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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06196-00

Fecha
15 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06196-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por Amparo Noreña de Orozco, por las razones expuestas en la parte motivan de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma, deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin12. TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06196-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

15 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá, D.C., 8 de septiembre de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06196-00
Demandante: Amparo Noreña de Orozco
Demandados: Tribunal Administrativo de Caquetá y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD | Derecho de petición
| Petición judicial - Niega

Síntesis del caso: La demandante interpuso acción de tutela con el fin de obtener la
protección de su derecho fundamental de petición, que consideró vulnerado con ocasión
de la falta de respuesta a una petición judicial.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Amparo Noreña de
Orozco en contra del Tribunal Administrativo de Caquetá y la Secretaría de
dicha corporación.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de las partes accionadas y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 5 de agosto de 2026, Amparo Noreña de Orozco presentó una
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Caquetá y la
Secretaría de dicha corporación, por la presunta vulneración de su derecho
fundamental de petición, con ocasión de la falta de respuesta de su
solicitud de expedición y remisión de copia con constancia de ejecutoria
de la sentencia proferida dentro de la acción de reparación directa Rad.
18001-23-31-001-1996-00926-00.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“1. TUTELAR el derecho fundamental de petición de la ciudadana AMPARO NOREÑA
DE OROZCO.

2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ – SECRETARÍA que, en el
término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación
del fallo, proceda a dar respuesta de fondo a la solicitud del 14 de julio de 2026,

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333

de 2021, y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06196-00
Demandante: Amparo Noreña de Orozco
Demandados: Tribunal Administrativo de Caquetá y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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expidiendo y remitiendo al correo electrónico amparonorena85@gmail.com la copia
auténtica con constancia de ejecutoria de las sentencias del proceso 18-001-23-31-
001-1996-00926-00.

3. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA- SECRETARIA que en el mismo
término se me expida copia del poder instaurado por el Señor Abogado HUGO TOVAR
MARROQUIN, Identificado con la Cedula de Ciudadanía No 19.180.473 de Bogotá; El
cual fue presentado en el expediente No 926. Acción de reparación directa contra
la Nación.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:

4. 1)Amparo Noreña de Orozco, junto con Cesar Augusto Cuellar
Vargas, Irney Cuellar Vargas y Myriam Vargas Calderón, promovieron una
acción de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa2. El Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante sentencia de 24
de noviembre de 2003, negó las pretensiones de la demanda.

5. 2) El 6 de diciembre de 2013, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia y declaró
patrimonialmente responsable a la Nación -Ministerio de Defensa- Policía
Nacional, por los perjuicios materiales y morales que sufrieron los
demandantes.

6. 3) El 14 de julio de 2026, Amparo Noreña de Orozco solicitó al Tribunal
Administrativo de Caquetá, copia auténtica con constancia de ejecutoria
de la sentencia anterior, con el propósito de tramitar el cumplimiento y pago
de la condena.

7. Como fundamento de la vulneración, la accionante señaló que, una
vez transcurrido el término legal de 10 días hábiles previsto en el artículo 14
de la Ley 1437 de 2011 para atender las peticiones de documentos, la
autoridad demandada vulneró su derecho fundamental de petición, al
guardar silencio frente a la solicitud presentada.

1.2. Posición de las partes accionadas y demás vinculados3

8. El Tribunal Administrativo de Caquetá4 solicitó declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado y, en consecuencia, negar el amparo
invocado, al señalar que la petición presentada por la accionante el 14 de
julio de 2026 ya había sido atendida mediante Oficio No. 0222 del 12 de
agosto de 2026, remitido inicialmente al correo lister2976@hotmail.com,

2 Proceso con Rad. 18001-23-31-001-1996-00926-00.
3 Mediante Auto de 10 de agosto de 2026, el despacho sustanciador resolvió, entre otras, (1) admitir la acción de

tutela de la referencia; (2) tener como demandados al Tribunal Administrativo de Caquetá y la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Caquetá, y (3) vincular a Cesar Augusto Cuellar Vargas, Irney Cuellar Vargas, Myriam
Vargas Calderón, como terceros interesados en el asunto.
4 Índice 10 de SAMAI.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06196-00
Demandante: Amparo Noreña de Orozco
Demandados: Tribunal Administrativo de Caquetá y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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desde el cual se radicó la solicitud, y reenviado posteriormente a
amparonorena85@gmail.com.

9. Indicó que, respecto de la expedición de copias auténticas con
constancia de ejecutoria de la sentencia proferida dentro del proceso de
reparación directa con radicado 18-001-23-31-001-1996-00926-00/01, el
expediente se encontraba, únicamente, en medio físico y estaba archivado
desde el 24 de mayo de 2018, por lo que era necesario adelantar su
desarchivo, trámite que se realizaría una vez la interesada cancelara el
correspondiente arancel judicial y allegara el respectivo comprobante de
pago. Con fundamento en ello, sostuvo que la presunta vulneración del
derecho de petición había cesado.

10. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño, pese a haber sido
debidamente notificada, guardó silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Diferencia entre peticiones administrativas y
peticiones judiciales. 2.3. Procedencia de la acción de tutela. 2.4. Verificación de la
vulneración alegada. 2.5. Conclusión.

2.1. Fijación de la controversia

11. Corresponde a la Sala determinar si hubo, o no, una afectación a los
derechos fundamentales de la accionante por no haber obtenido una
respuesta por parte de las accionadas a su solicitud de 14 de julio de 2026,
dirigida a obtener copias auténticas y constancias relacionadas con el
proceso de reparación directa radicado 18001-23-31-001-1996-00926-00.

12. Para lo anterior, deberá, en primer lugar, analizarse si dicha solicitud
constituye una manifestación del derecho fundamental de petición cuya
eventual vulneración deba analizarse bajo los parámetros de la Ley 1755 de
2015, o si, por el contrario, se trata de una petición de naturaleza judicial que
debe examinarse a la luz de las garantías del debido proceso.

2.2. Diferencia entre peticiones administrativas y peticiones judiciales

13. Las peticiones de carácter administrativo, presentadas para obtener
información, solicitar la intervención de un funcionario y/o entidad o elevar
consultas, se encuentran regladas por la Ley 1755 de 2015 y deben ser
atendidas dentro de los términos allí previstos. En contraste, las solicitudes de
naturaleza judicial, presentadas en el marco de los procesos judiciales y
dirigidas para poner en marcha el aparato judicial o solicitar que un
funcionario cumpla sus funciones jurisdiccionales, se rigen por las reglas y
oportunidades establecidas en los respectivos estatutos procesales,

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06196-00
Demandante: Amparo Noreña de Orozco
Demandados: Tribunal Administrativo de Caquetá y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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atendiendo al tipo de proceso, al procedimiento aplicable y a la etapa en
que este se encuentre.

14. La distinción entre ambas figuras depende de la naturaleza de la
actuación requerida y de la respuesta que deba emitir la autoridad. De
manera que, cuando lo solicitado exige un pronunciamiento vinculado al
ejercicio de la función jurisdiccional o implica la adopción de una decisión
relacionada con un proceso judicial, la actuación no se relaciona con las
reglas propias del derecho de petición, sino con las disposiciones procesales
correspondientes.

15. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido de
manera reiterada que las garantías y términos previstos para el derecho de
petición no resultan aplicables cuando se pretende que el juez actúe en
desarrollo de sus funciones jurisdiccionales, pues tales solicitudes se
encuentran reguladas por los procedimientos judiciales respectivos. Por ello,
los memoriales, recursos y demás escritos relacionados con un litigio deben
tramitarse conforme con las reglas propias de cada actuación judicial5.

16. En el caso de la referencia, la solicitud recae directamente sobre
providencias, documentos y actuaciones incorporadas a un expediente
judicial, habida cuenta de que la expedición de copias auténticas,
constancias de ejecutoria y demás certificaciones requeridas exige la
consulta del expediente y el ejercicio de funciones propias de la
administración de justicia, relacionadas con la autenticación de piezas
procesales y la expedición de constancias judiciales.

17. En esa medida, la solicitud formulada por la accionante no puede
analizarse bajo los parámetros propios del derecho fundamental de
petición, reglado en la Ley 1755 de 2015, sino desde las garantías del debido
proceso y acceso a la administración de justicia, así la vulneración se
hubiera presentado a la luz del derecho de petición.

2.3. Procedencia de la acción de tutela

5 Corte Constitucional. Sentencia 290 de 1993. “el derecho de petición no puede invocarse para solicitar a un juez

que haga o deje de hacer algo dentro de su función judicial, pues ella está gobernada por los principios y normas
del proceso que aquél conduce. Las partes y los intervinientes dentro de él tienen todas las posibilidades de
actuación y defensa según las reglas propias de cada juicio (artículo 29 C.N.) y, por tanto, los pedimentos que
formulen al juez están sujetos a las oportunidades y formas que la ley señala. En ese contexto, el juez, en el curso
del proceso, está obligado a tramitar lo que ante él se pida pero no atendiendo a las disposiciones propias del
derecho de petición, cuyos trámites y términos han sido previstos en el Código Contencioso Administrativo para
las actuaciones de índole administrativa, sino con arreglo al ordenamiento procesal de que se trate. A la inversa,
las funciones de carácter administrativo a cargo de los jueces, dada su naturaleza, sí están sometidas a la
normativa legal sobre derecho de petición, tal como resulta del artículo 1º del Código adoptado mediante
Decreto 01 de 1984.” Corte Constitucional. Sentencia T-172 de 2016 “resulta necesario hacer una distinción entre
los actos de carácter estrictamente judicial y los actos administrativos que pueden tener a cargo los jueces, puesto
que respecto de los actos administrativos son aplicables las normas que rigen la actividad de la administración
pública, mientras que, respecto de los actos de carácter judicial, se estima que estos se encuentran gobernados
por la normatividad correspondiente a la Litis”.

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18. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela porque esta se orienta a obtener la
protección de los derechos fundamentales6 al debido proceso y acceso a
la administración de justicia, así se hubiere invocado el de petición. Amparo
Noreña de Orozco es la titular del derecho invocado como violado, por lo
cual, se tiene por acreditada la legitimación activa en la causa7.

19. De igual manera, el Tribunal Administrativo de Caquetá y su Secretaría
tienen legitimación pasiva en la causa8, al ser a las que se les atribuye la
presunta omisión y vulneración alegada.

20. El requisito de subsidiariedad9, se tendrá por superado por no existir
recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte accionante alegar
los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho
presuntamente vulnerado.

21. En relación con el requisito de inmediatez10, este se satisface, ya que,
de conformidad con el escrito de tutela, la presunta vulneración se presentó
con ocasión de una situación actual y continua, como lo es el presunto
retardo en la respuesta de la solicitud de 14 de julio de 2026.

2.4. Verificación de la vulneración alegada

22. En el asunto bajo estudio, la accionante solicitó la expedición y
remisión de copia auténtica con constancia de ejecutoria de la sentencia
proferida dentro del proceso de reparación directa con radicado 18-001-23-
31-001-1996-00926-00. Según expuso, tales documentos son necesarios para
adelantar los trámites de cobro derivados de la condena reconocida en ese
proceso.

23. Respecto de lo anterior, se observa que el Tribunal Administrativo del
Caquetá informó a la accionante, mediante Oficio No. 0222 de 12 de
agosto de 2026, notificado mediante correo electrónico remitido a las
direcciones lister2976@hotmail.com y amparonorena85@gmail.com11, que
el proceso solicitado únicamente estaba en físico y se encontraba
archivado desde el 24 de mayo de 2018, razón por la cual era necesario
adelantar previamente su desarchivo para proceder a la expedición de las
copias requeridas. Asimismo, indicó que dicho trámite se realizaría una vez
se efectuara el pago del correspondiente arancel judicial.

6 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 10, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
8 Decreto 2591 de 1991. Artículo 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem
9 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1).
10 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4).
11 Índice 10 de SAMAI. Esta dirección electrónica es la misma que informó en la tutela y desde la cual remitió el

escrito.

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Demandante: Amparo Noreña de Orozco
Demandados: Tribunal Administrativo de Caquetá y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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24. Para la Sala, esta actuación no evidencia una vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso ni de acceso a la
administración de justicia. Por el contrario, la autoridad judicial informó la
circunstancia objetiva que impedía la entrega inmediata de la
documentación solicitada y explicó el procedimiento que debía surtirse
para obtenerla, esto es, el desarchivo del expediente físico y el
cumplimiento de las cargas legalmente exigidas para la expedición de las
copias y constancias requeridas. No se advierte, entonces, una negativa
injustificada a suministrar la información requerida ni una actuación
arbitraria atribuible a la autoridad accionada.

2.5. Conclusión

25. La Sala negará el amparo solicitado, pues no se acreditó vulneración
alguna de los derechos fundamentales de la parte accionante.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por Amparo Noreña de Orozco,
por las razones expuestas en la parte motivan de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma, deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin12.

TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

12 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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