Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06128-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06128-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06128-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Tres [3] de septiembre de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06128-00
Demandante: JUAN JOSÉ CAMUES LÓPEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Temas: Tutela contra providencia judicial – declara la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Resuelve la Sala la solicitud de amparo formulada por el señor Juan José Camues
López contra el Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo
080 de 20191 de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Juan José Camues López, el 3 de agosto de 2026, presentó acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Nariño, con el fin de que se le amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de la
providencia de 23 de julio de 2026 dictada por la autoridad judicial accionada, a través
de la cual resolvió el incidente de desacato presentado por el actor ante el presunto
incumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia de 25 de noviembre de 2025,
proferida en el trámite de la acción de cumplimiento que se identificó con el radicado
52001-23-33-000-2025-00283-00.
1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
Demandante: Juan José Camues López
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06128-00
1.2. Pretensiones
La parte actora planteó las siguientes peticiones:
1. PRIMERA: Sírvase AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, los cuales fueron vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Nariño con ocasión del auto Des04-2026-505-S.O., proferido el
veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026), mediante el cual resolvió declarar sin
lugar el incidente de desacato promovido por el incumplimiento de la Sentencia No.
Des04-2025-197-S.O., al incurrir en un defecto fáctico y defecto sustantivo y los demás
defectos que se acrediten durante el trámite de la presente acción.
2. SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, sírvase DEJAR SIN EFECTOS el auto
Des04-2026-505 S.O., proferido el veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026) por
el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante el cual se declaró sin lugar el incidente de
desacato.
3. TERCERA: Sírvase ORDENAR al Tribunal Administrativo de Nariño que adopte las
medidas judiciales necesarias para garantizar la eficacia material de la Sentencia No.
Des04-2025-197-S.O., pronunciándose expresamente sobre las condiciones de tiempo,
modo y demás aspectos necesarios para asegurar su efectivo cumplimiento, además de
verificar adecuadamente los elementos que instruyen el incidente de desacato, además
de realizar una adecuada valoración y recaudo probatorio, de conformidad con las
facultades de seguimiento y ejecución que el ordenamiento jurídico le atribuye al juez de
la acción de cumplimiento y con observancia del precedente constitucional y contencioso
administrativo aplicable.
4. CUARTA. Sírvase disponer las demás órdenes que estime necesarias para
establecer de manera plena los derechos fundamentales vulnerados y garantizar
la ejecución efectiva de la Sentencia No. Des04-2025-197-S.O2.
1.3. Hechos
Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
La parte actora indicó que ejerció una acción de cumplimiento contra la Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía [en adelante corpoamazonía],
asunto que le correspondió al Tribunal Administrativo de Nariño con el número 52-001-
23-33-000-2025-00283-00, y que se resolvió en sentencia de 25 de noviembre de 2025
en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda y ordenar a la mencionada
entidad dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3. ° de la resolución 157 de 2004.
Precisó que en el numeral tercero de la parte resolutiva de la mencionada providencia
se le ordenó a corpoamazonía elaborar y ejecutar el Plan de Manejo Ambiental de los
humedales prioritarios ubicados en el municipio de Villagarzón, para lo cual fijó un
término de seis meses contados desde la ejecutoria de la decisión.
2
Cita del texto original con posibles errores.
2
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Demandante: Juan José Camues López
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
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Adujo que el 19 de junio de 2026 promovió un incidente de desacato al considerar que
corpoamazonía no había ejecutado las actuaciones necesarias para cumplir la
obligación impuesta por el juez.
Aseguró que, en auto de 22 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de Nariño
avocó el trámite incidental y requirió a corpoamazonía para que informara las
actuaciones adelantadas en cumplimiento de la sentencia.
Refirió que, en respuesta al requerimiento judicial, corpoamazonía presentó un informe
en el que manifestó que conformó un equipo interdisciplinario y realizó visitas técnicas
a los humedales los días 23 de enero y 25 de junio de 2026, como parte del proceso
de elaboración del Plan de Manejo Ambiental.
Puntualizó que, en auto de 23 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo de Nariño
resolvió: «sin lugar a DECLARAR configurado desacato […]», luego de considerar que,
si bien corpoamazonía no había cumplido totalmente la orden impartida en la
sentencia, lo cierto es que acreditó que adelanta actuaciones dirigidas a la elaboración
y ejecución del Plan de Manejo Ambiental, razón por la cual estimó que no se
configuraban los presupuestos necesarios para imponer la sanción por desacato.
Finalmente, dispuso que la entidad debía presentar informes con el fin de evidenciar
el avance de las acciones encaminadas al cumplimiento total de la sentencia. Lo
anterior, al analizar que:
(i) corpoamazonía indicó que, para iniciar el diagnóstico adelantó varias visitas de
reconocimiento y verificación preliminar en el municipio de Villagarzón, a varios
humedales y proyectos que inciden sobre algunos ecosistemas, llevadas a cabo en
23 de enero y 25 de junio de 2026;
(ii) de las actas se corroboró que la entidad conformó un equipo con profesionales
de la Subdirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental, Subdirección de
Administración Ambiental y la Dirección Territorial Putumayo de corpoamazonía,
para realizar el reconocimiento cartográfico, físico, biótico, hídrico y socioambiental
de los ecosistemas;
(iii) con las visitas se pretendía delimitar los humedales del mencionado municipio
para la formulación del plan de manejo ambiental y que esta realizará por tres fases
«según los sectores sometidos a mayores presiones, sin que implique excluir los
demás humedales del proceso»;
(iv) la primera fase comprende cuatro áreas «el humedal urbano y los humedales
de expansión urbana 2, 18 y 20, los 20 polígonos restantes corresponderán a la fase
2. Lo anterior, pues existe presión inmediata generada por la construcción de
viviendas, proceso de loteo, parcelación y apertura de vías»;
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(v) según el informe, la delimitación de los humedales es una actuación que apenas
se está llevando a cabo y que, de alguna manera, corresponde a esa serie de pasos
y requisitos para la elaboración y ejecución del plan de manejo ambiental para los
humedales prioritarios;
(vi) teniendo en cuenta que, si bien se dan los presupuestos para imponer sanción
por desacato de una orden judicial, lo cierto es que se acreditó, así sea de manera
tardía, que se están realizando las actuaciones necesarias para la elaboración y
ejecución del plan de manejo ambiental para los humedales prioritarios; y
(vii) precisó que, sobre los presupuestos para que exista desacato, el Consejo de
Estado en sentencia dictada en el expediente 15001-23-31-000-2004-00966-
02(AP)1 ha señalado: «Sobre el alcance de esta figura, la jurisprudencia tiene
determinado de tiempo atrás que es preciso establecer no sólo si materialmente se
presenta un incumplimiento de la orden judicial (factor objetivo), sino que además
es preciso verificar si está acreditada la negligencia o renuencia de la autoridad
(factor subjetivo), por lo que no es posible presumir la responsabilidad por el sólo
hecho del incumplimiento».
1.4. Fundamentos de la solicitud3
La parte actora indicó que, en primer lugar, la controversia planteada reviste de
relevancia constitucional, por cuanto la providencia cuestionada comprometió los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso efectivo a la administración de
justicia.
Lo anterior, por cuanto, a su juicio, si bien el Tribunal Administrativo de Nariño
reconoció que la orden impartida en la sentencia de 25 de noviembre de 2025 no se
ha cumplido totalmente, decidió abstenerse de imponer sanción por desacato y,
simultáneamente, omitió adoptar medidas orientadas a garantizar la eficacia de la
decisión judicial, y dejó la ejecución «al ritmo de las actuaciones administrativas de
CORPOAMAZONÍA, sin establecer un parámetro temporal objetivo para verificar su
cumplimiento. La discusión, por tanto, trasciende el ámbito de la mera legalidad y
plantea un problema de protección efectiva de los derechos fundamentales vinculados
a la eficacia de las decisiones judiciales».
1.4.1. Defecto fáctico
Aseguró que la providencia de 23 de julio de 2026 incurrió en un defecto fáctico desde
su dimensión negativa, por cuanto el Tribunal Administrativo de Nariño no adelantó
una actividad probatoria suficiente que le permitiera establecer de manera completa
las circunstancias reales del incumplimiento de la sentencia.
3
Las citas contenidas en este numeral fueron extraídas del texto original y puede contener posibles
errores.
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Precisó que el incidente de desacato es un instrumento de naturaleza disciplinaria que
tiene como finalidad garantizar la eficacia material de las órdenes impartidas por el
juez constitucional, y en materia de acción de cumplimiento, se encuentra regulado en
el artículo 29 de la Ley 393 de 1997, disposición que establece que la eventual sanción
será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental.
Agregó que, tanto los artículos 169 y 170 del CGP, como el artículo 213 del CPACA,
reconocen amplias facultades al juez para decretar pruebas de oficio4, sin embargo, la
autoridad reprochada «omitió requerir documentos que permitieran establecer si la
entidad había realizado las actuaciones indispensables para ejecutar el Plan de
Manejo Ambiental desde la ejecutoria de la sentencia, tales como la existencia de
apropiaciones presupuestales, actos administrativos internos, cronogramas de
ejecución, estudios técnicos, contratos o cualquier otro soporte documental que
demostrara una gestión diligente orientada al cumplimiento del fallo».
Alegó que también se incurrió en un defecto fáctico desde su dimensión positiva,
debido a que el tribunal realizó una indebida valoración del material probatorio
recaudado, puesto que, en su criterio, el juez concluyó que «no se encontraba
acreditado el elemento subjetivo del desacato al considerar que CORPOAMAZONÍA venía
adelantando actuaciones orientadas al cumplimiento de la sentencia. Sin embargo,
dicha conclusión desconoce el verdadero alcance del acervo probatorio obrante en el
expediente.
En ese sentido, aseguró que en el primer informe rendido por la entidad adiado 2 de
julio de 2026, se indicó que durante los meses de enero y junio de 2026 se habían
realizado visitas técnicas relacionadas con el cumplimiento del fallo, no obstante,
«mientras las actuaciones correspondientes al mes de junio aparecen plenamente
respaldadas mediante radicados, documentos y soportes incorporados al expediente,
no ocurre lo mismo respecto de la supuesta visita realizada en enero de 2026, frente
a la cual no existe acta, informe técnico, registro documental, radicación o cualquier
otro elemento objetivo que permita acreditar su efectiva realización.
1.4.2. Defecto sustantivo
Arguyó que el tribunal realizó una indebida interpretación del régimen jurídico de la
acción de cumplimiento, respecto del contenido y finalidad del artículo 255 de la Ley
4
Citó la sentencia de 26 de julio de 2013 expedida dentro del expediente T-3.847.556.
5
«Artículo 25.-Cumplimiento del Fallo. En firme el fallo que ordena el cumplimiento del deber omitido,
la autoridad renuente deberá cumplirlo sin demora.
Si no lo hiciere dentro del plazo definido en la sentencia, el Juez se dirigirá al superior del responsable
y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra
aquél. Pasados cinco (5) días ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido
conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del
mismo. El Juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que éstos cumplan su
sentencia. Lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la presente Ley.
De todas maneras, el Juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá
la competencia hasta que cese el incumplimiento».
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393 de 1997, así como con los principios constitucionales que garantizan la eficacia
de las decisiones judiciales y el derecho fundamental de acceso efectivo a la
administración de justicia.
Precisó que el artículo 25 de la Ley 393 de 1997 regula la fase de ejecución de las
sentencias proferidas en las acciones de cumplimiento, y que de su lectura sistemática
se desprende una secuencia de obligaciones, tales como: (i) el acatamiento inmediato
del fallo; (ii) el requerimiento al superior jerárquico del funcionario incumplido y la
promoción de las actuaciones disciplinarias correspondientes, si el cumplimiento no se
produce dentro del plazo fijado en la sentencia; (iii) la adopción directa de las medidas
encaminadas al cumplimiento de la decisión aunado a la facultad de imposición de
sanciones por desacato; y (iv) la determinación de los demás efectos del fallo para el
caso concreto hasta que cese el incumplimiento.
Reprochó que, en este caso, «la conclusión según la cual no existió demora pese a
que las actuaciones verificables comenzaron únicamente meses después de
ejecutoriada la sentencia y una vez iniciado el incidente de desacato, desconoce
abiertamente el contenido normativo del artículo 25 de la Ley 393 de 1997 y conduce
a una valoración probatoria incompatible con los hechos acreditados en el proceso».
Por último, señaló que «la última disposición del artículo 25 mencionado» le otorgó
poderes de seguimiento y dirección al juez sobre la ejecución de la orden hasta
verificar su cumplimiento integral, por lo que su finalidad consiste en permitir que la
autoridad adopte todas aquellas medidas necesarias para remover los obstáculos que
impidan la materialización efectiva del fallo6.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con proveído de 5 de agosto de 2026 se admitió la acción de tutela y se dispuso tener
como parte accionada al Tribunal Administrativo de Nariño.
En calidad de terceros con eventual interés en las resultas del trámite constitucional,
se dispuso la vinculación de la Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales [ANLA], la Concesionaria Ruta al Sur
SAS, la Agencia Nacional de Infraestructura [ANI] y a la Procuraduría Judicial Para
6
Para el efecto citó: (i) la sentencia T-608 de 2019 dictada por la Corte Constitucional dentro del
expediente T-7.185.421, de 12 de diciembre de 2019, en la cual se «explicó que el derecho de acceso
efectivo a la administración de justicia posee una doble dimensión. La primera consiste en la posibilidad
real de acudir ante los jueces para obtener protección judicial, mientras que la segunda exige que la
decisión adoptada sea susceptible de ejecución efectiva […]»; (ii) el auto AO84 de 2020, en el cual se
indicó que, aun cuando determinadas decisiones impliquen actuaciones administrativas de especial
complejidad, ello no autoriza a que su ejecución quede sometida a un horizonte temporal indefinido; la
sentencia SU-050 de 2022 en la cual se resaltó que la determinación del plazo para ejecutar una orden
judicial constituye un elemento esencial para verificar objetivamente si existe o no incumplimiento; (iii)
la sentencia T-832 de 2008 en la cual se acotó que el derecho de acceso a la administración de justicia
comprende necesariamente la ejecución material de las providencias judiciales.
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Asuntos Ambientales y Agrarios, así como de las demás partes, personas, terceros y/o
entidades7 que hubiesen participado en la acción de cumplimiento identificada con el
radicado 52001-23-33-000-2025-0028300 y sus incidentes de desacato.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
memoriales:
1.6.1. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales solicitó la desvinculación
del trámite de la referencia luego de alegar que carece de legitimación en la causa por
pasiva en atención a que en la sentencia de 25 de noviembre de 2025 se determinó
que corpoamazonía incumplió la resolución 157 de 2004 expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, debido a que no elaboró y ejecutó el plan
de manejo para los humedales prioritarios de su jurisdicción reconocidos mediante la
resolución del 7 de noviembre de 2019 proferida por aquella corporación.
1.6.2. La Procuraduría 15 Judicial II Para Asuntos Ambientales y Agrarios de
Pasto, luego de realizar un recuento de las actuaciones surtidas en la acción de
cumplimiento, señaló que en este caso no se acreditó la configuración de los defectos
invocados en el escrito de tutela.
En cuanto al fondo, precisó que, si bien no se ha dado cumplimiento total al fallo de 25
de noviembre de 2025, lo cierto es que la entidad dio inicio a las primeras fases
encaminadas a dicho fin, «respecto a lo cual no puede afirmarse como lo interpreta el
incidentante que el señor Magistrado de primera instancia abandona su competencia
para hacer seguimiento a la ejecución del fallo, al contrario, en el auto que resolvió el
desacato, ordenó a CORPOAMAZONIA rendir informes de su gestión, lo que permitirá el
cabal control sobre los avances en la formulación del PMA de los humedales de
Villagarzón, no solo por parte de la jurisdicción, sino también del Ministerio Público
administrativo que interviene ante el despacho de la primera instancia».
1.6.3. La Agencia Nacional de Infraestructura requirió su desvinculación del asunto
de la referencia con sustento en que ha actuado de conformidad con lo establecido en
7
La notificación se hizo a la Agencia Nacional de Infraestructura, a la Agencia Nacional de Licencias
Ambientales, a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría 15 Judicial
I para Asuntos Ambientales Minero Energéticos y Agrarios, al Centro de Documentación Judicial, a la
Concesionaria Ruta al Sur SAS y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
También hizo referencia al Auto A084 de 2020 (Sala Plena, Expediente segunda solicitud de prórroga
para el cumplimiento de la sentencia SU-096 de 2018, con M.P. José Fernando Reyes Cuartas, del tres
(3) de marzo de dos mil veinte (2020)), la Corte Constitucional señaló que, aun cuando determinadas
decisiones impliquen actuaciones administrativas de especial complejidad, ello no autoriza a que su
ejecución quede sometida a un horizonte temporal indefinido.
Y las sentencias la Sentencia SU-050 de 2022, Sentencia T-832 de 2008 relacionadas con el
cumplimiento de las decisiones judiciales.
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el ordenamiento jurídico, ha realizado todas las gestiones y trámites necesarios para
procurar la protección de los derechos fundamentales, garantías procesales y
constitucionales de los administrados, siempre en la búsqueda del interés general y
del debido proceso en los contratos de concesión que administra.
Aseguró que, en el presente asunto, la parte actora no demostró la existencia de un
perjuicio irremediable que cumpla con los criterios constitucionales necesarios para
justificar la intervención del juez de esta sede, por lo que, a su juicio, la solicitud de
amparo se ejerció como una especie de tercera instancia de la acción de cumplimiento.
1.6.4. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó que se declare la
improcedencia de la solicitud de amparo objeto de atención debido a que, en su criterio,
no se acreditó la vulneración alegada ni el cumplimiento de los requisitos especiales y
generales de procedibilidad del mecanismo constitucional.
De otro lado, aseguró que carece de legitimación en la causa por pasiva al considerar
que no es el responsable del quebrantamiento de los derechos fundamentales del
extremo actor y porque no existe causalidad entre la acción de tutela y la omisión
reprochada, en consecuencia, solicitó su desvinculación.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el señor Juan
José Camues López contra el Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto
Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación,
modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2.2. Cuestión previa
En relación con las solicitudes de desvinculación elevadas por la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, se anuncia que serán denegadas en atención a que
fueron vinculadas al trámite de la referencia por haber participado en la acción de
cumplimiento en la que se dictó la providencia cuestionada en este mecanismo
constitucional, razón por la cual les asiste interés en la decisión que se adopte.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso concreto se presenta la vulneración de
las garantías fundamentales de la parte accionante con ocasión de la providencia 23
de julio de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño en el incidente de
desacato promovido por el actor ante el presunto incumplimiento de las órdenes
8
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impartidas en la sentencia de 25 de noviembre de 2025 proferida en la acción de
cumplimiento que se identificó con el radicado 52001-23-33-000-2025-00283-00.
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) el caso concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20128 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema9.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales10.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 11, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
Para la Sala resulta necesario anunciar que el requisito de relevancia constitucional
no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco en el cual la solicitud
de amparo elevada por el señor Juan José Camues López no cumple con las reglas
establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de
junio de 2022.
8 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
9
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
10
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.5.1.1. En el referido fallo la alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un
debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
garantías fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por
cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».
En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar
que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de
otras autoridades judiciales.
Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales».
En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:
El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir
con las siguientes finalidades:
(i) El respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) La protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) La preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) La prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal12.
12
Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
10
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06128-00
Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:
a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico13; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales»14.
b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de
los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés
general”15. En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que
la solicitud de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.
c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación
con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»16.
d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta Corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso17, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos
fundamentales, toda vez que estas colegiaturas actúan como tribunales de
cierre.
2.5.1.2. En ese orden, este juez constitucional, al descender al análisis de los
argumentos planteados por el señor Juan José Camues López, advierte que el asunto
carece de la carga argumentativa desde la perspectiva constitucional para que proceda
su análisis en sede de tutela contra providencia judicial.
13
Sentencia SU-103 de 2022.
14
Sentencia SU-573 de 2019.
15
Ibídem.
16
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
17
Sentencia SU-573 de 2019.
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En síntesis, el señor Camues López manifestó que, con la decisión de 23 de julio de
2026, consistente en no declarar en desacato a corpoamazonía por el no acatamiento
de las órdenes impartidas en la sentencia de 25 de noviembre de 2025 expedida en la
acción de cumplimiento de su interés, se desconocieron sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Ello, por cuanto alegó que en el auto censurado se incurrió en: (i) defecto por cuanto
el Tribunal Administrativo de Nariño no adelantó una actividad probatoria suficiente
que le permitiera establecer las circunstancias reales del incumplimiento de la
sentencia, de conformidad con lo estipulado en los artículos 169 y 170 del CGP, como
el artículo 213 del CPACA; y por la indebida valoración del informe rendido por
corpoamazonía el 2 de julio de 2026, comoquiera que solo acreditó la realización de
las visitas técnicas de enero y no las de junio del mismo año; y (ii) defecto sustantivo
en atención a que el tribunal realizó una indebida interpretación del contenido y
finalidad del artículo 2518 de la Ley 393 de 1997, así como de los principios
constitucionales que garantizan la eficacia de las decisiones judiciales y el derecho
fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia, al concluir que «no
existió demora» pese a que las actuaciones verificables comenzaron únicamente
meses después de ejecutoriada la sentencia y una vez iniciado el incidente de
desacato.
En ese orden, es claro para la Sala de decisión que el debate propuesto por la parte
accionante carece de la carga argumentativa mínima requerida, en tanto se limita a
insistir en el debate abordado y zanjado por el Tribunal Administrativo de Nariño,
autoridad que, de conformidad con el marco jurisprudencial, jurídico y el acervo
probatorio aportado, analizó y determinó que si bien corpoamazonía no había dado un
cumplimiento total a las órdenes impartidas en la sentencia de 25 de noviembre de
2025, lo cierto es que sí ha adelantado múltiples acciones conducentes a lograr el
acatamiento de lo dispuesto por el juez, lo cual corresponde con la verdadera finalidad
del incidente de desacato.
En otras palabras, del análisis efectuado por el tribunal no se advierte, a priori, que la
decisión sea arbitraria o caprichosa, puesto que, como bien lo advirtió la autoridad
judicial accionada, lo que se procura con el trámite incidental radica en que el
destinatario de las órdenes lleve a cabo la obligación impuesta, y solo como una
consecuencia del desacato procede la sanción que echa de menos el señor Camues
18
«Artículo 25.-Cumplimiento del Fallo. En firme el fallo que ordena el cumplimiento del deber omitido,
la autoridad renuente deberá cumplirlo sin demora.
Si no lo hiciere dentro del plazo definido en la sentencia, el Juez se dirigirá al superior del responsable
y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra
aquél. Pasados cinco (5) días ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido
conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del
mismo. El Juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que éstos cumplan su
sentencia. Lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la presente Ley.
De todas maneras, el Juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá
la competencia hasta que cese el incumplimiento».
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López, razón por la cual el efecto disciplinario no opera de manera automática y sin
mediar el estudio de aquellas actuaciones ejecutadas y encaminadas a la satisfacción
de lo establecido en la decisión judicial, lo cual desvirtuó en este caso el elemento
subjetivo por negligencia de la entidad. En ese sentido, los reparos planteados por el
accionante conciernen a meras manifestaciones de inconformidad que no justifican la
relevancia de la acción de tutela como se exige desde la expedición de la SU 215 de
2022.
En ese orden, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron determinadas garantías superiores, por el contrario, es
menester que quien se considera afectado, cumpla con el deber de argumentar el
concepto de la violación que se deriva de una providencia judicial en abierta
contradicción de los postulados constitucionales, que implique por parte de este juez
un pronunciamiento respecto al análisis que ha efectuado el juez natural en la materia.
Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, requiere con mayor énfasis que el extremo accionante ejecute una exposición
que sin lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto
de reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en su núcleo
esencial.
Así las cosas, es completamente evidente que esta solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, comoquiera que no se acredita la violación iusfundamental
alegada, a partir de un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita al juez de
esta sede advertir una prominente transgresión de las prerrogativas superiores del
accionante con ocasión de la expedición de la providencia dictada por la autoridad
censurada.
En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la vulneración
de garantías constitucionales que permita superar el requisito de relevancia
constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello
comoquiera que el debate carece de la carga argumentativa necesaria y desde la
perspectiva iusfundamental, y no se evidencia una vulneración palmaria que amerite
la intervención del juez de tutela19. Todo lo anterior, da lugar a que esta Sala de
Decisión declare la improcedencia de la solicitud de amparo de la referencia.
19
Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-
000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; (iii) sentencia de 28
de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; y (iv)
sentencia de 21 de noviembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-04391-01, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
13
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2.6. Conclusión
La Sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por el señor Juan José
Camues López contra el Tribunal Administrativo de Nariño por no satisfacer el requisito
de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Infraestructura y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el
señor Juan José Camues López contra el Tribunal Administrativo de Nariño.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
14
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