relevancia
constitucional; (iii) del principio de subsidiariedad; y (iv) del caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

34. Conforme al precedente constitucional fijado en la C-590 de 200526, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

35. La Corte Constitucional reiteró y ordenó esos requisitos generales en la
sentencia T-410 de 202427. Los cuales son: i) la legitimación en la causa por activa
y por pasiva; ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela; iii)
el requisito de inmediatez; iv) la identificación clara, detallada y comprensible de los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales, alegados en el
trámite procesal; v) el requisito de subsidiariedad; vi) la evidente relevancia
constitucional del asunto; y vii) cuando se plantee una irregularidad procesal, que
esta tenga un efecto determinante en la decisión cuestionada.

36. Para el presente caso, la Sala encuentra satisfecho el requisito de inmediatez.
En efecto, la providencia judicial objeto de reproche fue proferida el veintiocho (28)
de julio de dos mil veintiséis (2026), mientras que la presente acción de tutela fue
interpuesta el tres (3) de agosto de 2026. Así, entre la fecha de la decisión
cuestionada y la presentación de la solicitud de amparo transcurrieron apenas seis
(6) días, lapso que, atendiendo a las circunstancias del caso, se estima razonable y
oportuno para acudir a la jurisdicción constitucional.

26
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
27
Corte Constitucional, sentencia T-410 de 2024, párrafo 69. M.P. Natalia Ángel Cabo.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06094-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Legitimación en la causa por activa y por pasiva

37. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela podrá
ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma, a través de representante, o
agenciando derechos ajenos cuando el titular no esté en condiciones de promover
su propia defensa.

38. Frente a la legitimación por activa: En tratándose de la protección de
derechos de comunidades locales y étnicas, mediante la Sentencia SU-123 de
201828, la Corte Constitucional ha precisado que la agencia oficiosa exige que la
actuación se adelante por intermedio de sus autoridades tradicionales o que se
acredite plenamente la imposibilidad material, física o mental de las comunidades
para ejercer su defensa. En el caso bajo estudio, el señor Ericsson Ernesto Mena
Garzón no aportó prueba que demuestre la imposibilidad material de las
comunidades del arroyo Bruno para acudir a la administración de justicia,
decayendo su vocación para agenciar oficiosamente sus derechos. No obstante, la
Sala le reconoce plena legitimación en la causa por activa para actuar en nombre
propio, toda vez que ostenta la calidad de interviniente y actor popular dentro del
proceso de origen, y alega una afectación directa a su derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia y debido proceso.

39. Frente a la legitimación por pasiva: El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en calidad de accionado es la autoridad judicial que profirió la
providencia cuestionada, por tanto, se cumple la legitimación por pasiva.

40. Respecto a las autoridades, dependencias y entidades vinculadas al presente
trámite constitucional como terceros con interés, la Sala considera que no hay lugar
a su desvinculación. Si bien no integran el extremo pasivo en la presente acción,
cuentan con un interés legítimo en la controversia, en la medida en que la decisión
que se adopte puede repercutir en su situación jurídica dentro del medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos identificado con radicado
25000-23-41-000-2022-00696-00 en el que participan como vinculados. En
consecuencia, resulta necesaria su permanencia en el trámite para salvaguardar
sus derechos al debido proceso y de defensa.

41. En contraste, se aceptará la solicitud de desvinculación al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, ya que, en auto del 1o de septiembre de 2025, la
autoridad judicial demandada lo excluyó de la participación del proceso
cuestionado, al señalar que el contradictorio había sido definido de manera previa y
en ese trámite había concurrido la ANLA, entidad adscrita a la cartera ministerial.

Del requisito de relevancia constitucional

42. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté

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Corte Constitucional, Sentencia de Unificación SU-123 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06094-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

43. La Corte Constitucional ha indicado que la tutela contra providencias judiciales
no puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar autos ni reemplazar
los recursos ordinarios29. Para que una acción tenga relevancia, debe existir una
afectación real y desproporcionada de los derechos fundamentales, más allá de la
simple inconformidad.

44. La Sala considera que el presente asunto supera el requisito de relevancia
constitucional respecto a la defensa del debido proceso y al derecho fundamental
de acceso efectivo a la administración de justicia invocados por el actor en nombre
propio. El debate propuesto por la parte actora recae sobre un asunto de
trascendencia constitucional, por cuanto advierte un presunto vicio procesal y una
omisión judicial que, bajo su perspectiva, vulneran su garantía fundamental de
obtener una tutela judicial efectiva y respetuosa de las formas propias del juicio
dentro del medio de control popular. Lo anterior demuestra que no se trata de un
debate de mera legalidad o de una inconformidad intrascendente con la providencia,
sino de una controversia ligada de manera directa al alcance y salvaguarda del
debido proceso y del acceso a la administración de justicia del accionante como
interviniente.

Del principio de subsidiariedad

45. El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6. ° del Decreto 2591 de
1991 establecen que la acción de tutela es procedente cuando no exista un medio
de defensa judicial eficaz que permita resolver el asunto sometido a consideración
del juez o cuando se esté frente a la inminencia de un perjuicio irremediable.

46. De acuerdo con las sentencias T-113 de 2013 y T-596 de 2017, cuando se
encuentra en curso una acción popular que recae materialmente sobre la misma
controversia, la intervención del juez de tutela está, en principio, vedada, pues el
amparo no constituye un mecanismo alternativo o paralelo al proceso ordinario. En
tal escenario, corresponde al interesado acudir a los instrumentos de defensa,
impulso y protección cautelar disponibles ante el juez popular. La tutela solo procede
excepcionalmente cuando se demuestre que ese proceso carece de idoneidad o
eficacia en las circunstancias concretas, que no comprende realmente la afectación
fundamental alegada o que resulta indispensable la intervención constitucional para
evitar un perjuicio irremediable.

47. En este contexto, resulta necesario acudir a la Sentencia C-284 de 201430,
mediante la cual la Corte Constitucional analizó el régimen de medidas cautelares
de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). En dicha providencia, se determinó que el

29
Corte Constitucional, Sentencia T-102 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reitera que la
acción de tutela no es una tercera instancia.
30
Corte Constitucional, Sentencia C-284 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa. Examina la
exequibilidad de los artículos referentes a medidas cautelares en la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

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Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

legislador dotó a la jurisdicción administrativa de un amplio y eficaz catálogo de
medidas cautelares (preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión).

48. Conjuntamente, el artículo 25 de la Ley 472 de 1998 permite decretar, de oficio
o a petición de parte y en cualquier estado del proceso, las medidas que resulten
pertinentes para prevenir un daño inminente o hacer cesar el que se hubiere
causado. Además, el parágrafo 1o del artículo 25 de dicha disposición establece
que el decreto y práctica de las medidas no suspenderá el curso del proceso, en el
cual debe determinarse definitivamente si se vulneraron los derechos colectivos. A
su vez, el parágrafo del artículo 229 del CPACA dispone que las medidas cautelares
en los procesos dirigidos a la protección de derechos e intereses colectivos se rigen
también por el régimen cautelar previsto en ese estatuto y pueden decretarse de
oficio. Se trata, por tanto, de regímenes complementarios que confieren al juez
popular instrumentos suficientes para preservar el objeto del litigio y garantizar la
efectividad de la decisión definitiva.

49. En el presente asunto, la providencia cuestionada fue proferida dentro de la
acción popular radicada con el número 25000-23-41-000-2022-00696-00. Luego de
concederse los recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia, el
expediente fue remitido a la Sección Primera del Consejo de Estado, autoridad que
admitió el recurso el 18 de agosto de 2026 y asumió la competencia funcional para
decidir la segunda instancia.

50. La pretensión constitucional se dirige, esencialmente, a obtener medidas que
aseguren la conservación del estado material del lecho del arroyo Bruno y de los
elementos físicos, hidrológicos y biológicos que, según el accionante, resultan
necesarios para la práctica del nuevo estudio técnico ordenado en la sentencia de
primera instancia. Tales medidas guardan relación directa con el objeto ambiental
de la acción popular y pueden ser solicitadas y, de ser procedente, decretadas por
el juez natural que actualmente conoce del proceso.

51. En efecto, al encontrarse activa la segunda instancia, el accionante conserva la
posibilidad de acudir ante la Sección Primera del Consejo de Estado para solicitar
las medidas cautelares que considere necesarias para preservar el objeto del litigio,
proteger los derechos colectivos comprometidos y asegurar la utilidad de la decisión
definitiva. Incluso, dada la naturaleza de la acción popular y el régimen cautelar
aplicable, el juez puede adoptar oficiosamente las medidas que estime necesarias
cuando advierta la existencia de una amenaza que requiera protección inmediata.
De esta manera, el proceso en curso ofrece un mecanismo específicamente
diseñado para resolver la misma necesidad de protección que el actor pretende
trasladar al juez de tutela.

52. Por tanto, invadir la competencia del juez natural de la causa, pretendiendo que
el juez de tutela imponga el decreto de una cautela mientras el proceso ordinario se
encuentra activo en segunda instancia, implica desconocer el principio de
especialidad y la naturaleza residual del amparo constitucional.

53. Así mismo, en el presente caso no se configura un perjuicio irremediable que
habilite la procedencia transitoria de la acción. La prohibición de intervenir

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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

materialmente la zona del arroyo Bruno ya se encuentra gobernada y garantizada
por las disposiciones dictadas por la Corte Constitucional en el Auto 419 de 2017.
La parte accionante cuenta con el juez natural idóneo para modular o ampliar dicha
protección si lo considera necesario.

54. En este contexto, al no superarse el requisito de subsidiariedad, la Sala
declarará la improcedencia de la acción de tutela promovida contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa respecto de
la agencia oficiosa de las comunidades ribereñas del arroyo Bruno invocada por el
actor Ericsson Ernesto Mena Garzón, conforme a las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales -ANLA-, la Secretaría de la Sección Primera del Consejo
de Estado, la Sección Primera del Consejo de Estado - Magistrado Pablo Andrés
Córdoba Acosta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DESVINCULAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del
presente trámite de tutela, de conformidad con su solicitud y la parte motiva de esta
providencia.

CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el
señor Ericsson Ernesto Mena Garzón contra la Subsección C de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

SEXTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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