Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06192-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06192-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-06192-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06192-00
Demandante: Jaime Alberto Rincón Correa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia
– Falta de subsidiariedad y relevancia constitucional.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 5 de agosto de 2026, los señores Jaime Alberto Rincón Correa, Hugo Alberto
Rincón Prado y Daniela Rincón Ortega, a través de apoderado judicial, instauraron
acción de tutela contra el Juzgado 65 Administrativo de Oralidad del Circuito de
Bogotá y la Sección Tercera – Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva,
igualdad y dignidad2.
Solicitaron dejar sin efectos las sentencias del 26 de abril de 2024 y 28 de mayo de
2026, proferidas dentro del proceso de reparación directa3 que promovieron junto
con su núcleo familiar4 contra la Defensoría del Pueblo, con el propósito de que se
declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial por los perjuicios derivados
de la falta de atención adecuada y oportuna de las recomendaciones médico
laborales emitidas en favor del señor Jaime Rincón, quien padece desde 1997
leucemia mieloide aguda y que, como consecuencia del tratamiento médico recibido,
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 También se pidió la protección reforzada de personas en situación de discapacidad, reparación integral y
prevalencia del derecho sustancial.
3 Radicado 110013343065-2016-00267-00/01
4 Los señores María Sofía Prado Delgado y Hugo Luciano Rincón (Q.E.P.D.)
1
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06192-00
Demandante: Jaime Alberto Rincón Correa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
presentó paraplejia nivel motor T5, situación que afectó de manera permanente su
movilidad. Indicaron que las omisiones de la entidad ocasionaron el deterioro
progresivo en su salud física y mental, afectaron su proceso de rehabilitación y
menoscabaron su dignidad y condiciones de vida. También cuestionaron
determinadas actuaciones posteriores a la implementación del teletrabajo, que
calificaron como discriminatorias. Con todo, pidieron indemnización por concepto de
perjuicios morales, daño a la salud, afectación a bienes constitucional y
convencionalmente protegidos y perjuicios materiales derivados de descuentos
salariales relacionados con incapacidades médicas.
2. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado 65 Administrativo de Oralidad
del Circuito de Bogotá que, en sentencia del 26 de abril de 2024, accedió
parcialmente a las pretensiones. Encontró probado que la Defensoría del Pueblo
durante varios años desconoció las recomendaciones médico-laborales relacionadas
con accesibilidad, flexibilización laboral y teletrabajo, sumado a que ignoró las
dificultades de desplazamiento, acceso a baños y condiciones físicas del lugar del
trabajo y tardó en implementar el teletrabajo. En consecuencia, reconoció perjuicios
morales a favor de la víctima directa y de su cónyuge y, como medida de reparación
no pecuniaria, ordenó que el representante legal de la entidad demandada ofreciera
disculpas públicas.
3. Mediante fallo del 28 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
confirmó la decisión de primera instancia. Precisó que la responsabilidad del ente
estatal se configuró únicamente respecto del cumplimiento tardío de las
recomendaciones médico-laborales y la prolongación de condiciones laborales
incompatibles con restricciones funcionales conocidas. Mantuvo la condena por
perjuicios morales y negó los demás conceptos indemnizatorios porque no se
acreditaron la afectación moral del padre y los hijos de la víctima directa, tampoco
un daño autónomo a la salud atribuible a la Administración, ni los descuentos
salariales derivados de las incapacidades medidas. También descartó acceder a una
indemnización adicional por la afectación de bienes constitucional y
convencionalmente protegidos, pues ello supondría volver a reconocer el daño
resarcido con la condena por perjuicios morales.
4. La parte accionante sostuvo que las autoridades judiciales demandadas incurrieron
en defecto sustantivo porque, pese a declarar la responsabilidad de la Defensoría
del Pueblo y reconocer algunas afectaciones derivadas de la conducta estatal,
negaron la mayoría de los perjuicios por falta de prueba sobre su monto, periodo de
causación y proporción exacta. Lo anterior, en desconocimiento de que, acorde a lo
dispuesto en los artículos 193 y 213 del CPACA, en armonía con los artículos 90 y
228 de la Constitución, podrían haber impuesto condena en abstracto, disponer la
liquidación incidental de perjuicios o ejercer el decreto oficioso de pruebas para
garantizar la reparación integral.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06192-00
Demandante: Jaime Alberto Rincón Correa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
5. En relación con los perjuicios materiales, reprochó que las providencias
reconocieran las incapacidades médicas, dolor crónico, limitaciones funcionales,
deterioro de las condiciones de salud y afectaciones derivadas del incumplimiento
de las recomendaciones médico-laborales, pero negaron las correspondientes
consecuencias indemnizatorias por falta de precisión sobre su cuantificación o
delimitación técnica. Esa interpretación, a su juicio, sacrificó el derecho sustancial a
la reparación integral.
6. De otro lado, alegó la configuración de un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, al darle prevalencia a exigencias formales de acreditación y
cuantificación de los perjuicios, sobre el derecho a la reparación derivado de la
declaratoria de responsabilidad estatal. Enfatizó en que, si consideraban
insuficientes las pruebas para establecer la cuantía de los perjuicios materiales y del
daño a la salud, los jueces debieron decretar pruebas de oficio o imponer una
condena en abstracto.
7.A su turno, mencionó que las autoridades judiciales incurrieron en defecto fáctico
al valorar de manera incompleta, fragmentada y contradictoria el material probatorio.
Lo anterior, porque, aunque en el proceso obraban elementos de prueba que dieron
cuenta no solo del daño sino de su imputabilidad a la administración, esas mismas
pruebas fueron consideradas insuficientes al resolver el reconocimiento de los
perjuicios materiales y el daño a la salud. Esto supuso separar arbitrariamente las
patologías preexistentes del deterioro y agravamiento ocasionados por la conducta
de la entidad demandada.
8. Sobre el particular, enfatizó en que la historia clínica, las incapacidades y los
conceptos de los profesionales tratantes daban cuenta del dolor crónico, las
restricciones funcionales y el deterioro progresivo de la salud del señor Jaime
Rincón. En concreto, indicó que la fisiatra, el ortopedista y la fisioterapeuta
relacionaron el incumplimiento de las recomendaciones laborales con la
intensificación del dolor, las posturas inadecuadas, los desplazamientos y la
necesidad de tratamiento quirúrgico, aspectos que no fueron valorados
integralmente.
9.En relación con los perjuicios materiales y el daño a la salud, afirmó que en el
expediente reposaban las incapacidades médicas y ello permitía advertir que se
efectuaron los respectivos descuentos salariales. En este punto, mencionó que en la
sentencia T-254 de 2016, la Corte Constitucional estudió el caso del señor Rincón y
determinó que este había sido incapacitado múltiples veces y que, en algunas de
ellas, su salario se redujo aproximadamente en una tercera parte.
10.También cuestionó la negativa a reconocer los perjuicios morales al padre e hijos
de la víctima directa, al considerar que esa afectación se presumía a partir del
parentesco, acorde al precedente del Consejo de Estado.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06192-00
Demandante: Jaime Alberto Rincón Correa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
11.Acto seguido, afirmó que las providencias objeto de tutela incurrieron en violación
directa de la Constitución por desconocer sus artículos 13, 29, 47, 54, 90, 228 y
229. Reprochó que las decisiones adoptadas en ambas instancias pasaron por alto
la protección reforzada de las personas en situación de discapacidad, el acceso
efectivo a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial. Con
esto, se redujo el derecho a la reparación integral a una respuesta simbólica, parcial
e insuficiente, imponiendo al accionante una carga probatoria especialmente gravosa
para acceder a la reparación de los perjuicios.
12.Por último, alegó que se incurrió en desconocimiento del precedente
conformado por las sentencias de 3 de mayo de 2018 y 21 de agosto de 2020,
proferidas en sede de tutela por la Sección Primera y la Sección Segunda –
Subsección A del Consejo de Estado (Rad. 11001-03-15-000-2017-02840-01 y
11001-03-15-000-2020-02424-01) en las que, en casos similares, se dispuso que el
Tribunal cuando el daño antijurídico era imputable al Estado y ya se encontraba
acreditado, sin que fuera probatoriamente posible establecer la cuantía del perjuicio,
debía: (i) condenar en abstracto o (ii) decretar de oficio las pruebas necesarias.
13.Finalmente, cuestionó que se hubieran negado los perjuicios morales del padre y
los hijos de la víctima directa, en desconocimiento de que, en sentencia de
unificación proferida el 28 de agosto de 2014, el Consejo de Estado dispuso que
estos se presumen únicamente acreditando el parentesco hasta el segundo grado
de consanguineidad. No era obligación de los demandantes probar la convivencia,
acompañamiento permanente ni afectación emocional individual y concreta.
Tampoco era relevante que para la fecha en que se adoptó el fallo de segunda
instancia, los hijos del señor Rincón eran mayores de edad.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
14. Por auto del 10 de agosto de 2026, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela (ii)
notificar de su presentación a las autoridades judiciales accionadas; (iii) requerir al
abogado que promovió la solicitud de amparo para que allegara el poder
debidamente suscrito por el señor Jaime Rincón, que lo facultara para actuar en su
representación, y precisara quienes conformaban la parte demandante en el
presente asunto; (iv) vincular a la Defensoría del Pueblo y a los señores María Sofía
Prado Delgado, Hugo Alberto Rincón Prado, Daniela Rincón Ortega y Hugo Luciano
Rincón Jaimes, en calidad de terceros con interés; (v) comunicar la decisión a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y, (vi) requerir al Juzgado 65
Administrativo del Circuito de Bogotá para que remitiera copia digital del expediente
con radicado número11001-33-43-065-2016-00267-00/01
(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca5
5 Intervención visible a índice 9 de SAMAI.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06192-00
Demandante: Jaime Alberto Rincón Correa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
15. Solicitó declarar improcedente el amparo o, subsidiariamente, negar las
pretensiones de los accionantes. Sostuvo que la acción de tutela se interpuso para
reabrir el debate resuelto por el juez natural.
16. Agregó que no se acreditó la configuración de ninguno de los defectos alegados.
En relación con el defecto sustantivo, explicó que el 193 del CPACA permite imponer
condena en abstracto cuando se encuentra acreditada la obligación de indemnizar,
pero no existen elementos suficientes para determinar su cuantía; supuesto que no
se cumplió en el caso concreto, pues la negativa a reconocer los perjuicios no
obedeció únicamente a la imposibilidad de liquidarlos, sino a que, aunque se
acreditaron incapacidades médicas, no se probó cuáles ocasionaron descuentos
salariales efectivos ni su relación causal con la conducta atribuida a la Defensoría
del Pueblo. Tampoco se allegó prueba técnica concluyente que permitiera diferenciar
las afectaciones a la salud imputables a la entidad de aquellas derivadas de las
patologías preexistentes y de su evolución.
17.Sobre el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto precisó que no se
configuró, pues no se rechazó alguna prueba por incumplimiento de alguna
formalidad, ni restringió el acceso de la parte accionante a los diversos mecanismos
procesales disponibles. En contraposición, valoró la totalidad del acervo probatorio y
concluyó, de manera razonada, que no se habían demostrado la existencia y la
imputación de los perjuicios en los términos pretendidos.
18. En cuanto al defecto fáctico, mencionó que se valoraron conjuntamente todos los
medios de prueba, lo que permitió declarar la responsabilidad de la entidad
demandada por la respuesta tardía y parcialmente insuficiente frente a las
recomendaciones relacionadas con presencialidad, jornada laboral y trabajo desde
casa. Sin embargo, no se demostró que ese incumplimiento produjera un deterioro
psicofísico autónomo, descuentos salariales ciertos o afectaciones emocionales.
19. Añadió que tampoco se configuraron la violación directa de la Constitución ni el
desconocimiento del precedente, toda vez que esos reproches se limitaron a reiterar
el desacuerdo de los demandantes con la valoración jurídica y probatoria efectuada
por el Tribunal. Además, las sentencias que se citan como desconocidas, versan
sobre supuestos fácticos diferentes y, en todo caso, la propia parte demandante
indicó que estas no constituían precedente aplicable al caso concreto.
(ii) Parte accionante6
20. Mediante escrito adicional, el apoderado de la parte activa aclaró quienes tenían
la calidad de accionantes en el presente asunto, allegó los respectivos poderes y
6 Intervención visible a índice 11 de SAMAI.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06192-00
Demandante: Jaime Alberto Rincón Correa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
reiteró los defectos alegados.
21. La Defensoría del Pueblo guardó silencio y el Juzgado 65 Administrativo del
Circuito de Bogotá se limitó a allegar copia digital del expediente de reparación
directa, sin emitir pronunciamiento alguno sobre la acción de tutela.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Caso Concreto7
22.
La Sala declarará improcedente la solicitud de amparo porque los reproches
relacionados con la condena en abstracto, liquidación incidental de perjuicios y el
derecho oficioso de pruebas no satisfacen el requisito de subsidiariedad, mientras
que los cargos restantes carecen de relevancia constitucional, ya que se limitan a
controvertir la valoración jurídica y probatoria realizada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.
(i) Argumentos relacionados con la condena en abstracto y el decreto oficioso
de pruebas
23.
Los demandantes sustentaron los defectos sustantivo, procedimental por exceso
ritual manifiesto y violación directa de la Constitución, en una premisa común,
referente a que, aunque la autoridad judicial accionada reconoció la responsabilidad
de la Defensoría del Pueblo por la desatención de las recomendaciones médico-
laborales y que dicha omisión causó un agravamiento a sus patologías, negó la
indemnización de los perjuicios materiales y del daño a la salud, por ausencia de
pruebas sobre sus presupuestos y cuantificación. Lo anterior, a pesar de que
pudieron acudir a los mecanismos previstos en los artículos 193 y 213 del CPACA
(en armonía con lo dispuesto en los artículos 90 y 288 de la Constitución), esto es,
la condena en abstracto o el decreto oficioso de pruebas.
24.
La Sala considera que estos cargos no satisfacen el requisito de subsidiariedad,
pues no fueron planteados oportunamente ante el juez natural, a pesar de que los
demandantes contaron con distintas oportunidades para hacerlo. En efecto, en la
demanda de reparación directa consta que se pidió el reconocimiento y pago de los
perjuicios reclamados y se indicaron sus respectivas cuantías, sin formular
pretensión alguna dirigida a obtener condena en abstracto -ni siquiera de forma
subsidiaria-. Luego, durante la audiencia inicial, los demandantes no controvirtieron
la fijación del litigio ni solicitaron pruebas adicionales y tampoco plantearon, al
7 El estudio del caso concreto se circunscribe a lo decidido en la sentencia del 28 de mayo de 2026 proferida por
la Subsección A – Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al ser la decisión judicial que
zanjó de forma definitiva la controversia.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06192-00
Demandante: Jaime Alberto Rincón Correa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
presentar los alegatos de conclusión, la necesidad de acudir a algunos de esos
mecanismos.
25.
Mediante sentencia del 26 de abril de 2024, el Juzgado 65 Administrativo del
Circuito de Bogotá declaró la responsabilidad de la Defensoría del Pueblo. En
concreto, encontró acreditado que: (i) no se acataron las recomendaciones médicas
expedidas por múltiples instituciones médicas, a lo largo de los años, (ii) omitió
responder o dio respuesta tardía e incompleta a las solicitudes de modificación de
jornadas, teletrabajo y adecuación del espacio de trabajo del señor Rincón, (iii) inició
procesos de calificación de invalidez, aun cuando no se cumplía con todos los
requisitos legales sobre la materia y (iv) reclamó regularmente por las inasistencia
del actor, a pesar de que este aportara su historial médico y no haberse demostrado
que se hubiera afectado su productividad.
26.
Acorde a ello, pasó a analizar la liquidación de los perjuicios reclamados. El
juzgado reconoció 50 smlmv a la víctima directa y 25 smlmv a la cónyuge por
concepto de daño moral, pero negó la indemnización solicitada para su padre e hijos.
Indicó que, si bien se probó el parentesco entre los demandantes, salvo el del señor
Hugo Alberto Rincón Prado, lo cierto es que, con excepción de la víctima directa,
solamente se pudo determinar una afectación moral sobre María Sofía Prado
Delgado, quien además de ser la esposa del señor Rincón Correa, ejerció las
funciones de cuidadora e incluso llegó a entenderse con la entidad demandada al
momento de solicitar los permisos, así como llevar y traer trabajo al señor Rincón,
situaciones referidas por los testigos, el declarante de parte y en extractos del
expediente prestacional.
27.
En cuanto a la indemnización, (i) rechazó el daño a la salud por falta de prueba
sobre una pérdida anatómica o funcional atribuible a los hechos alegados en la
demanda, (ii) ordenó ofrecer disculpas públicas como medida de reparación de la
afectación a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, pero negó la
compensación económica adicional tasada en 100 smlmv por este concepto, en
razón a que -acorde a la jurisprudencia del Consejo de Estado- aquella procede
únicamente cuando no existen otros mecanismos idóneos de reparación, y (iii)
desestimó los perjuicios materiales porque no encontró acreditada la relación causal
entre las incapacidades médicas, los descuentos salariales y la conducta de la
entidad.
28.
Con lo hasta aquí expuesto, es evidente que desde que fue proferida la sentencia
de primera instancia la parte actora tenía conocimiento de las razones por las cuales
se negó la indemnización de varios perjuicios, lo cual pudo cuestionar al presentar el
recurso de apelación, pidiendo la condena en abstracto o sustentar la razón por la
cual sería necesario un decreto probatorio -incluso, de oficio- en segunda instancia.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06192-00
Demandante: Jaime Alberto Rincón Correa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
29.
No obstante, al sustentar el referido recurso, se insistió en que los elementos
probatorios que obraban en el plenario eran suficientes para reconocer directamente
las indemnizaciones. Cuestionó la tasación de los perjuicios morales por presunta
indebida aplicación del principio de equidad y obviar que el sufrimiento de la víctima
directa se irradió a su núcleo familiar, quienes en su totalidad convivían con él.
Reiteró la necesidad de reconocer la compensación económica adicional por la
afectación a bienes constitucional y convencionalmente protegidos y enfatizó en que
las historias clínicas y las declaraciones de los profesionales tratantes daban cuenta
de la relación entre las omisiones de la Defensoría del Pueblo, las incapacidades y
los descuentos salariales.
30.
Se reitera, los accionantes no alegaron que resultara imposible determinar la
cuantía de los perjuicios, ni solicitaron una condena en abstracto. Tampoco
cuestionaron la falta de decreto oficioso de pruebas respecto a la cuantificación y
acreditación de los perjuicios, sino que alegaron que las pruebas recaudadas eran
suficiente para su reconocimiento.
31.
Es así como, esta Sala evidencia que la parte accionante pretende someter al
conocimiento del juez constitucional, planteamientos que no formularon ante las
autoridades judiciales competentes.
32.
Ahora, esas censuras tampoco superan el presupuesto de relevancia
constitucional, pues el decreto de pruebas de oficio conlleva la pretensión implícita
de que el juez natural supliera las falencias de la defensa en cumplir con sus cargas
probatorias, sin evidenciar una situación concreta que se lo impidiera. Respecto a la
condena en abstracto, también pretende soslayar el hecho de que esta sólo es
procedente cuanto es imposible cuantificar el monto indemnizatorio, pero se constató
la causación de perjuicios. En el caso bajo estudio, la autoridad judicial no encontró
probado esto último, de manera que no se había lugar a proceder en la forma que
indica la parte accionante.
(ii) Estudio de los demás reproches
33.
Corresponde ahora a la Sala, examinar los demás cargos formulados contra la
providencia cuestionada. En primer lugar, la parte actora alegó la configuración de
un defecto fáctico por la valoración incompleta, fragmentada y contradictoria del
acervo probatorio, al haberse utilizado las historias clínicas, las incapacidades, las
recomendaciones médico-laborales y las declaraciones de tres profesionales
tratantes para declarar la responsabilidad de la Defensoría del Pueblo, pero se les
restó eficacia probatoria al determinar la liquidación de perjuicios correspondiente.
Entendimiento que, implicó separar arbitrariamente, las patologías preexistentes del
agravamiento y/o deterioro a la salud por el actuar de la entidad demandada.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06192-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
34.
Revisado el recurso de apelación presentado por la parte accionante en el proceso
ordinario, esta Subsección advierte que en esa oportunidad procesal también se
alegó que las pruebas tenidas en cuenta para declarar la responsabilidad estatal
eran suficientes para tener por acreditados los perjuicios negados. En tal sentido, la
tutela se utiliza como una reiteración de los argumentos expuestos en aquella
ocasión, orientada a lograr una suerte de tercera instancia.
35.
Revisada la sentencia objetada no se advierte que el Tribunal demandado haya
incurrido en la alegada contradicción probatoria. El juez natural diferenció entre las
pruebas que demostraban la conducta irregular de la entidad y aquellas necesarias
para acreditar la existencia e imputación de cada perjuicio. El hecho de que
determinados elementos de prueba permitieran establecer la atención tardía, parcial
e insuficiente de las recomendaciones médico-laborales, no conducía por sí solo a
atribuir a la Defensoría del Pueblo todas las incapacidades, los descuentos salariales
y las presuntas afectaciones emocionales de todo el núcleo familiar.
36.
En efecto, el estudio del caso concreto empezó por revisar las pruebas
recaudadas debidamente en el proceso, de lo cual la autoridad judicial resaltó que,
según la historia clínica, el demandante padecía una leucemia mieloide aguda,
enfermedad que le produjo un sarcoma granulocítico y una paraplejia nivel motor T5,
por lo que requirió procedimiento quirúrgico y trasplante de médula ósea. Esto le
produjo limitaciones permanentes de movilidad y requería silla de ruedas para
desplazarse, siendo atendido desde el año 2001 por dolor lumbosacro persistente
asociado a permanencia prolongada en posición sedente frente a computador.
Enlistó los diversos conceptos médicos en los que se expuso el dolor crónico
padecido y las recomendaciones médico-laborales que se iban dando en razón a la
agravación de su condición de salud.
37.
No obstante, concluyó que la responsabilidad de la entidad demandada no se
estructuró por haber causado la leucemia, la paraplejia ni la totalidad del deterioro
clínico alegado por la parte actora, sino únicamente por haber dado una respuesta
tardía, gradual y parcialmente insuficiente frente a recomendaciones médico-
laborales que conocía y que exigían ajustar la jornada presencial y la modalidad de
trabajo a las restricciones funcionales del servidor. Por tanto, delimitó la imputación
al incumplimiento oportuno e integral de los ajustes laborales razonables
relacionados con presencialidad, jornada y trabajo desde casa, sin extenderse a la
totalidad de las patologías preexistentes ni a todos los efectos clínicos invocados.
38.
Además, aclaró que encontraba parcialmente fundado el cuestionamiento
formulado por la Defensoría del Pueblo respecto de la ausencia de prueba técnica
concluyente sobre el origen de todas las patologías y afectaciones reclamadas.
Enfatizó en que, en el expediente no obraba un dictamen pericial que permitiera
concluir, con suficiencia científica, que las actuaciones de la entidad demandada
9
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Demandante: Jaime Alberto Rincón Correa y otros
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
hubieran causado la totalidad de la evolución médica, los procedimientos
posteriores, las incapacidades o todas las consecuencias clínicas alegadas por la
parte actora. Incluso, la controversia probatoria giró precisamente alrededor de
establecer si el deterioro obedecía al curso natural de la enfermedad de base o a las
condiciones laborales discutidas. En esos términos, confirmó la imputación
declarada en primera instancia, descartando en todo caso los cargos por conductas
discriminatorias.
39.
Posteriormente, pasó a estudiar la procedencia de la indemnización solicitada.
Respecto a los perjuicios morales, precisó que no se presume por el solo parentesco,
pues no se trató de uno de los eventos excepcionales en los que la jurisprudencia ha
admitido la presunción del perjuicio moral derivada únicamente de ese hecho. Por
ende, consideró que su reconocimiento debía hacerse con fundamento en lo
efectivamente probado y en el cumplimiento de las cargas probatorias
correspondientes.
40.
Bajo ese entendido, encontró probada la afectación moral de la víctima directa y
de su cónyuge, en razón a las pruebas médicas y documentales, que dejaron
entrever que padeció de dolor crónico, ansiedad, depresión, insomnio, múltiples
solicitudes laborales y dificultades derivadas de la respuesta tardía y parcialmente
insuficiente respecto de las recomendaciones médico-laborales. Además, se
demostró que la esposa asumió el rol directo de acompañamiento, cuidado y apoyo
en las gestiones relacionadas con la situación médica y laboral del actor. Así,
confirmó la condena impuesta por este concepto en primera instancia.
41.
Añadió que, si bien en el expediente obraban los registros civiles y con ello se
acreditó el parentesco de los hijos y padre de la víctima directa, el Tribunal consideró
que en ese tipo de casos, el reconocimiento del perjuicio moral exige verificar las
circunstancias concretas efectivamente demostradas en relación con cada uno de
los demandantes y no únicamente la existencia del vínculo familiar. Sobre los hijos
del señor Rincón, advirtió que eran mayores de edad y en el expediente no obraba
ningún medio probatorio que permitiera establecer si convivían con la víctima directa,
cuál era su nivel de cercanía cotidiana, si participaron activamente en labores de
cuidado o acompañamiento, o de qué manera específica la situación médica y laboral
del actor produjo una afectación emocional individual frente a cada uno de ellos.
Respecto al padre de la víctima se allegó a la misma conclusión.
42.
En lo referente al daño a la salud, explicó que este constituía una tipología
autónoma del perjuicio inmaterial, orientada a reparar las afectaciones relevantes a
la integridad psicofísica de la persona y, para su reconocimiento, no basta acreditar
la existencia de enfermedades, dolor o limitaciones funcionales, sino que resulta
necesario demostrar que el deterioro cuya reparación se pretendía tenía relación
causal cierta con la conducta imputable a la administración.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06192-00
Demandante: Jaime Alberto Rincón Correa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
43.
Bajo ese entendido, aseveró que estaba acreditado que el señor Rincón Correa
presentaba patologías graves desde antes de su vinculación a la Defensoría del
Pueblo y que había prueba sobre que durante los años posteriores presentó dolor
crónico, incapacidades, bloqueos e intervenciones quirúrgicas, respecto de las
cuales se dictaron recomendaciones médico-laborales que fueron cumplidas tardía
y parcialmente.
44.
Resaltó que al plenario no se aportó prueba técnica concluyente que permitiera
diferenciar con claridad cuáles afectaciones correspondían a la evolución natural de
la condición médica previa del demandante y cuáles eran atribuibles directamente a
las omisiones imputadas a la Administración. Incluso, varias de las referencias
médicas allegadas al expediente se limitaban a señalar posibles relaciones entre las
condiciones laborales y el aumento del dolor, sin establecer de manera categórica
un nexo causal cierto respecto del agravamiento alegado. Por ende, confirmó la
negativa de indemnizar este perjuicio.
45.
También negó el reconocimiento de una indemnización económica autónoma
adicional por concepto de perjuicios por afectación a bienes constitucional y
convencionalmente amparados (dignidad humana, igualdad, salud y trabajo digno),
pues la reparación de estos exige principalmente medidas restaurativas o simbólicas
orientadas al restablecimiento de la dignidad de la víctima y al reconocimiento
institucional de la vulneración sufrida.
46.
En ese contexto, era suficiente con la orden de disculpas públicas por parte del
representante legal de la entidad. Aclaró que las afectaciones subjetivas derivadas
del sufrimiento y la angustia padecida por el actor ya habían sido valoradas mediante
el reconocimiento de perjuicios morales.
47.
En relación con los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente por
concepto de los descuentos salariales por las incapacidades médicas, señaló que
debía confirmarse la decisión de negar su reconocimiento, en atención a que, aunque
se acreditó la existencia de incapacidades médicas y el deterioro de las condiciones
de salud del demandante, no obraba en el expediente prueba cierta, concreta y
técnicamente verificable que permitiera establecer: (i) cuáles incapacidades
específicas generaron descuentos salariales efectivos; (ii) el monto exacto de dichos
descuentos; (iii) los periodos concretos en que estos ocurrieron; y (iv) la
correspondencia directa entre cada detrimento económico alegado y la conducta
omisiva atribuida a la entidad demandada.
48.
Aclaró que, si bien dentro del proceso se allegaron referencias generales a
incapacidades laborales e incluso se hizo alusión a reducciones salariales derivadas
de estas, lo cierto es que no fueron aportadas certificaciones de nómina,
11
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Demandante: Jaime Alberto Rincón Correa y otros
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
desprendibles de pago, actos administrativos de descuento, liquidaciones salariales
u otros soportes contables idóneos que permitieran cuantificar objetiva y
razonablemente el detrimento patrimonial cuya reparación se pretende. Tampoco se
acreditó de manera individualizada qué porción de tales descuentos obedeció
específicamente a incapacidades vinculadas causalmente con el incumplimiento de
las recomendaciones médico-laborales atribuido a la entidad demandada.
49.
Con lo hasta aquí expuesto, para la Sala es claro que al analizar los distintos
perjuicios se tuvieron en cuenta los antecedentes clínicos, el dolor crónico, las
restricciones funcionales, las incapacidades y los tratamientos practicados. Sin
embargo, razonablemente se concluyó que no existía prueba técnica concluyente
que permitiera diferenciar las afectaciones atribuibles a la conducta de la entidad
(bajo la delimitación de la imputación hecha en segunda instancia), de aquellas
derivadas de las patologías preexistentes y de su evolución. Conclusión que, se
considera, no desconoce las pruebas aportadas, sino que delimitó su alcance en
relación con los elementos necesarios para acceder a la indemnización del perjuicio
por daño a la salud.
50.
De igual forma, sobre los perjuicios materiales se reconoció la existencia de
incapacidades médicas, pero no se encontró demostrado cuáles ocasionaron
descuentos salariales efectivos, ni su relación causal con el incumplimiento imputado
a la Defensoría del Pueblo. Tampoco se advierte una valoración probatoria indebida
sobre los perjuicios morales solicitados por el padre y los hijos de la víctima directa.
Se verificó el parentesco, pero las circunstancias particulares del daño declarado no
permitían inferir, por sí solas, la afectación reclamada; sumado a que no se aportaron
elementos de prueba sobre la convivencia, cuidado, acompañamiento o afectación
individual que justificaran su reconocimiento y pago.
51.
En esas condiciones, la Sala considera que el defecto fáctico alegado se sustenta
en la inconformidad de los accionantes en que el juez natural no atribuyó al material
probatorio el alcance que considera correcto, lo que torna improcedente el amparo
por este alegato.
52.
De otro lado, los actores sustentaron este yerro judicial en que no se valoró que la
Corte Constitucional, en sentencia T-254 de 2016, aceptó que dadas las omisiones
de la entidad demandada, el actor tuvo múltiples incapacidades y que muchas de
ellas generaron descuentos salariales hasta en una tercera parte del salario. En
criterio de la parte accionante, esto constituía un hecho que denotaba la procedencia
del perjuicio material.
53.
Al respecto, se estima que esta circunstancia no tiene la entidad de cambiar el
sentido de la decisión. Esto, porque esa providencia mencionó de forma general las
incapacidades y reducciones salariales, pero no tuvo por objeto establecer la
12
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
existencia y cuantía del perjuicio material reclamado en el proceso de reparación
directa, así como tampoco su relación causal con el incumplimiento atribuido a la
Defensoría del Pueblo. Por ello, se estima que la autoridad judicial no desconoció
ese precedente, sino que determinó que no permitía establecer cuales
incapacidades ocasionaron descuentos efectivos, los periodos y montos
correspondientes, ni su vínculo con la conducta declarada responsable. Se afirma
que como esa providencia no otorgaba certeza sobre los elementos que se
consideraron no probados, el reproche pretende atribuirle un alcance probatorio que
no tiene.
54.
En relación el cargo por desconocimiento del precedente, tampoco se satisface el
requisito de relevancia constitucional. El accionante sustenta este cargo haciendo
alusión a dos sentencias de tutela proferidas por las Secciones Primera y Segunda
– Subsección A del Consejo de Estado, en las que considera, se resolvieron casos
similares y se dispuso que, era deber del Tribunal accionado, ante la falta de prueba
sobre la cuantificación de los perjuicios, condenar en abstracto o proceder al decreto
oficioso de pruebas. Sobre el particular, se advierte que, los demandantes omitieron
hacer el estudio y comparativo de la similitud de hechos, causa y pretensiones de
esos casos con el suyo, a fin de denotar que, en efecto eran procedentes aplicables
en el asunto particular.
55.
En relación son la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente
31172, la Sala advierte que los demandantes no exponen la razón por la cual
consideran que debe tomarse como precedente aplicable al caso concreto. En esa
decisión judicial, la Sección Tercera unificó los parámetros para la liquidación de los
perjuicios morales derivados de lesiones personales y estableció seis distintos
rangos indemnizatorios acorde a la gravedad de la lesión sufrida por la víctima
directa, así como el nivel de relación (parentesco) de las víctimas indirectas con el
lesionado. El fallo se limitó a fijar referentes para la tasación de esa modalidad de
perjuicio, una vez acreditadas la lesión personal y su imputación al Estado.
56.
Además, los supuestos fácticos y jurídicos allí expuestos son diferentes de los
debatidos en el proceso de reparación directa bajo análisis. El caso objeto de
unificación versó sobre un soldado que sufrió amputación de ambos miembros
inferiores y una pérdida del 100% de su capacidad laboral como consecuencia de la
explosión de una granada de mortero defectuosa que le había sido entregada como
arma de dotación. Así, se configuró la responsabilidad del Ejercitó Nacional, por no
garantizar la idoneidad de ese elemento y haber sometido al uniformado a un riesgo
superior al propio del servicio. Es decir, se encontró probada una lesión corporal
grave, directamente atribuible al actuar estatal.
57.
En el caso del señor Rincón Correa, no se declaró la responsabilidad de la
Defensoría del Pueblo por la causación de una lesión personal, sino que esta se
13
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06192-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
circunscribió a la atención tardía y parcialmente insuficiente de las recomendaciones
médico-laborales, sin que se acreditara que dicha falla, hubiera producido un daño
autónomo a la salud o al agravamiento de sus patologías preexistentes. Por ende,
es claro que, la controversia no versaba sobre tasar perjuicios morales derivados de
una lesión personal imputable al Estado.
58.
Igualmente se observa que en el recurso de apelación que presentó contra la
sentencia de primera instancia, los accionantes tampoco plantearon la posibilidad de
aplicar ese criterio de unificación, a efectos de que el Tribunal pudiera señalar
explícitamente si la hipótesis bajo estudio podía asimilarse a aquella estudiada en la
sentencia que unificó la jurisprudencia.
59.
Finalmente, la Sala descarta los argumentos por violación directa de la
Constitución en lo que tienen que ver con el presunto desconocimiento de la
condición de sujeto de especial protección constitucional del demandante, la
imposición de una carga probatoria excesiva e injusta y el consecuente
desconocimiento de los derechos a la administración de justicia y reparación integral.
Se considera que esos planteamientos se utilizan para insistir en que el Tribunal
debió reconocer los perjuicios reclamados o proceder a activar ciertos mecanismos
procesales, aspecto que no fue alegado en el proceso ordinario.
60.
Además, en la sentencia del 28 de mayo de 2026, tal como quedó expresamente
explicado, no se desconoció la especial condición de salud del señor Jaime Rincón,
por el contrario, se declaró la responsabilidad de la Defensoría del Pueblo por la
atención inadecuada de las recomendaciones médico-laborales y,
consecuentemente, se reconocieron perjuicios morales a su favor y de su esposa,
ordenando además, pedir excusas públicas como medida de reparación no
pecuniaria. Distinto es que, los accionantes consideren insuficiente esa reparación,
pues ello no demuestra error alguno en el análisis de la autoridad judicial
demandada.
61.
En ese orden de ideas, comoquiera que no se superan los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad, esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud
de amparo.
62.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06192-00
Demandante: Jaime Alberto Rincón Correa y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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