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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06098-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06098-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo de la acción de tutela presentada por Alba Mireya López Romero. SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-06098-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06098-00
Demandante: Alba Mireya López Romero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección C

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Sustitución de la asignación de retiro. Retroactivo.
Doble erogación. Cónyuge. Compañera permanente.
Convivencia simultánea. Defecto sustantivo. Violación directa de
la Constitución. Defecto fáctico.

Decisión: Niega solicitud de amparo.

La Sala decide la acción de tutela formulada por Alba Mireya López Romero contra
la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 3 de agosto de 2026, la parte actora presentó acción de tutela con el
propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, seguridad social, mínimo vital, vida digna, salud, igualdad y acceso efectivo
a la administración de justicia, los cuales estimó vulnerados por la Subsección C de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 25307-33-33-
003-2021-00004-01.

2. A título de amparo, solicitó que se dejara sin efectos la Sentencia de 22 de
julio de 2026 proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y que, en su lugar, se profiriera una de reemplazo.

3. Como fundamento fáctico de la acción de amparo, la parte actora señaló
que el 12 de enero de 2021 había radicado demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL y Martha
Cecilia García, con el propósito de que se declarara la nulidad de las Resoluciones
No. 14072 del 29 de octubre de 2020 y 16008 del 13 de diciembre de 2020, mediante
las cuales se revocó y negó, respectivamente, el reconocimiento y pago de la

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Demandante: Alba Mireya López Romero

sustitución de la asignación de retiro del señor Omar Calderón Ortegón a favor de
la hoy accionante, en su calidad de cónyuge, y se había resuelto el recurso de
reposición, confirmando la decisión y, en consecuencia, solicitó que se confirmara
lo dispuesto en la Resolución No. 8850 del 4 de agosto de 2020, mediante la cual
se había ordenado el reconocimiento y pago de los haberes dejados de cobrar por
el causante hasta el 14 de julio de 2020, así como el reconocimiento y pago de la
sustitución de la asignación de retiro del señor Omar Calderón Ortegón, a partir del
15 de julio de 2020, a favor de Alba Mireya López Romero, en condición de cónyuge
del causante.

4. El 18 de septiembre de 2025, el Juzgado 3 Administrativo de Girardot
declaró la nulidad de la Resolución No. 8850 de 2020, mediante la cual se había
reconocido la sustitución de la asignación de retiro del señor Omar Calderón
Ortegón a favor de la hoy accionante, en condición de cónyuge; de la Resolución
No. 14072 de 2020, por medio de la cual se había revocado dicho reconocimiento
y, en su lugar, se había reconocido el derecho prestacional a favor de la señora
Martha Cecilia García, en condición de compañera permanente; y de la Resolución
No. 16008 del 13 de diciembre de 2020, que había confirmado la anterior decisión
y, en consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, le ordenó a CREMIL
reconocer y pagar a la hoy accionante y a la señora Martha Cecilia García el 100%
de la asignación de retiro que en vida devengaba el señor Calderón Ortegón, a partir
del 15 de julio de 2020, distribuida de manera proporcional al tiempo de convivencia
con el causante 1 , de forma retroactiva e indexada para la hoy accionante, con
efectividad desde esa misma fecha.

5. El 1 de octubre de 2025, la señora Martha Cecilia García interpuso recurso
de apelación, tras sostener que estaba plenamente demostrada la existencia de una
unión marital de hecho durante más de 5 años continuos hasta el fallecimiento del
señor Calderón Ortegón, sin que hubiera existido convivencia simultánea con la hoy
accionante, quien llevaba más de 10 años separada de hecho del causante. Agregó
que, en 2015, mediante decisión judicial, se decretó la separación de bienes y se
declaró disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal. Advirtió que la
sentencia de primera instancia resultaba contradictoria con las pruebas aportadas,
pues, aunque había reconocido varios hechos favorables a sus intereses, había
concluido erróneamente que existió convivencia simultánea entre el causante, la
cónyuge y su compañera permanente. Argumentó que durante su relación con el
causante había existido una convivencia exclusiva, estable, pública, continua e
ininterrumpida, acreditada mediante múltiples testimonios y documentos.

6. El 2 de octubre de 2025, la parte actora interpuso recurso de apelación
parcial contra la sentencia de primera instancia, con el propósito de que se ordenara
a CREMIL reconocer y pagar el 100% de la asignación de retiro, tras considerar que
la señora Martha Cecilia García no había fungido como compañera permanente del
causante, circunstancia que le había impedido gozar del 100% de la asignación de
retiro de su cónyuge. Solicitó que se revisaran las declaraciones extrajuicio

1 Alba Mireya López Romero un 87.5% en calidad de cónyuge y Martha Cecilia García un 12.5% en calidad de

compañera permanente.

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allegadas al proceso, toda vez que, al examinarlas, había advertido que todas
presentaban un contenido idéntico, circunstancia que permitía concluir que tales
manifestaciones carecían de autenticidad y veracidad y, por tanto, no debían ser
tenidas en cuenta como medios con valor probatorio dentro de la actuación. Expuso
que el 19 de junio de 2020 la señora Martha Cecilia García había manifestado de
manera libre y espontánea su estado civil de soltera y había declarado como
actividad económica u ocupación la de administradora «de la Casa 21».

7. El 22 de julio de 2026, la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó parcialmente y modificó el numeral
segundo de la Sentencia de 18 de septiembre de 2025 y, en su lugar, ordenó a
CREMIL reconocer y pagar a la hoy accionante y a Martha Cecilia García el 100%
de la asignación de retiro que en vida devengaba el señor Calderón Ortegón, a partir
de la ejecutoria de la sentencia, distribuida de manera proporcional al tiempo de
convivencia con el causante2.

8. Como fundamentos de derecho, la parte actora sostuvo que la Subsección
C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca había
incurrido en un defecto sustantivo, en la medida en que aplicó de manera
desproporcionada la regla según la cual no resultaba procedente imponer a la
administración una doble erogación por periodos ya pagados, sin armonizar dicha
consideración con la naturaleza constitucional, alimentaria y protectora de la
sustitución de la asignación de retiro reconocida a su favor. Señaló que el defecto
no se predicaba de la existencia abstracta de una regla orientada a evitar pagos
duplicados a cargo del erario, sino de su aplicación rígida y automática en un caso
en el que estaban comprometidos los derechos fundamentales de una persona
adulta mayor, con afectaciones de salud, obligaciones económicas y conductas
diligentes en defensa de su derecho pensional.

9. Expuso que el defecto se configuraba porque el Tribunal había reconocido
que la hoy accionante tenía derecho al 87,5% de la sustitución de la asignación de
retiro del señor Calderón Ortegón, pero había negado los efectos económicos
retroactivos desde el 15 de julio de 2020, con fundamento en que CREMIL habría
pagado previamente el 100% de la prestación a otra beneficiaria mediante un acto
administrativo que gozaba de presunción legal, razón por la cual, había concluido
que reconocer el retroactivo a favor de la hoy accionante generaría una doble
erogación y afectaría la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

10. Indicó que también había incurrido en una violación directa de la
Constitución al limitar los efectos económicos del reconocimiento pensional
únicamente a partir de la ejecutoria de la providencia, pues había omitido aplicar de
manera efectiva los mandatos superiores relacionados con la dignidad humana, el
Estado social de derecho, la efectividad de los derechos fundamentales, la
protección especial de las personas adultas mayores, la seguridad social, el mínimo
vital, la salud y la vida digna. Afirmó que, si bien la providencia había reconocido

2 Alba Mireya López Romero un 87.5% en calidad de cónyuge y Martha Cecilia García un 12.5% en calidad de

compañera permanente.

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que tenía derecho al 87,5% de la sustitución de la asignación de retiro, lo cierto era
que había privado de efectos económicos el periodo comprendido entre el 15 de
julio de 2020 y la ejecutoria de la sentencia, con fundamento prevalente en la
necesidad de evitar una eventual doble erogación a cargo de CREMIL.

11. Afirmó que el Tribunal no podía resolver el aspecto económico del
reconocimiento pensional únicamente desde la lógica patrimonial de evitar una
doble erogación para CREMIL. Expuso que, si bien la sostenibilidad financiera del
sistema pensional y la protección del erario constituían consideraciones
constitucionales relevantes, estas no podían imponerse de manera absoluta sobre
sus derechos fundamentales, máxime cuando el propio Tribunal había reconocido
que era beneficiaria del 87,5% de la prestación.

12. Concluyó que se había configurado un defecto fáctico y una motivación
insuficiente, en la medida en que se había eliminado el retroactivo reconocido a su
favor bajo la premisa de evitar una doble erogación a cargo de CREMIL, sin verificar
de manera expresa, suficiente y con respaldo probatorio si la entidad efectivamente
había pagado el 100% de la prestación a otra beneficiaria durante todo el periodo
comprendido entre el 15 de julio de 2020 y la ejecutoria de la sentencia. Señaló que
la necesidad de verificar la premisa del pago efectivo encontraba respaldo en las
reglas generales sobre la carga de la prueba y advirtió que la ausencia de dicha
verificación resultaba aún más grave, pues se trataba de una persona adulta mayor
con afectaciones de salud, gastos médicos, obligaciones financieras y dificultades
económicas. Sostuvo que la exclusión del retroactivo no constituía una decisión
neutra o meramente contable, sino una determinación con incidencia directa en sus
derechos fundamentales.

Intervenciones3

13. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó que se negara el amparo de los derechos fundamentales
invocados en la acción de tutela, tras advertir que no actuó de manera arbitraria,
incurrido en vías de hecho ni, mucho menos, desconocido la ley o el precedente
jurisprudencial vigente sobre la materia. Adujo que, si bien la acción de tutela contra
providencias judiciales subsistía como una creación pretoriana de la jurisprudencia
constitucional, debía mantenerse en un ámbito reducido y estrecho, reservado para
aquellos casos excepcionales en los que hubieran fracasado las instancias internas
de corrección del proceso destinadas a preservar los derechos fundamentales.

14. Resaltó que no había incurrido en violación de los derechos fundamentales,
en la medida en que había realizado un estudio de las pruebas y había arribado a
la conclusión de reconocer la sustitución de la asignación de retiro a favor de la hoy
accionante y de la señora Martha Cecilia García, en proporción al tiempo de
convivencia acreditado con el causante. Señaló que una situación distinta era que

3 Mediante Auto de 5 de agosto de 2026, se admitió la acción de tutela de la referencia contra la Subsección C
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se vinculó a la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares – CREMIL y a Martha Cecilia García.

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la parte accionante no compartiera dicha decisión, máxime cuando su inconformidad
no tenía vocación de prosperidad y, por el contrario, se evidenciaba que
correspondía a una discusión frente a la decisión en sí misma, lo cual desdibujaba
la naturaleza subsidiaria y residual del mecanismo constitucional.

15. El Juzgado 3 Administrativo de Girardot envió el expediente digital del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

16. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares solicitó que se declarara la
legalidad de sus actuaciones, la inexistencia de vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante y la falta de legitimación en la causa por pasiva
para acceder a las pretensiones de la tutela. Expuso que la tutela no había sido
interpuesta como mecanismo transitorio frente a la causación de un perjuicio
irremediable, por lo que consideró quebrantado el principio de inmediatez. Concluyó
que se configuraba el fenómeno de la cosa juzgada, comoquiera que la presente
acción de tutela pretendía obtener el reconocimiento de unas pretensiones que ya
habían sido debatidas, analizadas y decididas.

17. Martha Cecilia García solicitó que se declarara improcedente la acción de
tutela interpuesta por la hoy accionante contra la Sentencia de 22 de julio de 2026,
en la medida en que esta había sido proferida con respeto del debido proceso, la
buena fe cualificada y la legalidad presupuestal. Agregó que no se configuraba
defecto sustantivo ni fáctico alguno, pues el juez de segunda instancia había
valorado integralmente las pruebas conforme a la sana crítica y a las leyes de la
lógica jurídica.

18. Señaló que no resultaba jurídicamente viable condenar al Estado ni
retrotraer cobros respecto de dineros correspondientes a la sustitución pensional
que ya habían sido pagados regularmente a favor de quien ostentaba el derecho en
su momento, con lo cual se protegían los recursos del erario militar. Sostuvo que
existía una prohibición de doble erogación presupuestal, con mayor razón cuando
los cánones pensionales habían sido percibidos con fundamento en un acto
administrativo legal y legítimo.

19. Advirtió que la hoy accionante había actuado desprovista de buena fe
procesal, pues para ese momento cursaba en su contra una investigación penal
ante la Fiscalía 73 Local de Melgar, bajo la Noticia Criminal No.
730016099355202156065, por la presunta comisión del delito de fraude procesal,
en razón a que se había constatado que la accionante había presentado
testimonios, afirmaciones u omisiones contrarias a la verdad objetiva respecto de
una supuesta convivencia simultánea e ininterrumpida con el señor Calderón
Ortegón, con lo cual habría inducido a error a las autoridades administrativas de
retiros militares y a los despachos judiciales. Expuso que cursaba un proceso de
declaración de unión marital de hecho, bajo el radicado No. 2020-00072, ante el
Juzgado Promiscuo de Familia de Melgar, así como una demanda ante el Juzgado
3 Administrativo de Girardot, escenarios en los cuales debían valorarse y
controvertirse las pruebas de fondo, y no a través de la acción de tutela.

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II. CONSIDERACIONES

Competencia

20. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

21. Corresponde a la Sala determinar si, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social, mínimo vital, vida digna, salud, igualdad y acceso
efectivo a la administración de justicia del accionante al proferir la Sentencia de 22
de julio de 2026, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho por
haber incurrido, presuntamente, en los defectos fáctico, sustantivo y violación
directa de la Constitución.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

22. La acción de tutela satisface los requisitos generales de procedibilidad, toda
vez que (1) la controversia goza de relevancia constitucional, comoquiera que el
debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social, mínimo vital, vida digna, salud, igualdad y acceso
efectivo a la administración de justicia, no se trata de una discusión de raigambre
eminentemente legal ni una reiteración de los argumentos planteados en el trámite
ordinario y, en todo caso, los reparos (defecto fáctico, sustantivo y violación directa
de la Constitución,) fueron dirigidos concretamente contra la decisión que resolvió
el recurso de apelación dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho; (2) se encuentra satisfecha la legitimación en la causa por activa y por
pasiva, debido a que, por un lado, la parte actora tenía la calidad de demandante
en el trámite y, por el otro, la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió la decisión que se cuestiona; (3) se
encuentra acreditada la exigencia de subsidiariedad, comoquiera que se agotaron
todos los mecanismos judiciales que tenía para procurar la defensa de sus
derechos; (4) la acción de tutela se presentó el 3 de agosto de 2026, es decir, dentro
de los 6 meses siguientes a la notificación de la Sentencia de 22 de julio de 2026;
(5) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en
los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (6) la tutela no se
interpone contra una providencia de igual naturaleza.

23. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, se estudiará el fondo de
la controversia.

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Análisis de vulneración alegada: estudio de defecto

24. La Sala negará la solicitud de amparo, por las razones que se exponen a
continuación:

25. La accionante sostiene que la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en defecto sustantivo al aplicar de manera
desproporcionada la regla de la prohibición del doble pago y desconocer la finalidad
constitucional de la sustitución de la asignación de retiro, pues, en su criterio, la
decisión de limitar los efectos económicos del reconocimiento prestacional a partir
de la ejecutoria de la sentencia terminó por vaciar de contenido el derecho que
judicialmente le fue reconocido.

26. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el defecto sustantivo no se
configura por la sola circunstancia de que el juez constitucional considere más
acertada una interpretación distinta de la acogida por el funcionario judicial
accionado. Por el contrario, la intervención excepcional del juez de tutela
únicamente procede cuando la providencia cuestionada se fundamenta en una
norma inexistente, claramente inaplicable al caso, derogada, declarada inexequible,
o cuando la interpretación adoptada resulta ostensiblemente arbitraria, caprichosa
o incompatible con el ordenamiento jurídico.

27. Bajo ese entendimiento, se observa que el Tribunal no sustentó su decisión
en una disposición ajena al asunto debatido ni en una interpretación contraevidente
del régimen jurídico aplicable. Por el contrario, luego de reconocer la condición de
beneficiaria de la señora Alba Mireya López Romero y confirmar la distribución de
la prestación entre esta y la señora Martha Cecilia García, abordó de manera
específica el problema relativo a la procedencia de los efectos económicos
retroactivos, para lo cual acudió a la jurisprudencia de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, particularmente a la providencia del 5 de agosto de 2021, en la
que se había considerado improcedente ordenar un nuevo desembolso respecto de
períodos ya cubiertos por la administración cuando la prestación había sido
reconocida y pagada a otro beneficiario de buena fe mediante un acto administrativo
amparado por presunción de legalidad.

28. Con fundamento en dicha línea jurisprudencial, el Tribunal estimó que
CREMIL había venido cancelando la totalidad de la prestación a favor de la señora
Martha Cecilia García en virtud de actos administrativos que gozaban de presunción
de legalidad y que ordenar el reconocimiento retroactivo de las sumas
correspondientes a la participación reconocida judicialmente a la accionante
implicaría imponer una nueva carga económica respecto de períodos previamente
satisfechos, circunstancia que, en criterio de la corporación, generaría una doble
erogación incompatible con los principios de seguridad jurídica y sostenibilidad
financiera del sistema prestacional.

29. La Sala advierte que podría discutirse si existían alternativas hermenéuticas
distintas a la acogida por el Tribunal como la acogida por el juez de primera

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instancia. Sin embargo, esa sola discrepancia no permite concluir que la providencia
incurra en un defecto sustantivo. La decisión cuestionada se encuentra apoyada en
el ordenamiento jurídico vigente, desarrolla una argumentación jurídica explícita y
ofrece razones para justificar la conclusión adoptada, circunstancias que impiden
calificarla como una actuación arbitraria o carente de fundamento normativo.

30. De igual manera, aunque la demanda sostiene que el Tribunal desconoció
la finalidad constitucional de la sustitución de la asignación de retiro, lo cierto es que
la providencia no negó la prestación ni excluyó a la accionante de la condición de
beneficiaria. Antes bien, reconoció expresamente su derecho a participar en la
sustitución de la asignación de retiro y confirmó el porcentaje que le correspondía.
La divergencia se limitó al alcance temporal de los efectos económicos derivados
de dicho reconocimiento, cuestión frente a la cual el Tribunal optó por una
interpretación que estimó compatible con la jurisprudencia contencioso-
administrativa vigente.

31. Así las cosas, la Sala concluye que la providencia censurada no se funda
en una interpretación ostensiblemente irrazonable ni en una aplicación arbitraria del
ordenamiento jurídico, razón por la cual el defecto sustantivo invocado no está
llamado a prosperar.

32. Ahora bien, la accionante sostiene que el Tribunal vulneró directamente la
Constitución al no otorgar prevalencia a sus derechos fundamentales al mínimo
vital, a la seguridad social, a la vida digna y a la salud, y al privilegiar
consideraciones de índole patrimonial relacionadas con la prohibición de la doble
erogación.

33. La Corte Constitucional ha explicado que la violación directa de la
Constitución constituye una causal autónoma y excepcional de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, que se configura cuando el juez prescinde del
mandato constitucional aplicable al caso, omite aplicar una disposición superior que
gobierna directamente la controversia o adopta una solución incompatible con la
Constitución4. No basta, entonces, demostrar una diferencia de criterio respecto de
la ponderación realizada por el juez natural ni afirmar que determinada
interpretación constitucional era preferible a otra. Lo que debe acreditarse es una
contradicción evidente entre la providencia judicial y los mandatos superiores.

34. A partir de ese estándar, la Sala advierte que la providencia cuestionada no
desconoció los derechos fundamentales invocados por la accionante ni resolvió el
litigio exclusivamente desde una perspectiva legal o formalista.

35. De esta manera, el Tribunal reconoció que la señora Alba Mireya López
Romero tenía derecho a participar en la sustitución de la asignación de retiro y
confirmó el porcentaje prestacional que le correspondía. En consecuencia, no puede
sostenerse que la autoridad judicial hubiera negado el acceso a la seguridad social
o desconocido la protección constitucional que ampara a los beneficiarios de este

4 Véanse las sentencias SU-424 de 2021 y SU-128 de 2021 de la Corte Constitucional.

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tipo de prestaciones. La controversia decidida por la corporación no giró únicamente
en torno a la existencia del derecho, sino al alcance de sus efectos económicos.

36. De igual manera, la Sala observa que el Tribunal no prescindió de
consideraciones constitucionalmente relevantes. Por el contrario, la motivación de
la sentencia revela que la corporación examinó la incidencia que tendría la orden de
pago retroactivo frente a una situación en la que la administración ya había
efectuado desembolsos a un tercero de buena fe en cumplimiento de actos
administrativos amparados por presunción de legalidad. A partir de esa premisa,
concluyó que ordenar un nuevo pago respecto de períodos previamente satisfechos
generaría una doble erogación con cargo al sistema prestacional y afectaría
principios asociados a la seguridad jurídica y a la sostenibilidad financiera del
sistema.

37. Lo anterior resulta particularmente relevante porque demuestra que el
Tribunal no enfrentó derechos fundamentales contra simples intereses
administrativos. La decisión cuestionada se apoyó en bienes y principios que
también poseen relevancia constitucional, como ocurre con la sostenibilidad
financiera del sistema de seguridad social, expresamente reconocida por la
jurisprudencia constitucional como un elemento que debe ser considerado por las
autoridades judiciales al adoptar decisiones con incidencia prestacional5.

38. Desde esta perspectiva, la inconformidad de la accionante se dirige
realmente contra la ponderación efectuada por el Tribunal. Su planteamiento
consiste en afirmar que las circunstancias personales que invoca debieron conducir
a conferir un mayor peso a los derechos al mínimo vital y a la seguridad social frente
a las consideraciones relativas a la doble erogación y a la sostenibilidad financiera.
Sin embargo, una discrepancia de esa naturaleza no permite estructurar la causal
específica de violación directa de la Constitución.

39. La acción de tutela contra providencias judiciales no fue concebida para que
el juez constitucional sustituya el juicio de ponderación realizado por el juez
competente cada vez que una de las partes considere que los principios
constitucionales concurrentes debieron resolverse de manera diferente. La
intervención excepcional únicamente resulta procedente cuando la decisión
adoptada carece por completo de fundamento constitucional o cuando la
ponderación efectuada resulta manifiestamente irrazonable. Ninguna de esas
circunstancias se verifica en el asunto objeto de examen.

40. Además, la Sala encuentra relevante que la solución acogida por el Tribunal
no constituyó una creación aislada o caprichosa. Como quedó acreditado en el
expediente, la corporación fundamentó su decisión en precedentes de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que habían abordado controversias semejantes y
en los cuales se había considerado improcedente imponer a la administración el
pago retroactivo de períodos previamente satisfechos a otro beneficiario reconocido

5 Véanse las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-140 de 2019 de la Corte Constitucional.

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administrativamente. Ello evidencia que la providencia se inscribe dentro de una
línea interpretativa existente en la jurisdicción contencioso-administrativa,
circunstancia incompatible con la tesis de una vulneración directa y ostensible de la
Constitución.

41. Por consiguiente, la Sala concluye que la accionante no acreditó que el
Tribunal hubiera omitido aplicar normas constitucionales relevantes, desconocido
derechos fundamentales o adoptado una solución incompatible con la Carta Política.
Lo que evidencia el expediente es una discrepancia respecto del alcance que la
autoridad judicial otorgó a los distintos principios concurrentes en el caso concreto,
cuestión que pertenece al ámbito de autonomía interpretativa del juez natural y que
resulta insuficiente para estructurar la causal invocada.

42. Finalmente, la accionante sostiene que la providencia incurrió en defecto
fáctico y en motivación insuficiente porque eliminó el retroactivo reconocido en
primera instancia bajo la premisa de evitar una doble erogación a cargo de CREMIL,
sin verificar de manera suficiente si la entidad efectivamente pagó la totalidad de la
prestación a la señora Martha Cecilia García durante el período comprendido entre
el fallecimiento del causante y la ejecutoria de la sentencia.

43. La Corte Constitucional ha precisado que el defecto fáctico se configura
únicamente cuando la decisión judicial se fundamenta en una valoración probatoria
manifiestamente irrazonable, arbitraria o contraevidente, ya sea porque el juez
omitió decretar o valorar una prueba determinante, porque sustentó su decisión en
elementos inexistentes o porque extrajo conclusiones abiertamente incompatibles
con el material probatorio obrante en el expediente. No cualquier desacuerdo
respecto de la apreciación de las pruebas habilita la intervención del juez de tutela6.

44. En el presente asunto, la providencia cuestionada no se apoyó en hechos
inexistentes ni en elementos probatorios ajenos al proceso. Por el contrario, el
Tribunal partió de una circunstancia que constituía un presupuesto común del litigio,
esto es, que CREMIL había reconocido administrativamente la sustitución de la
asignación de retiro y había efectuado pagos a favor de la señora Martha Cecilia
García con fundamento en actos administrativos que gozaban de presunción de
legalidad.

45. En ese orden, aun si se admitiera la existencia de discrepancias acerca del
alcance o la extensión exacta de algunos pagos, ello no permitiría concluir que la
providencia se edificó sobre un error probatorio ostensible y determinante. La
decisión adoptada por el Tribunal descansó fundamentalmente en una valoración
jurídica de los efectos que, a su juicio, debía producir el reconocimiento
administrativo previo de la prestación y en la interpretación jurisprudencial que
estimó aplicable para resolver el caso.

46. Por consiguiente, la Sala no advierte la existencia de una valoración
probatoria arbitraria, caprichosa o manifiestamente contraria al expediente, ni

6 Véanse las sentencias SU-573 de 2017 y SU-128 de 2021 de la Corte Constitucional.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06098-00
Demandante: Alba Mireya López Romero

encuentra acreditado que la providencia se hubiera sustentado en pruebas
inexistentes o en la omisión de elementos de convicción determinantes para la
solución del litigio. En consecuencia, el defecto fáctico alegado tampoco se
configura.

Conclusión

47. En síntesis, ninguno de los cargos formulados logra desvirtuar la presunción
de acierto y legalidad que ampara la providencia cuestionada. El expediente
evidencia una decisión judicial motivada, adoptada en ejercicio de la autonomía
funcional del juez natural y sustentada en una interpretación jurídicamente posible
del ordenamiento, circunstancia que impide la intervención excepcional del juez
constitucional. Por ello, al no configurarse ninguno de los defectos señalados en la
demanda, la Sala negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo de la acción de tutela presentada por
Alba Mireya López Romero.

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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