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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06139-00

Fecha
22 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06139-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-06139-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

22 de septiembre de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintidós (22) de septiembre dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-06139-00
Demandante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO POR NO
ACREDITARSE SATISFECHO EL REQUISITO DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la sentencia de segunda instancia que declaró la
responsabilidad del Estado por la lesión de un conscripto y reconoció los perjuicios derivados de esa
afectación. La Sala declarará improcedente la acción de tutela, por cuanto los reparos formulados no
satisfacen el requisito de relevancia constitucional, en tanto se dirigen a controvertir la valoración
probatoria y las conclusiones adoptadas por el juez natural, con el propósito de reabrir un debate
propio del medio de control de reparación directa.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por el Ministerio de Defensa Nacional en
contra del Tribunal Administrativo de Santander para la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad y debido proceso consagrados en los artículos 13 y 29 de la
Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 23 de
abril de 2026.

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1 Mediante escrito radicado el 4 de agosto de 2026 (SAMAI, índice 02).

2
Expediente: 11001-03-15-000-2026-06139-00
Actor: Ministerio de Defensa Nacional
Acción de tutela

1) Los señores Jhonnathan Sebastián Espinosa Álvarez y Belinda Álvarez Niño
promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra
de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, para que se declarara la
responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado y, en consecuencia, se
ordenara la reparación de los perjuicios derivados de las enfermedades que el primero
adquirió durante la prestación del servicio militar obligatorio y de la falta de atención
médica posterior a su retiro.

2) Mediante sentencia del 25 de noviembre de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga negó las pretensiones de la demanda, tras
considerar que las patologías presentadas por el señor Espinosa Álvarez fueron
atendidas en el servicio y no se acreditó una falla en la atención médica suministrada por
el Ejército Nacional, en razón a que los elementos de prueba no permitían establecer que
el origen de las patologías estuvo relacionado con una caída o algún otro acontecimiento
ocurrido durante la prestación del servicio militar y tampoco se acreditó su estado actual
ni que aquellas fueran consecuencia de una atención médica inadecuada u inoportuna.

3) La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que i) cuestionó la
valoración probatoria efectuada por el juzgado, pues a su juicio, sí se acreditó que el
señor Espinosa Álvarez ingresó al Ejército Nacional en condiciones óptimas de salud y
que al momento de su retiro presentaba varias patologías, entre ellas, escoliosis lumbar;
ii) sostuvo que no era necesario demostrar la agravación de esas enfermedades por la
falta de atención médica posterior al retiro ni aportar una calificación de pérdida de
capacidad laboral, pues la demanda también se sustentó en que las afecciones surgieron
durante la prestación del servicio militar y en el incumplimiento del deber de la entidad de
garantizar su atención y recuperación y iii) los testimonios, el interrogatorio de parte y los
antecedentes médicos permitían acreditar las limitaciones padecidas y su relación con
las actividades desarrolladas durante la conscripción.

4) Mediante sentencia del 23 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Santander
revocó la decisión de primera instancia, pues consideró que el asunto no debía analizarse
únicamente bajo el régimen subjetivo de falla del servicio por la atención médico-sanitaria,
sino también desde el régimen objetivo de daño especial aplicable a quienes prestan el
servicio militar obligatorio.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06139-00
Actor: Ministerio de Defensa Nacional
Acción de tutela

5) La decisión se sustentó en que se encontró probado que el señor Espinosa Álvarez
ingresó al servicio militar sin diagnóstico de alguna patología en la columna, estuvo
sometido a actividades de alta exigencia física y al momento de su egreso presentó
escoliosis lumbar, circunstancias a partir de las cuales concluyó que las condiciones
propias del servicio fueron determinantes en la manifestación temprana de dicha
enfermedad.

6) En consecuencia, declaró la responsabilidad extracontractual de la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional, a título de daño especial, y reconoció a los demandantes
una indemnización equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes para
cada uno por concepto de perjuicios morales, para lo cual tuvo en cuenta que no existía
prueba suficiente de la pérdida de capacidad laboral ni de la gravedad, intensidad o
irreversibilidad de la enfermedad y, por ello, aplicó el rango previsto para lesiones no
severas.

Fundamento de la vulneración

La parte actora sostuvo que la sentencia del 23 de abril de 2026 incurrió en los defectos
fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

En relación con el defecto fáctico, alegó que el tribunal declaró la responsabilidad del
Estado por el desarrollo temprano de la escoliosis lumbar del señor Jhonnathan
Sebastián Espinosa Álvarez, pese a que no existían elementos de prueba suficientes
para determinar el origen y estado actual de la patología, la fecha de estructuración, la
pérdida de capacidad laboral ni su relación con la prestación del servicio militar
obligatorio.

Cuestionó que se acudiera al principio de libertad probatoria para concluir que las
condiciones propias de la actividad militar fueron determinantes en la manifestación
temprana de la escoliosis, pues consideró que con ello efectuó inferencias sobre
circunstancias que no estaban acreditadas y suplió la carga probatoria que correspondía
a la parte demandante.

Respecto al segundo defecto, sostuvo que la autoridad accionada se apartó de los
parámetros establecidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia
de unificación del 4 de septiembre de 2019, en relación con el reconocimiento y

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06139-00
Actor: Ministerio de Defensa Nacional
Acción de tutela

liquidación de los perjuicios inmateriales derivados de lesiones a la integridad psicofísica,
sin indicar el radicado ni ningún otro dato.

En particular, indicó que la propia sentencia cuestionada reconoció que no existía prueba
suficiente para determinar la pérdida de capacidad laboral ni la gravedad, intensidad o
irreversibilidad de la enfermedad y, pese a ello, presumió la existencia del perjuicio moral
y reconoció a los demandantes una indemnización equivalente a 10 salarios mínimos
legales mensuales vigentes para cada uno.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“Respetuosamente solicito al señor Juez de Tutela despachar favorablemente
la presente acción, entre otras por considerar que: 1) Existe violación al debido
proceso 2) Igualdad y 3) Seguridad Jurídica; que se están viendo afectados con
la decisión proferida pro el Tribunal accionando, en sentencia del 23 de abril
2026, al DESCONOCER EL PRECEDENTE JUDICIAL; para que se disponga
su protección y se ordene al despacho accionado, proteger los derechos
invocados disponga REHACER EL FALLO, con sujeción a la Sentencia de
Unificación del 4 de septiembre de 2019. La presente acción es procedente,
pues es instaurada dentro del término de Seis meses con sujeción al principio
de inmediatez; e igualmente, se cumplen los elementos para efectos de
interposición de la acción contra sentencia judicial”. (SAMAI, índice 02, fl. 1).

Actuación procesal

Mediante auto del 13 de agosto de 2026 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de
Santander y, como terceros con interés, se vinculó al titular del Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, al comandante del Ejército Nacional
y al señor Jhonnathan Sebastián Espinosa Álvarez, con el fin de que allegaran un informe
sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción (SAMAI, índice 04).

Intervenciones de las autoridades demandadas y terceros

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Santander solicitó negar el
amparo porque la sentencia cuestionada se sustentó en la valoración conjunta de las
pruebas obrantes en el expediente y en el régimen de responsabilidad aplicable a quienes

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Actor: Ministerio de Defensa Nacional
Acción de tutela

prestan el servicio militar obligatorio, de manera que los reparos de la parte actora
corresponden a una inconformidad con la valoración probatoria y la interpretación
efectuada en esa providencia.

En el expediente se encontraba acreditado que el señor Jhonnathan Sebastián Espinosa
Álvarez ingresó al servicio militar sin diagnóstico de patología lumbar, estuvo sometido a
actividades físicas de alta exigencia y al momento de su retiro presentó escoliosis lumbar,
además de que durante el servicio recibió recomendaciones médicas de reposo y
limitación de carga de peso; por tanto, la ausencia de un dictamen de pérdida de
capacidad laboral no impedía establecer el daño ni su imputación a partir de los demás
elementos de prueba.

Tampoco desconoció el precedente invocado, pues la demandante no identificó la regla
jurisprudencial de la sentencia de unificación del 4 de septiembre de 2019 que estimó
vulnerada y, en todo caso, la falta de prueba acerca de la pérdida de capacidad laboral y
la gravedad de la lesión fue precisamente la razón por la cual reconoció los perjuicios
morales en el rango más bajo (SAMAI, índice 11).

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga manifestó que
la solicitud de amparo está dirigida exclusivamente a cuestionar la sentencia de segunda
instancia, sin que en la demanda de tutela se formulara alguna pretensión en su contra o
se le atribuyera la vulneración de los derechos fundamentales invocados, en
consecuencia, la pretensión encaminada a que se profiera una nueva sentencia
corresponde exclusivamente a la autoridad judicial accionada (SAMAI, índice 12).

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos

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Actor: Ministerio de Defensa Nacional
Acción de tutela

constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Santander con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la
sentencia del 23 de abril de 2026.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por no encontrar satisfecho el requisito de relevancia constitucional,
por las siguientes razones:

2.1. La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de
los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
encuentra la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una
genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06139-00
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Acción de tutela

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente2, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal3”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.
En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.

2 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.

3 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.

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Actor: Ministerio de Defensa Nacional
Acción de tutela

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar,
en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso
que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales 4”, enfatizando
en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.5”.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,

sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
5 Idem.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06139-00
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Acción de tutela

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la
intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar
la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de
una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica
es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina
y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden
a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de
contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no
puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas
por los jueces naturales en su ejercicio y cualquier intento dirigido a reemplazar o
arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06139-00
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Acción de tutela

reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido
por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis
comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto
de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios6”.

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica,
que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y
comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente
cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados
en el caso concreto.

6 Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel

Cabo.

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2.2. Verificación del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

1) La parte actora alegó, de una parte, que la sentencia del 23 de abril de 2026 incurrió
en un defecto fáctico, porque el Tribunal Administrativo de Santander declaró la
responsabilidad del Estado por el desarrollo temprano de la escoliosis lumbar del señor
Jhonnathan Sebastián Espinosa Álvarez sin contar con elementos de prueba suficientes.

2) De otra parte, alegó el desconocimiento del precedente judicial, porque supuestamente
la autoridad judicial accionada se apartó de los parámetros establecidos por la Sección
Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 4 de septiembre de
2019 para el reconocimiento y liquidación de los perjuicios inmateriales derivados de
lesiones a la integridad psicofísica.

3) Sin embargo, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela, por cuanto
los cuestionamientos formulados no satisficieron el requisito de relevancia constitucional,
en la medida en que se dirigieron a controvertir la valoración probatoria y las conclusiones
a las que arribó el juez natural respecto de la responsabilidad del Ejército Nacional y del
reconocimiento de los perjuicios, con el propósito de que el juez constitucional sustituya
el criterio adoptado en la providencia cuestionada.

4) En efecto, a partir de la lectura de la providencia cuestionada se advierte que el tribunal
resolvió los aspectos probatorios que la parte actora pretende replantear, pues examinó
las condiciones de salud del señor Espinosa Álvarez al momento de su incorporación y
retiro del Ejército Nacional, las exigencias físicas a las que estuvo sometido durante la
prestación del servicio militar obligatorio y los elementos médicos obrantes en el
expediente para determinar si la escoliosis lumbar podía ser atribuida al servicio.

5) En desarrollo de ese análisis, dicha autoridad tuvo en cuenta que el señor Espinosa
Álvarez ingresó al servicio militar sin diagnóstico de alguna patología en la columna y fue
declarado apto en el examen de incorporación, así como que durante el servicio recibió
recomendaciones médicas de reposo, poca actividad física y limitación de carga de peso
y que al momento de su retiro fue diagnosticado con escoliosis lumbar, para lo cual
expuso:

“2.4.2. La imputación
El daño padecido por los demandantes es imputable al Ejército Nacional. Si bien
la escoliosis diagnosticada al joven Jhonnathan Sebastián Espinosa Álvarez

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corresponde a una enfermedad de origen común, se acreditó la presanidad del
conscripto, así como que su evolución o agravamiento ocurrió durante la
prestación del servicio militar obligatorio y tuvo relación con las actividades
propias de la conscripción.

Tratándose de personas que prestan el servicio militar obligatorio el análisis de
la responsabilidad estatal se enmarca en el régimen objetivo de daño especial,
derivado de la relación de sujeción que surge entre el conscripto y el Estado, en
virtud del cumplimiento forzoso de un deber constitucional. El Estado asume
una posición de garante reforzada respecto de la integridad sicofísica del
soldado, quien no se vincula de manera voluntaria ni tiene la posibilidad jurídica
de sustraerse a las condiciones en que se desarrolla el servicio.

Bajo ese régimen, la responsabilidad estatal se estructura cuando el conscripto
sufre una afectación que excede las cargas normales y razonables que debe
soportar cualquier ciudadano llamado a prestar el servicio militar. No se trata,
entonces, de indemnizar todo daño ocurrido durante la conscripción, sino
únicamente aquel que rompe el equilibrio frente a las cargas públicas, sin que
exista un deber jurídico de soportarlo.

Desde el punto de vista médico, la complicación de Jhonnathan Sebastián
Espinosa Álvarez, escoliosis, es una patología de origen, en la mayoría de
los casos, idiopático, esto es, sin causa identificable, que puede
permanecer latente y no detectable durante largos periodos de la vida y
se caracteriza por una desviación lateral anormal de la columna vertebral.
Su manifestación y progresión depende muchas veces de factores
biomecánicos, como el esfuerzo físico intenso, las cargas repetidas, las
posturas forzadas y los desequilibrios musculares sostenidos en el
tiempo.

La actividad militar implica un entrenamiento físico de alto rendimiento, cuyas
exigencias pueden ser altamente nocivas para enfermedades lumbares. Por lo
tanto, es evidente que la patología escoliosis es incompatible con actividades
físicas propias del servicio militar, que requieren esfuerzos superiores y pueden
agravar el cuadro clínico.

En el caso concreto, está probado que el demandante ingresó al servicio
militar sin diagnóstico de una patología en la columna, conforme al
examen de incorporación que lo declaró apto. Durante la prestación del
servicio, estuvo sometido a actividades de alta exigencia física propias de
la disciplina militar, tales como la carga permanente de equipo, el esfuerzo
prolongado y la restricción de reposo a voluntad. Las cargas físicas que
tenía que asumir están probadas, pues de otra forma no se explica por qué
durante la conscripción el médico tratante le hizo recomendaciones
médicas para que guardara reposo y asumiera poca carga de peso.
Finalmente, al momento de su evacuación, se le diagnosticó una
escoliosis lumbar”. (resaltado de la Sala)

6) De igual manera, frente al argumento según el cual no existía una calificación de
pérdida de capacidad laboral que permitiera establecer la relación entre la enfermedad y
la prestación del servicio militar, el tribunal explicó que los demás elementos de prueba
eran suficientes para establecer el daño y su imputación; al respecto señaló:

“Este conjunto de circunstancias permite concluir que las condiciones propias
del servicio militar fueron un factor determinante en la manifestación temprana

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de la escoliosis en el demandante, quien, además de ser joven, antes de la
conscripción se encontraba completamente sano, lo que generó un daño
que no puede considerarse una consecuencia razonable del deber de
conscripción.

No le asiste razón a la entidad demandada cuando sostiene que el daño
solo puede acreditarse mediante un dictamen pericial que determine la
pérdida de capacidad laboral, la fecha de estructuración de la enfermedad
y su relación con el servicio militar. En virtud del principio de libertad
probatoria y de las reglas de la sana crítica, el juez debe valorar si los
medios de prueba allegados y decretados en el proceso, con
independencia de su naturaleza, permiten acreditar el elemento de la
imputación

En este caso, como se demostró en el acápite anterior, está acreditada la
ausencia de antecedentes o hallazgos médicos al momento de iniciar la
conscripción, así como la aparición de la escoliosis durante la prestación del
servicio militar, pues esta fue detectada en el examen de egreso. Además, las
condiciones propias de la actividad militar, caracterizadas por esfuerzos físicos,
cargas de peso y exigencias corporales superiores a las ordinarias, permiten
establecer una relación entre el servicio y el desarrollo o maduración temprana
de esa enfermedad en una persona joven.

No se trata de una enfermedad común surgida por factores totalmente ajenos a
la conscripción. La afectación recayó sobre la columna vertebral de Jhonnathan
Sebastián Espinosa Álvarez y fue advertida al egreso, después de un periodo
sometido a exigencias físicas propias del servicio militar. En ese escenario,
conforme al marco jurídico expuesto, la entidad demandada debía demostrar
que el deterioro de la salud durante el servicio militar obligatorio obedeció a una
causa extraña. Esa carga no se cumplió, pues el soldado fue incorporado sin
hallazgos médicos y la enfermedad se evidenció al finalizar el servicio. En estos
casos, el análisis no se centra en el origen la patología, sino en su surgimiento,
avance o agravación con ocasión de condiciones físicas impuestas por el
Estado, que para algunos ciudadanos pueden generar una afectación que no
habrían desarrollado de no haber sido sometidos a ellas, como ocurrió en este
caso.

Por tanto, las pruebas recaudadas son suficientes para concluir que la
escoliosis se desarrolló durante el servicio militar y con ocasión de este.
Esa circunstancia permite calificar el daño como anormal y grave, pues
excede la carga pública que un joven debe soportar al cumplir el deber
constitucional de prestar el servicio militar obligatorio.

Así las cosas, se revocará la sentencia apelada que negó las pretensiones y,
en su lugar, se declarará la responsabilidad extracontractual de la Nación -
Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a título de daño especial, por el
desarrollo temprano de la escoliosis lumbar (…)”. (negrillas de la Sala).

7) Tales planteamientos, además, fueron estudiados con ocasión del recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante dentro del proceso de reparación directa,
quien sostuvo que el señor Espinosa Álvarez ingresó al Ejército Nacional en óptimas
condiciones de salud y que al momento de su retiro presentaba varias patologías,
cuestionó que fuera indispensable aportar una calificación de pérdida de capacidad
laboral y que los demás elementos de prueba, como los testimonios e interrogatorios de

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06139-00
Actor: Ministerio de Defensa Nacional
Acción de tutela

parte permitían establecer las afectaciones padecidas y su relación con la prestación del
servicio militar.

8) De ese modo, los argumentos relacionados con la suficiencia del material probatorio y
la relación entre la escoliosis lumbar, la prestación del servicio militar obligatorio fueron
sometidos al conocimiento del juez natural y expresamente resueltos en la providencia
cuestionada, en la cual se expusieron las razones fácticas y jurídicas por las cuales se
consideró acreditado el daño y su imputación.

9) En ese contexto, la circunstancia de que el Ministerio de Defensa Nacional insista en
que era necesaria una prueba técnica que determinara la pérdida de capacidad laboral,
la fecha de estructuración y la relación causal entre la patología y el servicio militar no
convierte esa discusión probatoria en un asunto de relevancia constitucional, sino que
evidencia su inconformidad con el alcance que la autoridad judicial demandada le otorgó
a los elementos de prueba y su propósito de obtener que el juez de tutela efectúe una
nueva valoración de estos para arribar a una conclusión distinta.

10) La misma suerte corre el alegado desconocimiento del precedente judicial, en
consideración a que la parte actora se limitó a invocar la sentencia de unificación del 4
de septiembre de 2019 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sin identificar el
número de radicación ni precisar la regla jurisprudencial que estimó desconocida y, en
todo caso, su inconformidad se dirigió a cuestionar el reconocimiento de los perjuicios
morales ante la ausencia de una calificación de pérdida de capacidad laboral,
circunstancia que fue expresamente analizada por el tribunal; en efecto, respecto de ese
aspecto la autoridad judicial accionada señaló:

“(…) Para la Sala no hay prueba suficiente que permita determinar la pérdida
de capacidad laboral o algún otro elemento de prueba que permita determinar
la gravedad, intensidad e irreversibilidad de la enfermedad. Por tanto, se acudirá
al rango más bajo previsto para las lesiones no severas (…)”.

11) De lo anterior se desprende que la ausencia de prueba acerca de la pérdida de
capacidad laboral y de la gravedad, intensidad e irreversibilidad de la enfermedad no fue
un aspecto inadvertido por el tribunal, sino una circunstancia expresamente valorada para
determinar el monto de los perjuicios morales, frente a la cual la parte actora pretende
que el juez constitucional adopte una interpretación distinta.
12) En consecuencia, acceder a las pretensiones de la demanda implicaría que el juez
de tutela reexaminara los aspectos probatorios y jurídicos que fueron planteados y

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06139-00
Actor: Ministerio de Defensa Nacional
Acción de tutela

resueltos dentro del medio de control de reparación directa, con el propósito de arribar a
una nueva conclusión distinta acerca de la imputación de la escoliosis lumbar y del
reconocimiento de los perjuicios, lo cual desnaturaliza la acción de tutela contra
providencias judiciales y la convertiría en una instancia adicional para reabrir un debate
que ya fue decidido por el juez natural mediante una providencia debidamente motivada.

13) Por consiguiente, la presente acción de tutela será declarada improcedente por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucion

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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