República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06202-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
31 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06202-00 (9811)
Accionantes: Andrés Alejandro Parra Caraballo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
reparación directa. Subtema 2: falla del servicio. Subtema 3: defectos sustantivo,
fáctico, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Andrés Alejandro Parra Caraballo, Dineth
Estela Caraballo Orozco, Luz Viviana Parra Caraballo, Ana Tulia Parra Veloza, Luz
Marina Parra Veloza, Jefferson Steve Quintero Parra y David Camilo Quintero Parra
contra el Tribunal Administrativo del Cesar.
1. Síntesis del caso
Los señores Andrés Alejandro Parra Caraballo, Dineth Estela Caraballo Orozco, Luz
Viviana Parra Caraballo, Ana Tulia Parra Veloza, Luz Marina Parra Veloza,
Jefferson Steve Quintero Parra y David Camilo Quintero Parra presentaron acción
de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideraron vulnerados
con ocasión de la sentencia del 18 de junio de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el radicado núm. 20001-33-33-006-2016-00310-01.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06202-00 (9811)
Accionantes: Andrés Alejandro Parra Caraballo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1.
A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2.
El señor Pedro Pablo Parra Veloza, el 17 de septiembre de 2014, se desplazaba
en su camioneta marca NISSAN, color blanco y de placas GNR-469, cuando fue
embestido por una locomotora en el kilómetro 789 de la vía férrea a la altura del
corregimiento de Loma Colorada, jurisdicción del municipio de Bosconia (Cesar),
cuyo impacto causó su muerte.
3.
Los señores Dineth Estela Caraballo Orozco, Andrés Alejandro Parra Caraballo,
Luz Viviana Parra Caraballo, Ana Tulia Parra Veloza, Luz Marina Parra Veloza,
Jefferson Steve Quintero Parra y David Camilo Quintero Parra presentaron
demanda de reparación directa contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI),
Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A., (FENOCO S.A.) y la Drummond Ltda,
estos, a su vez, llamaron en garantía a la Compañía Aseguradora S.A., a Liberty
Seguros S.A., a QBE Seguros S.A., y a la Previsora S.A. Compañía de Seguros.
4.
La referida demanda tenía por objeto que se declarara la responsabilidad
administrativa de las entidades accionadas y que se ordenara el reconocimiento y
pago de una indemnización por concepto de perjuicios morales y materiales
causados a la parte demandante por el fallecimiento del señor Pedro Pablo Parra
Veloza.
5.
El Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar, mediante sentencia del 19 de
diciembre de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al
considerar que se demostró una falla en el servicio en la que incurrieron las
entidades demandadas, por la omisión del deber de seguridad y señalización por
parte del concesionario FENOCO S.A. y por la ANI en el lugar donde ocurrió el
siniestro. Además, refirió que también se acreditó una culpa concurrente por la falta
de precaución y cuidado de la víctima. Contra dicha decisión, las partes del litigio
presentaron recurso de apelación.
6.
El Tribunal Administrativo del Cesar, a través de providencia del 18 de junio de
2026, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de
la parte demandante, al concluir que la ausencia de señalización no fue la causa
eficiente de la muerte, sino el actuar imprudente de la propia víctima, quien, en el
ejercicio de una actividad peligrosa, como es la conducción de vehículos, no redujo
la velocidad al acercarse a la intersección, no respetó la prelación de la vía y no
realizó el «PARE», lo que le condujo al fatídico accidente.
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06202-00, índice 2, certificado BA0A600B3BF4B9A7 5DACCB5FAAD45E70
8FF001B37D42B901 DAB69858C7AF4234.
2
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2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
7.
La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:
5.1.- Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva de los señores DINETH ESTELA
CARABALLO OROZCO, LUZ VIVIANA PARRA CARABALLO, ANDRÉS ALEJANDRO
PARRA CARABALLO, ANA TULIA PARRA VELOSA, LUZ MARINA PARRA VELOZA,
JEFFERSON STEVE QUINTERO PARRA y DAVID CAMILO QUINTERO PARRA,
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
César el dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026), dentro del medio de control
de reparación directa radicado No. 20-001-33-33-006-2016-00310-01.
5.2.- Como consecuencia del amparo solicitado, dejar sin efectos la sentencia proferida
el dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026) por el Tribunal Administrativo del
César.
5.3.- Ordenar al Tribunal Administrativo del César que profiera una nueva sentencia de
segunda instancia, respetando plenamente la autonomía e independencia propias del
ejercicio de la función jurisdiccional, pero reconstruyendo el juicio de responsabilidad
patrimonial mediante la aplicación integral del régimen jurídico que disciplinaba el
supuesto de hecho objeto del proceso, valorando conjuntamente las obligaciones
concurrentes que el ordenamiento imponía tanto al conductor del vehículo como a las
entidades responsables de la administración, explotación, conservación, operación y
señalización de la infraestructura ferroviaria.
5.4.- Ordenar que, al proferir la nueva decisión, el Tribunal determine nuevamente el
contenido del deber jurídico cuya observancia constituye el fundamento del juicio de
imputación, delimite el objeto de la actividad probatoria conforme al régimen jurídico
integral aplicable y motive la providencia resolviendo la totalidad del problema jurídico
debatido, prescindiendo de los defectos constitucionales que dieron lugar a la
concesión del presente amparo. […]2.
8.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante adujo que la
providencia proferida por el Tribunal accionado incurrió en un defecto sustantivo,
porque analizó «el juicio de responsabilidad mediante una aplicación fragmentaria
e incompleta del régimen jurídico aplicable», en tanto, desconoció el deber de los
sujetos implicados en los hechos investigados. En su criterio, «la providencia alteró
el objeto del juicio de imputación, condicionó la actividad probatoria, restringió el
alcance de la motivación y terminó edificando la declaratoria de culpa exclusiva de
la víctima sobre un examen parcial del ordenamiento jurídico».
9.
En concreto, la parte tutelante indicó que el Tribunal centró el análisis
exclusivamente en los deberes del conductor, conforme una valoración de las
normas que regulan esta actividad en el Código Nacional de Tránsito e ignoró las
obligaciones concurrentes de las entidades demandadas en materia de
señalización, administración y seguridad ferroviaria previstas en el artículo 113 del
2
Se transcribe incluso con errores.
3
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mencionado estatuto normativo, que impone a las instituciones ferroviarias o
concesionarios instalar señales, barreras y dispositivos de advertencia.
10.
Por otro lado, advirtió que la decisión acusada incurrió en defecto fáctico, por
cuanto efectuó una valoración defectuosa de los elementos probatorios aportados
al proceso ordinario, porque se limitó a examinar los documentos e informes
allegados al plenario para reconstruir el comportamiento desplegado por el señor
Pedro Pablo Parra Veloza y determinar si éste había observado los deberes que el
Código Nacional de Tránsito le impone a quienes se aproximan a un cruce
ferroviario.
11.
En este sentido, explicó que el objeto de la prueba fue distorsionado como
consecuencia del defecto sustantivo, por cuanto las condiciones que determinó para
estudiar el régimen jurídico aplicable limitaron la actividad probatoria, la cual se
orientó casi exclusivamente a verificar la conducta de la víctima.
12.
De otro lado, refirió que la providencia objeto de tutela desarrolló una
argumentación extensa sobre los deberes del conductor, pero no explicó ni
confrontó, con las pruebas allegadas al plenario, las obligaciones concurrentes de
las entidades demandadas. En efecto, resolvió solo una parte del problema jurídico
planteado.
13.
Finalmente, indicó que la sentencia acusada expuso que la aplicación
fragmentaria del ordenamiento impidió que el litigio se resolviera conforme a
derecho, por lo que se desconocieron preceptos superiores contenidos en los
artículos 29 (debido proceso), 229 (acceso a la justicia), 228 (prevalencia del
derecho sustancial) y 90 (responsabilidad patrimonial del Estado).
2.3. Trámite procesal
14.
El despacho ponente, mediante auto del 10 de agosto de 20263, admitió la
solicitud de amparo, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo del Cesar, en
su calidad de autoridad accionada y puso en conocimiento el escrito de tutela al
Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar, a la Agencia Nacional de
Infraestructura, a Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A., a la Empresa Drummond
Ltd., a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., a Liberty Seguros S.A., a QBE
Seguros S.A. y a la Previsora S.A.S, en su condición de terceros con interés.
2.4. Intervenciones
15.
El Tribunal Administrativo del Cesar remitió4, a esta corporación, el expediente
de reparación directa, sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de este
mecanismo constitucional.
3
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4
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956A5E59D2C9C3DF 9320A8D1D89B8E0E.
4
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16.
La empresa Drummond Limitada5 solicitó que se declare improcedente la tutela,
porque no cumple con los requisitos generales de relevancia constitucional.
Además, refirió que los argumentos de la solicitud de amparo no identifican con
claridad las circunstancias que derivan en la vulneración de los derechos
fundamentales alegados ni plantean una verdadera irregularidad procesal que tenga
una incidencia directa en el sentido de la decisión.
17.
Por otro lado, sostuvo que la sentencia cuestionada analizó adecuadamente el
régimen jurídico aplicable a las entidades demandadas y valoró la prueba de forma
completa. En esa medida, advirtió que lo pretendido por la parte actora era abrir
nuevamente el debate normativo y probatorio que se surtió ante el juez natural. En
consecuencia, solicitó que se niegue el amparo de tutela.
18.
La empresa Ferrocarriles del Norte de Colombia, FENOCO S.A.6, pidió que se
declare improcedente la tutela por falta de relevancia constitucional.
Subsidiariamente solicitó que se niegue el amparo, porque el Tribunal realizó un
estudio adecuado y pertinente del deber de señalización establecido en el artículo
113 del Código Nacional de Tránsito y concluyó, con suficiente motivación, que
dicha circunstancia no fue la causa eficiente del daño, sino la conducta imprudente
de la víctima.
19.
Asimismo, adujo que la autoridad judicial accionada no efectuó una valoración
arbitraria y caprichosa del régimen de obligaciones ferroviarias ni construyó el juicio
de responsabilidad de forma fragmentaria. Así pues, insistió en que la sentencia sí
examinó la señalización, la visibilidad, los testimonios de la tripulación, la activación
de pito, luces y la frenada de emergencia de la locomotora, lo cual le permitió
concluir que el comportamiento de la víctima rompió el nexo causal.
20.
El Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar7 manifestó que la solicitud de
amparo se dirige a cuestionar la sentencia proferida el 18 de junio de 2026 por el
Tribunal Administrativo del Cesar. De manera que no es posible advertir alguna
situación concreta que amenace o vulnere los derechos de la parte, por el despacho
de primera instancia. Además, remitió por medio electrónico el expediente de
reparación directa.
21.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)8 consideró que carece de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las pretensiones de la tutela se
dirigen a cuestionar una decisión en cuya expedición no tuvo injerencia alguna la
entidad. En consecuencia, solicitó que se le desvincule del presente trámite
constitucional.
5
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6
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7
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8
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D034BA5DEA6CD3C1 2CC8076EB9EB98B9.
5
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22.
Además, refirió que la tutela no desarrolló una adecuada carga argumentativa y
probatoria para acreditar el presupuesto de relevancia constitucional, pues lo único
que pretende es emplear la tutela como una tercera instancia sin fundamento
constitucional sólido.
23.
La empresa HDI seguros9, antes Liberty Seguros S.A., solicitó que se declare
improcedente la tutela, porque no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, pues que la controversia planteada en el escrito inicial se centra en
una cuestión de mera legalidad de interpretación normativa y valoración probatoria.
24.
Adicionalmente, pidió que se niegue el amparo, al considerar que el Tribunal sí
examinó el régimen de señalización y las obligaciones de las entidades
demandadas y, concluyó razonadamente que la conducta de la víctima fue la causa
eficiente del daño, por lo que dicha actuación no deriva en una vulneración de
derechos fundamentales.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
25.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Andrés Alejandro Parra Caraballo y
otros contra el Tribunal Administrativo del Cesar.
3.2. Legitimación en la causa
26.
La legitimación en la causa por activa del señor Andrés Alejandro Parra
Caraballo y los demás accionantes se encuentra acreditada, por cuanto fue la parte
demandante en el proceso de reparación directa dentro del cual se profirió la
providencia que, en su criterio, vulneró sus derechos fundamentales.
27.
También está acreditada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Cesar, toda vez que fue la autoridad judicial que profirió la
sentencia objeto de la presente acción de tutela.
28.
Por otro lado, se advierte que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
solicitó su desvinculación, al considerar que no estaba llamado a responder por la
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.
29.
Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez
que dicha entidad actuó como parte demandada dentro del proceso ordinario en el
que fue expedida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06202-00 índice 16 certificado CF701E1F4C026DFE A1309857306D0C24
657DC9B90F51FE85 8FC4749147D6F553.
6
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que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se
negará su solicitud.
3.3. Cuestión preliminar
30.
La Sala considera pertinente aclarar que el tutelante, en el escrito de amparo,
pretende atribuirle a la providencia cuestionada los siguientes defectos: i)
sustantivo, ii) fáctico, iii) decisión sin motivación, iv) violación directa de la
Constitución.
31.
Sin embargo, al revisar los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se
advierte que la inconformidad del accionante se concreta en la interpretación y
aplicación normativa que desarrolló la autoridad judicial en la providencia
cuestionada. Por esta razón, la Sala analizará el asunto bajo una posible
configuración de un defecto sustantivo.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
32.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional11.
33.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
34.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
7
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afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
35.
De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución13.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
36.
En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que la
decisión cuestionada fue proferida con desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
37.
También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad, porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de reparación directa en el que se profirió la decisión
objeto de tutela.
38.
Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 18 de junio de 2026 por el Tribunal Administrativo del Cesar
fue notificada el 23 de junio siguiente14, y la demanda de tutela se presentó el 6 de
agosto de 202615, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional16 y del Consejo de Estado17 como razonable.
39.
En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los sucesos y los fundamentos de la afectación alegada, y
no resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
40.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.
41.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con el defecto sustantivo y, en ese orden,
continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.
13
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
14
Samai, exp. 20001-33-33-006-2016-00310-01, índice 27.
15
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06202-00 índice 1.
16
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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3.5. Problema jurídico
42.
La Sala debe determinar lo siguiente: ¿El Tribunal Administrativo del Cesar
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, de la parte actora e incurrió en el defecto sustantivo al
proferir la sentencia del 18 de junio de 2026, mediante la cual revocó la providencia
de primera instancia18, que accedió a las pretensiones de la demanda promovida
por los tutelantes contra la Agencia Nacional de Infraestructura y otros, relacionadas
con la declaratoria de responsabilidad y la reclamación de perjuicios por el
fallecimiento del señor Pedro Pablo Parra Veloza?.
43.
Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.
3.5.1. El defecto sustantivo
44.
La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado19.
45.
De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
46.
La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios
judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e
interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio
de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra
sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello,
“pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes
al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la
manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es
dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia
se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios
constitucionales que son de forzosa aplicación […]20.
18
Sentencia del 19 de diciembre de 2022, expedida por el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
20
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
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47.
En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
48.
Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).21
3.6. Caso concreto
49.
En el asunto objeto de estudio, los señores Dineth Estela Caraballo Orozco y
Andrés Alejandro Parra Caraballo junto con su grupo familiar presentaron escrito en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A., (FENOCO S.A.) y la
Drummond Ltda, con la pretensión de obtener el resarcimiento de los perjuicios
causados por la muerte de Pedro Pablo Parra Veloza, ocurrida el 17 de septiembre
de 2014.
50.
En primera instancia, el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar, mediante
sentencia del 19 de diciembre de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Cesar emitió
fallo el 18 de junio de 2026, en el que revocó la decisión recurrida y, en su lugar,
negó las peticiones de la parte demandante.
51.
Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto,
que la autoridad judicial accionada, al proferir el fallo del 18 de junio de 2026, incurrió
en defecto sustantivo, por cuanto centró el análisis exclusivamente en los deberes
del conductor, conforme a una valoración de las normas que regulan esta actividad
en el Código Nacional de Tránsito e ignoró las obligaciones concurrentes de las
entidades demandadas en materia de señalización, administración y seguridad
ferroviaria previstas en el artículo 113 del mencionado estatuto normativo, que
impone a las instituciones ferroviarias o concesionarios instalar señales, barreras y
dispositivos de advertencia.
52.
Al respecto, se observa que el Tribunal Administrativo del Cesar, en la
providencia objeto de tutela, precisó que, según la jurisprudencia del Consejo de
Estado22, el régimen de responsabilidad aplicable a los casos de daños derivados
con ocasión de la omisión de mantenimiento, conservación y señalización en vías a
21
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
22
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A, sentencia del 29 de septiembre
de 2023, radicado núm.: 68001-23-33-000-2015-01118-01 (62184).
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Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
cargo del Estado es el de falla en el servicio, por lo que, en su criterio, es un deber
de la parte demandante acreditar el nexo causal entre el hecho dañoso y la actividad
de la administración.
53.
Asimismo, la autoridad accionada indicó que la señalización de las vías públicas
es un deber que se deriva del artículo 2 de la Constitución, comoquiera que es una
finalidad del Estado servir a la comunidad y garantizar los derechos y deberes de
los ciudadanos. En desarrollo de este concepto, el artículo 7 de la Ley 769 de 200223
prevé que las autoridades de tránsito deben velar por la seguridad de las personas
y las cosas en las vías públicas y privadas abiertas al público. De este modo, resaltó
que el referido estatuto desarrolla un marco regulatorio con relación al respeto de
las señales, la clasificación y la potestad reglamentaria en los artículos 109, 110 y
115.
54.
Además, mencionó que el artículo 113 de la Ley 769 de 2002 regula la
señalización en pasos de nivel en lo que respecta al tránsito ferroviario e indica que:
«Las entidades ferroviarias, o los particulares en caso de concesión de las vías
férreas, colocarán señales, barreras y luces en los pasos a nivel de las vías férreas,
así como la correspondiente demarcación, de acuerdo con lo dispuesto por el
Ministerio de Transporte. PARÁGRAFO. En los pasos a nivel de las vías férreas, las
entidades ferroviarias o a quien se le haya entregado la concesión de la vía férrea
colocará un guardavía para la regulación del tránsito cuando se requiera».
55.
Acorde con lo dicho el Tribunal destacó que el Código Nacional de Tránsito
también estructura una regulación relacionada con la conducta de quienes operan
vehículos automotores, entre estos, el artículo 66 se refiere al giro en cruce de
intersección, el cual establece que: «El conductor que transite por una vía sin
prelación deberá detener completamente su vehículo al llegar a un cruce y donde
no haya semáforo tomará las precauciones debidas e iniciará la marcha cuando le
corresponda». En este sentido, puso de presente que: «[…] Todo conductor deberá
permanecer a una distancia de cinco (5) metros en la vía férrea», previa disminución
de la velocidad, como lo prevé el artículo 74 de la Ley 769 de 2002.
56.
Adicionalmente, la corporación judicial explicó que, en los casos de
responsabilidad del Estado por daños ocasionados debido a la falta de
conservación, mantenimiento o señalización de las vías, pueden configurarse
causales eximentes de responsabilidad como la fuerza mayor, el caso fortuito, el
hecho exclusivo y determinante de un tercero o el hecho de la víctima. Estas
circunstancias impiden atribuir jurídicamente el daño a la entidad demandada, pues
rompen el nexo causal entre la actuación u omisión estatal y el perjuicio sufrido.
57.
Según la autoridad accionada, la jurisprudencia del Consejo de Estado24 ha
reconocido que la conducta de la víctima puede constituir una causal eximente
cuando su acción u omisión genera o contribuye de manera decisiva al daño. Para
que opere como exoneración total, debe demostrarse que el comportamiento de la
23
«Por medio de la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre».
24
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2020, radicado núm.76001-23-31-000-
2010-01894-01.
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víctima fue la causa adecuada y determinante del perjuicio. Si su conducta solo
concurre junto con otros factores en la producción del daño, no se excluye
completamente la responsabilidad estatal, aunque sí procede reducir la
indemnización en proporción a la participación de la víctima en los hechos.
58.
Con base en el referido contexto normativo y jurisprudencial, la providencia
objeto de tutela procedió a revisar el material probatorio y precisó que en el
expediente de reparación directa se encontraba acreditado «la ocurrencia del daño,
consistente en la muerte del señor Pedro Pablo Parra Veloza, lo cual no [fue] objeto
de discusión entre las partes. Sin embargo, conforme al artículo 90 de la
Constitución Política, la declaratoria de responsabilidad estatal exige, además, la
demostración de la imputación del daño a una acción u omisión atribuible a la
administración».
59.
En lo que respecta a la imputación del daño, la sentencia acusada indicó que
este es un elemento esencial «para atribuir responsabilidad al Estado, en la medida
en que exige que se encuentre plenamente acreditada la relación de causalidad
ante el hecho dañoso y las omisiones de sus tareas o actividad desplegada por sus
agentes, como causa eficiente y determinante del perjuicio25». En este sentido, le
correspondía a la parte actora acreditar que el comportamiento ya sea activo u
omisivo de la administración fue determinante en la producción del daño.
60.
Así pues, la autoridad judicial accionada revisó los medios de prueba aportados
al trámite judicial y verificó lo siguiente:
Expuesto lo anterior, la Sala advierte desde ya que las circunstancias de modo, tiempo
y lugar en que ocurrió el accidente de tránsito en el que resultó muerto el señor Pedro
Pablo Parra Veloza (Q.E.P.D.) configuran una culpa exclusiva de la víctima, quien –
como se verá más adelante- debía atender las previsiones del Código Nacional de
Tránsito Terrestre con independencia de que las entidades involucradas hubieren o no
cumplido de manera estricta con la señalización técnica que exige el Manual de
Señalización Vial, Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles,
Carreteras y Ciclorrutas del Ministerio de Transporte, toda vez que es la imprudencia
de la víctima la que constituye la causa eficiente del daño.
Se encuentra probado que el 17 de septiembre de 2014 murió el señor Pedro Pablo
Parra Veloza, luego de que la camioneta que conducía fuera impactada por una
locomotora operada por Drummond Ltda., en el momento en que ambos vehículos se
cruzaron, desplazándose de forma perpendicular, la primera por una carretera que
cruzaba la vía férrea de derecha a izquierda y la segunda por la vía férrea
correspondiente a la Red Férrea del Atlántico dirección norte – sur a la altura del paso
a nivel PK 789+612 entre San Diego y Loma Colorada.
[…]
Luego entonces, para determinar si el daño fue ocasionado por una falla del servicio
de la administración, deberá establecerse en primer lugar si para la fecha de ocurrencia
de los hechos, el 17 de septiembre de 2014, el paso a nivel en el que ocurrió el siniestro
25
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de marzo de 2012, radicado núm. 07001-23-31-000-2000-00177-01
(23778).
12
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contaba con la señalización que exigía la regulación vigente y, en segundo lugar, si en
caso de no haber existido dicha señalización esa fue la causa adecuada o eficiente del
daño.
Como ya se vio en el acápite de premisas normativas y jurisprudenciales los pasos a
nivel cuentan con una regulación legal específica en lo que a su señalización se refiere
y que, según la misma autoridad vial en respuesta a petición que hace parte del acervo
probatorio de este expediente, corresponde a la siguiente:
[…]
Tal como se evidencia en las fotografías del lugar aportadas como prueba al plenario
por FENOCO y en los informes del accidente el sitio del siniestro contaba con la
siguiente señalización:
[…]
En donde se observa que, en ambos lados de la carrilera en un lugar plenamente visible
se encontraba instalada la Cruz de San Andrés, señal de tránsito identificada
universalmente con la cercanía de una vía férrea y la señal de PARE, que el Manual
de Señalización Vial vigente para la época de los hechos, explicaba así:
[…]
61.
En efecto, el Tribunal accionado examinó el informe presentado por FENOCO
S.A., la Resolución núm. 1050 del 5 de mayo de 2004, «El Manual de Señalización
Vial, Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y
Ciclorrutas del Ministerio de Transporte» y las fotografías del lugar de los hechos.
Esto le permitió constatar que el sitio donde ocurrió el siniestro contaba con la
señalización dispuesta por el reglamento, por cuanto existían elementos visibles
como la «Cruz de San Andrés» y la señal de PARE en ambos lados de la vía férrea,
las cuales advertían claramente la presencia del cruce ferroviario.
62.
De este modo, la autoridad judicial consideró que los elementos probatorios
apuntaban a que el accidente no se produjo por deficiencias en la señalización, sino
por el comportamiento imprudente de la víctima al no atender las directrices de
tránsito existentes, por lo que el argumento relacionado con el incumplimiento de
los requisitos técnicos de las señales de tránsito no tenía suficiente convicción.
63.
Más adelante, el Tribunal Administrativo del Cesar procedió a analizar las
funciones de las entidades encargadas del mantenimiento de la señalización
asignada a la vía férrea, así como la conducta del señor Pedro Pablo Parra Veloza,
con el fin de precisar las circunstancias de lo ocurrido y determinar la
responsabilidad de los sujetos implicados (la administración y la víctima directa). Así
pues, expuso las siguientes consideraciones
Ello plantea dos escenarios para la solución del caso concreto, veamos:
En el primero, es evidente que las dos entidades encargadas de la señalización del
paso a nivel, esto es, quien ostentaba la conservación, operación y explotación de “la
13
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infraestructura de transporte férreo de la red del Atlántico, para la prestación del servicio
de transporte ferroviario de carga”, según las voces del Contrato de Concesión No. O-
ATLA-0-99 de 1999, es decir, la Sociedad Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. –
FENOCO S.A. y quien debía ejercer la labor de supervisión del cumplimiento del
contrato de concesión, la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI, no ejercieron la
debida señalización en un paso de estas características del que evidentemente
conocían su existencia toda vez que le tenían instaladas señales de tránsito.
Y es que el hecho de que el paso a nivel en el cual ocurrió el accidente comportara una
existencia de facto, valga decir, no se encontrara legalizado conforme a la regulación
aplicable y no fuere formalmente reportado por la autoridad vial ni enlistado dentro de
los pasos a nivel reportados en el contrato de concesión, no eximía a las entidades
involucradas de realizar todas las acciones preventivas que requiere el ejercicio de la
actividad ferroviaria.
Bajo ese entendimiento, se podría - en principio- plantear una falla en el servicio de la
autoridad vial al haber cumplido de manera incompleta su deber de señalización, pues
si bien tenía instaladas las señales de PARE y la Cruz de San Andrés, las normas
vigentes les exigían:
[…]
Sin embargo, tampoco puede soslayarse que este era un paso no autorizado que,
siendo utilizado de manera permanente por la comunidad, la administración vial optó
por ejercer algún tipo de control para evitar accidentes, sin que pudiera exigírsele la
señalización plena que sí era exigible en los pasos a nivel debidamente autorizados
para el tránsito vehicular.
Con todo, en un segundo escenario, para imputar el daño a la entidad accionada, debe
acreditarse no solo la lesión injustificada al interés protegido por el ordenamiento
jurídico y la falla de la administración, sino además la existencia de un nexo de
causalidad entre ambos, esto es, que el daño esté vinculado en el plano fáctico con la
acción u omisión de la administración pública, para el caso concreto, que exista una
relación causal, entre la muerte del señor Pedro Pablo Parra Veloza y la señalización
incompleta en el paso a nivel.
Para realizar este análisis se debe partir del hecho incontestable de que la víctima en
calidad de conductor contaba con los conocimientos, capacidades físicas e
intelectuales y pericia suficientes para operar un vehículo automotor en las vías
nacionales, lo que confluye naturalmente en que conocía la regulación de tránsito, las
señales de tránsito y las conductas que debía derivar de aquellas cuando las
encontrara en su trayecto.
Bajo ese entendimiento, el señor Parra Veloza con referencia a la norma estaba en la
obligación de actuar de conformidad, así:
NORMA DE TRÁNSITO CONDUCTA OBLIGATORIA
Respetar la prelación de la vía férrea
Art. 2 Ley 769 de 2002. Definiciones: (…) Vía
férrea: Diseñada para el tránsito de vehículos
sobre rieles, con prelación sobre las demás
vías, excepto para las ciudades donde existe
14
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metro, en cuyos casos será éste el que tenga
la prelación.
Ley 769 de 2002. ARTÍCULO 74. Reducir la velocidad a 30 km/hora cuando se
REDUCCIÓN DE VELOCIDAD. Los acercaba a la intersección
conductores deben reducir la velocidad a
treinta (30) kilómetros por hora en los
siguientes casos:
(…).
En proximidad a una intersección.
Ley 769 de 2002. ARTÍCULO 66. GIROS EN Detener completamente el vehículo e iniciar
CRUCE DE INTERSECCIÓN. El conductor la marcha cuando le correspondiera
que transite por una vía sin prelación deberá
detener completamente su vehículo al llegar
a un cruce y donde no haya semáforo tomará
las precauciones debidas e iniciará la marcha
cuando le corresponda.
Manual de Señalización Vial - SR-01.- PARE. Detener completamente el vehículo y
Esta señal se empleará para notificar al verificar si podía cruzar sin riesgo de
conductor que debe detener accidente
completamente el vehículo y sólo reanudar la
marcha cuando pueda hacerlo en
condiciones que eviten totalmente la
posibilidad de accidente, especialmente en
los siguientes casos:
(…)
2) En el cruce a nivel de una calle o carretera
con un ferrocarril
64.
Con base en lo mencionado, la providencia acusada explicó que, si bien la
señalización del paso a nivel existente no cumplía integralmente con las exigencias
normativas aplicables, dicha circunstancia no resulta suficiente para imputarles la
responsabilidad por el daño por falla en el servicio a FENOCO S.A. y de la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI) en el marco de sus funciones de mantenimiento y
cuidado.
65.
Lo anterior, por cuanto las entidades conocían la existencia del cruce ferroviario
y habían instalado algunas señales preventivas, como la señal de PARE y la Cruz
de San Andrés. Sin embargo, el hecho de que se tratara de un paso no autorizado
y utilizado habitualmente por la comunidad llevó a la administración a implementar
medidas mínimas de control, sin que necesariamente estuviera obligada a dotarlo
de la totalidad de la señalización prevista para los pasos a nivel formalmente
habilitados.
66.
En todo caso, el Tribunal advirtió que para atribuir responsabilidad al Estado no
bastaba con acreditar una eventual deficiencia en la señalización, sino que también
debía demostrarse que dicha omisión fue la causa eficiente del daño. En este
sentido, destacó que la víctima, en su condición de conductor habilitado, conocía
las normas de tránsito y el significado de las señales existentes en el lugar, por lo
que estaba obligada a actuar con la diligencia y precaución exigidas.
67.
En este orden, la autoridad judicial puso de presente que aun cuando pudiera
existir una señalización incompleta, no se evidenciaba que esta hubiera sido la
causa determinante del accidente, pues el comportamiento imprudente del
15
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conductor indicaba que él rompió el nexo causal y configuró una culpa exclusiva de
la víctima como factor eximente de responsabilidad.
68.
Sobre el particular, el Tribunal Administrativo del Cesar le otorgó relevancia a la
declaración rendida por el señor Rinandlo Enrique Llama Camacho, en cuanto
permitió inferir que el señor Pedro Pablo Parra Veloza no era un usuario ocasional
de la vía, sino una persona que transitaba frecuentemente por el sector debido a
razones laborales, por lo que conocía los riesgos inherentes al cruce. En ese
sentido, la corporación consideró que dicho conocimiento reforzaba el deber de
diligencia que le asistía como conductor al aproximarse a la intersección,
particularmente la obligación de atender las señales existentes, respetar la prelación
de la vía férrea y adoptar las precauciones exigidas por las normas de tránsito antes
de intentar el cruce.
69.
Aunado a lo anterior, la providencia objeto de tutela, también examinó el
contenido de los testimonios de los señores Jose Alfredo Posada Avendaño y Efrain
Esmeral Mier (maquinistas de la locomotora), los cuales le permitieron colegir que
estas declaraciones coincidían con los demás elementos probatorios obrantes en el
expediente.
70.
En concreto, el Tribunal concluyó que la tripulación de la locomotora actuó de
manera diligente y observó los protocolos de seguridad exigibles, mediante el uso
de señales acústicas, iluminación permanente y la activación del sistema de frenado
de emergencia. En contraste, evidenció que el señor Pedro Pablo Parra Veloza
incumplió las obligaciones de tránsito que le imponían respetar la prelación de la vía
férrea, disminuir la velocidad al aproximarse a la intersección y detener
completamente su vehículo ante la señal de «PARE».
71.
Así pues, sostuvo que la ausencia de señales adicionales a la Cruz de San
Andrés y al PARE no tuvo incidencia causal suficiente en la producción del
accidente, pues la causa eficiente y adecuada de la muerte fue la desatención de
las normas de tránsito por parte del conductor. La víctima asumió de manera
imprudente el riesgo de intentar cruzar la vía férrea antes del paso del tren, cuando
la conducta exigible era detener completamente el vehículo y esperar a que la vía
quedara libre.
72.
En consecuencia, la corporación judicial determinó que la conducta imprudente
de la víctima constituyó la causa eficiente y determinante del accidente, razón por
la cual configuró la causal eximente de culpa exclusiva de la víctima, tal como lo ha
desarrollado la jurisprudencia del Consejo de Estado26 sobre el asunto. De manera
que una eventual insuficiencia de la señalización no tenía la incidencia determinante
para la producción del daño.
73.
En este orden de ideas, se observa que la sentencia del 18 de junio de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, efectuó un análisis adecuado de
la normativa aplicable y del acervo probatorio obrante en el expediente, a partir del
26
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 29 de marzo de 2019, radicado núm. 68001-23-31-000-
2004-02686-01 (42731).
16
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cual concluyó que las entidades demandadas actuaron diligentemente y que la
conducta del señor Pedro Pablo Parra Veloza fue determinante en la ocurrencia del
hecho dañoso, debido a que omitió atender las reglas de tránsito establecidas para
efectuar un cruce a nivel ferroviario. Por tal razón, se encontraba acreditada la
configuración de la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la
víctima.
74.
En efecto, se advierte que la providencia no desconoció ni dejó de aplicar el
artículo 113 de la Ley 769 de 2002. Por el contrario, el fallo efectuó una exposición
expresa de dicha disposición, examinó su contenido, valoró las obligaciones de
señalización a cargo de FENOCO S.A. y de la ANI e incluso admitió hipotéticamente
que podía existir una señalización incompleta en el paso a nivel, pero esta no fue
determinante en la ocurrencia del siniestro.
75.
Conviene resaltar que la discrepancia de la parte accionante recae sobre la
interpretación y aplicación que el Tribunal realizó de la norma frente a las
circunstancias probadas del caso, mas no sobre una omisión normativa o una
aplicación abiertamente irrazonable que permita estructurar un defecto sustantivo.
76.
Al respecto, se debe precisar que dicha irregularidad no se presenta en la
providencia cuestionada, por cuanto el Tribunal sustentó su decisión en una
interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, armonizando las obligaciones
de las entidades ferroviarias previstas en el artículo 113 del Código Nacional de
Tránsito con los deberes que la misma legislación impone a los conductores en los
artículos 66 y 74 de la Ley 769 de 2002, así como las resoluciones emitidas por el
Ministerio de Tránsito y Transporte sobre la materia.
77.
La sentencia no centró exclusivamente el análisis en la conducta de la víctima,
sino que desarrolló un estudio integral de las obligaciones concurrentes de todos
los intervinientes, lo cual le permitió advertir que, aun en presencia de una eventual
deficiencia en la señalización, resultaba jurídicamente indispensable acreditar que
dicha omisión constituyera la causa eficiente del daño. Se trata, por tanto, de una
interpretación razonada y jurídicamente posible de las normas aplicables.
78.
Adicionalmente, se observa que la decisión acusada acudió a criterios
jurisprudenciales desarrollados por el Consejo de Estado sobre imputación del daño
y la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad estatal,
por lo que resulta evidente que la sentencia cuenta con una fundamentación jurídica
apropiada.
79.
En suma, la providencia cuestionada no desconoció el ordenamiento jurídico,
sino que aplicó las normas y criterios jurisprudenciales pertinentes para concluir que
la culpa exclusiva de la víctima rompió el nexo causal y, por ende, el daño sufrido
no era imputable a las entidades demandadas.
80.
Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas, la jurisprudencia y las pruebas
17
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obrantes en el expediente de reparación directa. Por estas razones, si bien la
providencia objeto de tutela no resultó favorable a la parte tutelante, esto no significa
que se hayan desconocido sus garantías constitucionales.
81.
De esta manera, no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la
acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el
debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de reparación directa,
con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a sus
intereses y pretensiones.
4. Conclusión
82.
La providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar no vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, por cuanto no se evidencia
en su contenido un análisis arbitrario o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de
orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por el defecto
sustantivo, que exija la intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se negará la
solicitud de amparo invocada por el accionante.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por Andrés Alejandro Parra
Caraballo, Dineth Estela Caraballo Orozco, Luz Viviana Parra Caraballo, Ana Tulia
Parra Veloza, Luz Marina Parra Veloza, Jefferson Steve Quintero Parra y David
Camilo Quintero Parra en contra del Tribunal Administrativo del Cesar, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
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Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
JLAS/SEJV
19
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