Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06211-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06211-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06211-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
20 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06211-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: LUIS RAMÓN CARVAJAL SERNA
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR EL ACCIONANTE ES
REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO
DISCIPLINARIO Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA
TERCERA INSTANCIA. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, DEFENSA Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor LUIS RAMÓN CARVAJAL SERNA, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
1
En adelante COMISIÓN NACIONAL.
2
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de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la defensa, al
acceso a la administración de justicia y a los principios de
contradicción, congruencia e imparcialidad, los cuales, a su juicio, le
fueron vulnerados por la COMISIÓN NACIONAL, al haber proferido
la providencia de 29 de julio de 2026 dentro del proceso disciplinario
identificado con el número único de radicación 2021-01354-01.
I.2. Hechos
Refirió que la señora ANA MARÍA GARCÉS HERNÁNDEZ interpuso
una queja en su contra por las gestiones realizadas en el proceso de
perturbación a la posesión ante la Inspección Central de Policía de
San Pedro de Urabá (Antioquia), en el cual actuaba en representación
de la ciudadana LLAMILES EMPERATRIZ CARVAJAL LUNA contra
la señora YEIMY VANESSA GARCÉS CARVAJAL2.
Destacó que la queja se formuló sin verificar la información, toda vez
que esta última había recibido el 50% del predio denominado “Lote
núm. 9” a título de donación.
2
Sobrina de la quejosa.
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Indicó que, por lo anterior, se inició un proceso disciplinario en su
contra, bajo el número único de radicación 2021-01354-00,
correspondiéndole por reparto a la COMISIÓN SECCIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL DE ANTIOQUIA3.
Sostuvo que la COMISIÓN SECCIONAL en sentencia de 27 de
febrero de 2026, lo encontró responsable de incurrir de manera
dolosa en la falta disciplinaria prevista en el artículo 32 de la Ley
1123 de 22 de enero de 20074, en desatención del deber establecido
en el numeral 7 del artículo 28 ibidem, por lo que le impuso sanción
con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de tres
(3) meses.
Relató que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación, que fue desatado de manera confirmatoria por la
COMISIÓN NACIONAL en providencia de 29 de julio de 2026.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Afirmó que la COMISIÓN NACIONAL unificó los escritos que
presentó dentro de la querella, pese a que cada uno de estos
3
En adelante la COMISIÓN SECCIONAL.
4
“Por la cual se establece el código disciplinario del abogado”.
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constituía actuaciones procesales autónomas, motivados por hechos
sobrevinientes, de tal forma que la prescripción debió contarse en
cada caso por separado y no darles el trato de acto continuado.
Alegó que en el auto de formulación de cargos de 8 de agosto de
2025, la COMISIÓN SECCIONAL le imputó a título de dolo la
infracción prevista en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, en
desatención de los deberes establecidos en los numerales 5 y 6 del
artículo 28 ibídem, sin embargo, en audiencia de 18 de noviembre
de ese año, una vez agotada la práctica de pruebas, se modificó de
manera intempestiva la imputación jurídica, eliminando el análisis
frente a los numerales 5 y 6, siendo sustituidos por el 7, lo cual se
argumentó como la corrección de un simple error de lenguaje.
Aseveró que lo anterior denota un “[…] Defecto Procedimental y
Sustantivo Absoluto al desconocer abiertamente la jurisprudencia
fijada por el Consejo de Estado, Sección Segunda (M.P. Luis Eduardo
Mesa Nieves, Rad. 0674-2025 / 25000-23-42-000-2023-00090-01,
providencia del 25 de junio de 2026). Esta corporación unificó la regla
sobre la inmutabilidad de la acusación disciplinaria […]”.
Afirmó que la variación intempestiva del deber violó sus garantías
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fundamentales, lo que le impidió ejercer en debida forma su derecho
de defensa, de tal forma que se debió declarar la nulidad de todo lo
actuado.
Advirtió que se incurrió en un defecto fáctico al realizar un análisis
indebido de las pruebas, pues el dolo no puede ser el resultado de
una suma aritmética de memoriales, ni se puede calificar de
temeraria su conducta al denunciar las falsedades de una
contraparte, por lo que lo correcto era la absolución total de la
investigación disciplinaria.
Sostuvo que las providencias proferidas dentro del trámite
disciplinario carecen de firma digital certificada individual, lo que
constituye un defecto orgánico, comoquiera que se encuentran en
entredicho su autenticidad y vicia de inexistencia jurídica las
actuaciones surtidas.
Reparó que se desconoció el principio de la non reformatio in pejus,
al ordenar la compulsa de copias penales; además, que se
desatendieron los testimonios rendidos que desvirtuaban una actitud
temeraria y demostraban las irregularidades en las que incurrió el
Inspector de Policía de San Pedro de Urabá (Antioquia).
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En igual sentido, manifestó que se ignoró la prueba sobreviniente
que demostraba que el título de propiedad exhibido por la
contraparte era espurio e inexistente, ya que la notaría encargada
quien lo suscribió nunca tomó posesión de su cargo, lo que justificaba
las denuncias realizadas.
I.4. Pretensiones
El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia, se ordene:
“[…] 2. DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS en su integridad la
Sentencia de Segunda Instancia del 29 de julio de 2026 proferida
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, debido a los
múltiples vicios de nulidad e inexistencia que la gobiernan.
3. DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
DISCIPLINARIA respecto de los escritos del 6 y 19 de julio de
2021, en estricta aplicación del inciso 2º del artículo 24 de la Ley
1123 de 2007, al tratarse de faltas de ejecución instantánea cuya
potestad sancionatoria feneció ex lege de forma independiente.
4. ORDENAR LA ABSOLUCIÓN DE CARGOS del suscrito
respecto del memorial restante del 25 de agosto de 2021, al
configurarse la atipicidad, la ausencia absoluta de dolo
(proscripción de la responsabilidad objetiva ex art. 5° Ley 1123),
el amparo del animus defendendi y la excepción expresa de
denuncia consagrada en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007.
5. REVOCAR Y DEJAR SIN VALOR NI EFECTO el acápite de
"Otras Determinaciones" (página 87 del fallo) y su ordinal
resolutivo de compulsa de copias penales ante la Fiscalía General
de la Nación, por constituir una vía de hecho por falsa motivación,
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violación a la non reformatio in pejus (Art. 82 Ley 1123 y Art. 31
C.P.) y una represalia institucional derivada de la desviación de
poder de los Magistrados accionados ante las denuncias
presentadas en su contra en la Comisión de Investigación y
Acusación de la Cámara de Representantes.
C. Pretensiones Subsidiarias.
1. DECRETAR LA NULIDAD ABSOLUTA del proceso disciplinario
a partir de la audiencia del 18 de noviembre de 2025, por la
mutación inconstitucional e ilegítima del pliego de cargos (cambio
sorpresivo de los numerales 5 y 6 al numeral 7 del artículo 28 de
la Ley 1123), conculcando el precedente de unificación del
Consejo de Estado sobre inmutabilidad de la acusación.
2. ORDENAR que, en caso de subsistir alguna actuación válida,
la alzada sea tramitada y resuelta por una SALA DE CONJUECES
plenamente neutral, objetiva e imparcial, apartando de manera
definitiva a los Magistrados titulares por estar viciados de interés
directo, enemistad grave y pérdida de imparcialidad subjetiva
[…]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La COMISIÓN NACIONAL solicitó que se declare
improcedente la solicitud de amparo por falta de los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional o, en su defecto, que se
denieguen las pretensiones por cuanto no se evidencia vulneración
alguna de los derechos fundamentales deprecados.
I.5.2.- La UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS
(URNA) informó que efectuó la anotación de la sanción, fijando
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como fecha de inicio el 24 de agosto de 2026, lo cual le fue
comunicado al actor.
Sumado a ello, que los cuestionamientos expuestos en el escrito de
tutela no están dirigidos en su contra, por lo que solicitó ser
desvinculada.
I.5.3.- La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN pidió ser
desvinculada del presente trámite constitucional por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Sumado a ello, solicitó que se deniegue el amparo deprecado, al no
acreditarse acción u omisión que lea sea atribuible.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y
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del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Cuestión previa
La Sala advierte que la URNA y la PROCURADURÍA GENERAL DE
LA NACIÓN solicitaron ser desvinculadas de la presente acción de
tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 20065, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
5
Criterio reiterado por la Corte en recientes pronunciamientos, entre estos, en sentencias T-262 de 5
de julio de 2024 y T-019 de 5 de febrero de 2026, M.P. Juan Carlos Cortés González y Miguel Polo
Rosero, respectivamente.
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dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
En este punto se advierte que, comoquiera que en la providencia
cuestionada la COMISIÓN NACIONAL remitió copia de esta a la
URNA con el fin de que registrara y comunicara la data a partir de la
cual la sanción empieza a regir, le asiste interés en las resultas del
proceso constitucional de la referencia; al igual que la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por cuanto el actor
pidió que esta última fuera vinculada como posible vulneradora de
sus derechos fundamentales.
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Por lo anterior, la Sala denegará las solicitudes de desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva y así se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actor : Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
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de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
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todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
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actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 29 de julio de 2026, proferida
por la COMISIÓN NACIONAL dentro del proceso disciplinario
identificado con el número único de radicación 2021-01354-02.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la defensa, al
acceso a la administración de justicia y a los principios de
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contradicción, congruencia e imparcialidad, habida cuenta que, a
juicio del actor, incurrió en los defectos procedimental y
sustantivo, derivados de la indebida unificación de sus escritos
procesales como una "falta continuada", lo que impidió aplicar la
prescripción de forma autónoma en cada actuación en la que se
presentaron. Asimismo, refirió que la variación intempestiva de los
cargos al cierre del debate probatorio transgredió el principio de
inmutabilidad de la acusación fijado por el Consejo de Estado y
vulneró flagrantemente su garantía de defensa al impedirle
controvertir la nueva imputación legal.
También, sostuvo que incurrió en los defectos fáctico y orgánico,
pues el dolo se estructuró mediante una simple suma aritmética de
memoriales, omitiendo testimonios clave y pruebas sobrevinientes
que demostraban la falsedad del título de propiedad de la contraparte
y justificaban las denuncias expuestas en la querella.
Finalmente, sostuvo que las providencias proferidas dentro del
proceso disciplinario cuestionado carecen de firmas digitales
certificadas individuales.
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Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la
COMISIÓN NACIONAL vulneró los derechos deprecados e incurrió
en los defectos alegados dentro del proceso disciplinario identificado
con el número único de radicación 2021-01354-02.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
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esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».7
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
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“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
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que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad; (ii) impedir que se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar
la competencia y la independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, se destaca que de conformidad con
los pronunciamientos de la Corte Constitucional16 las decisiones
emitidas por la COMISIÓN NACIONAL en desarrollo del
procedimiento disciplinario tienen la naturaleza de providencias
judiciales con la fuerza y los efectos que de ello se derivan, de tal
forma que no pueden ser sometidas al escrutinio de otra jurisdicción,
16
Sentencia T-140 de 5 de mayo de 2023, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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salvo en sede constitucional y a través de la acción de tutela siempre
que se acredite el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos y se cumplan las condiciones dispuestas por la
jurisprudencia para el efecto.
Ahora bien, al verificar el estudio de los requisitos generales de
procedibilidad, especialmente el requisito general de la relevancia
constitucional, la Sala advierte que la controversia que propone el
actor implica la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede
ordinaria y del cual se pretende constituir una instancia adicional.
En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que las
inconformidades que ahora trae el actor a esta sede constitucional,
especialmente en lo atinente a la variación de la imputación jurídica
alegada y la inexistencia de las firmas electrónicas, ya fueron
resueltas de forma admisible por la COMISIÓN NACIONAL, así:
“[…] En cuanto al reproche relacionado con la presunta
vulneración del principio de congruencia, esta Sala no advierte
que la variación de la imputación jurídica efectuada durante la
audiencia de juzgamiento haya comportado una afectación al
debido proceso ni una limitación del ejercicio del derecho de
defensa del disciplinable.
En efecto, se observa que la magistrada de conocimiento actuó
dentro de la facultad expresamente prevista en el inciso segundo
del artículo 106 de la Ley 1123 de 2007, norma que autoriza la
variación de la imputación jurídica una vez concluida la práctica
de pruebas. Asimismo, se evidencia que, una vez comunicó la
modificación en la variación del deber profesional
presuntamente desconocido, la funcionaria judicial garantizó
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plenamente el ejercicio del derecho de contradicción y defensa,
al conceder tanto al disciplinable como a su defensor la
oportunidad de solicitar nuevas pruebas relacionadas con la
modificación introducida. Además, el investigado a través de su
apoderado contractual solicitó la nulidad de dicha variación, la
cual fue resuelta en sentencia de conformidad con el
procedimiento dispuesto en la Ley 1123 del 2007.
En ese contexto, la Sala concluye que la variación de la
imputación no tuvo un carácter sorpresivo ni privó al investigado
de la posibilidad de ejercer una defensa material y técnica frente
al nuevo fundamento jurídico de la acusación; por lo que no se
configura la alegada vulneración del principio de congruencia ni
la existe de un defecto procesal con entidad suficiente para
invalidar la actuación.
[…]
De igual manera, los argumentos relacionados con la
inexistencia de las firmas electrónicas, los códigos seguros de
verificación, los algoritmos HASH, los metadatos tampoco tienen
la virtualidad de estructurar una causal de nulidad. Pues estos
cuestionamientos recaen sobre aspectos técnicos del documento
electrónico, pero el disciplinable no demuestra cómo dichas
circunstancias afectaron el ejercicio de su derecho de defensa,
alteraron el contenido material de la providencia o modificaron
el sentido de la decisión adoptada por la Sala. Luego, aun si
existiera alguna irregularidad formal relacionada con el soporte
electrónico del documento la misma carecería de la entidad
suficiente para invalidar la actuación, por cuanto no satisface el
principio de trascendencia previsto en el artículo 101 de la Ley
1123 de 2007.
Ello, bajo el entendido que las nulidades procesales no proceden
por simples irregularidades formales ni por discrepancias sobre
aspectos técnicos del expediente electrónico, sino únicamente
cuando se acredita una afectación sustancial de las garantías
procesales, supuesto que claramente no se configura en el
presente asunto.
[…]
De igual forma, la ausencia de una firma manuscrita o de una
representación gráfica de la firma electrónica en la copia de la
providencia no comporta, la inexistencia del acto procesal. Ello,
pues la notificación de una sentencia con tan solo la firma del
ponente y el secretario no comporta ningún defecto
procedimental, conforme lo expuesto en el artículo 56 de la Ley
270 de 1996 – modificada por la Ley 2430 del 2024, establece
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lo siguiente:
[…]
Para el caso en concreto, resulta trascendental precisar que se
trata de una falta continuada, pues evidencia la conducta
reprochada al disciplinable no se consumó ni agotó de manera
instantánea con la primera acusación temeraria, sino, por el
contrario, la conducta se prolongó en el tiempo, cada vez que el
disciplinable insistió en atribuir conductas punibles a los
intervinientes dentro del proceso policivo. De esta manera, las
tres manifestaciones, aunque materializadas en momentos
distintos, respondieron a un mismo propósito y se enmarcaron
en una línea de comportamiento, razón por la cual, serán
valoradas de manera conjunta como una conducta continuada y
no como hechos independientes o aislados. Lo anterior, explica
que la formulación del cargo y el juicio de responsabilidad
comprendieran la totalidad de ese comportamiento reiterado.
[…]
Descendiendo al caso bajo estudio se tienen que, a lo largo del
proceso policivo el disciplinado acusó temerariamente a los
intervinientes de la incursión en delitos, así: por un lado, en
escrito del 16 de julio de 2021 acusó a la señora Ana María
Garcés Hernández de que podría estar en curso de los punibles
de falso testimonio y fraude procesal, así:
[…]
Manifestación que en principio la realizó al interior de un derecho
de petición dirigido a otra autoridad (Subsecretario General y de
Gobierno de la Alcaldía del Municipio de San Pedro Urabá), fue
incorporado al trámite de la querella para el conocimiento del
Inspector y las partes; asunto, que en todo caso se realizó en
virtud del proceso policivo de perturbación de la posesión.
Posteriormente, y de manera continuada, el 19 de julio de 2021,
el disciplinable señaló al señor Alberto Manuel Arteaga Pacheco
de la incursión en dos delitos contra la eficaz y recta impartición
de justicia; en los siguientes términos:
[…]
Finalmente, en memorial del 25 de agosto de 2021, el jurista le
atribuyó al Inspector de Policía de Municipal de San Pedro de
Urabá, que posiblemente había incurrido en delitos contra la
administración pública, así:
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[…]
Nótese entonces, que el comportamiento del jurista se adecúa
en la conducta señalada por el legislador y en los elementos para
su configuración indicados; ello, pues en tres momentos
diferentes, le atribuyó a personas que intervinieron en el proceso
policivo de perturbación a la posesión, la incursión de varios
delitos y hechos reprochables penalmente, ello sin fundamento,
razón o motivo.
Ahora bien, aún si en gracia de discusión se admitiera que los
hechos reprochados por el investigado a la señora Ana María
Garcés Hernández, Alberto Manuel Arteaga Pacheco y al
Inspector de Policía de San Pedro de Urabá, contaban con algún
sustento fáctico, lo cierto es que ese no era el escenario ni la
forma admisible para poner en conocimiento de las autoridades
las presuntas conductas irregulares.
[…]
Sostuvo que el a quo omitió realizar una valoración de las
actuaciones del inspector y de la quejosa; quienes mintieron
respecto del manejo de los términos del proceso policivo, así
como la calidad de parte de la señora Garcés Hernández.
En atención a ello, resulta necesario precisarle al recurrente que
tales cuestionamientos resultan ajenos al objeto propio de la
presente actuación disciplinaria. Lo anterior, por cuanto el
trámite adelantado en esta jurisdicción tiene como finalidad
exclusiva examinar la conducta del profesional del derecho
investigado, mas no evaluar la legalidad de las decisiones
adoptadas por la autoridad administrativa dentro del proceso
policivo.
[…]
Se observa que el disciplinado ha radicado cuatro (4)
recusaciones, doce (12) incidentes de nulidad y cuatro (4)
acciones de tutela identificadas con los radicados números
11001023000020250090500, 11001023000020260034600,
11001023000020260049500 y 10010230000202601011 00;
actuaciones sistemáticas que podrían estar orientadas a afectar
la administración de justicia y a entorpecer el normal desarrollo
del trámite disciplinario.
En ese sentido, y en atención al deber legal que recae en todos
los servidores públicos de poner en conocimiento de la autoridad
competente la presunta comisión de un delito, expídanse las
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copias con destino a la Fiscal General de la Nación, ello, para
que se adelante la investigación por el posible delito de fraude
procesal en grado de tentativa […]”.
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada, se advierte
que la COMISIÓN NACIONAL en primer lugar desestimó el
reproche relativo a la variación de la imputación jurídica, para lo cual
indicó que ello no comportaba una afectación al debido proceso ni
una limitación del ejercicio de defensa, toda vez que se actuó dentro
de las facultades previstas en el inciso segundo del artículo 106 de la
Ley 1123 de 2007, que autoriza tal modificación una vez concluida la
etapa de practica de pruebas.
Sumado a ello, que una vez se comunicó la variación, se garantizó el
derecho de defensa y principio de contradicción al conceder la
oportunidad de solicitar nuevas pruebas, escenario en el que el actor
pidió la nulidad y fue resuelta en la sentencia de primera instancia,
de tal forma que no podía atribuirse una actuación sorpresiva ni se
privó la salvaguarda técnica frente al nuevo deber.
En segundo lugar, se tiene que la autoridad judicial accionada
también resolvió la inconformidad relativa a la inexistencia de firmas
electrónicas de las decisiones dictadas dentro del proceso censurado,
para lo cual resaltó que ello recaía sobre aspectos técnicos del
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documento electrónico sin que se hubiese demostrado de qué forma
tal circunstancia afectó su derecho de defensa, alteró el contenido
material de las providencias o modificó sus sentidos, por lo que
tampoco se satisfacía el principio de trascendencia dispuesto en el
artículo 101 de la Ley 1123 de 2007.
Mas adelante, la COMISIÓN NACIONAL al resolver los reproches
expuestos respecto del fondo del asunto, consideró que la falta
endilgaba resultaba continuada, en la medida en que la conducta
cuestionada no se agotó de manera instantánea con la primera
actuación temeraria, sino que se prolongó en el tiempo cada vez que
el actor insistió en atribuir conductas punibles a los intervinientes del
proceso policivo, por lo que, si bien se trataba de tres escritos
materializados en momentos distintos, guardaban el mismo
propósito y debían valorarse de manera conjunta.
En efecto, resaltó que el comportamiento del actor se adecuó a la
conducta endilgada, pues en tres momentos diferentes le atribuyó a
personas intervinientes del proceso policivo la incursión de varios
delitos y hechos reprochables penalmente, sin fundamento ni motivo
alguno. Sumado a ello, que, si en gracia de discusión tales
comportamientos contaran con sustento fáctico, no era admisible la
forma en la que los hizo el disciplinado.
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Frente a las acusaciones realizadas al inspector de policía del
municipio de San Pedro de Urabá (Antioquia), la autoridad judicial
accionada afirmó que el trámite que este adelantó tenía como
finalidad estudiar la conducta del actor, no así las decisiones o
actuaciones dentro del proceso policivo.
Finalmente, en cuanto a la inconformidad relativa a la compulsa de
copias a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN con el fin de que
se adelantara la investigación por el posible delito de fraude procesal
en grado de tentativa, se advierte que tal decisión tuvo sustento en
el hecho, según el cual, el actor dentro del proceso disciplinario
presentó 4 recusaciones, 12 incidentes de nulidad y 4 acciones de
tutela, lo que dejaba en evidencia actuaciones sistemáticas
orientadas a afectar la administración de justicia y a entorpecer el
normal desarrollo del proceso disciplinario, por lo que se advierte que
estuvo suficientemente motivada.
De lo expuesto en precedencia, se extrae que las inconformidades
expuestas en el escrito de tutela de la referencia, además de que
carecen de una perspectiva constitucional, en la medida en que su
solución se deriva de la interpretación que el actor pretende que se
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dé a las circunstancias y las pruebas aportadas al asunto, fueron
resueltas por la autoridad judicial accionada en la sentencia
cuestionada.
Significa lo anterior que lo pretendido por el accionante es que el juez
de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos
expuestos en el recurso de apelación interpuesto contra la primera
instancia, con la finalidad de que se haga una corrección al análisis
que hizo la autoridad judicial accionada y se acoja la interpretación
que propone, como si el mecanismo de amparo fuera una instancia
o recurso adicional a los previstos en el trámite ordinario.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
demandante, sino una divergencia que obedece a la interpretación
dada por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso
y a la aplicación de la jurisprudencia dispuesta para el caso, en el
cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la
solicitud de amparo el carácter de un recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia
y la independencia del juez ordinario.
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Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Por último es del caso resaltar que las demás pretensiones
encaminadas a declarar la prescripción de la acción disciplinaria, que
se ordene la absolución de los cargos, se deje sin efectos la compulsa
de copias y se declare la nulidad del proceso disciplinario, tampoco
tienen vocación de prosperidad, en la medida en que, como se vio en
precedencia, tales aspectos fueron suficientemente motivados por la
COMISIÓN NACIONAL, por lo que lo pretendido por el actor es que
se realice un nuevo pronunciamiento y reabrir un debate ya zanjado
por el juez natural del asunto.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud
de amparo y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
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Actor: LUIS RAMÓN CARVAJAL SERNA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por la UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS (URNA) y la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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