RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-06213-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06213-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06213-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el señor Juan Fernando Preciado contra el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión y la Policía Nacional, Dirección General. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06213-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Diez [10] de septiembre de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06213-00
Demandante: JUAN FERNANDO PRECIADO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Tutela contra acto
administrativo. Declara improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Resuelve la Sala la solicitud de amparo formulada por el señor Juan Fernando
Preciado contra el Tribunal Administrativo de Nariño y otro, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el
Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Juan Fernando Preciado, en nombre propio, presentó acción de tutela el 5 de
agosto de 2026 con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, al de presunción de inocencia, al buen nombre, a la honra, al mínimo vital y
al trabajo.

Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de la
sentencia de 17 de mayo de 2024 dictada por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Nariño, mediante la cual se revocó el fallo proferido el 18 de
diciembre de 2019 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Pasto
que había accedido a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional, para, en su lugar, denegarlas. También reprochó la
decisión de desvinculación de la Policía Nacional, Dirección General. La referida causa
se identificó con el radicado 52001-33-33-008-2016-00202-00/01.

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

Demandante: Juan Fernando Preciado
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06213-00

De otro lado, también endilgó la causa de la transgresión alegada a la Dirección
General de la Policía Nacional por haber negado su petición de reintegro al servicio.

1.2. Pretensiones

La parte actora planteó las siguientes peticiones:

1. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, presunción de
inocencia, mínimo vital y trabajo.

2. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia No. D003-47-2024 proferida el 17 de mayo de
2024 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño dentro
del proceso Rad. 52-001-33-33-008-2016-00202-01.

3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Nariño que dicte una nueva sentencia de
segunda instancia en la cual tenga como hecho nuevo superviniente mi Sentencia
Absolutoria en firme de Ipiales, confirmando el restablecimiento de mis derechos
laborales y mi reintegro a la institución.

4. ORDENAR a la Dirección General de la Policía Nacional inaplicar la respuesta
administrativa negativa y proceder con mi reincorporación inmediata a la institución2.

1.3. Hechos

Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

La parte actora indicó que ingresó a la formación de patrulleros de la Policía Nacional
el 14 de junio de 2013 y tomó posesión formal del cargo el 1. ° de diciembre de la
misma anualidad.

Informó que, mediante la resolución 000041 de 3 de abril de 2016 expedida por la
Dirección General de la Policía Nacional se dispuso el retiro del servicio activo del
señor Juan Fernando Preciado con sustento en la facultad discrecional por la
existencia de una investigación penal por la presunta comisión del delito de concusión,
la cual culminó con sentencia absolutoria de 7 de julio de 2025 dictada por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito Judicial de Ipiales al no hallarse elementos de necesidad
o autoría que justificaran su detención.

Adujo que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Policía Nacional con el fin de que se declarara la nulidad del acto de retiro y
a título de restablecimiento del derecho se ordenara su reintegro y el pago de lo dejado
de percibir, entre otros.

2
Cita del texto original con posibles errores.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Fernando Preciado
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06213-00

Afirmó que el asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, autoridad que con sentencia de 18 de
diciembre de 2019 accedió parcialmente a las súplicas de la demanda al estimar que,
ante la existencia de una medida de aseguramiento procedía la suspensión del servicio
y no el retiro discrecional.

Refirió que el recurso de apelación lo desató la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Nariño en providencia de 17 de mayo de 2024 en el sentido de
revocar lo decidido por el a quo, para, en su lugar, denegar las súplicas de la demanda
con fundamento en que el acto administrativo censurado fue expedido en uso de la
facultad discrecional de la entidad a partir de la tesis consistente en que el retiro podía
concurrir de manera independiente al trámite de la acción penal.

Precisó que, por conducto de apoderado, solicitó a la Dirección General de la Policía
Nacional su reintegro formal, lo cual fue negado por la entidad3.

1.4. Fundamentos de la solicitud4

La parte actora adujo que la vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la presunción de inocencia, al buen nombre, a la honra, al mínimo vital y al
trabajo se deriva de la existencia de un defecto fáctico por cuanto el Tribunal
Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, revocó la decisión del juez de
primera instancia con sustento en la desconfianza generada por la actuación penal y
omitió que de manera posterior se dictó una sentencia absolutoria a partir de la cual
se demostró que el señor Juan Fernando Preciado era inocente.

Agregó que, en el caso objeto de atención se causa un perjuicio irremediable y una
perturbación económica actual como consecuencia directa del retiro injustificado «y de
la posterior negativa de la institución a reintegrarme, he sufrido una vulneración severa
a mi mínimo vital, encontrándome actualmente desempleado y sin ingresos estables
para mi sustento básico».

Finalmente, aseguró que, en atención a que los «términos judiciales ordinarios y el
recurso extraordinario de revisión administrativa ya fenecieron por el calendario
procesal, la Acción de Tutela es el único mecanismo constitucional idóneo para evitar
que se consolide un perjuicio irremediable a mi dignidad humana5».

3
Acotó que no tiene conocimiento de la fecha exacta en la cual se surtió la notificación personal del
oficio por medio del cual se despachó negativamente su solicitud de reintegro debido a su precaria
situación socioeconómica, las dificultades de conectividad tecnológica en Tumaco, Nariño, y a que el
canal de comunicación directa con la entidad la mantuvo quien era su abogado en esa época.
4
Las citas contenidas en este numeral fueron extraídas del texto original y puede contener posibles
errores.
5
Cita del texto original con posibles errores.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Fernando Preciado
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06213-00

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con proveído de 11 de agosto de 2026 se admitió la acción de tutela y se dispuso
tener como parte accionada al Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de
Decisión y a la Policía Nacional, Dirección General.

En calidad de terceros con eventual interés en las resultas del trámite constitucional,
se dispuso la vinculación de Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Pasto [autoridad judicial de primera instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho] y a las señoras Beatriz Preciado Montaño y Alexi Alexandra Preciado
[demandantes también el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho], así como
de las demás partes, personas, terceros y/o entidades que hubiesen participado en el
proceso identificad con el radicado 52001-33-33-008-2016-00202-00/01.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
memoriales:

1.6.1. La Policía Nacional señaló al despacho que el acto administrativo por el cual
se acudió a la acción constitucional se encuentra revestido del principio de legalidad,
puesto que, de conformidad con la facultad discrecional y los argumentos esbozados
por el Tribunal Administrativo de Nariño en la sentencia reprochada, es claro que la
expedición del acto demandado se sustentó en hechos reales, objetivos,
proporcionales y acordes a la responsabilidad del profesional de la institución.

Por último, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia por cuanto no se acreditó el acontecimiento de un perjuicio irremediable o
de una amenaza inminente e injustificada que permita la intervención del juez de tutela
de manera transitoria, máxime, porque hizo uso de otras vías de protección
jurisdiccional idóneas para ventilar la vulneración alegada.

1.6.2. Las señoras Beatriz Preciado Montaño y Alexi Alexandra Preciado
manifestaron coadyuvar las pretensiones de la demanda de tutela.

1.6.3. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión aseveró
que el mecanismo de la referencia no cumple con el requisito de inmediatez por cuanto
la sentencia demandada fue notificada el 19 de junio de 2024 y la demanda tutelar se
presentó el «6» de agosto de 2026, es decir, luego de transcurridos más de dos años.

Agregó que el asunto no se encuentra revestido de relevancia constitucional debido a
que el extremo actor no sustentó la vulneración de sus derechos fundamentales a partir
de una actuación arbitraria, caprichosa o abiertamente irrazonable de la autoridad
judicial, pues, por el contrario, se limitó a expresar su inconformidad con la valoración
jurídica y probatoria efectuada en el proveído de 17 de mayo de 2024 al plantear la
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Fernando Preciado
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06213-00

existencia de un defecto fáctico por la ocurrencia de un hecho posterior, esto es, la
absolución penal que «nada tiene que ver con la decisión y que a todas luces es
desconocido por esta judicatura».

Finalmente, resaltó que no se acreditó la existencia de la transgresión alegada por el
extremo actor, habida cuenta de que en el fallo de 17 de mayo de 2024 se examinó la
hoja de vida del actor, las evaluaciones de desempeño, el contenido del Acta 0010 de
la Junta de Evaluación y Clasificación, la investigación penal existente en la época y
la jurisprudencia relativa al retiro discrecional de miembros de la Policía Nacional,
frente a lo cual concluyó que la referida atribución puede ejercerse de manera
concurrente con la actuación penal «cuando los hechos investigados comprometían la
confianza institucional y la adecuada prestación del servicio».

1.6.4. El señor Juan Fernando Preciado allegó un memorial en el cual se opuso al
informe presentado por la Policía Nacional. Al respecto, puntualizó que la referida
institución confesó que el retiro discrecional se ejecutó en estricta concurrencia y
temporalidad con la noticia criminal, lo que da cuenta de que, contrario a lo indicado
por la entidad, ese fue el factor determinante de la pérdida de la confianza pese a que
el 7 de julio de 2025 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Judicial de Ipiales dictó
decisión absolutoria.

Controvirtió que la autoridad judicial justificara «el retiro en tres anotaciones negativas
de los años 2015 y 2016», comoquiera que los aspectos menores en la hoja de vida
no pueden ser utilizados para encubrir un retiro motivado por una sospecha penal que
resultó falsa.

Agregó que la entidad afirmó erróneamente que su retiro fue ordenado por el
comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, lo cual era imposible porque el
servicio que prestaba se circunscribía al departamento de Nariño.

Para finalizar, precisó que el perjuicio irremediable se configuró con la afectación al
mínimo vital propio y el de su familia, el cual es vigente y grave. En ese orden, solicitó
que se ignoren los argumentos de la Policía Nacional.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el señor Juan
Fernando Preciado contra el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de
Decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Fernando Preciado
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06213-00

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso concreto se presenta la vulneración de
las garantías fundamentales de la parte accionante con ocasión de la providencia 17
mayo de 2024 dictada por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Nariño en el proceso 52001-33-33-008-2016-00202-00/01, y de la decisión negativa
de la Policía Nacional respecto de la solicitud de reintegro.

Para resolver el anterior planteamiento, en el marco de tutela contra providencia
judicial, se analizarán los siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y,
de encontrarse superados; (iii) el caso concreto.

En relación con la solicitud de amparo contra acto administrativo, se revisará: (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) la naturaleza subsidiaria y, de advertirse
satisfecho; (iii) el caso concreto.

2.3. Tutela contra providencia judicial

2.3.1. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20126 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 9, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la

6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -

Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
8
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Fernando Preciado
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06213-00

Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.3.2. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.3.2.1. Inmediatez

Frente a este requisito, la Sala ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse
en un plazo razonable10, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de
lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo 11.

De acuerdo con lo anterior, esta Sección12 ha considerado como plazo prudencial el
de seis meses, contado desde la ocurrencia del hecho generador, el cual es la
ejecutoria de la providencia judicial cuestionada que da lugar a la solicitud de
protección y la consecuencia de su presentación cuando se sobrepasa este límite es
que se declara su improcedencia.

En el caso objeto de estudio se observa que esta exigencia de procedibilidad no se
cumple. Lo anterior obedece a que el término de los seis meses se computa desde el
día hábil siguiente a la ejecutoria de la providencia objeto de censura que, en este
caso, corresponde a la sentencia de 17 de mayo de 2024 por medio del cual el Tribunal
Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión revocó la decisión del a quo
ordinario que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, para, en su lugar, denegarlas.

El referido proveído fue notificado electrónicamente el 19 de junio de 2024 y sin
necesidad de establecer la fecha en que esa decisión cobró firmeza, es evidente que
han transcurrido un poco más de 2 años respecto del momento en que se radicó la
tutela, esto es, el 5 de agosto de 2026. En ese orden, la solicitud de amparo de la

10 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de fecha 5
de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo,
reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 26 de febrero del 2015,
Radicación 2015-00045-00, Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de
Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de octubre del 2015, Radicación 2015-01605-01, Magistrado
Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
12
Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Magistrada
Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-01, 12
de agosto de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00, Magistrada Ponente: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12 de septiembre
de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro; 21
de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, Magistrada Ponente: Rocío Araújo
Oñate entre otras.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Fernando Preciado
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06213-00

referencia se presentó después de fenecido el tiempo que para la Sala resulta
razonable.

Así, es claro que el señor Juan Fernando Preciado ejerció la acción en un término
superior a seis meses frente a la ejecutoria de la sentencia que le negó las
pretensiones del medio de control ordinario, lo cual desatiende el plazo que tanto la
Corte Constitucional como esta Sección han considerado prudencial para presentar la
solicitud de amparo.

En esta línea argumentativa, en relación con aquellas circunstancias que justifican el
retardo para promover la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia T-256
de 2015, cuya tesis es acogida por este juez colegiado como criterio auxiliar, indicó
que la acción de tutela será procedente:

Cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal
entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo
y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de
la tutela, la situación desfavorable de la actora derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual13.

El criterio pacífico de esta Sección respecto al plazo prudencial es de seis meses
contados desde la ocurrencia del hecho generador, esto es, la ejecutoria de la
providencia judicial cuestionada, puesto que dicho término es verdaderamente
suficiente para que la parte que se considera afectada con una decisión judicial acuda
a esta sede constitucional de manera oportuna.

En este punto cabe destacar que, de aceptarse un término superior, sin que se
exponga una razón de trascendencia constitucional, se atentaría contra el derecho a
la igualdad de los demás usuarios de la administración de justicia a quienes se les ha
declarado improcedente su solicitud de amparo, por superar el lapso en mención.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201414, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200515, para

13 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005,
T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15 «c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Fernando Preciado
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06213-00

determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y
reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados.

De igual manera se destaca que controvertir una providencia judicial supone
cuestionar principios como los de cosa juzgada y seguridad jurídica, lo cual impone al
interesado que se haga en un plazo pertinente, salvo justificación razonable, carga que
le corresponde alegar y demostrar a la parte accionante y que en este asunto no se
hizo.

Por ello, el estudio sobre el requisito de la inmediatez frente al caso de las tutelas
contra providencias judiciales resulta ser estricto y basta con que la decisión que se
señala como vulneradora de derechos fundamentales sea conocida en razón de la
efectiva notificación y se encuentre ejecutoriada para que la persona natural o jurídica
acuda ante el juez constitucional y solicite el amparo de sus garantías.

2.4. Tutela contra acto administrativo

2.4.1. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política estableció la acción de tutela como un
mecanismo constitucional, cuyo objeto es obtener la protección inmediata de derechos
fundamentales, vulnerados por acción u omisión de las autoridades públicas, o de los
particulares en los casos previstos por el Decreto 2591 de 1991, "Por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.

El ejercicio de dicha acción está supeditado a la inexistencia de otros mecanismos de
defensa judicial, salvo que se acredite un perjuicio irremediable, exigencia que se
mantuvo ampliamente en el artículo 6º del decreto antes señalado, bajo los siguientes
términos:

ARTICULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de hábeas corpus.

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás
mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que
el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que
comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un
perjuicio irremediable

judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos».
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Fernando Preciado
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06213-00

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo
cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.

2.4.2. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima
procedencia frente a actos administrativos.

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «esta acción
sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial»,
precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a
las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia16.

Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la
protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado
exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben
buscar la defensa de aquellos.

En ese orden de ideas, la Sala anuncia que la pretensión del accionante consistente
en que se le ordene a la «Dirección General de la Policía Nacional inaplicar la respuesta
administrativa negativa y proceder con mi reincorporación inmediata a la institución», escapan
de la esfera funcional del juez constitucional.

Como primera medida y acogiendo el criterio de esta Sala expuesto en líneas
precedentes, se advierte que la solicitud de amparo de la referencia es improcedente
debido a que la controversia planteada en esta sede se circunscribe a que se examine

16
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución y
la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo
común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la
Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada
una de las jurisdicciones».

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Fernando Preciado
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06213-00

la existencia y legalidad de la decisión de la Policía Nacional frente a la solicitud de
reintegro del señor Juan Fernando Preciado, comoquiera que ello escapa del
conocimiento del juez de tutela por ser un asunto exclusivo de la esfera funcional del
juez de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En otras palabras, si la administración profirió una nueva decisión al margen de lo
debatido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se identificó con
el radicado 52001-33-33-008-2016-00202-00/01, ello pudiese ser objeto de una nueva
demanda si a bien lo tiene el señor Juan Fernando Preciado, puesto que se trataría de
un acto diferente al de la desvinculación, aunado al hecho sobreviniente que alegó en
relación con el proceso penal, frente a lo cual no se ha agotado el medio de control
idóneo previsto en la ley.

En segundo lugar, es preciso indicar que este hecho relacionado con la solicitud de
reintegro no fue acreditado en este trámite constitucional con el correspondiente
soporte de radicación de la aludida de su petición, razón por la cual, si en gracia de
discusión fuera procedente el análisis de este cargo, ante la ausencia de medios de
convicción en este aspecto no sería posible realizar el análisis correspondiente.

En efecto, ante la posible afectación de derechos o la urgencia de la protección
deprecada, actualmente cuenta, en nuestra legislación, con la existencia de
mecanismos ordinarios en el curso de la acción ordinaria, lo cual deja en evidencia que
la nulidad y restablecimiento del derecho es idóneo para lograr una tutela judicial
efectiva, tornando innecesaria la intervención del juez constitucional para la protección
transitoria de los derechos fundamentales, cuando se trata de asuntos que se deben
debatir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Así las cosas, le corresponde al juez natural de la causa garantizar los principios que
rigen a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tales como: los derechos de las
personas -sean estos de carácter fundamental o legal- y la preservación del orden
jurídico, como lo estipula el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011.

Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir mecanismos
idóneos de defensa y/o para revivir términos, así como tampoco resulta procedente
cuando se están reclamando derechos de carácter económico, pues una interpretación
contraria nos llevaría a que ésta fuera empleada como un instrumento para desplazar
las competencias ordinarias, lo que desnaturalizaría este mecanismo que es
eminentemente protector de derechos fundamentales.

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha precisado que:

[…] conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este mecanismo el
medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, puesto que para ello
están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese
escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de los

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Fernando Preciado
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06213-00

derechos fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción
contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable […].

Por ello, para la Sala no se está en presencia de un perjuicio irremediable que amerite
la intervención del juez constitucional para hacer procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio, toda vez que las consecuencias económicas y personales de
la desvinculación del actor no demuestran, per se, que la decisión judicial sea contraria
a derecho o transgresoras de derechos fundamentales.

2.5. Conclusión

La Sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por el señor Juan
Fernando Preciado contra el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de
Decisión y otro, por no satisfacer los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el
señor Juan Fernando Preciado contra el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala
Segunda de Decisión y la Policía Nacional, Dirección General.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.