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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06100-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06100-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la parte accionante, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-06100-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 06100 00
Accionante: Alba Luz Rivera Córdoba
Accionados: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “B” y otros
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no superar los
requisitos generales de inmediatez y subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por la señora Alba Luz Rivera Córdoba en
contra de la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el Tribunal
Administrativo del Huila y la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones,
con ocasión de las decisiones adoptadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado núm. 41001 23 33 000 2018 00382 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Alba Luz Rivera Córdoba, actuando en nombre propio, promovió acción de
tutela en contra de las precitadas autoridades y entidad, y para ello, formuló las siguientes
pretensiones1:

1.- Se ordene si así lo considera Su Señoría, a la Administradora Colombiana de
Pensiones - COLPENSIONES, dentro del término de cuarenta y ocho horas
proceder a incluir en mi historia laboral los periodos de trabajo que el empleador
dejó de pagar en su momento.

2.- Se ordene a la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-
dentro de las mismas cuarenta y ocho horas, reconocer mi pensión de vejez
desde la fecha en que se causó mi derecho debidamente indexado.

3.- Se ordene a la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSONES-
no afectar mi mesada pensional por ninguna circunstancia de tiempo, modo o
lugar.

Posteriormente, al subsanar el escrito de tutela ante el requerimiento realizado por
el despacho ponente, la señora Rivera Córdoba, aclaró lo siguiente:

Finalmente lo que pretendo es que las decisiones judiciales referenciadas
queden sin efectos y de igual manera la decisión de la Administradora de
Pensiones -Colpensiones.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 06100 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 06100 00
Accionante: Alba Luz Rivera Córdoba
Accionados: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “B” y otros

2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante refirió que prestó sus servicios en la Secretaría de Salud del departamento
del Huila entre el 6 de mayo de 1974 y el 1 de octubre de 1976, y posteriormente en el
Ministerio de Salud y Protección Social entre el 1 de marzo de 1977 y el 20 de octubre
de 1986, períodos durante los cuales estuvo afiliada a la Caja Nacional de Previsión
Social – CAJANAL y efectuó, según afirma, 169 y 665,3 semanas de cotización,
respectivamente.

Indicó que luego trabajó en el sector privado para Coopesander Ltda. y Óptica Selecta
Gold EU desde el 1 de mayo de 2003 hasta junio de 2015. Anotó que durante ese período
estuvo afiliada a Colpensiones y que no se registró novedad de retiro del sistema.

Manifestó que, al reunir la edad y las semanas de cotización, solicitó a Colpensiones el
reconocimiento de la pensión de vejez; sin embargo, la entidad negó la prestación
mediante Resolución núm. SUB-43060 del 19 de febrero de 2018, al considerar que no
acreditaba el mínimo de semanas requeridas y que la indemnización sustitutiva de vejez
que había recibido resultaba incompatible con la pensión.

Señaló que recurrió dicha decisión, pero el recurso fue rechazado por extemporáneo
mediante Resolución núm. SUB-171579 del 27 de junio de 2018, decisión que
posteriormente fue confirmada al resolver el recurso de queja mediante Resolución núm.
DIR-14661 del 13 de agosto de 2018.

Adujo que, agotada la actuación administrativa, promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra las precitadas resoluciones, la cual fue asignada al
Tribunal Administrativo del Huila, autoridad judicial que, mediante sentencia del 21 de
mayo de 2024 negó las pretensiones al considerar que no acreditaba el mínimo de
semanas cotizadas.

Inconforme con la anterior decisión interpuso recurso de apelación y el la Subsección “B”,
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 6 de agosto de 2025,
declaró que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no era competente para
conocer de la demanda por corresponder a la jurisdicción ordinaria laboral, por lo que
declaró la nulidad de la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal
Administrativo del Huila y ordenó remitir el expediente a los Juzgados Laborales del
Circuito de Bogotá.

Expuso que la remisión del proceso a la jurisdicción laboral afecta sus posibilidades de
obtener la protección de su derecho pensional, pues manifiesta no contar con recursos
económicos para contratar un abogado y que la persona que le prestaba asesoría gratuita
se encuentra fuera del país. Agregó que, por su edad avanzada, se le dificulta trabajar
para obtener recursos destinados a su defensa.

Sostuvo que no ha cobrado ni reclamado una pensión sustitutiva de vejez y que, contrario
a lo señalado por Colpensiones, las fallas en el pago de los aportes por parte del
empleador y la falta de cobro oportuno de la administradora no pueden perjudicarla como
trabajadora.

Finalmente alegó que los períodos en mora deben ser incluidos en su historia laboral y
que, con ellos, tendría derecho al reconocimiento de la pensión de vejez, cuyo derecho
considera causado desde 2010, cuando cumplió 55 años.

2

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 06100 00
Accionante: Alba Luz Rivera Córdoba
Accionados: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “B” y otros

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 3 de agosto de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 6 de agosto de 20263, ordenó requerir a la accionante para que
precisara las acciones u omisiones que atribuía a las autoridades judiciales accionadas,
así como las órdenes concretas que pretendía obtener respecto de cada una de ellas.

3.2. En cumplimiento de la orden anterior, la accionante, mediante escrito del 13 de
agosto de 2026, precisó que su pretensión se dirige a dejar sin efectos las providencias
judiciales proferidas por el Tribunal Administrativo del Huila y la Subsección B, Sección
Segunda del Consejo de Estado, así como la decisión adoptada por Colpensiones de
negarle la pensión de vejez solicitada.

Al efecto, expuso lo siguiente:

Las instancias judiciales han vulnerado mis derechos fundamentales a la igualdad,
debido proceso entre otros derechos invocados, si se tiene en cuenta que en otros
casos análogos al mío, han ordenado el reconocimiento del derecho de pensión
de vejez, porque los precedentes judiciales han afirmado: “que la mora del
empleador en el pago de los aportes pensionales no afecta ni perjudica el derecho
del trabajador al reconocimiento de su pensión de vejez. Las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP/Colpensiones) tienen el deber legal de cobrar
coactivamente y no pueden trasladar su propia negligencia al afiliado”, por lo que
en consecuencia las decisiones judiciales objeto de reproche, como la
administrativa proferida por Colpensiones deben quedar sin efecto, por ser
violatorias de los derechos fundamentales deprecados […].

3.3. Posteriormente, mediante auto del 24 de agosto de 20264, se admitió la tutela y se
dispuso notificar5 a la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al
Tribunal Administrativo del Huila y a Colpensiones, como autoridades accionadas.

De igual forma, se requirió tanto al Consejo de Estado-Sección Segunda como al Tribunal
para que allegaran copia digital del expediente correspondiente al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con radicado núm. 41001 23 33 000 2018
00382 00/01.

3.4. Colpensiones allegó escrito6 en el que señaló que la acción de tutela resulta
improcedente porque la accionante no ha presentado ante la entidad una solicitud de
corrección de su historia laboral ni una nueva solicitud de reconocimiento de la pensión
de vejez, pese a que cuenta con mecanismos administrativos y judiciales para plantear
esas reclamaciones.

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 06100 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 06100 00.
4 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 06100 00.
5 Esta orden se cumplió el 26 de agosto de 2026. Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 06100 00.
6 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 06100 00.
3

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 06100 00
Accionante: Alba Luz Rivera Córdoba
Accionados: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “B” y otros

Adujo que la entidad registra una indemnización sustitutiva reconocida en 2015 y una
posterior solicitud de pensión de vejez negada en 2018, pero afirmó que no existe una
petición posterior relacionada con la corrección de los períodos que la accionante
considera omitidos ni un trámite vigente de reconocimiento pensional.

Manifestó que la corrección de la historia laboral debe solicitarse previamente ante
Colpensiones, con los documentos que permitan acreditar los períodos discutidos, pues
su verificación requiere un análisis administrativo y técnico que no puede ser sustituido
por el juez constitucional. Añadió que, si persiste la controversia, la accionante dispone
de los mecanismos judiciales ante la jurisdicción ordinaria laboral.

Por ello, consideró que no existe una actuación u omisión que actualmente pueda
atribuírsele como vulneradora de derechos fundamentales, dado que no tiene una
petición o trámite pendiente por resolver.

3.5. El Tribunal Administrativo del Huila7 presentó informe en el que indicó que, mediante
sentencia del 21 de mayo de 2024, negó las pretensiones pensionales de la accionante,
al considerar que no acreditó las 500 semanas exigidas dentro de los 20 años anteriores
al cumplimiento de los 55 años, pese a ser beneficiaria del régimen de transición.

Precisó que no se acreditaron los períodos laborales alegados con la compañía Óptica
Selecta Gold entre 2003 y 2011, por lo que solo fueron contabilizados los aportes
registrados en la historia laboral.

Finalmente, señaló que el Consejo de Estado anuló dicha sentencia por falta de
competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa y remitió el proceso a la
jurisdicción ordinaria laboral.

3.6. La Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado guardó silencio.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 8 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,9 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202110, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201911, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

7 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 0100 00.
8 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
9 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
10 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
11 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 06100 00
Accionante: Alba Luz Rivera Córdoba
Accionados: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “B” y otros

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente12:

4.2.1. La señora Alba Luz Rivera Córdoba, actuando a través de apoderada judicial,
promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra Colpensiones, con el propósito de obtener la nulidad de las Resoluciones
núm. SUB43060 y núm. SUB171579, de 19 de febrero y 27 de junio de 2018,
respectivamente, mediante las cuales se le negó el reconocimiento de la pensión de
vejez, dada su calidad de beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
A dicho proceso le correspondió el número único de radicación 41001 23 33 000 2018
00382 00/01.

4.2.2. El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo del Huila que,
mediante sentencia del 21 de mayo de 2024 negó las pretensiones de la demanda.

4.2.3. La accionante interpuso recurso de apelación y la Subsección “B” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 6 de agosto de 2025, notificada
el 25 de noviembre de 2025, resolvió lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR que la jurisdicción contenciosa administrativa no es la
competente para conocer de este asunto, cuyo conocimiento le corresponde es
a la jurisdicción ordinaria laboral, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia. En consecuencia, SE DECLARA la nulidad de la
sentencia dictada el Veintiuno (21) de mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024), por
el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión, que negó las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: ORDENAR la remisión del expediente a la mayor brevedad
posible a los Juzgados Laborales del Circuito de Bogotá (reparto), quienes se
considera tienen la jurisdicción y competencia para conocer de este asunto, en
virtud de lo expuesto en la parte motiva.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene lo siguiente:

La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la finalidad de la tutela es
la protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales, ésta debe formularse
en un plazo razonable contado a partir del hecho que originó la amenaza o vulneración,
pues aceptar lo contrario desvirtuaría su carácter excepcional.

En este sentido, en la sentencia SU-354 de 2017, la Corte Constitucional destacó que la
importancia de exigir un término razonable entre la notificación de la providencia que se

12 Lo que se desprende del expediente del proceso ejecutivo identificado con radicado núm. 41001 23 33

000 2018 00382 00/01.
5

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Accionante: Alba Luz Rivera Córdoba
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controvierte y la interposición de la acción de tutela, radica en que dicho requisito: “(…)
(i) garantiza una protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas
de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y (iv) desestima las solicitudes
negligentes (…)”.

La citada Corporación estableció dos eventos en los que es posible valorar la
admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de que hubiese transcurrido un
largo período respecto de la vulneración o amenaza de derechos: (i) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación es continua y actual; y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a
quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho
de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros13.

La razonabilidad del plazo debe ser valorada en cada caso concreto, teniendo en cuenta,
entre otros, los siguientes criterios: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del
accionante; (ii) si la inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de
los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición14.

De manera similar, la Corte Constitucional, en la sentencia SU - 069 del 21 de junio de
2018, explicó lo siguiente:

[…] la tutela debe interponerse dentro de un término oportuno y razonable, es
decir, en un momento cercano a aquel en que se presentó la vulneración o
amenaza. No obstante, también ha considerado que en los eventos donde la
afectación permanece en el tiempo el requisito debe flexibilizarse no solo porque
la posición desfavorable es continua y actual, sino por la situación de debilidad en
que puede hallarse el accionante […].

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del
5 de agosto de 2014, unificó su jurisprudencia15 y, en cuanto al requisito de inmediatez,
estableció que “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente
(…)”. (Negrillas del texto).

Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales, por regla general,
la acción se debe interponer dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de
la providencia que se cuestiona, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional,
los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad, plazo que deberá ser analizado en cada caso particular, tomando en

13 Sentencia T-584 de 2011.
14 Sentencias T-648 de 2003, T-322 de 2008, T-581 de 2012, entre otras.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014.

M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001 03 15 000 2012 02201 01.
6

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consideración las circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar en que se encuentre
el accionante.

En el asunto bajo examen, la accionante cuestiona las providencias del 21 de mayo de
2024 y 6 de agosto del 2025, proferidas, respectivamente, por la Sala Cuarta de Decisión
del Tribunal Administrativo del Huila y la Subsección “B” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Esta última declaró la falta de jurisdicción para conocer del asunto y
ordenó remitir el expediente a los Juzgados Laborales del Circuito de Bogotá (reparto),
dentro del proceso con radicado núm. 41001 23 33 000 2018 00382 00/01.

En ese sentido, y, comoquiera que la providencia del 6 de agosto de 2025 fue notificada
el 25 de noviembre de 202516 tanto al correo electrónico de la demandante, hoy
accionante, como al de su apoderada en el proceso contencioso, y la presente acción de
tutela fue radicada el 3 de agosto de 202617, se desprende que la solicitud de amparo
no cumple con el requisito de la inmediatez, dado que fue promovida luego de
transcurridos más de seis meses de notificada la providencia cuestionada.

Adicional a lo anterior, la Sala observa que la parte accionante no ofreció ningún motivo
que justifique su inactividad en la interposición de la acción en un término prudencial, ni
se advierte, prima facie, que se encuentre en condiciones de debilidad manifiesta, por
consiguiente, no se evidencia alguna circunstancia que valide la interposición tardía de
la presente tutela.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que, aunque el expediente ordinario fue remitido
a la jurisdicción ordinaria laboral por razón de competencia, ello no implica que la
accionante haya quedado desprovista de mecanismos para plantear las inconformidades
que estime pertinentes respecto de su situación jurídica. Por el contrario, estas podrán
ser expuestas ante el juez que asuma el conocimiento del asunto, dentro del trámite
judicial correspondiente y mediante los mecanismos procesales previstos para el efecto.

De hecho, frente a los reproches de la accionante contra Colpensiones, y sus
pretensiones orientadas a que se le ordene a dicha entidad el reconocimiento de la
pensión de vejez, la Sala advierte que la acción de tutela también deviene improcedente
comoquiera que la accionante cuenta con el proceso ante la justicia ordinara laboral para
que, en esa instancia, controvierta las decisiones que le negaron la mencionada
prestación.

Finalmente, en cuanto al argumento de la accionante de no contar con los recursos para
continuar con el trámite de la demanda laboral, la Sala precisa que en dicho proceso
puede presentar la solicitud de amparo de pobreza, si lo considera pertinente.

En consecuencia, y sin ser necesario descender a otras consideraciones, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir con los requisitos generales de
inmediatez y subsidiariedad.

16 Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 41001

23 33 000 2018 00382 01.
17 Visto en los índices 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2026 06100 00.
7

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Accionante: Alba Luz Rivera Córdoba
Accionados: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “B” y otros

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la parte
accionante, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 17 de
septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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