Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06152-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06152-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-06152-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
7 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06152-00
Accionante: JOSÉ LUIS RUÍZ RUBIO
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, JUZGADO
CINCUENTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE BOGOTÁ
Vinculados: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Retiro por llamamiento a calificar
servicios / Defecto fáctico por indebida valoración probatoria / Motivación insuficiente frente al
cargo de desviación de poder / Desconocimiento del precedente.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. La Sala negará la solicitud de amparo porque no se configuraron los defectos
alegados. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca examinó el cargo de desviación
de poder y valoró las pruebas en que el señor José Luis Ruiz Rubio sustentó esa
acusación, sin que se advierta una apreciación arbitraria del material probatorio ni el
desconocimiento del precedente aplicable.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
2. El 5 de agosto de 2026, el señor José Luis Ruiz Rubio presentó acción de tutela
para obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia1. Atribuyó su vulneración a las
sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 11001-33-42-054-2023-00037-01.
2.2. Hechos relevantes
3. El señor José Luis Ruiz Rubio promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional. Solicitó la nulidad de la Resolución 02090 del 14 de julio de 2022, en la que
fue retirado del servicio activo, cuando ostentaba el grado de intendente jefe, por
llamamiento a calificar servicios.
4. En sentencia del 19 de diciembre de 20252, el Juzgado Cincuenta y Cuatro
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá negó las pretensiones porque no se
demostró que el retiro obedeciera a los conflictos personales o laborales alegados.
1 Índice 002 de Samai.
2 Índice 002 de Samai. “4ED_PRUEBA_4_8_20263_51_(.pdf)”.
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Accionante: José Luis Ruíz Rubio
Accionados: Tribunal Administrativo De Cundinamarca y otros
Vinculados: Ministerio De Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Acción de Tutela
5. El demandante apeló3. Afirmó que el Juzgado hizo una valoración restrictiva de
las pruebas y no examinó integralmente las circunstancias que rodearon su
desvinculación.
6. En sentencia no. 192 del 22 de julio de 20264, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, confirmó la sentencia porque no
existían elementos objetivos que demostraran que el teniente coronel Belkin Villarreal
Arroyo hubiera intervenido o influido de forma determinante en la decisión. Además,
no se acreditó una situación de persecución institucional o acoso laboral que
permitiera inferir una finalidad distinta de la prevista para el llamamiento a calificar
servicios.
2.3. Pretensiones
7. El accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales, dejar sin efectos la
sentencia no. 192 del 22 de julio de 2026 y ordenar al Tribunal proferir una nueva
decisión que examine nuevamente el recurso de apelación. Pidió que se delimite
correctamente el problema jurídico, se efectúe un análisis material de la desviación de
poder y se valoren conjuntamente las pruebas con aplicación de los precedentes que
considera pertinentes.
2.4. Fundamentos
8. El accionante sostuvo que la sentencia presenta una motivación insuficiente
respecto del cargo de desviación de poder. Aunque el Tribunal identificó formalmente
el problema jurídico, terminó por concentrar el análisis en el cumplimiento del tiempo
de servicio y en la posibilidad de acceder a la asignación de retiro, sin hacer un control
material sobre la finalidad real de la decisión administrativa.
9. También alegó defecto fáctico porque el material probatorio se apreció
fragmentariamente. Los testimonios sobre las dificultades con el teniente coronel
Belkin Villarreal Arroyo, su hoja de vida, los reconocimientos institucionales, la
ausencia de sanciones y la situación de la planta de personal debían examinarse
conjuntamente como indicios de que el llamamiento pudo responder a una finalidad
distinta de la prevista legalmente.
10. Por último, afirmó que el Tribunal aplicó en forma incompleta el precedente
constitucional y contencioso administrativo sobre el control judicial de las potestades
administrativas y la desviación de poder.
2.5. Trámite impartido
11. En auto del 5 de agosto de 2026, el Despacho admitió la acción contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, y el Juzgado
Cincuenta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito de Bogotá. Vinculó a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, notificó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y requirió la remisión del expediente del proceso ordinario.
2.6. Intervenciones
3 Índice 002 de Samai. “6ED_PRUEBA_4_8_20263_52_(.pdf)”.
4 Índice 002 de Samai. “5ED_PRUEBA_4_8_20263_51_(.pdf)”.
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Referencia: Acción de Tutela
12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca5 solicitó negar el amparo porque
la providencia cuestionada examinó el material probatorio y explicó las razones por
las que no encontró demostrada la desviación de poder. A su juicio, la tutela expresa
una inconformidad con el resultado de esa valoración y pretende convertir el
mecanismo constitucional en una instancia adicional.
13. La Policía Nacional6 solicitó negar el amparo porque el retiro por llamamiento a
calificar servicios constituye una causal ordinaria de terminación de la carrera policial,
las providencias cuestionadas valoraron las pruebas relacionadas con la alegada
desviación de poder y no se acreditó vulneración de derechos fundamentales ni la
existencia de un perjuicio irremediable.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
14. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso
de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591
de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 20197.
3.2. Problema Jurídico y metodología de la decisión
15. La Sala establecerá si la acción satisface los requisitos generales de procedencia
de la tutela contra providencias judiciales. De superarse ese examen, determinará si
la sentencia no. 192 del 22 de julio de 2026 incurrió en motivación insuficiente, defecto
fáctico por valoración fragmentaria del material probatorio o desconocimiento del
precedente sobre el control judicial del llamamiento a calificar servicios y la desviación
de poder.
3.3. Procedencia excepcional de la tutela contra providencia judicial
16. La acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional. La Sentencia C-
590 de 2005 sistematizó los presupuestos generales de procedencia y las
circunstancias específicas que pueden justificar la intervención del juez
constitucional8. Entre otros presupuestos, exige que el asunto tenga relevancia
constitucional, que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial, que la tutela se interponga en un término razonable y que el
interesado identifique suficientemente los hechos y derechos cuya vulneración
atribuye a la decisión judicial.
17. La relevancia constitucional constituye un presupuesto autónomo de procedencia.
No se satisface con la sola inconformidad frente a la valoración probatoria o la
interpretación jurídica hecha por el juez natural. La tutela contra providencias judiciales
no está concebida como una instancia adicional para reabrir debates de legalidad o
sustituir las conclusiones razonablemente adoptadas dentro del proceso ordinario. Su
finalidad es establecer si la actuación judicial comprometió de manera directa
5 Índice 011 de Samai.
6 Índice 013 de Samai.
7 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos entre las
secciones”.
8 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Referencia: Acción de Tutela
derechos fundamentales a través de una actuación arbitraria, irrazonable o
manifiestamente contraria a la Constitución9.
18. El defecto fáctico tiene carácter excepcional. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que puede configurarse en una dimensión negativa, cuando el juez omite
valorar una prueba determinante o decretar una prueba de carácter esencial, y en una
dimensión positiva, cuando efectúa una valoración manifiestamente irrazonable,
arbitraria o contraevidente del material probatorio. La tutela no permite sustituir una
apreciación probatoria razonable únicamente porque otro entendimiento de los
mismos elementos resulte posible. El error debe ser ostensible y tener incidencia
directa en la decisión cuestionada10.
3.4. Llamamiento a calificar servicios y control judicial
19. En la Sentencia SU-091 de 2016, la Corte Constitucional precisó que el
llamamiento a calificar servicios constituye una forma ordinaria de culminación de la
carrera dentro de la Fuerza Pública, orientada a permitir el relevo y la renovación
dentro de su estructura jerarquizada. Su aplicación presupone el cumplimiento del
tiempo necesario para acceder a la asignación de retiro y no requiere una motivación
adicional a la prevista legalmente. Sin embargo, esa circunstancia no excluye el
control judicial posterior dirigido a evitar que la figura sea utilizada como instrumento
de discriminación, persecución o abuso de poder11.
20. En la Sentencia SU-237 de 2019, la Corte examinó, entre otros asuntos, una
acción de tutela contra providencias judiciales proferidas dentro de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho relacionado con un retiro por llamamiento a
calificar servicios. La Corte reiteró que el control judicial no puede agotarse en la
comprobación formal de los requisitos legales cuando se alega una finalidad ilegítima.
Al mismo tiempo, precisó que corresponde al interesado demostrar los motivos
ilegales o fraudulentos que atribuye a la decisión de retiro y que la circunstancia de
que los jueces ordinarios consideren insuficientes las pruebas aportadas no configura,
por sí sola, un defecto constitucional12.
3.5. Caso concreto
21. El señor José Luis Ruiz Rubio está legitimado por activa porque fue el demandante
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y es el titular de los
derechos fundamentales cuya protección solicita. El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo están legitimados por
pasiva porque profirieron las sentencias a las que se atribuyen los defectos
constitucionales.
22. También se satisface la inmediatez. La providencia cuestionada se notificó el 24
de julio de 202613 y la acción de tutela se radicó el 5 de agosto de 202614, término que
resulta razonable.
9 Corte Constitucional, sentencia T-352 de 2025, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-091 de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-237 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
13 Índice 016 de Samai. Expediente 11001-33-42-054-2023-00037-01.
14 Índice 002 de Samai. “1ED_ActadeRepartopng(.png)¨.
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Referencia: Acción de Tutela
23. El requisito de subsidiariedad también está acreditado. El demandante agotó el
recurso de apelación. Los recursos extraordinarios de unificación de jurisprudencia y
revisión no resultaban idóneos para plantear los reparos por falta de motivación y
valoración fragmentaria, pues estos no se enmarcan en sus causales de
procedencia15.
24. El asunto tiene relevancia constitucional. El accionante no se limita a cuestionar
en abstracto la legalidad de su retiro, sino que atribuye a la sentencia una insuficiencia
en el control de una posible desviación de poder y afirma que la valoración de las
pruebas desconoció las garantías del debido proceso. La jurisprudencia constitucional
admite el control judicial material del llamamiento a calificar servicios cuando se
sostiene que esta figura fue empleada con fines discriminatorios, persecutorios o
abusivos. Por ello, determinar si el Tribunal ejerció ese control exige estudiar los
defectos alegados y no puede anticiparse dentro del examen de procedencia.
25. También se satisfacen los demás requisitos generales. El accionante identificó los
hechos y derechos que considera vulnerados; los cuestionamientos sobre la
desviación de poder y la valoración de las pruebas fueron planteados durante el
proceso ordinario, en particular en el recurso de apelación, y la providencia
cuestionada no corresponde a una sentencia de tutela.
26. El cargo se enmarca principalmente en la dimensión positiva del defecto fáctico,
pues no se atribuye al Tribunal la omisión total de una prueba determinante, sino la
valoración fragmentaria e insuficiente del material probatorio incorporado al proceso.
27. El accionante sostiene que la sentencia cuestionada incurrió en falta de
motivación porque el Tribunal limitó el análisis a verificar el tiempo de servicio y el
derecho a recibir una asignación de retiro, sin examinar las circunstancias que, en su
criterio, demostraban que el llamamiento a calificar servicios obedeció a los conflictos
atribuidos al señor Belkin Villarreal Arroyo.
28. La sentencia accionada delimitó el debate en establecer si la decisión
administrativa estuvo afectada por desviación de poder. Para resolverlo, valoró las
declaraciones, los documentos que antecedieron al retiro, la información suministrada
por las Direcciones de Talento Humano e Inteligencia Policial y las condiciones
profesionales del demandante. También reseñó la documentación y las declaraciones
relacionadas con el permiso de estudio, aunque no desarrolló un análisis autónomo
de ese elemento como indicio de desviación de poder.
29. A partir de esos elementos, el Tribunal concluyó que no estaba demostrada la
intervención del señor Belkin Villarreal Arroyo en la decisión ni una finalidad distinta
de la prevista por el ordenamiento jurídico. Por tanto, la sentencia expuso las razones
fácticas y jurídicas que sustentaron la negativa de las pretensiones. El desacuerdo del
accionante con la suficiencia de esas razones y con el mérito atribuido a las pruebas
no permite establecer la falta de motivación alegada.
30. Frente al defecto fáctico alegado, la tutela cuestiona que los elementos aportados
para demostrar que su retiro estuvo relacionado con los conflictos que mantuvo con
el señor Belkin Villarreal Arroyo no se valoraran en conjunto. Su reproche no parte de
15 Ley 1437 de 2011 artículos 250 y 258.
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la ausencia total de valoración de una prueba determinante, sino del alcance que el
Tribunal atribuyó a elementos incorporados al proceso.
31. Conviene precisar el alcance de la declaración del señor Jaime Hernando Pedraza
Segura. El testigo señaló que, en una oportunidad, el señor Belkin Villarreal Arroyo le
manifestó al señor José Luis Ruiz Rubio que tenía poder para hacerlo retirar de la
institución. También refirió dificultades relacionadas con el permiso de estudio y
expresiones que consideró discriminatorias. Sin embargo, manifestó que desconocía
las causas o motivos del retiro del señor José Luis Ruiz Rubio16.
32. En ese sentido, la afirmación del Tribunal según la que las declaraciones se
apoyaban «principalmente» en percepciones personales, apreciaciones subjetivas o
hechos conocidos indirectamente no reproduce con total precisión ese segmento del
testimonio. Sin embargo, el aspecto determinante para resolver el cargo de desviación
de poder no consistía únicamente en establecer la existencia de dificultades laborales.
33. El Tribunal consideró que las declaraciones no demostraban que el señor Belkin
Villarreal Arroyo hubiera intervenido en el procedimiento de retiro o influido en la
decisión. La manifestación relatada por el señor Jaime Hernando Pedraza podía
constituir un elemento para acreditar una relación laboral conflictiva, pero, por sí sola,
no demostraba que este hubiera promovido o determinado el llamamiento a calificar
servicios.
34. La declaración del señor Orlando Cáceres Torres permitió identificar la cadena
formal que antecedió al retiro. El testigo explicó que la oficina de Talento Humano de
la Inspección General no tenía poder decisorio y que elaboró el oficio por instrucción
directa del Inspector General, quien lo suscribió. Su declaración no aportó información
que vinculara al señor Belkin Villarreal Arroyo con esa actuación. No obstante,
manifestó que desconocía si otro oficial había formulado internamente una solicitud al
Inspector General para promover el llamamiento17.
35. Yobán Puentes Reina también dio cuenta de dificultades con Belkin Villarreal
Arroyo, de su posición frente a determinados integrantes del nivel ejecutivo y de
inconvenientes relacionados con permisos de estudio18. No obstante, tampoco aportó
información sobre una intervención de ese oficial en la decisión.
36. Así, las declaraciones permitían establecer la existencia de determinadas
diferencias laborales, pero no demostraban su vínculo con el llamamiento a calificar
servicios. La posibilidad de construir a partir de esos mismos testimonios una
inferencia distinta no convierte la valoración hecha por el Tribunal en manifiestamente
arbitraria o contraevidente.
37. El accionante también invocó su trayectoria profesional como elemento indicativo
de que no existían razones institucionales para disponer su retiro. En el expediente
consta que su hoja de vida registraba numerosas condecoraciones y felicitaciones y
que no le figuraban sanciones en los últimos cinco años19. Además, fueron
incorporados documentos relacionados con sus estudios y con el reconocimiento de
la Fundación Corazón Verde de 2018 en el que se menciona al demandante 20.
16 Índice 037 de Samai. Expediente “11001-33-42-054-2023-00037-00”.
17 Índice 052 de Samai. Expediente “11001-33-42-054-2023-00037-00”.
18 Índice 037 de Samai. Expediente “11001-33-42-054-2023-00037-00”.
19 Índice 002 de Samai. “2ED_ANEXOS_4_8_20263_49_(.pdf)”: P. 124 -127.
20 Índice 002 de Samai. “2ED_ANEXOS_4_8_20263_49_(.pdf)”: P. 128 - 131.
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38. Esos elementos resultan favorables al desempeño profesional del demandante.
Sin embargo, por sí mismos no permiten establecer que el llamamiento hubiera tenido
una finalidad distinta de la prevista legalmente. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que esta modalidad de retiro responde también a la estructura jerarquizada
y a la renovación institucional y, por ello, no depende exclusivamente de las
condiciones personales o profesionales del uniformado.
39. La tutela también se refiere a la información sobre la planta de personal. Los
documentos aportados contienen cifras sobre la disminución del número de
integrantes del nivel ejecutivo y las vacantes existentes en la institución. A partir de
esos datos, el demandante sostuvo que resultaba contradictorio retirar a un intendente
jefe con buen desempeño21.
40. Esa información podía sustentar la conveniencia institucional de conservar al
señor José Luis Ruiz Rubio en servicio, pero no demostraba la razón particular por la
que fue incluido en el llamamiento ni la intervención de su superior en la decisión. El
punto relevante era establecer si esa información, apreciada junto con los demás
elementos de prueba, hacía manifiestamente irrazonable la conclusión del Tribunal
según la que no se acreditó que el retiro respondiera a una finalidad distinta de la
prevista legalmente.
41. En consecuencia, los testimonios, la hoja de vida, los reconocimientos, las
circunstancias laborales y la información sobre la planta de personal admitían la
lectura propuesta por el demandante dentro del proceso ordinario, pero no hacían
manifiestamente irrazonable la valoración acogida por el Tribunal. La tutela pretende
que esos elementos reciban una ponderación distinta y conduzcan a inferir que el
retiro fue consecuencia de la relación conflictiva con el superior. Esa inconformidad
probatoria no configura el defecto fáctico alegado.
42. El accionante también atribuye a la sentencia la aplicación incompleta del
precedente. Aunque hizo referencia al precedente contencioso-administrativo, en la
tutela no identificó una providencia específica del Consejo de Estado ni una regla
vinculante que el Tribunal hubiera desconocido. En cuanto al precedente
constitucional, la Sentencia SU-091 de 2016 estableció que el llamamiento a calificar
servicios no exige una motivación adicional a la prevista legalmente, sin perjuicio del
control dirigido a impedir que la facultad sea utilizada con fines de persecución,
discriminación o abuso de poder.
43. El Tribunal aplicó ese entendimiento. No consideró que el cumplimiento del tiempo
de servicio y el derecho a la asignación de retiro excluyeran el examen de la
desviación de poder. Por el contrario, valoró las pruebas aportadas para demostrar
que el retiro obedeció a los conflictos laborales expuestos por el demandante y
concluyó que no acreditaban una finalidad distinta.
44. La Sentencia SU-237 de 2019 examinó una situación semejante. En uno de los
expedientes acumulados, la Corte estudió una tutela contra providencias que habían
negado la nulidad de un retiro por llamamiento a calificar servicios frente a una
alegación de desviación de poder. Consideró que el control judicial no había sido
21 Índice 002 de Samai. “2ED_ANEXOS_4_8_20263_49_(.pdf)”: P. 43 – 57 y 123.
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meramente formal porque las autoridades judiciales valoraron las pruebas aportadas
para demostrar la finalidad ilegítima, aunque las encontraron insuficientes.
45. En este asunto ocurrió lo mismo. El Tribunal no negó la posibilidad de demostrar
la desviación de poder ni consideró irrelevantes las pruebas dirigidas a acreditarla.
Las examinó y concluyó que no demostraban que el señor Belkin Villarreal Arroyo
hubiera intervenido en el retiro o que este hubiera tenido una finalidad persecutoria.
Por ello, el desacuerdo del accionante con esa conclusión tampoco permite establecer
el desconocimiento del precedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo presentada por el señor José Luis Ruiz
Rubio, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si esta decisión no fuere impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado Electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado Electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado Electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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