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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06164-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06164-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por el municipio de Balboa (Cauca), de conformidad con lo expuesto en el presente proveído. Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por los señores María Magdalena Dorado Domínguez, Arley Muñoz Dorado y Yudi Melisa Muñoz Dorado respecto del presunto desconocimiento de precedente, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva. Tercero: Negar el amparo respecto de la configuración de los defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto, por las consideraciones expuestas en la presente providencia. Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06164-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06164-00
Accionante: María Magdalena Dorado Domínguez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
reparación directa

Decisión: Niega el amparo por no encontrar demostrados los defectos fáctico y
procedimental por exceso ritual manifiesto y declara improcedente
por falta del requisito de subsidiariedad respecto del
desconocimiento de precedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de
tutela1 presentada por María Magdalena Dorado Domínguez, Arley Muñoz Dorado y
Yudi Melisa Muñoz Dorado, actuando por conducto de apoderado judicial, en contra
del Tribunal Administrativo del Cauca, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad,
ocurrida con ocasión de la sentencia del 14 de mayo de 2026, al interior del proceso
de reparación directa con radicado 19001-33-33-003-2017-00315-00 [01].

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor Alfonso Dorado junto con su núcleo familiar 2 promovió una demanda de
reparación directa contra el municipio de Balboa (Cauca) y la Cooperativa de
Acueducto y Alcantarillado de Balboa – CAAB, con ocasión de las lesiones que sufrió,
el 10 de octubre de 2016, al caer en un hueco sin señalización ubicado en la vía
pública del casco urbano de Balboa.

3. El proceso correspondió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán,
autoridad judicial que, mediante sentencia del 26 de julio de 2023 accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual ordenó:

1 Acción de tutela presentada el 5 de agosto de 2026.
2Georgina Dorado Domínguez, María Magdalena Dorado Domínguez, Fernando Dorado Guzmán, Heriberto
Dorado Guzmán, Cristian Daniel Dorado Muñoz, Miguel Ángel Dorado Ortega, Elcy Diomar Daza Dorado, Blanca
Cecilia Daza Dorado, Yudi Melisa Muñoz Dorado, Arley Muñoz Dorado, Gloria Marely Daza Dorado, Nibi Daniela
Daza Dorado.

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Accionante: María Magdalena Dorado Domínguez y otros

«SEGUNDO: CONDENAR al MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA y la COOPERATIVA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BALBOA -CAAB, en un porcentaje de 50%
cada una, a pagar por concepto de PERJUICIOS MORALES, a favor de las personas
que se indican a continuación, las sumas detalladas en el siguiente cuadro, así:

Demandante Parentesco Monto reconocido
Alfonso Dorado Víctima directa 40 SMLMV
Georgina Dorado Domínguez Hija del afectado directo 40 SMLMV
Fernando Dorado Guzmán Hijo del afectado directo 40 SMLMV
Heriberto Dorado Guzmán Hijo del afectado directo 40 SMLMV
María Magdalena Dorado Domínguez Hija del afectado directo 40 SMLMV
Elcy Diomar Daza Dorado Nieta del afectado directo 20 SMLSV
Blanca Cecilia Daza Dorado Nieta del afectado directo 20 SMLSV
Gloria Marely Daza Dorado Nieta del afectado directo 20 SMLSV
Nibi Daniela Daza Dorado Nieta del afectado directo 20 SMLSV
Cristian Daniel Dorado Muñoz Nieto del afectado directo 20 SMLSV
Yudi Melisa Muñoz Dorado Nieta del afectado directo 20 SMLSV
Arley Muñoz Dorado Nieto del afectado directo 20 SMLSV

(…)
TERCERO: CONDENAR al MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA y la COOPERATIVA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BALBOA -CAAB, en un porcentaje de 50%
cada una, a pagar por concepto de DAÑO A LA SALUD, la suma de CINCUENTA (50)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, en favor del señor ALFONSO DORADO.
Esta suma se tendrá en cuenta al momento de la sucesión que por la muerte de aquel
se tramite.

4. Al respecto, señaló que se acreditó un daño antijurídico, consistente en las lesiones
graves sufridas por el señor Alfonso Dorado el 10 de octubre de 2016, el cual era
imputable al Estado, toda vez que en el lugar de los hechos existía una excavación
realizada en la vía pública, en el marco de una obra de mantenimiento de la red de
acueducto ejecutada por la Cooperativa de Acueducto y Alcantarillado de Balboa –
CAAB, la cual no se encontraba debidamente señalizada.

5. Contra dicha sentencia, la Cooperativa de Acueducto y Alcantarillado de Balboa -
CAAB interpuso recurso de apelación, en el que cuestionó entre otros cargos el
reconocimiento de perjuicios a favor de María Magdalena Dorado Domínguez, por no
haberse acreditado su filiación mediante registro civil de nacimiento.

6. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo del Cauca a través de sentencia
del 14 de mayo de 2026 modificó el numeral segundo de la sentencia de primera
instancia, en consecuencia, excluyó a María Magdalena Dorado Domínguez del
reconocimiento indemnizatorio, al considerar que la partida de bautismo carecía de
aptitud legal para acreditar el parentesco porque nació en 1956 fecha para la cual ya
regía el sistema de registro civil.

7. Así como también, descartó a Yudi Melisa Muñoz Dorado y Arley Muñoz Dorado
porque ambos eran hijos de María Magdalena Dorado Domínguez y ningún testigo los
mencionó de manera expresa ni individualizada.

2.2. Fundamento jurídico

8. Respecto del reconocimiento de los perjuicios morales a favor de la señora María
Magdalena Dorado Domínguez, la parte actora sostuvo que el Tribunal incurrió en un
procedimental por exceso ritual manifiesto, puesto que, tenía el deber de decretar
de oficio la prueba para acreditar estado civil, esto es, solicitar a la Registraduría
Nacional del Estado Civil el registro civil de nacimiento, en lugar de denegar la

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pretensión únicamente con fundamento en la carga probatoria incumplida por la
apoderada de la parte actora en el proceso ordinario.

9. Asimismo, alegó la configuración de un defecto fáctico en relación con la exclusión
de Yudi Melisa Muñoz Dorado y Arley Muñoz Dorado del reconocimiento de los
perjuicios morales, pese a que su vínculo filial con María Magdalena Dorado
Domínguez se encontraba acreditado en el expediente mediante los registros civiles
de nacimiento.

10. De otra parte, alegó un desconocimiento de precedente del Consejo de Estado
contenido en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, en la que se fijó
como regla que, tratándose de parientes en primer y segundo grado de
consanguinidad de la víctima directa entre ellos, los nietos, el perjuicio moral se
presume una vez acreditado el parentesco mediante el registro civil correspondiente,
sin que sea exigible la demostración adicional e individualizada de la aflicción o
cercanía afectiva.

11. Lo anterior, al considerar que el Tribunal exigió, contradictoriamente, una
individualización testimonial que no exigió para los demás nietos beneficiados,
apartándose sin justificación del estándar de presunción fijado en dicho precedente.

2.3. Pretensiones

12. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
I. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia y a la igualdad de MARÍA MAGDALENA
DORADO DOMÍNGUEZ, YUDI MELISA MUÑOZ DORADO y ARLEY
MUÑOZ DORADO.

II. DEJAR SIN EFECTOS, parcialmente, el numeral PRIMERO de la
Sentencia No. 043 del 14 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, únicamente en cuanto excluyó a MARÍA
MAGDALENA DORADO DOMÍNGUEZ, YUDI MELISA MUÑOZ
DORADO y ARLEY MUÑOZDORADO del reconocimiento de perjuicios
morales dentro del proceso de reparación directa radicado 19001-33-33-
003-2017-00315-01.

III. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cauca que, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela,
decrete de oficio la prueba pertinente para esclarecer el parentesco de
MARÍA MAGDALENA DORADO DOMÍNGUEZ con el señor ALFONSO
DORADO (q.e.p.d.) solicitando a la Registraduría Nacional del Estado
Civil, a la autoridad competente (o se tenga en cuenta la copia de registro
civil de nacimiento que la misma demandante anexa a esta acción de
tutela), copia del registro civil de nacimiento correspondiente,
garantizando el derecho de contradicción de las partes frente a dicha
prueba, y que, con base en su resultado o, en su defecto, en los indicios
ya obrantes en el expediente, profiera una nueva decisión de fondo dentro
del término que el juez de tutela estime razonable.

IV. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cauca que, al proferir la
nueva decisión, valore la situación de YUDI MELISA MUÑOZ DORADO
y ARLEY MUÑOZ DORADO a la luz del principio de igualdad y del
estándar de presunción del perjuicio moral para parientes de segundo
grado, aplicado por la misma Sala a los demás nietos de la víctima directa

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Accionante: María Magdalena Dorado Domínguez y otros

dentro del mismo fallo.

V. SUBSIDIARIAMENTE, en caso de no acceder a las pretensiones
anteriores, ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cauca que, en todo
caso, se pronuncie expresamente sobre las razones por las cuales no
ejerció su facultad oficiosa de decreto de pruebas prevista en el artículo
213 del CPACA, pese a los indicios obrantes en el proceso.
(…)» (Sic)

2.4. Intervenciones

13. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 6 de agosto de
2026 en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Cauca como
accionado y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán, al Municipio
de Balboa Cauca, a la Cooperativa Acueducto y Alcantarillado de Balboa -CAAB y a
los señores Alfonso Dorado, Georgina Dorado Domínguez, Fernando Dorado
Guzmán, Heriberto Dorado Guzmán, Elcy Diomar Daza Dorado, Blanca Cecilia Daza
Dorado, Gloria Marely Daza Dorado, Nibi Daniela Daza Dorado y Cristian Daniel
Dorado Muñoz como terceros interesados en el resultado del proceso.

14. El municipio de Balboa solicitó que se declare improcedente la acción de tutela
por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto, no existía relación directa
entre una acción u omisión por parte del ente territorial y la presunta vulneración de
los derechos fundamentales invocados en protección.

15. De otra parte, indicó que, la parte actora no puede utilizar la acción de tutela como
un mecanismo para subsanar retrospectivamente las deficiencias probatorias que,
según su propia argumentación, se presentaron durante el proceso de reparación
directa.

16. En consecuencia, considera que el mecanismo constitucional resulta improcedente
para corregir las eventuales deficiencias probatorias o procesales en que hubiere
incurrido la parte accionante durante el trámite del proceso ordinario, toda vez que no
está consagrado para reemplazar la actividad procesal que correspondía desplegar
oportunamente a la parte interesada.

17. El Tribunal Administrativo del Cauca remitió el link del proceso. Sin embargo, no
rindió informe al respecto.

18. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

19. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa.

3.2.1. Desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva

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20. El municipio de Balboa (Cauca) solicitó ser desvinculado del presente proceso, al
respecto, la Sala no encuentra mérito suficiente para acceder a dicha pretensión, toda
vez que analizado el material probatorio se tiene que dicha entidad hizo parte del
proceso ordinario, por ende, procederá la Sala a negar la solicitud de desvinculación.

3.3. Problema jurídico

21. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar
si el Tribunal Administrativo del Cauca, al proferir la sentencia del 14 de mayo de 2026,
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia e igualdad, al incurrir en los defectos fáctico, desconocimiento de precedente
judicial y procedimental exceso ritual manifiesto.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

22. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue
creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas,
cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por
particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado,
siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer
tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o
subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

23. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios
y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier
autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que
la carta le impone.

24. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus
derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial,
los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio
entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces
para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.

25. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo
mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que
el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii)

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que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios
como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo,
salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.5.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional, salvo lo relacionado
con el desconocimiento del precedente contenido en la sentencia de unificación del
28 de agosto de 2014 que alega como desconocida, teniendo en cuenta que la parte
actora tiene a su disposición el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
contemplado en el artículo 256 del CPACA, el cual procede según lo previsto en
parágrafo del artículo 257 del CPACA.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6
meses desde la ejecutoria de la providencia objeto de cuestionamiento, esto es, el 4
de junio de 2026 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 5 de agosto de
2026.

3.4.1.4. En cuanto al requisito de relevancia constitucional contrario a lo sostenido en
la providencia impugnada, la Sala concluye que el presente asunto cumple con dicho
requisito, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración
iusfundamental al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad,
como consecuencia de los defectos procedimental por exceso ritual manifiesto y
fáctico que se encuentran debidamente sustentados.

26. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto como causal de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial

27. En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, se advierte que
este se presenta cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos como
obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera que sus actuaciones
generan una denegación de la justicia3. Este defecto procedimental puede llegar
afectar la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a acceder a la

3 Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,

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administración de justicia cuando: i) se inaplican normas procesales que se oponen a
la vigencia de derechos constitucionales de cada caso en concreto, ii) se exige cumplir
requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda tratarse de cargas
imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia sea comprobada, iii) se
incurre en un exceso de severidad procedimental en la apreciación de las pruebas, iv)
o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar4.

28. Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto
procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
en todos sus supuestos fácticos, también requiere: i) que se trate de un error
procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa con el fondo
de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni indirectamente
a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no se pueda corregir
la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la irregularidad dentro
del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la situación fáctica del caso;
y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren derechos fundamentales5.

3.6. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

29. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura
cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional6 ha
identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa7, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, y sin razón valedera da por no
probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión, comprende la indebida valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva8, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

30. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de
tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter
extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen
defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos
interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde
determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más
convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos

4 Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-

289 de 2005 y T-053 de 2012.
5 Corte Constitucional, sentencias C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de

2014.
6 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-

567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
7 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
8 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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probatorios»9.

31. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a
obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

3.7. Análisis de la presunta configuración del defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto y fáctico en el caso concreto

32. Respecto del reconocimiento de los perjuicios morales a favor de la señora María
Magdalena Dorado Domínguez, la parte actora sostiene que el Tribunal incurrió en un
procedimental por exceso ritual manifiesto, puesto que, tenía el deber de decretar de
oficio la prueba para acreditar estado civil, esto es, solicitar a la Registraduría
Nacional del Estado Civil el registro civil de nacimiento, en lugar de denegar la
pretensión únicamente con fundamento en la carga probatoria incumplida por la
apoderada de la parte actora en el proceso ordinario.

33. Asimismo, alega la configuración de un defecto fáctico en relación con la exclusión
de Yudi Melisa Muñoz Dorado y Arley Muñoz Dorado del reconocimiento de los
perjuicios morales, pese a que su vínculo filial con María Magdalena Dorado
Domínguez se encontraba acreditado en el expediente mediante los registros civiles
de nacimiento.

34. Sobre el particular, se tiene que la autoridad judicial accionada, en la providencia
del 14 de mayo de 2026, consideró:

«Es decir, se encuentra probado el daño consistente en las lesiones físicas sufridas por
el señor Alfonso Dorado; por lo que procede la Sala a analizar si este se produjo por la
existencia de un riesgo anormal en una vía pública y por tanto, si resulta indemnizable.
(…)
Conforme lo anterior, para la Sala está suficientemente acreditada la existencia de una
irregularidad física en la vía pública, consistente en un hueco o excavación abierta, sin
señalización adecuada que advirtiera a los usuarios de la vía sobre el peligro que
comportaba. Por lo tanto, el daño resulta jurídicamente imputable a la administración,
por configurarse una falla del servicio por omisión, materializada en la falta de adopción
de medidas idóneas para prevenir el riesgo que representaba una excavación abierta
en una vía pública de tránsito habitual. Independientemente de la denominación técnica
de la obra —alcantarilla, apique o excavación—, lo cierto es que existía un deber claro
de señalizar, aislar o eliminar el peligro, deber que no fue cumplido de manera
adecuada.
(…)
Ahora, en lo que respecta a la legitimación en la causa de la señora María Magdalena
Dorado Domínguez, se advierte que al proceso se allegó como medio probatorio una
partida de bautismo expedida por la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, con la
finalidad de acreditar el parentesco que la vincula con la víctima directa. Sin embargo,
dicho documento no resulta pertinente ni idóneo para tal efecto.

De dicho documento se desprende que la señora Dorado Dominguez nació el 2 de junio
de 1956, fecha para la cual el ordenamiento jurídico colombiano ya contaba con un
sistema de registro civil de nacimiento obligatorio y plenamente vigente, destinado
precisamente a acreditar de manera fehaciente el estado civil y los vínculos de
parentesco de las personas.

Desde la entrada en vigencia del régimen del registro civil, la jurisprudencia y la
normatividad han sido pacíficas en señalar que la partida de bautismo perdió valor

9 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.

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probatorio para acreditar el parentesco, quedando relegada a un valor meramente
supletorio o indicativo, aplicable únicamente en casos excepcionales.

Así las cosas, tratándose de una persona nacida en el año 1956, como ocurre en el
presente asunto, el medio idóneo para demostrar el vínculo de parentesco lo constituye
el correspondiente registro civil de nacimiento, y no un documento de naturaleza
religiosa que carece de aptitud legal suficiente para acreditar relaciones de parentesco.

En este contexto, la partida de bautismo aportada no permite establecer con certeza
jurídica el parentesco alegado, ni satisface las exigencias probatorias necesarias para
fundamentar la legitimación en la causa, en tanto no reemplaza ni suple el registro civil
exigido por la ley, ni se acreditó la inexistencia, pérdida o imposibilidad de obtención de
dicho registro. La simple aportación de un documento eclesiástico, sin justificación
adicional, no es suficiente para tener por probado el vínculo familiar en una controversia
judicial de esta naturaleza.

Ni siquiera puede tenerse a la señora María Magdalena Dorado Domínguez como
tercera con interés directo dentro del proceso, habida cuenta de que la prueba
testimonial no permite identificarla de manera expresa como una de las personas
afectadas por los hechos objeto de la demanda. Del examen detallado de las
declaraciones rendidas en audiencia se advierte que ninguno de los testigos hizo
referencia directa a ella, ni la mencionó con su nombre completo, ni precisó su vínculo
concreto con la víctima directa.

Las declarantes Teresa de Jesús Chingue Arévalo y Luz Mary Delgado se limitaron a
hacer alusión de forma genérica a la existencia de hijos y nietos del señor Alfonso
Dorado, mencionando algunos nombres aislados como Gloria, Gerardina, Georgina,
María o Fernando, sin que tales referencias permitan concluir, con el grado de certeza
exigido en sede judicial, que dichas menciones correspondan específicamente a María
Magdalena Dorado Domínguez. En particular, la sola mención del nombre “María”, sin
apellidos ni referencia adicional, resulta insuficiente para individualizar a una persona
determinada.

Así las cosas, ante la ausencia de referencia testimonial específica, sumada a la
inexistencia de prueba documental idónea del parentesco y a la falta de elementos que
permitan inferir una afectación directa y diferenciada, la Sala concluye que no es posible
reconocerle legitimación o calidad de perjudicada dentro del proceso; razón por la cual,
en este aspecto, la sentencia de primer grado será modificada.

En tal sentido, tampoco puede reconocerse la legitimación en la causa de Yudi Melisa
Muñoz Dorado y Arley Muñoz Dorado, en la medida en que, conforme a los registros
civiles de nacimiento obrantes en el expediente, se encuentra acreditado que ambos
son hijos de María Magdalena Dorado Domínguez.

Adicionalmente, esta Corporación observa que ninguno de los testigos hizo referencia
expresa a Yudi Melisa Muñoz Dorado ni a Arley Muñoz Dorado, pues se insiste, las
declaraciones testimoniales se limitaron a mencionar de forma genérica a hijos y nietos
del señor Alfonso Dorado, sin identificar a estos sujetos concretos ni precisar su relación
específica con la víctima directa, ni mucho menos describir una afectación moral
particularizada en su cabeza.

Así las cosas, ante (i) la ausencia de un vínculo de parentesco directo con la víctima
acreditado mediante prueba idónea, (ii) la inexistencia de referencia testimonial
específica que los individualice, y (iii) la falta de elementos probatorios que permitan
inferir una afectación moral concreta, la Sala concluye que no se encuentra acreditada
la legitimación en la causa de Yudi Melisa Muñoz Dorado y Arley Muñoz Dorado, razón
por la cual no hay lugar a reconocerles la calidad de perjudicados ni a acceder a sus
pretensiones indemnizatorias.
(…)».

35. De las transcripciones la Sala considera que la autoridad judicial no incurrió en
ninguna irregularidad procesal, puesto que, contrario a lo manifestado por la parte

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Accionante: María Magdalena Dorado Domínguez y otros

actora, la exigencia del registro civil de nacimiento no constituyó una formalidad
creada arbitrariamente por el Tribunal, sino la aplicación de la regla expresamente
prevista en el artículo 105 del Decreto Ley 1260 de 1970.

36. Al respecto, el Tribunal indicó que, María Magdalena Dorado Domínguez nació el
2 de junio de 1956, su vínculo filial con Alfonso Dorado debía demostrarse mediante
el respectivo registro civil de nacimiento.

37. En ese sentido, para la Sala la determinación del Tribunal de no otorgar valor
suficiente a la partida de bautismo no comportó un exceso ritual manifiesto, pues aquel
documento no constituía la prueba legalmente idónea para acreditar el estado civil de
la demandante. Máxime cuando la parte interesada no demostró la inexistencia,
pérdida o imposibilidad de obtener el registro civil, ni explicó las razones por las cuales
no lo aportó durante las oportunidades probatorias del proceso.

38. Ahora, contrario a lo manifestado por la parte actora en la demanda de tutela la
facultad de decretar pruebas de oficio prevista en el artículo 213 del CPACA no
imponía al Tribunal la obligación de subsanar la omisión probatoria de la parte
demandante, en la medida que su ejercicio no puede convertirse en un mecanismo
para reemplazar las cargas procesales de quienes, encontrándose representados
judicialmente y teniendo la posibilidad de aportar el documento, no lo hicieron dentro
de la oportunidad procesal dispuesta para tal fin.

39. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece del defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, sino que la parte accionante se encuentra
inconforme con la interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada,
situación que, dada la finalidad prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia
del juez constitucional.

40. Ahora, para la Sala tampoco se configura el defecto fáctico respecto de Yudi Melisa
Muñoz Dorado y Arley Muñoz Dorado, pues, el Tribunal no ignoró sus registros civiles
de nacimiento, sino que los valoró íntegramente y reconoció que acreditaban su
condición de hijos de María Magdalena Dorado Domínguez. Sin embargo, esos
documentos no demostraban que esta última fuera hija de Alfonso Dorado y, por
consiguiente, tampoco permitían establecer que aquellos fueran nietos de la víctima
directa.

41. En consecuencia, emerge con claridad que no podía reconocerse a su favor la
presunción de perjuicio moral correspondiente a los familiares ubicados en el segundo
grado de consanguinidad. Asimismo, el Tribunal constató que los testimonios no los
individualizaron ni demostraron una afectación particular que permitiera reconocerlos
como terceros damnificados, razón por la que para Sala en el presente asunto no se
acredita un defecto fáctico en los términos que alega la parte actora en la demanda
de tutela.

42. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es de
corrección sino de validez10, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los

10
Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.

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derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento
es arbitrario o caprichoso.

43. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a negar
el amparo deprecado respecto de la configuración de los defectos fáctico y
procedimental por exceso ritual manifiesto, por las consideraciones expuestas en la
presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por el municipio de Balboa
(Cauca), de conformidad con lo expuesto en el presente proveído.

Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por los señores María
Magdalena Dorado Domínguez, Arley Muñoz Dorado y Yudi Melisa Muñoz Dorado
respecto del presunto desconocimiento de precedente, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva.

Tercero: Negar el amparo respecto de la configuración de los defectos fáctico y
procedimental por exceso ritual manifiesto, por las consideraciones expuestas en la
presente providencia.

Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.

Quinto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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