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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06129-00

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06129-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por el señor Sebastián Gómez Ordóñez, en nombre propio, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. 13 Radicación número: 11001-031-50-00-2026-06129-00 Accionante: Sebastián Gómez Ordóñez Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Referencia: Acción de tutela (Primera instancia) TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06129-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-031-50-00-2026-06129-00
Accionante: SEBASTIÁN GÓMEZ ORDÓÑEZ
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: PROCESO DISCIPLINARIO: terminación anticipada del proceso y uso de una
grabación sin el consentimiento como prueba en un proceso disciplinario. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL: se encuentra acreditada como causal general de procedibilidad de la
acción de tutela. DEFECTO FÁCTICO: no se encuentra acreditado. DEFECTO
SUSTANTIVO: no se encuentra acreditado. DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN: no se encuentra
acreditada. VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN: no se encuentra acreditada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala se pronunciará en relación con la acción de tutela1 instaurada por el señor
Sebastián Gómez Ordóñez, en nombre propio, de conformidad con lo consagrado
en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto
2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 30 de julio de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a los principios de legalidad y de tipicidad disciplinaria.

Hechos relevantes

2. A partir de lo indicado en el escrito de tutela y de los documentos obrantes en el
expediente, se extrae lo siguiente.

3. El 4 de agosto de 2023, la señora Cielo Romero Velasco interpuso queja
disciplinaria en contra de los abogados Sebastián Gómez Ordóñez, Diego Fernando
Narváez Guerrero y el inspector de policía Cristián Camilo López Mejía.

4. En su escrito, la quejosa manifestó que le notificaron un oficio de la Inspección
de Policía de Mercaderes Cauca en el que la citaron a una audiencia de conciliación
el 1° de septiembre de 2022, la cual fue convocada mediante oficio por Luis

1
Que ingresó al despacho para fallo el 21 de agosto de 2026.

1

Radicación número: 11001-031-50-00-2026-06129-00
Accionante: Sebastián Gómez Ordóñez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Ezequías Romero Velasco (su hermano) y se relacionaba con un bien inmueble
urbano ubicado en el municipio de Mercaderes Cauca. La señora Cielo Romero
Velasco manifestó que se presentó a la diligencia, pero aquella no se realizó por la
inasistencia del convocante. Señaló que ese mismo día pidió que le exhibieran el
documento a través del cual el señor Luis Ezequías Romero Velasco solicitó la
diligencia y comprobó que la firma no correspondía y relacionaba un correo que no
pertenecía a su hermano. La audiencia de conciliación fue reprogramada para el 7
de septiembre de 2022, pero no se realizó por desistimiento del convocante.

5. La quejosa también afirmó que el 8 de febrero de 2023 le llegó citación para
audiencia de conciliación programada para el 10 de febrero de 2023, a la cual
asistió. Indicó que, en esa diligencia, fue hostigada por los abogados Sebastián
Gómez Ordóñez, Diego Fernando Narváez Guerrero y también que el inspector de
policía Cristián Camilo López Mejía no les exigió poder ni la debida identificación.
Además, señaló que solicitó grabar la diligencia, a lo que le dijeron que podía
registrar el audio. Finalmente, la quejosa sostuvo que se le notificó una querella por
perturbación a la posesión interpuesta en la Inspección de Policía de Mercaderes,
Cauca, el 10 de junio de 2023. Advirtió que los correos del trámite de parte del
querellante se habían enviado desde Popayán y los oficios señalaban como lugar
de envío la Unión, Nariño, pero el señor Luis Ezequías Romero Velasco se
encontraba fuera del país.

6. El proceso correspondió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cauca
(radicado núm. 19001-25-02-000-2023-00275-00). En la audiencia de pruebas y
calificación provisional del 12 de marzo de 2026, mediante auto interlocutorio núm.
050 de 2026 notificado en estrados, el magistrado del despacho 003, Héctor Fabio
Calvache, dispuso la terminación anticipada del proceso en favor de Sebastián
Gómez Ordóñez, Diego Fernando Narváez Guerrero y Cristián Camilo López Mejía
por considerar que se daban los presupuestos del artículo 103 de la Ley 1123 de
20072, puesto que los hechos no constituían falta disciplinaria.

7. Como fundamento de su decisión, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
del Cauca relacionó varias pruebas, entre las que incluyó el registro de la audiencia
de conciliación del 10 de febrero de 2023. A partir de esta grabación, evidenció que
aquella diligencia contó con la comparecencia de la señora Cielo Romero Velasco,
los señores Diego Fernando Narváez Guerrero y Sebastián Gómez Ordóñez, y el
inspector de policía Cristián Camilo López Mejía. También verificó que la señora
Cielo Romero Velasco había solicitado copia de los poderes de los abogados y del
acta de conciliación al inspector de policía, el cual respondió el 11 de octubre de
2023 que la audiencia no se había instalado por la no comparecencia del solicitante,
por lo que no contaba con el acta ni los poderes de los abogados. La Comisión
Seccional también relacionó la declaración del señor Luis Ezequías Romero
Velasco, quien manifestó que tenía una relación de servicios profesionales y

2
“ARTÍCULO 103. TERMINACIÓN ANTICIPADA. En cualquier etapa de la actuación disciplinaria
en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está
prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinable no la cometió, que existe una causal
de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario
de conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará la terminación del
procedimiento”.

2

Radicación número: 11001-031-50-00-2026-06129-00
Accionante: Sebastián Gómez Ordóñez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

asesoría con los señores Diego Fernando Narváez Guerrero y Sebastián Gómez
Ordóñez desde el año 2022, en relación con un proceso de recuperación de un
inmueble. Adicionalmente, el testigo manifestó que les había otorgado poder a los
abogados de forma voluntaria y reconoció los documentos de la solicitud de
conciliación y la querella policiva e indicó que la firma le pertenecía.

8. Verificado lo anterior en la audiencia de pruebas y calificación de la conducta, la
Comisión Seccional consideró que la inexistencia de un poder escrito no desvirtuaba
la configuración de dicho contrato, mandato que sí se perfeccionó. Señaló que la no
instalación de las diligencias obedeció a circunstancias ajenas a la voluntad de los
profesionales del derecho, pues se dio por la no comparecencia del convocante y
las dificultades técnicas de conexión. Finalmente, observó que la ausencia de
reconocimiento de personería jurídica en la diligencia del 10 de febrero desvirtuaba
cualquier afirmación tendiente a atribuir una intervención irregular o indebida a los
profesionales en derecho.

9. Inconforme con la decisión, la quejosa presentó recurso de apelación, en el cual
indicó que la persona que la hostigó fue Sebastián Gómez Ordóñez. Mediante
providencia del 11 de junio de 2026, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
revocó parcialmente la decisión de terminación anticipada y dispuso que se
continuara con la investigación en contra de Sebastián Gómez Ordóñez.
Igualmente, decretó la nulidad parcial, respecto de las actuaciones relacionadas con
Cristián Camilo López Mejía.

10. Como fundamento de su decisión, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
sostuvo que el a quo acertó al considerar que los señores Diego Fernando Narváez
Guerrero y Sebastián Gómez Ordóñez contaban con un mandato y, por tanto,
estaban legitimados para actuar en nombre del señor Luis Ezequías Romero
Velasco. Con relación al alegato de que no era cierto que el día de la programación
de la audiencia no hubiera internet, la Comisión consideró que la declaración
juramentada del señor Luis Ezequías Romero Velasco evidenciaba que la diligencia
programada para ese día no se realizó por circunstancias ajenas a los abogados.
Finalmente, frente a que la señora se sintió hostigada por las manifestaciones de
Sebastián Gómez Ordóñez, la autoridad judicial señaló que estaba establecido que
el señor contaba con un mandato de representación de Luis Ezequías Romero
Velasco y actuaba en calidad de abogado. Por lo anterior, estimó necesario que se
continuara la investigación respecto de si se infringió o no el deber profesional.
Igualmente, sostuvo que el a quo investigó a Cristián Camilo López Mejía en calidad
de abogado, pero este había obrado como inspector de policía. Por ello, afirmó que
lo procedente era que su conducta fuera investigada y juzgada de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 2, inciso 6, y 240 de la Ley 1952 de 2019.

Pretensiones

11. En el presente proceso de tutela, el demandante solicitó lo siguiente (se
transcribe textualmente):

3

Radicación número: 11001-031-50-00-2026-06129-00
Accionante: Sebastián Gómez Ordóñez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

“PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso,
legalidad, tipicidad disciplinaria y acceso a la administración de justicia
del suscrito SEBASTIÁN GÓMEZ ORDÓÑEZ.
SEGUNDA. Dejar sin efectos de manera parcial la providencia
proferida el once (11) de junio de 2026 por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial dentro del radicado N.° 190012502000202300275
01, exclusivamente en cuanto revocó la terminación anticipada
respecto del accionante y ordenó continuar la actuación disciplinaria
en su contra”3.

Fundamentos de la demanda de tutela

12. La parte accionante sostuvo que la decisión de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial incurrió en un defecto sustantivo. Al respecto, señaló que la
autoridad judicial ordenó continuar con la investigación disciplinaria sin informar cuál
era la disposición infringida por el señor Sebastián Gómez Ordóñez y no encuadró
la conducta en ninguno de los tipos disciplinarios del artículo 33 de la Ley 1123 de
2007. Por lo anterior, indicó que la decisión infringió el artículo 103 de la Ley 1123
de 2007 que permite la terminación anticipada cuando los hechos no son
constitutivos de falta disciplinaria. También argumentó que la autoridad incurrió en
un defecto fáctico, pues valoró la grabación de la audiencia de conciliación del 10
de febrero de 2023, la cual consideró que era ilícita puesto que (i) la grabación se
realizó sin su consentimiento, (ii) se trata de una audiencia de conciliación que,
según el accionante, está sometida a reserva y no puede ser usada en procesos
posteriores, (iii) la prueba ilícita no puede fundar ninguna conclusión, (iv) la
transcripción de la grabación es ilícita4. Del mismo modo, observó que, aunque se
valoró la prueba ilícita, no se valoró integralmente. Para finalizar, afirmó que la
valoración de dicha grabación fue contraevidente, puesto que la autoridad extrajo
una infracción disciplinaria, la cual no está soportada por el material.

13. Además, la parte actora manifestó que la decisión no fue motivada, pues
aunque señaló que debía valorarse si el actor infringió o no su deber profesional al
realizar manifestaciones de un posible arreglo, no precisó cuál deber profesional,
de qué manera la conducta constituyó una infracción, qué elementos deberían
probarse, cuál sería el tipo disciplinario aplicable y por qué el registro audiovisual
podía ser usado válidamente. Por otra parte, el actor se refirió una violación directa
de la Constitución, pues se vulneró el artículo 29, en la medida en que la autoridad
no respetó el principio de legalidad, del cual se desprende el de tipicidad.

Trámite procesal

14. Por medio de auto del 5 de agosto de 2026, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial. Igualmente, dispuso la vinculación de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Cauca, el Ministerio Público, los ciudadanos Diego Fernando
Narváez Guerrero, Cristián Camilo López Mejía, Cielo Romero Velasco y los demás

3
Ver archivo “004ED_002Demanda”, pág. 10.
4
La Sala advierte que el actor presentó los argumentos sobre la ilicitud de la prueba en un apartado
diferente al del defecto fáctico.

4

Radicación número: 11001-031-50-00-2026-06129-00
Accionante: Sebastián Gómez Ordóñez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

intervinientes dentro del proceso disciplinario radicado núm. 19001-25-02-000-
2023-00275-00/01. Entre otras decisiones.

Intervenciones

15. El magistrado Héctor Fabio Calvache, titular del despacho núm. 03 de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cauca, solicitó su desvinculación
y declarar improcedente la acción de tutela frente a él. Señaló que, mediante auto
del 27 de julio de 2026, el despacho acató la providencia A-15664 del 11 de junio
de 2026 de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que declaró la nulidad parcial
de lo actuado frente al trámite disciplinario de Cristián Camilo López Mejía y decidió
continuar la investigación frente a Sebastián Gómez Ordóñez. Adicionalmente,
remitió copia del expediente disciplinario.

16. El despacho del magistrado Alfonso Cajiao Cabrera de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial manifestó que la tutela debe “declararse
improcedente [y] se deben negar las solicitudes elevadas”5. En cuanto a los
requisitos formales, la autoridad argumentó que la tutela es un mecanismo residual
y el proceso disciplinario no ha terminado, por lo que el accionante tendrá los
recursos correspondientes frente a las decisiones que lleguen a tomarse. Respecto
de las consideraciones de fondo, señaló que la decisión no vulneró los derechos del
accionante y la decisión fue tomada de manera regular. Además, indicó que,
mediante la providencia, devolvió la actuación a una etapa investigativa, por lo que
no podía pronunciarse sobre la tipicidad de la conducta. Por otro lado, remitió copia
del expediente disciplinario.

17. El señor Diego Fernando Narváez Guerrero coadyuvó en su totalidad lo
manifestado por el accionante en su escrito de tutela. Consideró que la decisión de
segunda instancia revocó la terminación anticipada del proceso disciplinario sin
argumentos fácticos o jurídicos que lo justificaran.

18. Pese a haber sido notificadas en debida forma6, las demás partes guardaron
silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

19. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

5
Ver “28_RECIBEMEMORIAL_Memorial_INFORMETUTELAGOMEZ1_1_20260813072313728”,
pág. 6.
6
Véase índices 7 y 21 de Samai.

5

Radicación número: 11001-031-50-00-2026-06129-00
Accionante: Sebastián Gómez Ordóñez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

20. De conformidad con lo expuesto, la Sala de la Subsección entiende que el
problema jurídico se circunscribe a responder si la presente acción de tutela cumple
con los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales, en particular, el
de relevancia constitucional.

21. De superar el análisis, este órgano colegiado establecerá si la autoridad judicial
accionada, mediante la providencia del 11 de junio de 2026, incurrió en los defectos
alegados. En ese sentido, la Sala examinaría si se configuró: (i) defecto fáctico, por
la valoración de la grabación de la audiencia de conciliación del 10 de febrero de
2023, por su no valoración integral y por la valoración contraevidente de aquella; (ii)
defecto sustantivo, por no haber aplicado en debida forma el artículo 103 de la Ley
1123 de 2007, ya que no encuadró la conducta bajo ninguno de los tipos
disciplinarios del artículo 33 de dicha ley; (iii) decisión sin motivación, por decidir
continuar con la investigación sin señalar el deber profesional infringido, el tipo
disciplinario aplicable, entre otros, y (iv) violación directa de la Constitución, por
vulnerar el principio de tipicidad.

22. Si la demanda cumple con el requisito de relevancia constitucional, la Sala
estima pertinente tratar en conjunto los problemas relativos al defecto sustantivo,
decisión sin motivación y violación directa de la Constitución. En efecto, estos
defectos se refieren al mismo punto: a que la autoridad no calificó la conducta bajo
algún tipo disciplinario de los previstos en la Ley 1123 de 2007.

23. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar el caso
concreto, particularmente: (i) los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, (ii) la validez de la prueba de las grabaciones sin
consentimiento de una audiencia de conciliación, (iii) las etapas del proceso
disciplinario previsto en la Ley 1123 de 2007 y (iv) el análisis de los defectos
alegados.

Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales

24. De conformidad con el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590
de 20057, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y
exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar
que concurren siete causales genéricas de procedencia y al menos una específica.

25. De manera frecuente, la Corte ha indicado que, en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar8: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una

7
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
8
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.

6

Radicación número: 11001-031-50-00-2026-06129-00
Accionante: Sebastián Gómez Ordóñez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

sentencia de tutela9, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional10 o el Consejo de Estado11,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)12; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable13 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico, y (vii) que,
cuando se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir, que, si tal error no hubiere ocurrido, el
alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Sobre la validez de la prueba de las grabaciones sin consentimiento de una
audiencia de conciliación

26. La Corte Constitucional14 ha establecido la posibilidad de usar grabaciones sin
consentimiento como pruebas en el marco de procesos disciplinarios, siempre que
se cumplan varias condiciones: (i) la persona que graba debe ser un receptor
legítimo de la información, esto es, quien graba debe pertenecer al núcleo familiar,
social o gremial en el que se genera la conversación; (ii) quien aporta la grabación
debe tener la convicción de que el contenido constituye una falta disciplinaria al
momento de registrarla; (iii) la persona grabada debe ser alguien que cumpla
funciones públicas y que se encuentre en ejercicio de ellas, por lo que están
excluidos espacios íntimos o cualquier otro espacio ajeno al cumplimiento de las
funciones, y (iv) la grabación no puede ser realizada de mala fe o corresponder a
un plan para inducir o manipular la comisión de la conducta. Esta misma
aproximación respecto al uso de grabaciones sin el consentimiento en procesos
disciplinarios ha sido sostenida por el Consejo de Estado15, de suerte que, aunque
no obre prueba del consentimiento de los interlocutores, es posible valorar dichas
grabaciones siempre y cuando se cumplan las anteriores condiciones.

9
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
11
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
13
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-371 de 2021.
15
Consejo de Estado, 25 de mayo de 2023, radicados 11001-03-28-000-2022-00034-00, 11001-03-
28-000-2022-00041-00, 11001-03-28-000-2022-00052-00 y 11001-03-28-000-2022-00100-00,
consejera ponente Rocío Araújo Oñate.

7

Radicación número: 11001-031-50-00-2026-06129-00
Accionante: Sebastián Gómez Ordóñez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

27. Por otro lado, la Ley 2220 de 2022, “Por medio de la cual se expide el estatuto
de conciliación y se dictan otras disposiciones”, no establece explícitamente el
carácter reservado del contenido de las audiencias de conciliación. Esta norma, en
su artículo 4°, numeral 4°, establece la obligación de la confidencialidad sobre los
asuntos de la conciliación, incluyendo fórmulas de acuerdo que se propongan y los
datos sensibles de las partes, los cuales no pueden usarse en el proceso
subsiguiente cuando tenga lugar. Dicha obligación que impide usar el contenido de
la conciliación refiere al proceso para el cual se realiza la diligencia y no a todos los
procesos posteriores.

28. Además, en gracia de discusión, incluso si el contenido de una audiencia de
conciliación estuviera sujeto a reserva, al examinar la constitucionalidad del artículo
189 del Código General Disciplinario –Ley 1952 de 2019–, la Corte Constitucional16
consideró que la autoridad disciplinaria puede acceder a documentos sujetos a
reserva. En efecto, lo anterior es una materialización de la necesidad de contar con
elementos que conduzcan a la certeza sobre la existencia de faltas disciplinarias,
en atención al ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado.

Sobre las etapas del proceso disciplinario previsto en la Ley 1123 de 2007

29. La Ley 1123 de 2007 establece el proceso disciplinario destinado a los
abogados en ejercicio que asesoran, patrocinan o asisten a personas naturales o
jurídicas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas. De
acuerdo con los artículos 67 y 102 de la citada norma, la acción disciplinaria puede
iniciar por una queja, por informe proveniente de servidor público, de oficio o por
información que amerite credibilidad. Por otra parte, el proceso puede terminar en
cualquier etapa, siempre que se demuestre plenamente que el hecho atribuido no
existió, que la conducta no está prevista como falta disciplinaria, que el disciplinable
no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad o que la
obligación no podía iniciarse o proseguirse.

30. De acuerdo con el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, una vez acreditada la
calidad de disciplinable del denunciado, la autoridad judicial debe dictar auto de
apertura de proceso disciplinario, en el cual se señalará fecha y hora para la
audiencia de pruebas y calificación provisional.

31. En la audiencia de pruebas y calificación provisional, el disciplinable rendirá
versión libre o, si lo estima, su abogado se podrá manifestar frente a los hechos,
aportar o solicitar pruebas. En la misma audiencia, la autoridad decidirá sobre la
pertinencia y conducencia de las pruebas. Una vez evacuado lo anterior, surgen dos
posibilidades en la audiencia: la autoridad puede terminar el proceso o formular
cargos. En caso de que opte por formular cargos, esta deberá contener de forma
expresa y motivada la imputación jurídica y fáctica, así como la modalidad de la
conducta. Al finalizar la audiencia, la autoridad podrá decretar las pruebas
adicionales solicitadas y fijar la fecha para la audiencia pública de juzgamiento.

16
Sentencia C-030 de 2024.

8

Radicación número: 11001-031-50-00-2026-06129-00
Accionante: Sebastián Gómez Ordóñez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

32. Finalmente, en la audiencia de juzgamiento, la autoridad practicará las pruebas
pendientes, concederá la palabra a las partes y, eventualmente, podrá variar los
cargos. Evacuado lo anterior, el a quo proferirá sentencia, la cual contendrá la
identidad del investigado, el resumen de los hechos, el análisis de las pruebas que
dan certeza sobre la falta y la responsabilidad, la valoración jurídica de los cargos y
los argumentos de defensa, así como la fundamentación de la calificación de la falta,
la culpabilidad, la sanción o la absolución.

33. De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el momento procesal en el cual
la autoridad disciplinaria debe calificar la conducta corresponde al pliego de cargos,
el cual es proferido en la audiencia de pruebas y calificación provisional. Antes de
esta etapa, debe desarrollarse la fase investigativa, a través de la cual pueda
determinarse si es pertinente proferir el pliego de cargos o si se termina la actuación
disciplinaria.

Caso concreto

34. Después de realizar las anteriores aclaraciones, la Sala estudiará la legitimación
en la causa y revisará en el caso concreto los elementos formales. En caso de
superarlos, se iniciará el estudio de mérito.

Legitimación en la causa

35. El señor Sebastián Gómez Ordóñez cuenta con legitimación en la causa por
activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya
vulneración invoca, al ser presuntamente la persona directamente afectada por la
decisión adoptada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

36. De igual manera, la Sala considera que el requisito de legitimación en la causa
por pasiva está satisfecho, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, autoridad que emitió la providencia a la
que se le atribuye la trasgresión de los derechos fundamentales reclamados por el
accionante.

37. Por otra parte, la Sala negará la solicitud de desvinculación del despacho núm.
03 de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cauca, dado que fue la
autoridad judicial de primera instancia en el proceso disciplinario (radicado núm.
19001-25-02-000-2023-00275-00), por tanto, le asiste interés directo en la decisión.

Estudio de forma de la demanda de tutela

38. En primer lugar, la Sala considera satisfecho el requisito de subsidiariedad. Si
bien el proceso disciplinario continúa en trámite y el accionante podrá ejercer las
garantías de defensa y contradicción frente a las decisiones que posteriormente se
adopten, tales mecanismos no resultan idóneos ni eficaces para controvertir la
afectación específica que atribuye a la providencia del 11 de junio de 202617. En
efecto, el reproche constitucional no se dirige contra una eventual formulación de

17
Corte Constitucional, sentencia SU-388 de 2021.

9

Radicación número: 11001-031-50-00-2026-06129-00
Accionante: Sebastián Gómez Ordóñez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

cargos o una futura decisión sancionatoria, sino contra el auto mediante el cual la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó la terminación anticipada que había
puesto fin a la actuación respecto del señor Sebastián Gómez Ordóñez y ordenó
continuar la investigación en su contra. Esa determinación produjo un efecto
procesal autónomo e inmediato —la reapertura de una actuación que había
finalizado favorablemente para el disciplinable— y no se acreditó la existencia de
un recurso mediante el cual pudiera obtenerse su revisión dentro del trámite
ordinario. En esas condiciones, exigir al accionante que espere hasta una eventual
decisión de fondo para cuestionar la legalidad constitucional de la providencia que
dispuso reanudar el procedimiento haría ineficaz la protección respecto de la
afectación actualmente alegada, pues para entonces ya habría soportado
íntegramente los efectos de la decisión que pretende controvertir. Por consiguiente,
las oportunidades de defensa que subsisten dentro del proceso disciplinario no
desplazan, en las circunstancias particulares del caso, la intervención del juez
constitucional respecto de este acto interlocutorio.

39. Esta conclusión no supone que la acción de tutela proceda, por regla general,
contra las decisiones interlocutorias dictadas en procesos judiciales o disciplinarios
en curso. La excepcionalidad se explica, en este asunto, porque la providencia
cuestionada modificó una situación procesal ya definida favorablemente para el
accionante —la terminación anticipada de la actuación— y el ordenamiento no le
ofrece un mecanismo inmediato para controvertir específicamente esa
determinación. Además, los cuestionamientos formulados se relacionan
directamente con las garantías de legalidad, tipicidad y debido proceso disciplinario,
de modo que diferir su examen hasta una eventual sentencia podría privar de efecto
útil el control constitucional de la decisión que ordenó proseguir una actuación que
había sido terminada.

40. En segundo lugar, la acción se presentó dentro de un plazo razonable, porque
la providencia enjuiciada se notificó el 18 de junio de 202618 y la tutela se interpuso
el 30 de julio de 2026. En tercer lugar, no se invoca una irregularidad procesal, por
lo que este requisito no es aplicable en esta oportunidad. En cuarto lugar, el
accionante identificó claramente los hechos relativos a la decisión de segunda
instancia en el proceso identificado con radicado núm. 19001-25-02-000-2023-
00275-00/01, en la cual alegó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
vulneró sus derechos al acceso a la administración de justicia y a los principios de
legalidad y de tipicidad disciplinaria. En quinto lugar, no se trata de una sentencia
de tutela, de una decisión expedida en ejercicio del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado19 ni
de una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz20.

41. En este contexto, la Sala advierte que se cumple con el requisito de relevancia
constitucional, dado que la parte actora explicó las razones por las cuales consideró

18
Ver expediente 19001-25-02-000-2023-00275-00/01, archivo “008 S.J.- 19258-KMCH DIS
SEBASTIÁN 190012502000202300275-01”.
19
Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-379 de 2019, SU-355 de
2020, SU-388 de 2021, SU-074 de 2022 y SU-114 de 2023.
20
Corte Constitucional, Sentencias SU-478 de 2014 y SU-388 de 2023.

10

Radicación número: 11001-031-50-00-2026-06129-00
Accionante: Sebastián Gómez Ordóñez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a los principios de legalidad y de
tipicidad disciplinaria. De igual modo, no es un asunto de mera legalidad o de
discrepancia interpretativa, sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita
la intervención del juez constitucional. Tampoco se trata de una discusión que se
haya tratado en el proceso disciplinario, toda vez que el actor cuestiona una decisión
que encausa nuevamente el proceso en una etapa investigativa después de que
hubiera sido terminado anticipadamente. Por lo anterior, se trata de un asunto que
tiene “la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental”21 y se justifica en la medida de
una posible “afectación desproporcionada a derechos fundamentales22”.

42. De conformidad con lo expuesto, esta Subsección estudiará de fondo la
procedencia de la demanda.

Estudio de los defectos

43. La Sala negará el amparo constitucional, por cuanto no se configuró el defecto
fáctico, el defecto sustantivo, la decisión sin motivación o la violación directa de la
Constitución.

44. Defecto fáctico: La parte accionante sostuvo que la Comisión Nacional de
Disciplina judicial incurrió en un defecto fáctico por tres razones. En primer lugar,
señaló que la autoridad judicial valoró una prueba ilícita, a saber, la grabación de la
audiencia de conciliación del 10 de febrero de 2023. De acuerdo con el accionante,
esta prueba es ilícita, toda vez que: (i) la grabación se realizó sin su consentimiento,
(ii) se trata de una audiencia de conciliación que, según el accionante, está sometida
a reserva y no puede ser usada en procesos posteriores, (iii) la prueba ilícita no
puede fundar ninguna conclusión, (iv) la transcripción de la grabación también es
ilícita. En segundo lugar, de acuerdo con el accionante, la providencia incurrió en el
defecto fáctico, pues, aunque se valoró una prueba ilícita, considera que la autoridad
omitió realizar una valoración integral sobre la mencionada grabación. En tercer
lugar, afirmó que la autoridad judicial valoró de manera contraevidente la
transcripción de la grabación, pues extrajo la hipótesis de una infracción
disciplinaria, lo cual no soporta el texto. Como se aprecia, todos los alegatos
relativos al defecto fáctico versan sobre la supuesta incorporación y valoración de
una prueba que considera que es ilegal.

45. Respecto al defecto fáctico, la Sala advierte que la autoridad judicial no se refirió
a la grabación de la audiencia de conciliación en la argumentación de su decisión.
En efecto, la Comisión Nacional observó que, al examinar la queja relativa al
presunto hostigamiento, el a quo concluyó que estaba desvirtuada cualquier
intervención irregular o indebida, toda vez que en la diligencia de conciliación no se
reconoció personería jurídica a los abogados. Sin embargo, la autoridad de segunda
instancia consideró que la declaración del señor Luis Ezequías Romero Velasco
probó que el accionante contaba con un mandato y obró en calidad de abogado.

21
Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
22
Ibid.

11

Radicación número: 11001-031-50-00-2026-06129-00
Accionante: Sebastián Gómez Ordóñez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

46. Por lo anterior, consideró que debía valorarse si el tutelante había infringido su
deber profesional al intentar realizar un posible arreglo con la señora Cielo Romero
Velasco. Como puede apreciarse, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no
incluye en su argumentación mención alguna a la grabación de la audiencia de
conciliación. Al contrario, la providencia solo relaciona esa grabación en los
antecedentes de la decisión, particularmente, en el acápite “DECISIÓN DE
PRIMERA INSTANCIA”23, donde señala que el a quo hizo referencia a dicha
grabación.

47. En todo caso, la Sala considera innecesario emitir un pronunciamiento definitivo
sobre la licitud de la grabación cuestionada. Aun si, en gracia de discusión, se
admitiera la tesis del accionante acerca de su eventual exclusión, esa circunstancia
no tendría incidencia decisiva en la providencia cuestionada, pues la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial no fundó en dicho registro audiovisual la
determinación de continuar la actuación disciplinaria. Como se expuso, la autoridad
tomó en consideración la existencia del mandato conferido al accionante, su
actuación en calidad de abogado y la necesidad de establecer, a través de la
investigación integral, si las manifestaciones atribuidas podían comprometer algún
deber profesional. En consecuencia, no se acredita que la exclusión de la grabación
condujera necesariamente a una decisión distinta.

48. Por lo anterior, la Sala negará las pretensiones respecto al defecto fáctico, pues
la prueba que la parte actora consideró ilícita no fue usada por la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial en su argumentación, la cual se apoyó en otros elementos de
juicio. Además, en gracia de discusión, la grabación de la audiencia de conciliación
no es una prueba ilícita como manifiesta la parte actora.

49. Defecto sustantivo, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución:
El accionante sostuvo que se configuró un defecto sustantivo porque ordenó
continuar la investigación sin informar cuál era la disposición infringida y no
encuadró la conducta en ninguno de los tipos disciplinarios del artículo 33 de la Ley
1123 de 2007. Por lo anterior, consideró que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial no aplicó en debida forma el artículo 103 de la Ley 1123 de 2007, que
autoriza la terminación anticipada del proceso. Además, también consideró que la
decisión no estuvo motivada, pues la autoridad decidió continuar con la
investigación sin señalar el deber profesional infringido, de qué manera la conducta
constituyó una infracción, qué elementos deberían probarse, cuál sería el tipo
disciplinario aplicable y por qué el registro audiovisual podía ser usado válidamente.
Finalmente, señaló que la decisión violó directamente el artículo 29 de la
Constitución, pues vulneró el principio de tipicidad al no encuadrar la conducta en
ninguna de las faltas tipificadas en la Ley 1123 de 2007.

50. Es posible agrupar los anteriores defectos, salvo los alegatos que refieren a la
prueba ilícita, los cuales ya fueron respondidos. En efecto, cada uno de los defectos
mencionados se refieren al mismo punto: a que la autoridad no calificó la conducta
bajo algún tipo disciplinario de los previstos en la Ley 1123 de 2007. Por ello, se
responderán en conjunto.

23
Ver archivo “006 PROVIDENCIA 190012502000202300275-01”, págs. 5-15.

12

Radicación número: 11001-031-50-00-2026-06129-00
Accionante: Sebastián Gómez Ordóñez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

51. En el presente caso, la Sala advierte que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial no estaba obligada a calificar la conducta bajo algún tipo disciplinario. La
autoridad judicial devolvió la actuación a la Comisión Seccional para que aquella
estableciera si había lugar o no a calificar la conducta. En ese sentido, el proceso
regresó a una etapa procesal previa incluso a la audiencia de pruebas y calificación
de la conducta. Por ello, no corresponde a la autoridad de segunda instancia calificar
la conducta, puesto que, en el presente caso, es el a quo el que debe tomar esa
decisión por medio del pliego de cargos dictado en la audiencia de pruebas y
calificación si a ello hubiere lugar. De hecho, la Comisión Nacional señaló en la
providencia cuestionada que, con el fin de determinar si existió o no la falta, era
posible que se decretaran las pruebas necesarias, pertinentes y conducentes para
ello.

52. La Sala no comparte la premisa del accionante según la cual la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial estaba obligada, al revocar la terminación anticipada,
a identificar de manera definitiva el tipo disciplinario aplicable a la conducta. La
providencia cuestionada no formuló cargos ni declaró responsabilidad disciplinaria,
sino que concluyó que no se encontraban satisfechos los presupuestos para
mantener la terminación anticipada prevista en el artículo 103 de la Ley 1123 de
2007 respecto de las manifestaciones atribuidas a Sebastián Gómez Ordóñez. En
consecuencia, dispuso continuar la actuación para determinar, mediante una
investigación integral y con las pruebas pertinentes, si tales hechos configuraban o
no una infracción disciplinaria.

53. Por consiguiente, la falta de una calificación jurídica definitiva en la providencia
del 11 de junio de 2026 no configura, por sí misma, defecto sustantivo, ausencia de
motivación ni violación directa del principio de tipicidad. Precisamente, la decisión
cuestionada dejó abierta la investigación para que la autoridad competente
estableciera, en la oportunidad procesal correspondiente y con observancia del
derecho de defensa, si existía mérito para efectuar la respectiva calificación
disciplinaria. En ese sentido, la Comisión explicó las razones por las cuales
consideró prematuro cerrar definitivamente la actuación y delimitó el aspecto que
debía continuar siendo investigado, de modo que no se advierte una decisión
arbitraria o carente de fundamento

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada
por el señor Sebastián Gómez Ordóñez, en nombre propio, contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

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Radicación número: 11001-031-50-00-2026-06129-00
Accionante: Sebastián Gómez Ordóñez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

14

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