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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06176-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06176-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06176-00 PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-06176-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: John Jarby Dueñas Ramírez.
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección E y otro.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06176-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de
Bogotá.

I. ANTECEDENTES
1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El señor John Jarby Dueñas Ramírez presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, con el fin de que
se decretara la nulidad de la Resolución núm. 02237 del 28 de julio de
2022, mediante la cual se le retiró del servicio activo por llamamiento a
calificar servicios.

1.2. El Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, mediante sentencia de 25 de abril de 2024, negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que no se logró desvirtuar la
presunción de legalidad del acto administrativo, en tanto “[…] no se

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advierte que la entidad demandada haya tenido una razón diferente para
retirar del servicio por llamamiento a calificar por servicios al actor, sino
haber cumplido los requisitos para el reconocimiento de la asignación de
retiro […]”.

Asimismo, consideró que “[…] no obran pruebas que permitan advertir
que la finalidad del acto demandando fue diferente a la prevista en la Ley
y la jurisprudencia o que la intención del retiro fue ajena al buen servicio
y al relevo jerárquico del mando […]”.

1.3. Inconforme con la decisión anterior, el accionante presentó recurso
de apelación.

1.4. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante providencia de 30 de junio de 2026, confirmó
la sentencia de primera instancia, al considerar que “[…] respetó el
precedente judicial que se debe atender en asuntos como el presente,
pues las conclusiones a las que llegó el a quo respecto de la decisión de
retiro del señor Jhon Jarby Dueñas Ramírez se acompasan con lo que
ha concluido tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado
[…]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora alegó que las autoridades accionadas incurrieron en
desconocimiento del precedente constitucional, en tanto “[…] aunque ambas
providencias hicieron referencia a la jurisprudencia constitucional sobre el
llamamiento a calificar servicios, el análisis desarrollado terminó circunscrito,
esencialmente, a verificar que el accionante reunía el tiempo mínimo de
servicio previsto en la ley y que la Policía Nacional había ejercido una facultad
legalmente reconocida, sin desarrollar el control material que imponía la SU-
091 de 2016 […]”.

Indicó que las autoridades accionadas incurrieron en defecto fáctico, al

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considerar que “[…] las providencias accionadas no solo dejaron de valorar
determinados elementos probatorios, sino que excluyeron del juicio
precisamente los hechos que permitían establecer la incidencia constitucional
de la situación médico-laboral del accionante sobre la legalidad del acto
administrativo demandado, a ello se suma que el soporte probatorio sobre el
cual se edificaron las providencias judiciales era objetivamente incompleto
[…]”.

Afirmó que las autoridades accionadas incurrieron en defecto sustantivo, al
interpretar el “[…] régimen jurídico del llamamiento a calificar servicios desde
una perspectiva exclusivamente legal, limitando el juicio de legalidad a verificar
el cumplimiento de los requisitos, bajo esa interpretación, concluyeron que la
legalidad del acto administrativo quedaba satisfecha con la acreditación del
tiempo de servicio y de los presupuestos formales de la modalidad de retiro,
prescindiendo del parámetro constitucional que gobierna el ejercicio de esa
facultad discrecional y el control judicial que debe recaer sobre ella […]”.

Sostuvo que las autoridades accionadas incurrieron en violación directa de la
Constitución Política al vulnerar los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 48, 49, 228 y
229, en tanto “[…] resolvieron la controversia desconociendo el precedente
constitucional obligatorio, edificando sus decisiones sobre un análisis
probatorio incompleto, interpretando restrictivamente el régimen jurídico del
llamamiento a calificar servicios y ofreciendo una motivación insuficiente frente
a los problemas constitucionales planteados durante el proceso, por lo que
como resultado de ello, la Constitución dejó de ser el parámetro que debía
orientar el ejercicio de la función jurisdiccional […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
dignidad humana, trabajo, salud, seguridad social, acceso efectivo a la
administración de justicia y estabilidad laboral reforzada del señor JOHN
JARBY DUEÑAS RAMÍREZ, por haber sido vulnerados con ocasión de

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las providencias judiciales proferidas dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No.
11001334205120230009100, promovido contra la Nación– Ministerio de
Defensa Nacional– Policía Nacional.

2. Como consecuencia del amparo constitucional, dejar sin efectos la
sentencia proferida el 25 de abril del 2024 por el Juzgado 51
Administrativo de Bogotá, mediante la cual fueron negadas las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por el señor JOHN JARBY DUEÑAS RAMÍREZ.

3. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 30 de junio del 2026 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
"E", mediante la cual se confirmó la decisión adoptada en primera
instancia dentro del proceso radicado No. 11001334205120230009100.

4. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección "E", o a la autoridad judicial que resulte competente
conforme a las reglas procesales aplicables, que profiera una nueva
sentencia de reemplazo, en la que se resuelva nuevamente el recurso de
apelación y el litigio sometido a consideración judicial, con estricta
observancia de la Constitución Política, del precedente constitucional
vinculante, de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de los parámetros
fijados en la sentencia de tutela, corrigiendo los defectos constitucionales
que dieron lugar a la concesión del amparo, efectuando una valoración
integral del acervo probatorio, con la posibilidad de solicitar pruebas de
oficio, y ofreciendo una motivación suficiente, completa y compatible con
los postulados del Estado Social y Constitucional de Derecho.

De igual manera, para que integre y valore dentro del juicio de legalidad
el expediente de sanidad, las incapacidades médicas y el estado de salud
del actor para la fecha de emisión del acto administrativo de retiro, aplique
el test de proporcionalidad y la subregla del control judicial reforzado fijada
por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-091 de 2016, y se
pronuncie de fondo sobre la validez de la notificación por aviso ejecutada
durante una incapacidad médica laboral total.

5. Disponer las demás medidas que esa Honorable Corporación considere
necesarias para garantizar el restablecimiento pleno y efectivo de los
derechos fundamentales vulnerados y el cumplimiento integral de la
sentencia de tutela […]”. [sic en toda la cita]

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 12 de agosto de 2026, se admitió la presente acción de tutela
y se vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional,
en calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso y se negó
la solicitud de pruebas presentada por la parte actora.

III. INTERVENCIONES

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1. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar
que los argumentos planteados por el accionante se encaminan a controvertir
las conclusiones a las que arribó el juez natural y a propiciar una nueva
valoración del material probatorio, con el propósito de obtener una decisión
distinta a la adoptada dentro del proceso ordinario.

Refirió que, la Sala estudió los testimonios recaudados dentro del proceso,
además, incorporó el marco jurisprudencial de la Sentencia SU-091 de 2016,
y también, estudió expresamente las decisiones del Consejo de Estado del 7
de octubre de 2010 y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 13 de
abril de 2023, y explicó las diferencias fácticas que impedían su aplicación al
presente asunto.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

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A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce

2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.

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de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrieron las autoridades judiciales accionadas no

4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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devela que el presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho
fundamental, sino, únicamente, frente a la mera inconformidad con las
decisiones adoptadas el 25 de abril de 2024 y 30 de junio de 2026 en el marco
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación núm.
11001-33-42-051-2023-00091-00/01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que las autoridades judiciales hayan incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales […]”.

Cabe destacar que la argumentación de la parte actora se sustenta en que las
autoridades accionadas no desvirtuaron la presunción de legalidad del acto
administrativo demandado, al circunscribir su análisis a la verificación del
tiempo mínimo de servicio exigido para el retiro por llamamiento a calificar
servicios, sin efectuar una valoración integral de su situación médico-laboral.
En consecuencia, el cuestionamiento planteado comporta la reapertura de un
asunto que ya fue objeto de decisión por parte del juez natural de la causa
judicial.

Lo anterior en razón a que las autoridades accionadas en las providencias
acusadas expusieron de manera razonada, coherente y fundamentada las
razones jurídicas que las condujeron, tras analizar el marco normativo y
jurisprudencial aplicable al retiro por llamamiento a calificar servicios del nivel
ejecutivo, a concluir que el acto administrativo demandado cumplía los
requisitos previstos en el Decreto 1791 de 2000 y la Ley 857 de 2003.
Asimismo, determinaron que no se acreditó la existencia de una finalidad
distinta a la contemplada por el ordenamiento jurídico, sin que dicho análisis
vislumbre arbitrariedad o vulneración de derechos fundamentales.

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Además, resulta preciso señalar que de conformidad con los principios de libre
valoración de la prueba, autonomía e independencia judicial (artículos 228 y
230 de la Constitución Política), los jueces gozan de amplias facultades para
valorar las pruebas dentro del proceso. En ese sentido, es al juez natural de la
causa a quien le corresponde determinar el valor de cada medio de prueba,
bajo las reglas de la sana crítica.

De ahí que la posibilidad de cuestionar una providencia judicial por una
inconformidad con la valoración de las pruebas solo tiene cabida cuando la
decisión contenga errores graves que desconozcan los principios de la sana
crítica. En esta oportunidad lo perseguido por el extremo accionante es
controvertir el análisis probatorio efectuado por el juez contencioso, lo que
claramente constituye una desnaturalización de este mecanismo, en tanto que
está siendo utilizado como una tercera instancia.

En ese orden de ideas, se considera que los argumentos de la parte actora
más que develar la existencia de una cuestión que sea de “verdadera
relevancia constitucional” que conlleve la presunta transgresión de derechos
fundamentales, demuestra una inconformidad con las decisiones adoptadas
por las autoridades accionadas, como si este mecanismo se tratase de un
recurso o instancia adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse
en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le
es propio de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia
del juez natural.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

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PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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