Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06171-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06171-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-06171-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
31 de agosto de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-06171-00
Demandante: DIANA MARCELA RUBIANO MATOMA
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Asunto: DISCUSIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA
VINCULACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA ENCUBIERTA
EN LAS FORMAS DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES. ANÁLISIS DE LOS
DEFECTOS FÁCTICO, SUSTANTIVO Y
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE.
Síntesis del caso: se cuestionó la sentencia de segunda instancia, mediante la cual se revocó la
decisión que había declarado la existencia de una relación laboral entre la parte demandante y
ordenado el pago de las prestaciones sociales. La Sala negará el amparo, por no encontrarse
configurados los defectos invocados.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por la señora Diana Marcela Rubiano
Matoma en contra de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso, seguridad social,
trabajo y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 13, 29, 48 y
229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia
de 9 de abril de 2026, proferida por dicha autoridad judicial.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción, la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1 Demanda que se presentó el 5 de agosto de 2026, índice 1, Samai.
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Expediente: 11001-03-15-000- 2026-06171-00
Demandante: Diana Marcela Rubiano Matoma
Acción de tutela
1) La señora Diana Marcela Rubiano Matoma prestó sus servicios como médica general
en el servicio de urgencias, inicialmente para el Hospital del Sur ESE y posteriormente
para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, mediante contratos
sucesivos de prestación de servicios entre el 12 de mayo de 2014 y el 30 de noviembre
de 2019; además, desarrolló sus actividades en el CAMI Trinidad Galán y luego en el
CAPS Trinidad Galán, periodo durante el cual ejerció labores asistenciales propias del
servicio de urgencias.
2) El 6 de abril de 2016, mediante el Acuerdo 641 de 2016, se reorganizó el sector salud
distrital y el Hospital del Sur pasó a integrar la referida Subred, sin que se interrumpiera
la prestación del servicio de la parte demandante.
3) Finalizada la vinculación, el 21 de febrero de 2020, la demandante presentó
reclamación administrativa ante la Subred, la Secretaría Distrital de Salud y la Alcaldía
Mayor de Bogotá, con el propósito de obtener el reconocimiento de una relación laboral
encubierta mediante contratos de prestación de servicios y el pago de las prestaciones
sociales, aportes a seguridad social y demás conceptos derivados de aquella.
4) Mediante acto 20202100036481 del 5 de marzo de 2020, la Subred negó la solicitud
porque consideró que la vinculación había sido de naturaleza contractual y no laboral,
que los contratos no generaban derechos de carrera administrativa y que la interesada
había aceptado expresamente esa modalidad de contratación, decisión que fue notificada
por aviso el 2 de abril de 2020.
5) El 14 de abril de 2020, la parte demandante interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, apelación en contra de esa decisión; sin embargo, mediante acto
20202100067681 del 14 de mayo de 2020, la Subred decidió no reponerla y señaló que
el recurso de apelación era improcedente frente a la decisión adoptada por el
representante legal de una entidad descentralizada.
6) Posteriormente, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos que negaron su reclamación y que, en aplicación del principio de primacía
de la realidad sobre las formas, se reconociera que los contratos de prestación de
servicios encubrieron una verdadera relación laboral, con el consecuente reconocimiento
de las prestaciones y demás derechos económicos correspondientes.
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Demandante: Diana Marcela Rubiano Matoma
Acción de tutela
7) El conocimiento del asunto correspondió a la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca2, quien, mediante sentencia del 11 de julio de
2025, accedió parcialmente a las pretensiones, declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados y reconoció la existencia de una relación laboral
ininterrumpida entre el 12 de mayo de 2014 y el 30 de noviembre de 2019.
8) El 17 de julio de 2025, la Subred apeló la sentencia, por cuanto no estaba demostrado
el elemento de subordinación y, en la medida que las circunstancias valoradas por el
tribunal (horarios, turnos, instrucciones, protocolos y coordinación institucional),
correspondían a mecanismos normales de coordinación y supervisión necesarios para
ejecutar un contrato de prestación de servicios, pero no acreditaban el ejercicio de un
poder subordinante.
9) La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia
de 9 de abril de 20263, revocó la decisión y, en su lugar, negó las pretensiones con
fundamento en que no se había desvirtuado la naturaleza contractual de la vinculación
mediante la demostración del elemento de subordinación; además, condenó en costas
en ambas instancias a la parte demandante.
Fundamento de la vulneración
La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales con ocasión de la providencia proferida el 9 de abril de 2026, por cuanto,
a su juicio, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, violación directa de la Constitución
y desconocimiento del precedente judicial.
En cuanto al defecto fáctico, sostuvo que la sentencia efectuó una valoración inadecuada
del material probatorio relativo a la subordinación y cuestionó que esta se haya buscado
principalmente mediante manifestaciones tradicionales (órdenes, memorandos,
sanciones o llamados de atención), sin valorar suficientemente la forma en que ella
estaba insertada funcionalmente en la organización institucional del servicio de
urgencias, pese a la continuidad y naturaleza permanente de las funciones desarrolladas.
2 Proceso con radicación no. 25000-23-42-000-2022-00601-00/01.
3 Decisión notificada por correo electrónico el 5 de mayo de 2026.
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Expediente: 11001-03-15-000- 2026-06171-00
Demandante: Diana Marcela Rubiano Matoma
Acción de tutela
En cuanto al defecto sustantivo afirmó que la providencia interpretó y aplicó
indebidamente el régimen de la contratación por prestación de servicios, pues, habría
permitido que esta figura excepcional se utilizara para satisfacer funciones permanentes
y misionales.
Destacó la prohibición del artículo 2 del Decreto 2400 de 1968, modificado por el Decreto
3074 del mismo año, conforme al cual para funciones permanentes deben crearse los
empleos correspondientes y no celebrarse contratos de prestación de servicios.
De igual manera, afirmó que se desconoció el precedente judicial4 aplicable al contrato
realidad y al principio de primacía de la realidad, particularmente en cuanto a la
identificación de la subordinación y al uso de contratos de prestación de servicios para
atender necesidades permanentes de las entidades públicas.
Finalmente, consideró que se vulneró de forma directa la Constitución, en atención a que
se desconocieron los mandatos constitucionales relativos al trabajo digno, primacía de la
realidad, régimen del empleo público y acceso a funciones públicas, con especial
referencia a los artículos 25, 53, 123 y 125 de la Carta Política, debido a que la
interpretación acogida permitía sustituir de manera indefinida empleos permanentes
mediante contratación de prestación de servicios.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo,
a la igualdad, al acceso efectivo a la administración de justicia, a la primacía de
la realidad sobre las formas y a la tutela judicial efectiva de la señora DIANA
MARCELA RUBIANO MATOMA, vulnerados por la providencia proferida por la
Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado.
SEGUNDA. Dejar sin efectos la sentencia proferida por la Sección Segunda,
Subsección A, del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la señora DIANA MARCELA
4 Sentencia C-154 de 1997, sentencia C-614 de 2009, sentencia SU-448 de 2016, sentencia de Unificación
SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, MP Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación no. 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-
2016).
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Expediente: 11001-03-15-000- 2026-06171-00
Demandante: Diana Marcela Rubiano Matoma
Acción de tutela
RUBIANO MATOMA contra la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. bajo el número de radicado: 25000-23-42-
000-2022 00601-01
TERCERA. Ordenar a la autoridad judicial accionada que, dentro del término
que señale el despacho, profiera una nueva decisión en la que se confirme la
decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda–
Subsección E de fecha 11 de julio de 2025.
CUARTA. Como consecuencia de lo anterior, disponer las demás medidas
necesarias para garantizar el restablecimiento efectivo de los derechos
fundamentales vulnerados, dentro del ámbito de competencia del juez natural.”.
(negrillas y mayúsculas propias del original, archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI, índice 3).
Actuación procesal
Mediante auto de 13 de agosto de 20265, se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, al presidente y magistrados integrantes de la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al
director o quien haga sus veces de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente, para que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de
la acción; asimismo, se negó la medida cautelar solicitada.
Intervenciones de las autoridades demandadas
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente6 solicitó su desvinculación, por
cuanto la presunta vulneración proviene exclusivamente de la sentencia del 9 de abril de
2026, providencia que no profirió ni puede modificar.
Las demás autoridades guardaron silencio, pese a que fueron notificados en debida
forma7.
5 Índice 5, Samai.
6 Índice 12, Samai.
7 Índice 15, Samai.
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Expediente: 11001-03-15-000- 2026-06171-00
Demandante: Diana Marcela Rubiano Matoma
Acción de tutela
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección A
de la Sección Segunda de esta Corporación con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia
y seguridad social, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia de 9 de abril
de 2026, por cuanto, a juicio de la parte demandante, incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial.
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente solicitó que se le desvinculara
de la acción de tutela, debido a que no le asiste responsabilidad alguna por la presunta
vulneración de los derechos invocados por la parte demandante.
Sin embargo, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a la solicitud de desvinculación
en consideración a que dicha autoridad fue vinculada como tercero con interés, por
cuanto actuó como demandada en el proceso ordinario.
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Demandante: Diana Marcela Rubiano Matoma
Acción de tutela
Ahora bien, como cuestión previa, es preciso aclarar que, si bien la parte demandante
alegó los defectos sustantivo y por violación directa de la Constitución, de la lectura
integral del escrito de tutela se advierte que estos reparos tienen un núcleo argumentativo
común, relacionado con la presunta interpretación y aplicación indebida del régimen
jurídico de los contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones
permanentes.
En efecto, los argumentos relativos al desconocimiento de los artículos 25, 53, 123 y 125
de la Constitución se dirigen a cuestionar el criterio jurídico con fundamento en el cual la
autoridad judicial concluyó que no se configuró una relación laboral.
Por consiguiente, tales reparos se analizarán conjuntamente bajo la óptica del defecto
sustantivo, dentro del cual se examinará si la providencia cuestionada desconoció las
normas y reglas jurisprudenciales que la accionante considera aplicables al asunto.
De manera independiente, se estudiará el defecto fáctico, pues este se sustenta en un
reproche distinto, relacionado con la presunta valoración fragmentada e incompleta del
material probatorio relevante para establecer la subordinación y la inserción funcional de
la accionante en la estructura de la entidad.
Asimismo, se estudiará el desconocimiento del precedente judicial invocado por la parte
demandante.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala negará el amparo
invocado, por las razones que procederán a exponerse:
2.1 Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
En primer lugar, la Sala advierte que se cumplen los requisitos genéricos de
procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional por cuanto: i) se agotaron
todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada; ii) se
cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue
promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia atacada 8;
8 La notificación de la sentencia se surtió el 5 de mayo de 2026 y la tutela se presentó el 5 de agosto del
mismo año.
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Demandante: Diana Marcela Rubiano Matoma
Acción de tutela
iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como
un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron, v) no
se ataca una sentencia de tutela y vi) la cuestión que se discute resulta de relevancia
constitucional, por cuanto la demandante cuestiona que la autoridad judicial hubiera
valorado de manera fragmentada las pruebas que, a su juicio, acreditaban la
subordinación y su inserción permanente en la estructura funcional de la entidad, y que
hubiera desconocido los precedentes aplicables al contrato realidad y al principio de
primacía de la realidad sobre las formas, reparos que no constituyen una simple
reiteración de lo debatido ante el juez natural, máxime cuando la parte actora no apeló la
sentencia de primera instancia porque le fue favorable; además, el asunto trasciende una
controversia meramente legal o económica.
En consecuencia, procede el análisis de fondo de los defectos fáctico, desconocimiento
del precedente judicial y sustantivo invocados por la parte demandante.
2.2 Análisis del defecto fáctico
a. Caracterización del defecto fáctico
El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas
que tiene una incidencia directa en la decisión. Sobre dicho requisito específico de
acciones de tutela contra providencias judiciales la Corte Constitucional9 ha reconocido
que esta tipología tiene dos dimensiones: una negativa y una positiva.
La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo, (i) ignorar
o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del
proceso; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; o (iii) no decretar pruebas de oficio en los
procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.
Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una valoración por
completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello, ya sea
9 Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, sentencia T-041 de 2018, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Demandante: Diana Marcela Rubiano Matoma
Acción de tutela
(iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan
determinantes en el sentido de la decisión; o (v) por decidir con medios de prueba que,
por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia.
b. Estudio del defecto fáctico en el caso concreto
1) En el presente asunto, para sustentar la presunta configuración del defecto fáctico la
parte demandante sostuvo que la sentencia efectuó una valoración inadecuada del
material probatorio relativo a la subordinación y cuestionó que esta se haya buscado
principalmente mediante manifestaciones tradicionales (órdenes, memorandos,
sanciones o llamados de atención), sin valorar suficientemente la forma en que ella
estaba insertada funcionalmente en la organización institucional del servicio de
urgencias, pese a la continuidad y naturaleza permanente de las funciones desarrolladas.
2) Así las cosas, la Sala procederá a realizar un estudio de la providencia atacada, con
el fin de verificar si la autoridad judicial demandada valoró de manera indebida el material
probatorio al que hace referencia la parte demandante, con el cual, presuntamente, era
posible determinar que se encontraba acreditado el elemento de subordinación necesario
para declarar la existencia de una relación laboral encubierta entre Diana Marcela
Rubiano Matoma y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE.
3) Pues bien, en la sentencia del 9 de abril de 2026, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, con el fin de determinar si se configuraban los
elementos constitutivos de una relación laboral entre la demandante y la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, centró el análisis en establecer si
se encontraba acreditada la subordinación, pues, no existía controversia respecto de la
prestación personal del servicio y la remuneración.
4) Para tal efecto, valoró los contratos de prestación de servicios y demás documentos
incorporados al expediente, así como las declaraciones de Yenifer Carolina Martínez
Narváez, Alicia del Socorro Burgos Bacca y Jaime González Nova, relativas, entre otros
aspectos, a la programación de turnos, la organización del servicio de urgencias, los
protocolos institucionales, las reuniones, la coordinación médica y la autonomía
profesional de los galenos, material probatorio a partir del cual concluyó que tales
circunstancias no demostraban el ejercicio de un poder subordinante, sino que
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Expediente: 11001-03-15-000- 2026-06171-00
Demandante: Diana Marcela Rubiano Matoma
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correspondían a mecanismos de coordinación necesarios para la adecuada prestación
del servicio médico.
5) Asimismo, la accionada consideró que no existía prueba suficiente para establecer
que la demandante hubiera desarrollado sus actividades en las mismas condiciones de
un empleado de planta, debido a que no obraban elementos que permitieran determinar
las funciones correspondientes al cargo de médico general, código 211, grado 11, a
efectos de efectuar la comparación acogida por el tribunal, así:
“70. Para la Subsección, los argumentos expuestos en el recurso están
llamados a prosperar, dado que, analizadas las pruebas que reposan en el
plenario, así como los testimonios recaudados, no se evidencian
elementos contundentes que conlleven a concluir que la entidad hubiera
ejercido dirección y control efectivo sobre las obligaciones contractuales
ejecutadas por la demandante.
71. En relación con los testimonios, la Subsección observa que la señora
Yenifer Carolina Martínez Narváez, al ser indagada sobre si en la ejecución
del servicio ella o la demandante recibieron órdenes, respondió lo siguiente:
«Pues órdenes específicas diarias, no, digamos que uno no sabía cuál era
su trabajo. Entonces uno sabe, llega, recibe su turno. O sea, uno sabe qué
es lo que tiene que hacer en el transcurso del turno. Como tal, no era que
nos llamara el líder a decirnos diariamente qué era lo que teníamos que
hacer, no».
72. A la misma pregunta, la señora Alicia del Socorro Burgos Bacca expuso
lo siguiente: «Sí, nosotros seguíamos cumpliendo los protocolos que tenía en
el servicio de urgencias para la atención de estos pacientes que acudían allí. El
líder generalmente es el que nos realizaba los turnos correspondientes, nos
daba las directrices que debíamos cumplir, los protocolos que debíamos cumplir
y los objetivos que se tenían en el servicio de urgencias».
73. Por su parte, el señor Jaime González Nova, al preguntársele si la
demandante recibía órdenes o directrices y, en caso afirmativo, quién se las
daba, respondió lo siguiente: «Sí, claro. Pues nosotros estábamos bajo la
coordinación de la doctora Anis González, era la líder (…) en ese momento,
entonces pues todas las directrices y órdenes venían de ella».
74. De lo anterior, la Subsección concluye que los testigos no ofrecen
detalles sobre la existencia de algún control o de órdenes que pudo recibir
la demandante en la ejecución de los contratos, de modo que con ellos no
se logra acreditar que el servicio de ella fue direccionado de forma
permanente, tal y como se tuvo por probado en la sentencia apelada.
(…).
78. De otra parte, la Subsección también se aparta de la consideración
hecha en la sentencia de primer grado respecto al hecho de que la
demandante tuviera que solicitar permisos para ausentarse del servicio,
dado que ello no está probado en el expediente.
79. En efecto, de los documentos aportados al plenario, ninguno hace
referencia a permisos que hubiera tenido que solicitar la actora en la
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Demandante: Diana Marcela Rubiano Matoma
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ejecución de su servicio. Por su parte, los testimonios tampoco denotan
con claridad la existencia de estos episodios. En particular, la señora
Martínez Narváez, al indagársele directamente sobre este punto, manifestó no
tener conocimiento; por su parte, el señor González Nova, tampoco hizo
referencia a que tuviera conocimiento sobre esta situación.
(…).
81. Asimismo, no se comparte que el rendimiento de cuentas de las
actividades realizadas por la demandante constituya un indicio de
subordinación, como lo concluyó el a quo, pues la Subsección ha considerado
que la presentación de informes constituye un mecanismo orientado a
garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, en atención al deber de
seguimiento que asiste al contratante respecto del desarrollo del contrato.
82. Tampoco se comparte la posición del Tribunal, relativo a que se
acreditara en el plenario que la demandante realizó las actividades
contradas (sic) en las mismas condiciones que el personal de planta de la
entidad, en concreto, que el cargo Médico General Código 211, Grado 11.
83. Al respecto, la Subsección, luego de analizar minuciosamente el
expediente, no encontró en las pruebas aportadas con la demanda —y su
reforma—, contestación y en las pruebas allegadas al proceso, luego de
los requerimientos realizados en tránsito del proceso en primera
instancia, información que evidenciara la existencia del cargo Médico
General Código 211, Grado 11 en la entidad demandada.”. (negrillas de la
Sala, índice 3 Samai)
6) De conformidad con lo expuesto, la autoridad judicial demandada estimó que las
declaraciones de Yenifer Carolina Martínez Narváez, Alicia del Socorro Burgos Bacca y
Jaime González Nova, valoradas junto con los documentos incorporados al expediente,
no demostraban la existencia de una relación subordinada continuada, en la medida en
que las circunstancias relacionadas con el cumplimiento de turnos, la observancia de
protocolos y lineamientos institucionales, la asistencia a reuniones y la coordinación con
otros profesionales de la salud no resultaban suficientes para acreditar el ejercicio de un
poder subordinante, sino que podían corresponder a la coordinación necesaria para la
ejecución de los contratos de prestación de servicios.
7) Pues bien, una vez examinado lo anterior, esta Sala encuentra que la autoridad judicial
demandada efectivamente valoró las pruebas que obraban en el expediente, entre ellas,
las declaraciones de Yenifer Carolina Martínez Narváez, Alicia del Socorro Burgos Bacca
y Jaime González Nova, así como los documentos relacionados con la ejecución de los
contratos, a partir de lo cual consideró que las circunstancias relativas a la programación
de turnos, el cumplimiento de protocolos y lineamientos institucionales, la asistencia a
reuniones y la coordinación con líderes médicos no acreditaban, por sí mismas, el
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Demandante: Diana Marcela Rubiano Matoma
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ejercicio de un poder subordinante, pues correspondían a mecanismos de coordinación
necesarios para la adecuada prestación del servicio de salud.
8) Asimismo, tuvo en cuenta la autonomía profesional de los médicos en el desarrollo del
acto médico y la ausencia de elementos suficientes para establecer que la demandante
hubiera prestado sus servicios en las mismas condiciones de un médico de planta.
9) Ante la falta de pruebas que, a juicio de la autoridad judicial demandada, acreditaran
todos los elementos constitutivos de una relación laboral, en especial el de subordinación,
consideró que no había lugar a declarar la existencia de la relación laboral encubierta ni,
por consiguiente, a reconocer a la demandante las prestaciones sociales derivadas de
aquella.
10) Así las cosas, la Sala estima que, en el caso bajo estudio, no se configuró el defecto
fáctico, en atención a que la autoridad judicial valoró las pruebas aportadas al proceso,
entre ellas, las declaraciones de Yenifer Carolina Martínez Narváez, Alicia del Socorro
Burgos Bacca y Jaime González Nova, y explicó las razones por las cuales estimó que
estas no permitían desvirtuar la naturaleza contractual de la vinculación, pues consideró
que los hechos relacionados con la programación de turnos, el cumplimiento de
protocolos y lineamientos institucionales, las reuniones y la coordinación médica eran
compatibles con la coordinación propia de los contratos de prestación de servicios y no
demostraban el ejercicio continuado de un poder subordinante.
11) Por consiguiente, la valoración efectuada por la autoridad judicial no se advierte
arbitraria o manifiestamente irrazonable, sino que corresponde al ejercicio de la
autonomía judicial en la apreciación del material probatorio.
12) En consecuencia, para esta Sala no hay lugar a declarar la presencia de un defecto
fáctico en la providencia atacada, por las razones hasta aquí expuestas.
2.2 Análisis de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial
a. Caracterización del defecto sustantivo
i) Conforme con la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura
cuando una providencia judicial se sustenta con base en fundamentos jurídicos a todas
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Demandante: Diana Marcela Rubiano Matoma
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luces no subsumibles al caso objeto de la litis o con base en “una interpretación que
contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”10.
ii) La Corte Constitucional estableció11 que el defecto sustantivo abarca múltiples causas
que pueden generar un yerro en la aplicación o interpretación del derecho y que, por tal
razón, pueden llegar a afectar ostensiblemente el derecho fundamental del debido
proceso de las partes por la errónea elección de fuentes jurídicas o por la omisión de
normas aplicables que pueden ser las subreglas jurisprudenciales que gobiernen una
determinada materia. Esa misma Corporación señaló que se genera cuando una
determinada autoridad judicial:
“i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica
un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el
supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los
presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación
contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o
desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical-
sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre
que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso12”.
b. Caracterización del desconocimiento del precedente judicial
El precedente judicial ha sido definido como “aquel conjunto de sentencias previas al caso
que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico
constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al
momento de dictar sentencia13”.
En esos términos, el precedente corresponde a una o varias decisiones previas
relevantes para la solución de un nuevo asunto en el que se plasma el criterio pacífico y
reiterado y se dictan una serie de reglas o parámetros para abordar los casos que, en lo
sucesivo, tengan una estricta y real relación con aquel. Como ante casos con supuestos
fácticos y jurídicos similares se debe otorgar un tratamiento jurídico similar, la sentencia
10 Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2015, MP Mauricio González Cuervo.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-298 de 2015, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
12 Corte Constitucional, sentencia T- 830 de 2012. MP, Jorge Ignacio Pretelt.
13 Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012.
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precedente debería determinar el sentido de la decisión posterior en aras de garantizar
la igualdad de las partes ante la ley y la seguridad jurídica en las decisiones judiciales.
No obstante, como lo ha considerado la Corte Constitucional14 es necesario precisar que
no todo el contenido de una sentencia posee “fuerza normativa de precedente”, pues ello
solo será predicable de la “ratio decidendi”. En efecto, para mayor claridad sobre dicho
punto recuérdese que en la estructura de las providencias judiciales es posible identificar
tres partes i) la parte resolutiva o decisum, en la que se profieren las órdenes vinculantes
para las partes del proceso y que constituye la solución al problema jurídico examinado;
ii) la ratio decidendi, compuesta por las consideraciones o razones que sustentan,
motivan y justifican la decisión adoptada, y iii) los obiter dicta o dichos de paso, que no
son más que aquellos argumentos de referencia, complementarios o de contexto que no
son vinculantes ni necesarios para la resolución del asunto.
Se insiste, de las tres partes solo la segunda, esto es, la ratio decidendi posee fuerza de
precedente siempre que ella “i) establezca una regla relacionada con el caso a resolver
posteriormente; ii) haya servido de base para solucionar un problema jurídico semejante,
o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior; y (iii) los
hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean semejantes o
planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse posteriormente 15”.
Asimismo, no toda providencia judicial constituye precedente aplicable al caso, por el
contrario, hay asuntos que pese a su similitud corresponden a un mero antecedente
judicial, sin la fuerza vinculante necesaria propia del precedente para establecer una regla
cuya aplicación deba necesariamente ser atendida.
Partiendo del supuesto de que “no todo lo que dice una sentencia es pertinente para la
definición de un caso posterior”, la Corte Constitucional diferenció entre lo que se
denomina antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto.
En la sentencia T-830 de 2012, esa Corporación se pronunció al respecto en los términos
que a continuación se explican:
14 Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.
15 Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017.
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“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia anterior a
la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de
vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho
(e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez
para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un
carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta
por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las
razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad.
(…)
[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es aquella sentencia o conjunto
de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio
en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su
ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso”.
Luego entonces, puede predicarse la existencia de un precedente en los eventos en los
cuales:
“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado.
(ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente.
(iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más específica
que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.
No obstante lo anterior y pese a la fuerza vinculante del precedente, se acepta que los
jueces se aparten de este bajo las siguientes condiciones: i) deben hacer explícitas las
razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y se apartan del mismo, lo
que se ha denominado cumplimiento de la “carga de transparencia”; ii) están llamados a
demostrar que los argumentos que ofrecen, desarrollan y amplían de mejor manera el
contenido de los derechos, principios y valores constitucionales objeto de protección,
pues no cualquier motivo constituye una razón válida para “justificar” el apartamiento del
precedente, exigencia que se reconoce como la “carga de argumentación”.
2.3 El análisis de los defectos invocados en el caso concreto
1) En el asunto sub examine, la parte demandante afirmó que la providencia interpretó y
aplicó indebidamente el régimen de la contratación por prestación de servicios, pues,
habría permitido que esta figura excepcional se utilizara para satisfacer funciones
permanentes y misionales.
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2) De igual manera, afirmó que se desconoció el precedente judicial16 aplicable al
contrato realidad y al principio de primacía de la realidad, particularmente en cuanto a la
identificación de la subordinación y al uso de contratos de prestación de servicios para
atender necesidades permanentes de las entidades públicas.
3) Pues bien, la Sala encuentra que la autoridad judicial demandada, mediante la
sentencia del 9 de abril de 2026, concluyó que a la demandante no le asistía el derecho
al reconocimiento de una relación laboral encubierta con la Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur Occidente ESE, porque, aunque encontró acreditadas la prestación
personal del servicio y la remuneración, consideró que no se demostró la continuada
subordinación o dependencia, elemento indispensable para desvirtuar los contratos de
prestación de servicios celebrados entre las partes.
4) Para estudiar este último presupuesto, el Consejo de Estado acudió expresamente a
los criterios fijados por la Sección Segunda en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-
S2-2021, y examinó, entre otros aspectos, el lugar de prestación del servicio, los horarios
y las condiciones en las que la actora desempeñó sus actividades como médica general.
5) Así pues, si bien la parte demandante sostiene que la providencia cuestionada
interpretó y aplicó indebidamente el régimen de contratación estatal, porque habría
permitido que los contratos de prestación de servicios se utilizaran para satisfacer
funciones permanentes y misionales de la entidad, lo cierto es que de la lectura de la
decisión se desprenden las razones jurídicas y probatorias que condujeron a revocar la
sentencia de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda, relacionadas con
la falta de acreditación del elemento de subordinación necesario para declarar la
existencia de una relación laboral encubierta.
6) En efecto, la autoridad judicial demandada explicó que la controversia debía resolverse
a partir de los elementos necesarios para determinar si la relación formalmente
sustentada en contratos de prestación de servicios había encubierto una verdadera
relación laboral, para lo cual resultaba indispensable demostrar, además de la prestación
personal del servicio y la remuneración, la existencia de subordinación o dependencia
continuada.
16 Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, MP Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación no. 05001-23-33-000-
2013-01143-01 (1317-2016).
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7) Asimismo, señaló que la subordinación supone la facultad de exigir al trabajador el
cumplimiento de órdenes relacionadas con el modo, tiempo o cantidad de trabajo y de
imponer reglamentos durante la relación, por lo que correspondía establecer si las
condiciones acreditadas en el proceso desbordaron la coordinación propia de los
contratos de prestación de servicios y demostraban el ejercicio efectivo de poderes
subordinantes sobre la demandante, para lo cual la providencia se remitió expresamente
a los criterios establecidos en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021.
8) De esta manera, la providencia identificó de forma suficiente el fundamento normativo
y jurisprudencial que justificaba la decisión adoptada y, luego de valorar las condiciones
concretas en las que la demandante prestó sus servicios como médica general, concluyó
que los elementos acreditados no resultaban suficientes para demostrar la subordinación
requerida para declarar la existencia de una relación laboral encubierta.
9) En esa medida, el hecho de que la señora Diana Marcela Rubiano Matoma hubiera
prestado sus servicios durante varios años, que sus actividades como médica general
estuvieran relacionadas con el servicio de urgencias de la ESE o que aquellas pudieran
corresponder al giro ordinario de la autoridad, no conducía, por sí solo, a declarar la
existencia de una relación laboral.
10) Sobre este aspecto, la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 precisó que el
desarrollo de funciones “[i]dénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma
permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo
de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la
ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación
laboral.”.
11) En ese orden de ideas, de conformidad con el análisis precedente, no se advierte la
configuración del defecto sustantivo, puesto que la providencia cuestionada no estableció
como regla que las entidades estatales puedan utilizar indefinidamente contratos de
prestación de servicios para satisfacer funciones permanentes o misionales; por el
contrario, resolvió si, en las circunstancias particulares acreditadas en el proceso, se
configuraron los elementos necesarios para declarar una relación laboral encubierta y
concluyó que no se demostró suficientemente la subordinación.
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12) Ahora bien, en relación con el argumento de la parte demandante según el cual se
desconoció el precedente judicial relativo al contrato realidad y, particularmente, la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sala considera que dicho reproche
tampoco está llamado a prosperar.
13) Para que pueda predicarse el desconocimiento del precedente es necesario
identificar una regla jurisprudencial aplicable al asunto y demostrar que la autoridad
judicial se apartó de ella sin ofrecer una justificación suficiente, o que omitió
injustificadamente su aplicación pese a existir identidad relevante entre los supuestos
fácticos y jurídicos examinados.
14) En el presente asunto no se configura tal circunstancia, pues, la autoridad judicial
demandada no ignoró la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021; por el contrario,
la invocó expresamente al iniciar el estudio de la subordinación y manifestó que, para
analizar ese elemento, resultaba necesario remitirse a los criterios fijados por la Sección
Segunda en dicha providencia, a partir de los cuales examinó el lugar de trabajo, los
horarios y las condiciones en las que la demandante prestó sus servicios.
15) En consecuencia, la circunstancia de que la contratación se hubiera prolongado
durante varios años o que las actividades desempeñadas estuvieran vinculadas con el
servicio de urgencias de la ESE no implicaba automáticamente el reconocimiento de una
relación laboral, pues correspondía al juez natural valorar integralmente las pruebas y
determinar si, además de la prestación personal y la remuneración, se encontraba
acreditada la subordinación necesaria para desvirtuar la relación contractual.
16) A ello se suma que la decisión cuestionada se apoyó precisamente en la línea
jurisprudencial de la Sección Segunda según la cual la existencia del denominado
contrato realidad exige demostrar los elementos constitutivos de una verdadera relación
laboral, sin que la similitud entre las actividades desarrolladas por el contratista y las
funciones permanentes de la entidad resulte suficiente, por sí misma, para tener por
acreditado el elemento subordinante.
17) La sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 reconoce el carácter temporal del contrato estatal
de prestación de servicios y advierte sobre su utilización para satisfacer necesidades
permanentes de las entidades estatales; sin embargo, al abordar la relación laboral
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encubierta, mantiene la necesidad de establecer la existencia de subordinación o
dependencia y proporciona distintos indicios para determinarla.
18) Esta interpretación encuentra respaldo, además, en la propia actuación de la
autoridad judicial demandada, que no omitió el precedente de unificación, sino que lo
utilizó como parámetro para examinar el elemento controvertido, en la medida en que,
luego de tener por acreditados el lugar de prestación del servicio y los turnos cumplidos
por la demandante, continuó con el análisis dirigido a establecer si tales circunstancias
demostraban subordinación o correspondían a condiciones compatibles con la
coordinación necesaria para ejecutar el objeto contractual.
19) Por consiguiente, la providencia demandada no desconoció abiertamente un
precedente obligatorio ni legitimó, como lo sostiene la demandante, la utilización
indefinida de contratos de prestación de servicios para suplir funciones permanentes, lo
que hizo fue adoptar una conclusión jurídicamente sustentada respecto de la falta de
acreditación de la subordinación en el caso concreto, después de acudir expresamente a
la sentencia de unificación invocada y valorar los elementos que estimó relevantes para
resolver la controversia.
20) Así las cosas, la diferencia entre la posición de la parte demandante y la adoptada
por el Consejo de Estado corresponde a una discrepancia respecto de la aplicación de
los criterios jurídicos y la valoración de las circunstancias que demostraban la
subordinación, y no, por sí misma, a una inaplicación manifiesta del régimen jurídico de
la contratación estatal o a un apartamiento arbitrario e injustificado del precedente judicial.
21) Por consiguiente, la acción de tutela no puede emplearse para sustituir el criterio
jurídico del juez natural ni para obtener una nueva valoración de las circunstancias que
fueron examinadas dentro del proceso ordinario, cuando la providencia cuestionada
contiene una motivación jurídica identificable, acudió expresamente al precedente de
unificación aplicable y explicó las razones por las cuales estimó que no se acreditó la
subordinación necesaria para declarar la existencia de una relación laboral encubierta.
22) En conclusión, se negará el amparo invocado en la acción de tutela de la referencia
por cuanto no se demostraron ninguno de los defectos alegados por la parte actora, en
los términos hasta aquí expuestos.
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Demandante: Diana Marcela Rubiano Matoma
Acción de tutela
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Niégase la acción de tutela presentada por la señora Diana Marcela Rubiano Matoma,
de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
2º) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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