Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-06124-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-06124-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-06124-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06124-00
Accionante: FERNÁN ORJUELA CARVAJAL
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Presunta mora judicial en
proceso de nulidad electoral
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Fernán Orjuela Carvajal, quien actúa en nombre propio,
contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 4 de agosto de 2026, la parte accionante acudió al juez constitucional con el
fin de que protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia petición y participación política que considera
vulnerados por la autoridad judicial accionada con ocasión de la supuesta mora
en la que se ha incurrido en el proceso de nulidad electoral con radicado núm.
11001-03-28-000-2026-00270-00.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Primera, Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, petición y participación política, vulnerados por la mora
judicial del accionado.
Segunda. Ordenar al Magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez que, en el término
perentorio de 48 horas, profiera auto para resolver la admisión de la demanda y
resolver la suspensión provisional del acto demandado (Resolución Sala Plena No.
E-3181 de 2026).
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Accionante: Fernán Orjuela Carvajal
Tercera. Como mecanismo transitorio y ante la inminencia de la posesión
presidencial del 7 de agosto de 2026, ordenar la suspensión de la misma hasta tanto
se resuelva la solicitud de medida cautelar, con el fin de evitar un perjuicio
irremediable de carácter institucional”.
2. Hechos
De la lectura de la demanda de tutela y de las piezas procesales obrantes en el
expediente, se destacan los siguientes hechos relevantes:
El accionante manifestó que el 6 de julio de 2026 radicó demanda en el ejercicio
del medio de control de nulidad electoral contra la Resolución Sala Plena No. E-
3181 de 2026, expedida por el Consejo Nacional Electoral que declaró la
elección del ciudadano Abelardo Gabriel de la Espriella Otero como presidente
de la República de Colombia y solicitó como medida cautelar la suspensión
provisional de dicho acto administrativo. Agregó que el 9 de julio de 2026, la
autoridad judicial accionada inadmitió la demanda y le concedió un término de 3
días para su corrección.
Indicó que dentro del término establecido presentó escrito de subsanación, con
los anexos requeridos y mantuvo la solicitud de medida cautelar.
Expresó que el 17 de julio de 2026, la Secretaría de la Sección Quinta emitió
informe al despacho, en el que sugirió el “rechazo de la demanda con
fundamento en el número 8 del artículo 162 de CPACA”.
Sostuvo que, en memorial de 20 de julio de 2026, puso de presente que dicha
causal no era aplicable al caso concreto, teniendo en cuenta que el numeral 8
del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo opera cuando se solicitan medidas cautelares previas.
Refirió que el 24 de julio de 2026 radicó memorial en el que aportó jurisprudencia
para mejor proveer y puso en conocimiento al despacho de las sentencias C-601
de 2015 y C-113 de 2023.
Relató que el 31 de julio de 2026 radicó reiteración de “pronto despacho”, en la
que manifestó que ya habían transcurrido dieciocho días desde la subsanación
de la demanda, sin que exista algún pronunciamiento posterior, aunado a que la
posesión presidencial, estaba programada para el 7 de agosto.
Por último, señaló que han transcurrido más de veintiocho días calendario desde
la radicación de la demanda de nulidad electoral, sin que a la fecha de radicación
de la acción de tutela, la Sección Quinta del Consejo de Estado se pronunciara
sobre su admisión o rechazo y la medida cautelar solicitada.
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3. Fundamentos de la acción
La parte actora indicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en
una mora judicial injustificada, tras considerar que no existe una justificación
objetiva (congestión o fuerza mayor), para que la autoridad judicial accionada no
se haya pronunciado sobre la subsanación transcurridos más de 28 días.
Adujo que ha agotado los mecanismos ordinarios, en tanto solicitó “pronto
despacho” en dos ocasiones -28 de julio y 6 de agosto de 2026-, sin obtener
alguna respuesta.
Por último, aseveró que existe un perjuicio irremediable teniendo en cuenta que
la posesión presidencial estaba programada para el 7 de agosto de 2026 y sin la
suspensión provisional se generaría una crisis institucional de gran magnitud.
4. Trámite procesal
Por auto de 6 de agosto de 2026, el despacho del magistrado sustanciador
admitió la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte
accionante y a la autoridad judicial accionada -Sección Quinta del Consejo de
Estado- y negó la medida cautelar solicitada. Finalmente, a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del
Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas
del auto admisorio el 11 de agosto de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la
referida decisión.
5. Oposición
Respuesta de la Sección Quinta del Consejo de Estado
El magistrado sustanciador del proceso de nulidad electoral manifestó que el
accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011 contra la Resolución
E-3181 de 2026 expedida por el Consejo Nacional Electoral, en la que declaró la
elección del ciudadano Abelardo Gabriel de la Espriella Otero como presidente
de la República.
Indicó que el proceso ingresó al despacho por reparto el 7 de julio de 2026,
mediante auto de 9 de julio de 2026 inadmitió la demanda y le concedió un
término de 3 días para su corrección, el cual transcurrió del 14 al 16 de julio de
2026.
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Explicó que una vez subsanada la demanda, el proceso ingresó al despacho el
17 de julio de 2026 y al verificar el cumplimiento de los requisitos formales,
mediante proveído de 5 de agosto de 2026, corrió traslado de la medida cautelar
solicitada por el actor a las partes e intervinientes por el término de 5 días. La
providencia fue notificada por estado el 10 de agosto de 2026 y el traslado inició
el 11 de agosto y vencía el 18 de agosto de 2026.
Bajo ese contexto, sostuvo que las manifestaciones realizadas por el accionante
sobre la vulneración de sus derechos por una presunta mora judicial, no guardan
relación con la realidad procesal, en tanto ha dado trámite oportuno con el fin de
garantizar a las partes y a los intervinientes los recursos judiciales procedentes.
Afirmó que no ha incurrido en ninguna conducta pasiva u omisiva y, por el
contrario, las decisiones que ha adoptado en el proceso judicial siguen los
parámetros constitucionales y legales propios del medio de control de nulidad
electoral y las ha proferido dentro de un término razonable.
Agregó que, de conformidad con información otorgada por la Secretaría de la
Sección, en el despacho se encuentran radicadas y en trámite 11 demandas
contra el mismo acto acusado, y que los escritos presentados por el actor “para
mejor proveer” son solicitudes propias del proceso y no corresponden a un
derecho de petición.
Así las cosas, solicitó negar el amparo solicitado teniendo en cuenta que las
decisiones que ha adoptado las ha tramitado con la debida celeridad y en
cumplimiento de las garantías procesales y legales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de
2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el
asunto objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la autoridad judicial accionada ha
incurrido en mora judicial injustificada en el trámite de la demanda de nulidad
electoral núm. 11001-03-28-000-2026-00270-00 presentada por el señor Fernán
Orjuela Carvajal.
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3. De la mora judicial y la noción de plazo razonable
La mora judicial fue definida por esta Corporación como la conducta dilatoria del
juez en resolver sobre un determinado asunto que conoce dentro de un proceso
judicial. Tiene fundamento en cuanto tal conducta desconozca los términos de
ley y carezca de motivo probado y razonable, evento en el cual constituiría un
obstáculo para el acceso a la administración de justicia1.
2
En efecto, de acuerdo con la sentencia C-279 de 2013 de la Corte
Constitucional, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
comprende distintos aspectos de cada proceso judicial: (i) el derecho a la acción
o de promoción de la actividad jurisdiccional; (ii) la existencia de mecanismos
para la resolución de conflictos; (iii) la posibilidad de fundamentar las peticiones;
(iv) la obtención de una respuesta de fondo; (v) procedimientos adecuados,
idóneos y efectivos; y (vi) que los procesos se desarrollen en un término
razonable, sin dilaciones injustificadas y en observancia del debido proceso.
Para determinar si existe mora judicial, es preciso analizar la razonabilidad del
plazo y establecer el carácter injustificado en el incumplimiento de los términos.
La Corte Constitucional ha puntualizado que, no obstante, los análisis que se
hagan sobre la justificación del funcionario sobre la mora judicial, “el derecho a
un debido proceso sin dilaciones injustificadas no pierde efectividad ni siquiera
en aquellos supuestos en que los retrasos se deben a los defectos estructurales
de la organización y funcionamiento de la rama judicial.” En tales eventos, para
establecer que el retraso es justificado es necesario, además, mostrar que se
han intentado agotar todos los medios que las circunstancias permitan para
evitarlo3.
Reiterando el anterior precedente judicial, la Sala Plena de la Corte
4
Constitucional en la sentencia SU-394 de 2016 indicó que la acción de tutela es
procedente cuando las autoridades judiciales incurren en mora judicial
injustificada, teniendo en cuenta que, en estos casos, es posible que el derecho
a un debido proceso se lesione a causa del incumplimiento de los términos
procesales, por lo que puede materializarse un daño que genere perjuicios no
5
subsanables . La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera
1
Sentencia del 11 de octubre de 2012, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. Exp. 2012-
00052-01(AC).
2
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
3
Sentencia T-030 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
5
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T- 186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.
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que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo
razonable que justifique la dilación y (iii) la tardanza sea imputable a la falta de
6
diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario judicial .
Así mismo, expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable se
deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto
(incluida la afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y
deberes del procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de
las partes; (iv) la valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se
debaten en el trámite.
7
En sentencia T-441 de 2020 , la Corte Constitucional acogió dicha postura e
indicó que “el derecho de acceso a la administración de justicia es un bastión del
Estado social de derecho, en cuanto garantía de la efectividad de los principios,
derechos y deberes establecidos en la Constitución. Sin embargo, esta
prerrogativa no se agota en la mera facultad de presentar solicitudes ante las
autoridades judiciales, pues también se extiende a la salvaguarda de obtener
decisiones de fondo en las controversias, las cuales deben ser adoptadas en un
término razonable de tal forma que la respuesta judicial sea oportuna”, lo que
implica para el juez de tutela que en caso de verificar la existencia de mora
judicial pueda ordenar la resolución del asunto en un término perentorio o con
observancia de los plazos previstos en la ley.
En conclusión, para identificar si la autoridad judicial incurre en mora judicial, se
debe realizar una valoración de los aspectos objetivos y subjetivos que rodean
la tardanza. Los primeros se relacionan con la complejidad del asunto y la
urgencia de darle solución. Los segundos se refieren a la actitud de los
interesados y la conducta de los funcionarios judiciales dentro del proceso. De
esta forma, el simple hecho de sobrepasar los términos legales dispuestos para
fallar no configura la mora judicial, ya que deben analizarse otras circunstancias
particulares.
4. Solicitudes que se presentan ante autoridades judiciales y su diferencia
con las peticiones administrativas
El artículo 23 de la Constitución Política, establece que “toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales”.
6
En este aspecto, la Corte Constitucional reiteró los criterios enunciados en la Sentencia T-230 de 2013,
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
7
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Respecto a las peticiones frente a autoridades judiciales, la jurisprudencia ha
establecido que cualquier persona tiene el derecho a presentar peticiones ante
los jueces de la República y a que estas sean resueltas, siempre y cuando el
objeto de la solicitud no recaiga sobre los procesos que un funcionario judicial
adelanta8.
En efecto, la Corte Constitucional distingue entre peticiones judiciales y
peticiones administrativas. Las primeras son las que se refieren a “actuaciones
estrictamente judiciales, que por tales se encuentran reguladas en el
procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos
y etapas procesales previstos para el efecto; y [las segundas son] aquellas que
por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser
atendidas por la autoridad judicial en su condición, bajo las normas generales
del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el [Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo]”9.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-482 de 2024 sostuvo
que “las peticiones que se elevan a los jueces pueden corresponder a solicitudes
judiciales o a solicitudes administrativas, y estas últimas se rigen por la Ley 1755
de 2015. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha acudido a tres criterios
para determinar si una petición se rige por las normas procesales o por las
prescripciones del derecho de petición, a saber: (i) si el asunto está regulado por
las normas procesales del respectivo código, (ii) si la solicitud es formulada por
las partes e intervinientes o por terceros ajenos al litigio y (iii) si las solicitudes
están conectadas con la litis o el ejercicio del derecho de defensa”.
En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-272 de 2006 explicó que
la solicitud relacionada con la información del proceso obedecía a un derecho de
petición, en ese caso analizó la solicitud de un investigado en la que solicitaba
información sobre unos procesos que se adelantaban en su contra, pues la
misma no se encontraba regulada en la norma procesal.
De igual manera, esa corporación judicial acogió el anterior criterio en la
sentencia C-951 de 201410, que hizo el estudio de constitucionalidad al proyecto
de ley estatutaria que regula el derecho fundamental de petición, en la que
agregó que “el juez tendrá que responder la petición de una persona que no
verse sobre materias del proceso sometido a su competencia”. En esa misma
oportunidad se precisó que “deben diferenciarse las peticiones que se formulen
8
Sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Esta regla ha sido reiterada en las
sentencias T-192 de 2007, M. P. Álvaro Tafur Galvis y T- 412 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre
otras.
9
Corte Constitucional, sentencia T- 311 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
10
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
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ante los jueces, así: “(i) las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que
por tales se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose
sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el
efecto; y (ii) aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial en su condición, bajo
las normas generales del derecho de petición que rigen la administración”.
Por esa razón, la Corte Constitucional precisó, en la sentencia T-172 de 201611,
que cuando los ciudadanos presenten una solicitud orientada a obtener la
definición de aspectos del proceso no es dado afirmar que los jueces vulneran el
derecho fundamental de petición. Por el contrario, “en tales casos, se puede
invocar el derecho al debido proceso, y demostrar que el operador judicial se ha
salido de los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico al respecto,
desconociendo las reglas correspondientes al trámite de un determinado
proceso judicial” 12.
En consecuencia, se entiende que las peticiones judiciales son aquellas que
guardan una relación directa con el impulso del proceso, en tanto se enmarcan
dentro de las actuaciones propias del trámite jurisdiccional y se rigen por las
reglas del proceso. Por el contrario, aquellas solicitudes que no buscan activar
el aparato judicial, como las relacionadas con el turno o el desarchivo del
expediente, deben ser consideradas de naturaleza administrativa. Estas últimas
no se tramitan conforme a las disposiciones procesales propias del proceso
judicial, sino que se sujetan al régimen previsto en la Ley 1437 de 2011, en la
que se establece, por regla general, que la autoridad competente debe resolver
de fondo en un término máximo de quince (15) días hábiles.
En conclusión, en lo que hace relación con la supuesta vulneración de los
derechos fundamentales en razón de peticiones presentadas ante autoridades
judiciales, es necesario tener en consideración que: (i) si se trata de solicitudes
que versen sobre asuntos relacionados con el proceso judicial que se adelanta
en el despacho peticionado, los derechos que pueden resultar vulnerados son el
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, mientras que (ii)
cuando el objeto de la solicitud no recaiga sobre dichos procesos sino en
información de naturaleza administrativa, el estudio se debe abordar por la
posible afectación del derecho fundamental de petición.
5. Estudio y solución del caso concreto
El señor Fernán Orjuela Carvajal, quien actúa en nombre propio, presentó acción
de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por considerar
11
M. P. Alberto Rojas Ríos.
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Corte Constitucional, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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vulnerados sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia con ocasión de la presunta mora judicial
en que incurrió al resolver sobre la admisión de la demanda y la solicitud de
medida cautelar que interpuso con la Resolución Sala Plena no. E-3181 de 2026,
expedida por el Consejo Nacional Electoral identificado con el radicado 11001-
03-28-000-2026-00270-00 y por no responder unas solicitudes presentadas en
el mismo proceso.
Frente a lo anterior, el ponente informó que el proceso de nulidad electoral que
dio origen a la acción de tutela se encuentra en trámite, en tanto corrió traslado
por 5 días de la medida cautelar solicitada por el demandante, el cual culminó el
18 de agosto de 2026, a lo que agregó que, en el despacho a su cargo, se
encuentran radicadas y en trámite 11 demandas contra el mismo acto acusado.
Asimismo, sostuvo que los escritos presentados por el actor “para mejor proveer”
son solicitudes propias del proceso y no corresponden a un derecho de petición.
En ese escenario y conforme con el expediente digitalizado allegado y la
información suministrada en el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI, la Sala
evidencia que, en el citado proceso de nulidad electoral, se han proferido las
siguientes actuaciones relevantes:
FECHA ACTUACIÓN
7 de julio de 2026 Reparto y radicación de la demanda en la Sección Quinta del Consejo de Estado
9 de julio de 2026 Se inadmite la demanda
20 de julio de 2026 Se subsana la demanda
6 de agosto de 2026 Auto corre traslado medida cautelar
19 de agosto Paso a despacho
Conforme a lo expuesto, la Sala evidencia que no se configura una mora judicial
injustificada atribuible a la autoridad accionada, pues contrario a lo sostenido por
el actor, se observa una actuación diligente. En efecto, una vez asignado el
proceso al despacho, el magistrado sustanciador se pronunció sobre su
admisión en el término de dos días, y subsanada la demanda corrió traslado de
la medida cautelar. Ahora bien, considerando que el expediente ingresó al
despacho el 19 de agosto de 2026, no han transcurrido más de diez (10) días
hábiles, por lo que no es posible estructurar tardanza judicial alguna.
En ese orden de ideas, partiendo de las actuaciones registradas en el Sistema
para la Gestión Judicial Samai, los argumentos de las partes, las particularidades
del caso y el estado actual del proceso, la Sala considera que no se ha
comprometido la noción de plazo razonable ni existe una inactividad atribuible al
titular del despacho. Por el contrario, el proceso se encuentra actualmente al
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despacho para decidir sobre su admisión y la medida cautelar solicitada, de
manera que su duración responde a la dinámica propia del trámite judicial.
Ahora bien, sobre las peticiones presentadas por el actor el 28 de julio y 6 de
agosto de 2026, en las que solicitó que se admitiera la demanda y se resolviera
de manera inmediata y prioritaria la solicitud de suspensión provisional, se
presentaron en el marco del proceso de nulidad electoral con radicado no.
11001-03-28-000-2026-00270-00, en el que el señor Fernán Orjuela Carvajal
fungió como demandante.
En atención a ello, conforme lo ha considerado esta Sala y siguiendo la
13
jurisprudencia de la Corte Constitucional, en especial la sentencia T-482 de
202414, la Sala considera que, por la condición del actor en el proceso de nulidad
electoral, las peticiones se presentaron en el marco de un proceso judicial, sin
que le sean aplicables las reglas sobre derecho de petición contenidas en la Ley
1437 de 2011, sustituida en lo que corresponde por la Ley 1755 de 2015.
En esas condiciones, no resulta procedente hacer un estudio de fondo sobre la
presunta vulneración del derecho fundamental de petición, habida cuenta, se
insiste, que no son aplicables las reglas de la petición administrativa.
Por consiguiente, no se configuran los presupuestos jurisprudenciales para
predicar mora judicial injustificada ni se evidencia vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, razón por la cual se negarán
las pretensiones de la acción de tutela.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
13
Sección Cuarta, sentencia del 13 de marzo de 2025. Radicado 11001-03-15-000-2025-00708-00 M.P.
Luis Antonio Rodríguez Montaño; Sección Cuarta, sentencia del 4 de septiembre de 2025. Radicado 11001-
03-15-000-2025-02192-01 M.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño; Sección Cuarta, sentencia del 21 de
mayo de 2026. Radicado 11001-03-15-000-2026-03150-00M.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
14
Que señaló: “para establecer si el escrito elevado a la autoridad judicial se rige por las normas del derecho
de petición o por los postulados del debido proceso judicial ha de identificarse si la solicitud está relacionada
con decisiones propias del proceso, con una regulación procesal o va dirigida a salvaguardar el derecho de
defensa, caso en el que se tratará de una decisión jurisdiccional. En caso contrario, es decir cuando sea
interpuesta por un tercero sin interés procesal directo, y esté dirigida a salvaguardar algún derecho
extraprocesal, será una solicitud que se rige bajo los postulados del derecho de petición”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06124-00
Accionante: Fernán Orjuela Carvajal
FALLA
Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Fernán Orjuela Carvajal, quien actúa en nombre propio, por las razones
expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
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