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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-06166-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-06166-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo Nacional Electoral y la Presidencia de la República, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Javier Arroyo Hernández, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001 03 15 000 2026 06166 00 Accionante: Javier Arroyo Hernández Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-06166-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 06166 00
Accionante: Javier Arroyo Hernández
Accionado: Consejo de Estado - Sección Quinta.
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir
con el requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Javier Arroyo Hernández contra
las providencias proferidas el 13 de agosto de 2026 por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, en el proceso de nulidad electoral identificado con el radicado núm. 11001 03
28 000 2026 00261 00.

1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Javier Arroyo Hernández, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela
en contra de las precitadas providencias, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:

1. AMPARAR los derechos fundamentales al Debido Proceso, al Principio de
Publicidad, al Acceso Eficiente a la Administración de Justicia y a la Soberanía
Nacional del suscrito actor ciudadano, vulnerados de forma concurrente por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.

2. DECLARAR LA INVALIDEZ Y NULIDAD ABSOLUTA del auto unipersonal del
13 de agosto de 2026 (que rechazó la nulidad) y del auto de Sala Plena de la
misma fecha (que admitió la demanda y denegó la suspensión provisional).

3. Como medida de reparación constitucional directa ante la doctrina del Fruto del
Árbol Envenenado (Artículo 29 de la C.P.) que contamina la inscripción fraudulenta
del movimiento DEFENSORES DE LA PATRIA, DECRETAR LA SUSPENSIÓN
PROVISIONAL DE LOS EFECTOS JURÍDICOS Y MATERIALES DE LA
INVESTIDURA DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
derivada del Formulario E-26.

4. ORDENAR que el ejercicio transitorio de las funciones presidenciales para
atender la calamidad pública del sismo y la inmediata convocatoria a nuevas
elecciones presidenciales dentro del plazo improrrogable de dos meses, sea
asumido bajo la aplicación automática de la línea de sucesión legal y
constitucional consagrada en el artículo 203 de la Carta Política y la Ley 790 de

1 Aparte del escrito de subsanación de tutela. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 06166 00.

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 06166 00
Accionante: Javier Arroyo Hernández
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

2002, rigiendo el orden de precedencia ministerial sobre las investiduras exentas
de tacha transnacional.

5. ORDEN DE PROTECCIÓN EXTRAORDINARIA DE SEGURIDAD
INTERNACIONAL: Solicito REITERAR Y ORDENAR de forma perentoria a la
Unidad Nacional de Protección (UNP), al Ministerio del Interior y a la Dirección
General de la Policía Nacional el diseño implementación y ejecución inmediata de
un Esquema de Seguridad de Emergencia Extraordinario a favor del suscrito
JAVIER ARROYO HERNÁNDEZ, coordinando dicha protección en un término
improrrogable de doce (12) horas para salvaguardar mi vida, libertad e integridad
personal ante las declaraciones públicas de hostilidad proferidas por las directivas
de la campaña demandada o, en su defecto, disponer el auxilio logístico y consular
de emergencia para un traslado similar de exilio a España o México en
salvaguarda de mi subsistencia psicofísica. (Mayúsculas y negrillas originales del
escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA
Del escrito de tutela y su subsanación se desprende lo siguiente:

El accionante señaló que el 1 de julio de 2026 presentó demanda de nulidad electoral
con solicitud de medida cautelar de urgencia, al amparo del artículo 234 del CPACA, con
el propósito de obtener la suspensión de los efectos de la elección de Abelardo Gabriel
De la Espriella Otero como presidente de la República de Colombia.

Indicó que la petición se sustentó en la existencia de un supuesto vicio constitucional
derivado de la renuncia expresa a la ciudadanía colombiana efectuada por el elegido en
el marco de un proceso de naturalización extranjera, circunstancia que, a su juicio,
comprometía la legitimidad de su investidura y el ejercicio de funciones públicas de
especial relevancia constitucional.

Manifestó que, mediante auto del 27 de julio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de
Estado omitió aplicar el trámite preferente previsto en el artículo 234 del CPACA y dispuso
someter la solicitud cautelar al procedimiento ordinario contemplado en el artículo 233
ibidem, con traslado por cinco días hábiles.

Sostuvo que dicha determinación desconoció la naturaleza urgente de la medida
solicitada y que el despacho debió adoptar actuaciones oficiosas dirigidas a esclarecer
los hechos expuestos en la demanda, en particular mediante la práctica de diligencias
orientadas a interrogar al demandado sobre los aspectos que consideraba relevantes
para la controversia.

Afirmó que la providencia del 27 de julio de 2026 no le fue notificada por los canales
institucionales correspondientes ni mediante estado visible, lo que, en su criterio, permitió
que la contraparte ejerciera actuaciones procesales sin que él tuviera conocimiento
oportuno de ellas.

Señaló que el 31 de julio de 2026 advirtió dicha situación al revisar el sistema SAMAI y
presentó un memorial de urgencia mediante el cual denunció la existencia de una nulidad
parcial por falta de notificación. Precisó, además, que el 15 de julio de 2026 había
radicado un memorial adicional de urgencia en el que aportó elementos que consideró
relevantes para sustentar la necesidad de una decisión inmediata.

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Explicó que, para el 5 de agosto de 2026, a menos de cuarenta y ocho horas de la fecha
prevista para la posesión presidencial del 7 de agosto de 2026, la actuación permanecía
sin decisión definitiva. Consideró que esa circunstancia privó al juez electoral de ejercer
un control preventivo efectivo y condujo a la configuración de un daño consumado que
posteriormente sirvió de fundamento para la expedición de los autos del 13 de agosto de
2026 mediante los cuales se rechazó la solicitud de nulidad y se negó la medida cautelar
solicitada.

Asimismo, manifestó que su integridad física y psíquica se encontraba en situación de
riesgo debido a presuntas represalias y manifestaciones hostiles provenientes de
simpatizantes del movimiento político «DEFENSORES DE LA PATRIA». Señaló que
tales circunstancias comprometían su seguridad personal y la posibilidad de ejercer su
actividad ciudadana, por lo que consideró necesaria la adopción de medidas de
protección urgentes.

Como fundamentos de la acción de tutela, frente a los defectos atribuidos a las
providencias judiciales cuestionadas, sostuvo que estas incurrieron en un defecto
procedimental absoluto por haber sustituido el trámite de urgencia previsto en el artículo
234 del CPACA por el procedimiento ordinario del artículo 233 ibidem.

Argumentó que dicha actuación desconoció la Sentencia C-284 de 2014 y se sustentó en
una falsa motivación documental, pues, según afirmó, el memorial de urgencia radicado
el 15 de julio de 2026 contenía las razones específicas que justificaban la adopción
inmediata de la medida cautelar solicitada.

Igualmente, alegó la configuración de un defecto sustantivo por exceso ritual manifiesto,
al considerar que el rechazo de la solicitud de nulidad procesal se fundamentó
exclusivamente en exigencias formales relacionadas con la identificación de la causal
legal correspondiente. Indicó que dicha interpretación desconoció los principios «da mihi
factum, dabo tibi ius e iura novit curia» y sacrificó la prevalencia del derecho sustancial
consagrada en el artículo 228 de la Constitución.

También afirmó que las providencias incurrieron en un defecto fáctico por omisión de la
valoración de la prueba que consideró central para el litigio, consistente en el juramento
de renuncia a la ciudadanía colombiana efectuado por el demandado durante su proceso
de naturalización extranjera. Señaló que la Sección Quinta omitió examinar las
implicaciones jurídicas de dicho documento y dejó de decretar pruebas oficiosas
orientadas a esclarecer los hechos, pese a que, a su juicio, existían elementos suficientes
para ello. Añadió que la corporación desconoció el precedente contenido en la Sentencia
C-279 de 2013 y los deberes probatorios derivados del artículo 175 del CPACA.

Asimismo, sostuvo que se configuró una vía de hecho sustantiva por haber acudido la
Sección Quinta del Consejo de Estado a criterios y conceptos emitidos en otros trámites
para justificar la negativa de la medida cautelar y la inexistencia de urgencia. Afirmó que
dicha actuación desconoció hechos que consideró acreditados dentro del expediente y
condujo a una interpretación contraria a los artículos 4 y 40 numeral 7 de la Constitución
Política.

De igual forma, denunció la existencia de actuaciones coordinadas entre distintas
dependencias judiciales encaminadas, según su criterio, a obstaculizar el trámite de sus
solicitudes. En particular, señaló que en el sistema SAMAI se habría producido una
sincronización de actuaciones y notificaciones relacionadas con providencias emitidas
por la Sección Quinta y por la Sección Primera del Consejo de Estado, circunstancia que
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calificó como un bloqueo técnico orientado a impedir el control judicial oportuno de los
actos cuestionados. Argumentó que tales actuaciones vulneraron el artículo 53 del
Decreto 2591 de 1991 y frustraron la efectividad de las medidas provisionales solicitadas.

En el escrito de subsanación, respecto al trámite de la presente tutela, manifestó que el
auto del 12 de agosto de 2026, mediante el cual se requirió la subsanación de la
demanda, incurrió en defecto sustantivo y exceso ritual manifiesto al exigir formalidades
incompatibles con la naturaleza informal de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política y en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991.

Sostuvo que el despacho omitió pronunciarse oportunamente sobre la medida provisional
invocada desde el 5 de agosto de 2026 con fundamento en el artículo 7 del Decreto 2591
de 1991, lo que, a su juicio, configuró una omisión en el deber de protección de los
derechos fundamentales. También afirmó que dicha exigencia formal desconoció el
derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.

Adicionalmente, señaló que resultaba contradictorio afirmar que la acción de tutela
carecía de pretensiones claras, pues, según indicó, el propio auto de requerimiento había
transcrito el contenido de la medida provisional solicitada, consistente en ordenar al
Congreso de la República abstenerse de realizar o perfeccionar el acto de toma de
juramento y posesión del ciudadano Abelardo Gabriel De la Espriella Otero como
presidente de la República. Consideró que dicha contradicción evidenciaba un exceso
ritual manifiesto y un obstáculo injustificado para la admisión de la demanda.

Sostuvo que la acción cumplía los requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales establecidos por la jurisprudencia constitucional.

Indicó que el asunto revestía relevancia constitucional por involucrar cuestiones
relacionadas con la soberanía nacional, la ciudadanía en ejercicio y el mando de las
Fuerzas Militares, a la luz de los artículos 9, 191 y 217 de la Constitución y de la Sentencia
C-601 de 2015.

Afirmó que se satisfacía el requisito de subsidiariedad, pues el 18 de agosto de 2026
interpuso ante la Sección Quinta recurso de reposición contra el auto de Sala Plena y
recurso de súplica acompañado de recusación contra el auto unipersonal de la
magistrada ponente, manifestando expresamente su renuncia al término restante de
ejecutoria.

Igualmente, consideró acreditado el requisito de inmediatez, toda vez que, las
providencias cuestionadas fueron notificadas el 14 de agosto de 2026 y la subsanación
de la tutela fue radicada el 18 de agosto siguiente.

También precisó que identificó de manera concreta los hechos y actuaciones que
consideró lesivos de sus derechos fundamentales y explicó la incidencia que las
irregularidades denunciadas habrían tenido en las decisiones judiciales objeto de
cuestionamiento.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

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Accionante: Javier Arroyo Hernández
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3.1. La tutela fue radicada el 5 de agosto de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, mediante auto del 12 de agosto de 20263 requirió al accionante para que
subsanara la solicitud de amparo, frente a la precisión de las pretensiones, lo cual fue
atendido mediante escrito presentado el 18 de agosto siguiente4.

Una vez verificado el cumplimiento de dicho requerimiento, por auto del 28 de agosto de
20265, esta Sección admitió la tutela y dispuso notificar6 al Consejo de Estado - Sección
Quinta como parte accionada; así como, vincular7 al presidente de la república, Abelardo
Gabriel de la Espriella Otero, y al Consejo Nacional Electoral, como tercero con interés
directo en el resultado del proceso. En la misma providencia se negó la medida
provisional solicitada por la parte accionante.

De igual forma, se requirió al Consejo de Estado - Sección Quinta para que allegaran
copia digital del expediente identificado con radicado núm. 11001 03 28 000 2026 00261
00.

3.2. La magistrada ponente de las providencias acusadas rindió informe8 en el que explicó
que el accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión de
los autos del 27 de julio y 13 de agosto de 2026, mediante los cuales se dispuso el
traslado de la solicitud de medida cautelar, se rechazó la nulidad procesal promovida por
él, se admitió la demanda de nulidad electoral y se negó la medida cautelar solicitada
dentro del expediente núm. 11001 03 28 000 2026 00261 00.

En cuanto a la procedencia de la tutela, sostuvo que no se satisfacía el requisito de
subsidiariedad, dado que el accionante aún contaba con mecanismos ordinarios de
defensa judicial pendientes de resolución dentro del proceso de nulidad electoral.

Precisó que, contra el auto del 13 de agosto de 2026, que rechazó la solicitud de nulidad,
se interpuso recurso de súplica el 18 de agosto siguiente y que también se promovió
recusación contra su persona, trámite que se encontraba pendiente de decisión por parte
de la Sala.

Añadió que, contra el auto de Sala del 13 de agosto de 2026, que admitió la demanda y
negó la medida cautelar, se presentó recurso de reposición cuya resolución aún no se
había producido.

Finalmente, manifestó que los argumentos expuestos en la acción de tutela coincidían
sustancialmente con aquellos formulados en los recursos actualmente en trámite dentro
del proceso ordinario, razón por la cual las inconformidades del actor ya estaban siendo
conocidas por el juez natural de la causa a través de los mecanismos previstos en el
ordenamiento jurídico. Con fundamento en ello, consideró que la tutela pretendía

2 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 06166 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 06166 00.
4
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 06166 00.
5 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 06166 00.
6 Esta orden se cumplió el 1 de septiembre de 2026. Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 06166 00.
7 Ibidem
8 Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 06166 00.
5

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convertirse en una instancia paralela y solicitó que el amparo fuera declarado
improcedente.

3.3. La apoderada del presidente de la República mediante oficio núm. OFI26-00021973
/ AGEO 14000001 del 7 de septiembre de 20269 manifestó que la acción de tutela debía
declararse improcedente respecto del presidente de la República por falta de legitimación
en la causa por pasiva.

Explicó que las actuaciones cuestionadas correspondían exclusivamente a decisiones
judiciales adoptadas por el Consejo de Estado, frente a las cuales la Presidencia carecía
de competencia, facultad de intervención o poder de decisión.

Agregó que la independencia y autonomía de la Rama Judicial impedían cualquier
injerencia del presidente en los asuntos sometidos al conocimiento de los jueces, por lo
que la controversia debía ser resuelta por las autoridades judiciales accionadas.

Finalmente, sostuvo que no existía acción u omisión atribuible al presidente de la
República que pudiera considerarse vulneradora de los derechos fundamentales
invocados por el actor. Por ello, solicitó su desvinculación del trámite constitucional, la
declaratoria de improcedencia de la acción respecto de dicha autoridad y,
subsidiariamente, la negación de las pretensiones formuladas en su contra.

3.4. El Consejo Nacional Electoral allegó escrito10 en el que indicó que, dentro del proceso
de nulidad electoral, el Consejo Nacional Electoral presentó oportunamente su
pronunciamiento y sostuvo que la sola adquisición de otra nacionalidad no producía
automáticamente la pérdida o suspensión de la ciudadanía colombiana ni constituía una
prohibición expresa para ejercer la Presidencia de la República.

Asimismo, manifestó que los elementos probatorios aportados por el demandante no
permitían acreditar que el elegido hubiera renunciado a la nacionalidad colombiana o que
tuviera suspendido el ejercicio de la ciudadanía, por lo que consideró que la controversia
requería un análisis jurídico y probatorio propio del estudio de fondo del proceso y no de
la etapa cautelar. En consecuencia, solicitó negar la medida cautelar y continuar con el
trámite ordinario de la demanda.

Sustentó que carecía de legitimación en la causa por pasiva, pues la acción de tutela
estaba dirigida exclusivamente contra providencias judiciales expedidas por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, respecto de las cuales la entidad no había adoptado
decisión alguna ni ejercido funciones jurisdiccionales.

Precisó que su vinculación obedecía únicamente a su participación como tercero con
interés dentro del proceso electoral y a los pronunciamientos emitidos en la demanda de
nulidad electoral, razón por la cual solicitó su desvinculación del trámite constitucional.

3.5. El accionante mediante escrito del 3 de septiembre de 202611 denunció la existencia
de una presunta mora judicial por parte de esta Sección.

9
Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 06166 00.
10
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 06166 00.
11
Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 06166 00.
6

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Sostuvo que la acción de tutela había sido presentada el 5 de agosto de 2026 junto con
una solicitud de medida cautelar de urgencia destinada a impedir la posesión presidencial
prevista para el 7 de agosto de 2026, pero que la admisión del trámite solo se produjo el
28 de agosto siguiente. Consideró que dicha dilación obedeció a una actuación
deliberada que permitió la consumación de los hechos que pretendía evitar y afectó la
efectividad de la protección constitucional solicitada.

Reiteró los argumentos expuestos en el proceso electoral respecto de la presunta pérdida
de la ciudadanía colombiana del elegido como consecuencia del juramento prestado
durante su proceso de naturalización en los Estados Unidos. Señaló que dicho acto
implicó una renuncia expresa a la lealtad y fidelidad hacia Colombia, por lo que, a su
juicio, resultaba incompatible con el ejercicio de la Presidencia de la República.

Con fundamento en ello, afirmó que se configuraban irregularidades relacionadas con la
inscripción de la candidatura, la obtención de la credencial electoral y el ejercicio de
funciones públicas por parte del mandatario elegido.

Solicitó a esta sección dar prelación al trámite de la tutela, aplicar lo que denominó bloque
de constitucionalidad para declarar la existencia de un vicio constitucional absoluto en la
elección cuestionada y tutelar los derechos fundamentales que consideró vulnerados.

Adicionalmente, pidió compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se
investigaran presuntas conductas punibles atribuidas a la fórmula presidencial electa y a
integrantes del movimiento político «Defensores de la Patria», relacionadas con fraude
procesal, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir y otras
actuaciones que, según afirmó, habrían incidido en el proceso electoral.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 12 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,13 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202114, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201915, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente16:

12 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
13 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
14 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
15 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
16 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad electoral identificado con radicado núm.

11001-03-28-000-2026-00261-00.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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4.2.1. El señor Javier Arroyo Hernández promovió medio de control de nulidad electoral
en contra del Consejo Nacional Electoral y del señor Abelardo Gabriel de la Espriella
Otero, elegido presidente de la República para el período constitucional 2026-2030.

4.2.2. El asunto fue repartido a la Sección Quinta del Consejo de Estado que, mediante
auto del 6 de julio de 2026, inadmitió la demanda y concedió el término legal para su
corrección. La demanda fue subsanada mediante escrito presentado el 8 de julio de 2026.

4.2.3. Posteriormente, mediante auto del 15 de julio de 2026, la Sección Quinta requirió
al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que
allegaran copia del acto de elección del señor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero.

En esa misma fecha, el demandante solicitó la suspensión provisional de los efectos del
acto acusado y pidió que dicha medida cautelar se tramitara conforme al procedimiento
de urgencia previsto en el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011.

4.2.4. Mediante auto del 27 de julio de 2026 se corrió traslado de la solicitud de medida
cautelar. Posteriormente, el 31 de julio de 2026, el demandante promovió incidente de
nulidad procesal por presunta vulneración del debido proceso, el cual fue rechazado de
plano mediante auto del 13 de agosto de 2026, al no encontrarse sustentado en alguna
de las causales legalmente previstas.

4.2.5. En providencia del 13 de agosto de 2026, la Sección Quinta admitió el medio de
control de nulidad electoral y negó las medidas cautelares solicitadas por el demandante.

4.2.6. Entre el 14 y el 26 de agosto de 2026, el accionante presentó diversos escritos
dentro del proceso, mediante los cuales insistió en sus solicitudes, promovió actuaciones
dirigidas a cuestionar el trámite surtido, formuló recurso de reposición con renuncia
expresa a los términos de ejecutoria contra el auto del 13 de agosto de 2026, alegó la
existencia de irregularidades relacionadas con la publicidad de la actuación judicial,
recusó a la magistrada Gloria María Gómez Montoya y presentó reforma de la demanda
con nuevos cargos de nulidad electoral e integración del contradictorio.

4.2.7. Mediante escrito del 26 de agosto de 2026, la magistrada Gloria María Gómez
Montoya se pronunció sobre la recusación formulada en su contra y solicitó que esta fuera
declarada infundada, por considerar que no se configuraban las causales previstas en
los numerales 1 y 8 del artículo 141 del Código General del Proceso. El asunto fue
remitido al despacho del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil el 27 de agosto de 2026
y, para la fecha de esta providencia, se encuentra pendiente de decisión.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

La Sala se pronunciará sobre la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva formuladas por el Consejo Nacional Electoral y la Presidencia de la
República.

Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Corte Constitucional en sentencia T-416
del 28 de agosto de 1997 señaló lo siguiente:

[…] 2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
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causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha
calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe
entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al
demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor
le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

(…)

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución
como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se
promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por
la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de
las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto. (Subrayas fuera del texto
original).

En ese sentido, la Sala advierte que el Consejo Nacional Electoral y la Presidencia de la
República, solicitaron su desvinculación del presente asunto, aduciendo que los hechos
que fueron esbozados en la petición de amparo no eran atribuibles a esas entidades.

Así, es menester señalar que tal y como quedó constancia en el auto admisorio de la
demanda, la vinculación de estas al presente asunto es consecuencia del interés que le
puede asistir en las resultas del presente trámite, toda vez que hacen parte del proceso
ordinario identificado con el radicado núm. 11001 03 28 000 2026 00261 00 en calidad
de demandados. De ahí que no sea posible acceder a dicha petición de desvinculación.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Previo a resolver las pretensiones formuladas por el accionante, la Sala considera
necesario efectuar algunas precisiones sobre el alcance de la presente acción
constitucional y las solicitudes presentadas durante su trámite.

En particular, se advierte que varias de las pretensiones elevadas se encuentran
relacionadas con asuntos que actualmente son objeto de discusión dentro del proceso
de nulidad electoral que cursa ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, mientras
que otras corresponden a solicitudes respecto de las cuales no se acreditan los
presupuestos de procedencia de la acción de tutela.

Asimismo, el accionante formuló diversos cuestionamientos y peticiones adicionales
mediante escritos posteriores, frente a los cuales resulta pertinente realizar algunas
consideraciones preliminares.

En consecuencia, la Sala abordará, en primer lugar, el análisis del requisito de
subsidiariedad y, posteriormente, las demás manifestaciones y solicitudes presentadas
dentro del trámite constitucional.

4.4.1. Frente al requisito de subsidiariedad – Improcedencia por existencia de un
proceso judicial en curso y mecanismos ordinarios de defensa pendientes de
resolución

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
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instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene lo siguiente.

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que
solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable17.

La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve
tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial18: (i) cuando el asunto está trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico.

No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al principio de
subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el mecanismo ordinario de defensa no
es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales, y (ii)
cuando se pretende evitar la configuración de perjuicio irremediable, el cual debe
acreditarse que cumple con las características de ser inminente y grave, que requiere de
la adopción de medidas de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la
protección constitucional es impostergable.

Sobre la improcedencia de la acción de tutela en los casos en los que el asunto está en
trámite, la Corte Constitucional ha manifestado que la intervención del juez
constitucional, en principio, está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye
un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser
resueltos al interior del trámite ordinario19. Al respecto, ha precisado que20:

17 La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero

Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si, efectivamente, en un caso concreto,
se está ante la presencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo
de amparo constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho
fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño
producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente
la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
18 Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
19 Corte Constitucional. Sentencia T-335 de 2018. M.P.: Diana Fajardo Rivera.
20 Ibidem.

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[…] la acción de tutela no procede de manera directa cuando el asunto está en
trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa
previstos en el ordenamiento. No obstante, la protección de derechos
fundamentales a través de la acción de tutela permite la intervención del juez
constitucional siempre que se demuestre que no existe otro medio de defensa
judicial o que se pretende evitar un perjuicio irremediable […].

Frente a la procedencia de la acción de tutela contra autos interlocutorios, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado lo siguiente21:

[…] el análisis (…) es estricto, puesto que: i) no se trata de decisiones definitivas;
ii) la persona tiene a su disposición distintos recursos jurídicos para controvertir el
auto, en el marco del proceso judicial en el cual fue emitido y, además, iii) tiene la
posibilidad de recurrir la decisión final. Tal criterio restrictivo encuentra su
justificación en que la acción de tutela no puede ser utilizada por el accionante
para “controvertir una decisión adversa a [los] intereses”, en el marco de un
proceso judicial en el cual “no se ha proferido ningún fallo definitivo” […]. (Se
destaca).

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la inconformidad del accionante recae sobre
las providencias proferidas el 13 de agosto de 2026 dentro del proceso de nulidad
electoral radicado bajo el núm. 11001 03 28 000 2026 00261 00, que cursa ante la
Sección Quinta del Consejo de Estado, esto es: i) el auto mediante el cual se rechazó la
solicitud de nulidad procesal formulada dentro de dicho trámite y ii) el auto de Sala que
admitió la demanda y resolvió la solicitud de medida cautelar. Sin embargo, la acción de
tutela resulta improcedente para controvertir tales decisiones, toda vez que el referido
proceso judicial se encuentra actualmente en curso.

En efecto, según se constata en la plataforma SAMAI, las providencias cuestionadas
constituyeron actuaciones propias del trámite ordinario de nulidad electoral, dentro del
cual el accionante ha ejercido los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento
jurídico. Así, se observa que el 18 de agosto de 2026 interpuso recurso de súplica y
formuló recusación contra la magistrada Gloria María Gómez Montoya.

A su vez, mediante escrito del 26 de agosto de 2026, la mencionada magistrada se
pronunció sobre la recusación y solicitó que esta fuera declarada infundada, actuación
que ingresó al despacho del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil el 27 de agosto
siguiente para lo de su competencia22

En tales condiciones, resulta evidente que las decisiones cuestionadas continúan siendo
objeto de discusión dentro del escenario judicial ordinario, por lo que corresponde al juez
natural del proceso adoptar las determinaciones a que haya lugar. De ahí que la acción
de tutela no pueda convertirse en un mecanismo paralelo para cuestionar actuaciones
procesales respecto de las cuales el ordenamiento jurídico prevé instrumentos
específicos de control, pues ello implicaría desplazar las competencias atribuidas al juez
de la causa e interferir en el desarrollo de un proceso judicial aún no concluido.

Particularmente, respecto de la pretensión encaminada a que se declare la invalidez y
nulidad absoluta de los autos proferidos el 13 de agosto de 2026, mediante los cuales se
rechazó la solicitud de nulidad procesal y se admitió la demanda negando la suspensión

21 Corte Constitucional. Sentencia T-511 del 11 de diciembre de 2020.
22 Visto en el índice 58 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 28 000 2026 00261 00.
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provisional solicitada, la Sala observa que el propio accionante acudió a los mecanismos
procesales previstos dentro del proceso de nulidad electoral para controvertir dichas
decisiones.

En efecto, el 18 de agosto de 202623 presentó recurso de reposición contra esa
providencia y promovió solicitud de nulidad respecto de las actuaciones surtidas dentro
del proceso, en la que alegó, entre otros aspectos, la indebida notificación de las
providencias y el presunto ocultamiento de la aclaración de voto. Tales cuestionamientos
se encuentran directamente relacionados con la validez de actuaciones procesales
adelantadas dentro del expediente electoral y, por consiguiente, corresponde a la
autoridad judicial que conoce de dicho proceso resolverlos en ejercicio de sus
competencias legales.

En consecuencia, esta Sala no puede pronunciarse sobre la procedencia de las
nulidades e irregularidades procesales que el accionante atribuye al trámite de nulidad
electoral, pues ello implicaría sustituir al juez natural en el examen de asuntos que
actualmente se encuentran sometidos a su consideración. Por tal razón, la pretensión
dirigida a obtener la declaratoria de invalidez y nulidad de las providencias del 13 de
agosto de 2026 resulta improcedente, en atención al carácter subsidiario de la acción de
tutela y a la existencia de mecanismos judiciales ordinarios actualmente en curso para
debatir tales inconformidades.

En cuanto a la pretensión encaminada a que se decrete la suspensión provisional de los
efectos jurídicos y materiales de la investidura del presidente y vicepresidente de la
República derivados del Formulario E-26, la Sala observa que dicha solicitud coincide
sustancialmente con una de las medidas perseguidas por el accionante dentro del
proceso de nulidad electoral en curso, de manera que, a través de la presente acción
constitucional, pretende alcanzar un efecto jurídico directamente vinculado con el objeto
de ese litigio y con las medidas cautelares cuya procedencia corresponde valorar al juez
electoral en ejercicio de las competencias que le han sido atribuidas por la Constitución
y la ley.

En consecuencia, la tutela no puede ser utilizada para anticipar una decisión que
corresponde adoptar a la autoridad judicial competente dentro del proceso ordinario ni
para sustituir los mecanismos procesales previstos para debatir la legalidad de la
elección cuestionada. Por consiguiente, dicha pretensión resulta improcedente a la luz
del principio de subsidiariedad que gobierna la acción de tutela.

De igual manera, la pretensión dirigida a que se ordene el ejercicio transitorio de las
funciones presidenciales mediante la aplicación de la línea de sucesión prevista en el
artículo 203 de la Constitución Política y en la Ley 790 de 2002, así como la convocatoria
de nuevas elecciones presidenciales, parte necesariamente de la premisa según la cual
la elección cuya legalidad se cuestiona carece de validez jurídica y, por ende, deben
cesar los efectos de la investidura derivada del Formulario E-26.

Sin embargo, precisamente tales aspectos constituyen el objeto de controversia dentro
del proceso de nulidad electoral que actualmente cursa ante la Sección Quinta del
Consejo de Estado. En consecuencia, cualquier determinación relacionada con la
eventual afectación de los efectos de la elección, las consecuencias jurídicas derivadas
de una eventual decisión sobre su validez o la procedencia de las medidas que deban

23 Visto en el índice 49 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 28 000 2026 00261 00
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adoptarse frente al ejercicio de las funciones presidenciales corresponde, en primer
lugar, al juez natural de la causa, en el marco de las competencias que le atribuyen la
Constitución y la ley. Por tal razón, esta solicitud también resulta improcedente por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

Ahora bien, en relación con la pretensión encaminada a que se ordene a la Unidad
Nacional de Protección, al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía
Nacional la implementación inmediata de un esquema extraordinario de seguridad a
favor del accionante o, en su defecto, la adopción de medidas que permitan su traslado
a otro país, la Sala observa que dicha solicitud tampoco está llamada a prosperar.

En primer lugar, el accionante no acreditó haber acudido previamente ante las
autoridades competentes para solicitar la valoración de su nivel de riesgo y la eventual
adopción de medidas de protección, particularmente ante la Unidad Nacional de
Protección, entidad a la que el ordenamiento jurídico le atribuye la competencia para
analizar y determinar la procedencia de este tipo de esquemas de seguridad. En
consecuencia, no se satisface el requisito de subsidiariedad, pues no se evidencia el
agotamiento de los mecanismos ordinarios previstos para la protección de los derechos
cuya salvaguarda reclama.

Adicionalmente, la Sala reitera lo expuesto en el auto del 28 de agosto de 2026, en el
sentido de que la medida solicitada se encuentra orientada a la protección de los
derechos fundamentales a la vida e integridad personal; sin embargo, tales garantías no
fueron invocadas por el accionante como derechos fundamentales vulnerados dentro del
escrito de tutela.

Aun si se superara dicha circunstancia, tampoco obra en el expediente elemento
probatorio alguno que permita acreditar, siquiera sumariamente, la existencia del riesgo
extraordinario e inminente alegado por el actor, ni la configuración de un perjuicio
irremediable que justifique la intervención inmediata del juez constitucional y el
desplazamiento de los mecanismos institucionales ordinarios diseñados para la
valoración y atención de este tipo de situaciones.

Por consiguiente, la pretensión encaminada a obtener la implementación de medidas
especiales de protección o el traslado del accionante a otro país también resulta
improcedente.

En consecuencia, la presente acción de tutela resulta improcedente por incumplir el
requisito general de subsidiariedad, toda vez que las inconformidades planteadas por el
accionante se encuentran sometidas al conocimiento del juez natural dentro de un
proceso judicial actualmente en curso, respecto del cual existen mecanismos ordinarios
de defensa pendientes de resolución.

Adicionalmente, en lo que atañe a la solicitud de medidas especiales de protección, no
se acreditó el agotamiento de los procedimientos administrativos previstos para su
obtención ni la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la intervención
excepcional del juez constitucional.

4.4.2. Precisiones finales sobre actuaciones surtidas dentro del trámite de tutela

La Sala advierte que en el escrito de subsanación el accionante manifestó su
inconformidad con las consideraciones expuestas en el auto del 12 de agosto de 2026
mediante el cual se le requirió para complementar la demanda de tutela, particularmente
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en lo relacionado con la presunta inexistencia de pretensiones claras y determinadas
dentro del escrito inicial. Sobre el particular, sostuvo que dicho proveído incurrió en
contradicción al afirmar que no existían pretensiones expresas, pese a que en esa misma
actuación se hizo referencia a las medidas provisionales solicitadas.

La Sala observa que la presente acción constitucional fue promovida contra las
providencias proferidas el 13 de agosto de 2026 dentro del proceso de nulidad electoral
que cursa ante la Sección Quinta del Consejo de Estado. En consecuencia, el auto
mediante el cual se requirió la subsanación de la demanda no constituye una de las
decisiones judiciales expresamente cuestionadas por el accionante ni integra el objeto
de la controversia sometida a consideración de la Sala.

Por tal razón, no corresponde efectuar pronunciamiento alguno respecto de los reparos
formulados contra dicha actuación procesal, pues ello desbordaría el marco fijado por la
propia demanda de tutela.

De igual manera, la Sala observa que mediante escrito radicado el 3 de septiembre de
2026 el accionante formuló diversas solicitudes y consideraciones relacionadas con el
trámite impartido a la presente acción constitucional, así como con las actuaciones
adelantadas por este despacho durante su sustanciación.

Al respecto, revisado el expediente, no se evidencia irregularidad alguna en el trámite
surtido. Por el contrario, las actuaciones procesales fueron adelantadas conforme a las
etapas y términos previstos en la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y las
disposiciones aplicables a la acción de tutela, garantizando en todo momento el ejercicio
de los derechos procesales de las partes e intervinientes.

En consecuencia, la Sala no encuentra mérito para acceder a las solicitudes formuladas
en dicho memorial ni advierte circunstancia alguna que permita concluir que el trámite de
la presente acción constitucional se hubiera apartado de los parámetros legales que lo
regulan.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo Nacional
Electoral y la Presidencia de la República, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor
Javier Arroyo Hernández, por las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 17 de
septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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