Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06214-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-06214-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06214-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06214-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06214-00
Accionante: Alfredo Vega Berrío como agente oficioso de Jorge Enrique
Vega Berrío
Accionados: E.P.S Sanitas
Tema: Derecho a la salud, vida, integridad personal y dignidad
humana. Autorización de insumos ortopédicos para cirugía y
tratamiento integral. Carencia actual de objeto por HECHO
SUPERADO
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por Alfredo Vega Berrío como agente
oficioso de Jorge Enrique Vega Berrio en contra de la E.P.S Sanitas.
ANTECEDENTES
Solicita el amparo de los derechos fundamentales a la salud, vida, integridad
personal y dignidad humana, que considera vulnerados por la entidad accionada al
no autorizar unos insumos ortopédicos para la realización de una cirugía.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el agenciado se encuentra afiliado a la E.P.S Sanitas en calidad de cotizante;
el 29 de julio de 2026 sufrió una caída que le ocasionó una grave lesión en su pierna
derecha y fue trasladado de urgencia a la Clínica Madre Bernarda, ubicada en la
ciudad de Cartagena de Indias; le practicaron estudios imagenológicos y se le
diagnosticó “fractura subtrocantérea espiroidea desplazada del tercio proximal del
fémur derecho”; el médico tratante determinó la necesidad de una intervención
quirúrgica urgente y dicho procedimiento requiere insumos ortopédicos
1
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06214-00
especializados como clavos, tornillos, placas, entre otros.
Que la EPS autorizó la internación de alta complejidad según orden núm. 1432564
e ingresó el 29 de julio de 2026, sin embargo, a la fecha de presentación de la tutela,
es decir, 8 días después del ingreso hospitalario, la E.P.S accionada no ha
autorizado los insumos necesarios para la cirugía.
Que se encuentra hospitalizado, padeciendo intenso dolor y con riesgo de
complicaciones médicas graves y que la demora injustificada de la accionada
constituye un peligro real e inminente para su vida e integridad física.
PRETENSIONES
Solicitó que se amparen los derechos invocados y, en consecuencia, se ordene a
E.P.S Sanitas autorizar, suministrar y garantizar la entrega de los insumos médicos
necesarios para su cirugía y garantizar la continuidad del tratamiento integral.
TRÁMITE DEL PROCESO
El 11 de agosto de 2026 el despacho ponente admitió la acción de tutela, ordenó
notificar a la accionada, vinculó como terceros con interés a la Clínica Madre
Bernarda, Escanografía Bocagrande LTDA y la Superintendencia Nacional de Salud
y negó la medida provisional solicitada.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
La E.P.S Sanitas guardó silencio.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Superintendencia Nacional de Salud expuso que no se identifica ninguna
acción u omisión atribuible a la entidad y que, por tanto, le asiste falta de legitimación
en la causa por pasiva; que sus funciones son esencialmente de inspección,
vigilancia y control; que no tiene a su cargo directamente el aseguramiento ni la
prestación de servicios médico y que es necesario tener en cuenta la jurisprudencia
constitucional sobre el derecho a la salud.
La Clínica Madre Bernarda dijo que los materiales para la cirugía fueron solicitados
a Sanitas para su autorización, que el 4 de agosto de 2026 Sanitas remitió por correo
electrónico la autorización para el procedimiento y que el 10 de agosto de 2026 se
llevó a cabo el mismo.
Escanografía Bocagrande LTDA guardó silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06214-00
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela cuando
se reclama el derecho a la salud y el principio de oportunidad en la prestación del
servicio III) carencia actual de objeto por hecho superado y IV) análisis del caso
concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela cuando se reclama el derecho a la salud y
el principio de oportunidad en la prestación del servicio
En cuanto al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, la Corte
Constitucional en las sentencias SU-124 de 2018 y T-185 de 2024 se refirió a las
competencias de la Superintendencia Nacional de Salud que trata, el artículo 6 de
la Ley 1949 de 2019, y dejó sentado que tratándose del derecho a la salud, el
procedimiento ante esa entidad no resulta ser idóneo y eficaz, dada la urgencia y
premura con la que se debe de emitir una orden al respecto, a efectos de evitar que
se desampare el derecho.
El derecho fundamental a la salud previsto en el artículo 49 de la Constitución
Política consagra que la atención en salud es un servicio público que está a cargo
del Estado, que «debe ser prestado de manera oportuna, eficiente y con calidad, de
conformidad con los principios de continuidad, integralidad e igualdad» y bajo los
principios de «eficiencia, universalidad y solidaridad».
La Corte Constitucional señala que el principio de oportunidad se refiere a que los
usuarios gocen de la prestación del servicio en salud en el momento en que
corresponde, a fin de evitar que los pacientes sufran más dolor o que se deteriore
su enfermedad1, de ahí que «el paciente debe recibir los medicamentos o cualquier
otro servicio médico que requiera a tiempo y en las condiciones que defina el médico
tratante, a fin de garantizar la efectividad de los procedimientos médicos» 2, dado
que la prestación tardía del servicio puede agravar las patologías del paciente o
incluso, poner en riesgo su vida.
1 Corte Constitucional, Sentencia T 185 de 2024.
2 Corte Constitucional, Sentencia T-121 de 2015.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06214-00
De igual forma, la Corte ha precisado que el juez constitucional debe verificar la
existencia de 4 elementos, para ordenar el tratamiento integral, los cuales son:
«(…) (i) la negligencia de la EPS en el cumplimiento de sus deberes, por
ejemplo, al programar tratamientos fuera de un término razonable o al imponer
trabas administrativas; (ii) la existencia de prescripciones del médico tratante
que determinen específicamente el diagnóstico del paciente y los servicios y/o
insumos que requiere; (iii) la condición del demandante como sujeto de especial
protección constitucional, y (iv) que el actuar de la EPS haya puesto en riesgo
al paciente y prolongado sus padecimientos3.
(…)
De todos modos, las órdenes de este tipo están sujetas a que, si las
prestaciones o servicios médicos no están determinados, el juez deberá definir
el alcance de la orden en el evento en que se acceda a ordenar el tratamiento
integral, pues no es posible decretar un mandato futuro indeterminado o
incierto»4.
Carencia actual de objeto por hecho superado
Ha establecido la Corte, que si durante el trámite de la acción de tutela, la situación
que da origen a la misma es superada, desapareciendo los hechos que vulneraban
los derechos reclamados, pierde objeto la acción de tutela y debe declararse el
hecho superado:
«(…) Cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o
vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, el
amparo constitucional pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y
expedito de protección judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el juez
respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua, y por lo tanto,
contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción”.
“Frente a estas circunstancias la Corte ha entendido que: el hecho superado se
presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor
en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” de
objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha
comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras
que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de
lo pedido en la tutela (…)»5
Análisis del caso concreto
Alegó la parte actora que la E.P.S Sanitas transgrede los derechos fundamentales
del señor Jorge Enrique Vega Berrío, a la salud, vida, integridad personal y dignidad
humana por no autorizar los insumos para su cirugía.
3 Corte Constitucional, Sentencias T-394 de 2021. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, T-038 de 2022. M.P.
Alejandro Linares Cantillo y T 377 de 2024. M.P. Diana Fajardo Rivera.
4 Corte Constitucional. Sentencias T-048 de 2012. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-316A de 2013. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez; T-253 de 2022. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar; y T-245 de 2020. M.P. Diana
Fajardo Rivera. S.P.V. Alejandro Linares Cantillo.
5 Sentencia SU-047 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis. Posición retomada en la sentencia T-047 de 2016.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06214-00
La accionada guardó silencio, pero la Clínica Madre Bernarda dijo que el 4 de agosto
de 2026 la E.P.S Sanitas autorizó los materiales para el procedimiento quirúrgico y
que el mismo fue llevado a cabo el 10 de agosto de 2026.
Debe entonces la Sala verificar si persiste la vulneración de los derechos o, por el
contrario, nos encontramos ante la superación de la circunstancia que motivó la
acción constitucional.
Mediante llamada telefónica con el señor Alfredo Vega Berrío, efectuada el 25 de
agosto de 2026, se confirmó que el procedimiento quirúrgico ya fue llevado a cabo
de forma exitosa. Tal circunstancia implica que, como lo ha establecido la
jurisprudencia constitucional, ya no hay lugar a impartir orden alguna para la
protección del derecho; pues se superó la situación que dio origen a la acción. En
consecuencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado en
relación con las pretensiones ligadas a la cirugía.
Finalmente, se solicitó ordenar el tratamiento integral del paciente; no obstante, de
las pruebas aportadas al expediente no se evidencia una vulneración concreta de
los derechos fundamentales relacionada con la prestación del tratamiento integral
en la etapa posoperatoria o la materialización de los elementos establecidos por la
jurisprudencia constitucional, tales como, negligencia o tardanza en el cumplimiento
de los deberes por parte de la EPS, que indiquen que debe darse una orden
perentoria a fin de que no incurra en vulneración de los derechos fundamentales del
actor.
No resulta procedente entonces impartir una orden encaminada a conjurar una
eventual vulneración futura respecto de hechos que, a la fecha, no han ocurrido; por
lo que se negará esa pretensión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto del
procedimiento quirúrgico de la señora, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
Segundo: NEGAR la pretensión respecto del tratamiento integral.
Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06214-00
Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
6
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.