Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06222-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-06222-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Restablecimiento del derecho
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06222-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06222-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06222-00
Accionante: ROSEMBERG QUIROGA CAMACHO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA - Derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia efectiva/ MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / MORA JUDICIAL – Circunstancias en las que se
configura.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala se pronunciará en relación con la acción de tutela instaurada por Rosemberg
Quiroga Camacho, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la
Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 19911.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El 6 de agosto de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela con el fin
de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia y “a la tutela judicial efectiva”.
Hechos relevantes
2. El 14 de julio de 2025, Albeiro Ariza Olarte presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra Arte y Proyectos Inmobiliarios S.A.S. en
liquidación forzosa administrativa, que se había dedicado a actividades de
construcción y, específicamente para efectos de la intervención, a la construcción y
enajenación de inmuebles destinados a vivienda. El demandante pidió la nulidad
parcial de las Resoluciones 027 del 3 de noviembre de 2023 y 041 del 12 de
diciembre 2024, expedidas por el agente especial liquidador (JM Asociados S.A.S),
que calificaron los créditos y aprobaron el inventario de activos y pasivos de la
sociedad en liquidación. También solicitó la actualización del avalúo del proyecto
“Manantial de la Colina” y la reincorporación de determinadas acreencias.
3. En el mismo escrito, el demandante solicitó medidas cautelares. Pidió la
suspensión provisional de los efectos de las dos resoluciones y del procedimiento
de venta o subasta de los bienes de la sociedad.
1
Que ingresó a despacho para fallo el 8 de septiembre de 2026.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06222-00
Accionante: Rosemberg Quiroga Camacho
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
4. El 16 de septiembre de 2025, el Tribunal inadmitió la demanda2. El demandante
la subsanó el primero (1.º) de octubre de 20253.
5. Mediante auto del 28 de octubre de 2025, el Tribunal admitió la demanda y vinculó
como terceros interesados a Rosemberg Quiroga Camacho y a Fiduciaria
Bancolombia4. En esa misma fecha ordenó correr traslado de la solicitud de
medidas cautelares5.
6. Arte y Proyectos Inmobiliarios S.A.S. en liquidación forzosa administrativa
interpuso recurso de reposición contra el auto admisorio. Sostuvo que la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo carece de competencia, porque los actos
demandados provienen del agente especial liquidador en desarrollo del trámite de
liquidación forzosa administrativa y no constituyen actuaciones administrativas
susceptibles de control ante esa jurisdicción. Por ello pidió revocar el auto admisorio
y remitir el expediente al juez competente6.
7. El 16 de enero de 2026, el expediente ingresó al despacho para resolver ese
recurso7.
8. El 22 de enero de 2026, Rosemberg Quiroga Camacho radicó memorial en el que
solicitó el reconocimiento de personería a su apoderado y su admisión como
litisconsorte necesario coadyuvante8. Con ese escrito aportó la sentencia del 20 de
noviembre de 2025 del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Medellín,
que declaró el incumplimiento de la sociedad demandada y ordenó una restitución
a su favor por $1.600.960.3499.
9. El 27 de marzo de 2026, el señor Quiroga Camacho radicó memorial de impulso
y pidió que el Tribunal resolviera el reconocimiento de personería10.
10. El 11 de agosto de 2026, el tutelante allegó como prueba el Oficio CMB-130-
2026 del Concejo Municipal de Barbosa. Ese oficio certifica que no existe acuerdo
que facultara al alcalde para decretar la liquidación11.
11. El 18 de agosto de 2026, el señor Quiroga Camacho presentó un nuevo
memorial en el proceso ordinario. En este exigió una decisión inmediata sobre las
medidas cautelares, advirtió el riesgo de subasta de los activos del proyecto y afirmó
que el término del artículo 233 del CPACA está vencido12.
2
SAMAI, expediente: 68001-23-33-000-2025-00405-00, índice: 00006.
3
SAMAI, ibidem, índice: 00011.
4
SAMAI, ibidem, índice: 00014. Notificada en índice: 00021.
5
SAMAI, ibidem, índice: 00015
6
SAMAI, ibidem, índices: 00028 y 00029. Documento: 022RecursoReposicion(.pdf) NroActua 28
7
SAMAI, ibidem, índice: 00032
8
SAMAI, ibidem, índice: 00035.
9
SAMAI, ibidem, índices: Del 00036 al 00040.
10
SAMAI, ibidem, índice: 00052.
11
SAMAI, ibidem, índices: 00060 y 00063.
12
SAMAI, ibidem, índice: 00067.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06222-00
Accionante: Rosemberg Quiroga Camacho
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
12. El Tribunal no ha resuelto el recurso de reposición contra el auto admisorio, la
solicitud de medidas cautelares ni el memorial del 22 de enero de 2026.
Pretensiones
13. El accionante solicitó:
“1. TUTELAR mis derechos fundamentales al acceso a la administración de
justicia, al debido proceso sin dilaciones injustificadas y a la tutela judicial
efectiva.
2. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander —Despacho de la H.
Magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce— que, dentro del término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo —o en el
término perentorio que su Corporación estime razonable—, profiera la
providencia que resuelva de fondo el memorial de comparecencia, el
reconocimiento de personería jurídica de mi apoderado y la admisión de mi
coadyuvancia, radicados el 22 de enero de 2026.
3. ORDENAR que se me informe el estado actual del proceso y las
actuaciones pendientes por surtir, en garantía de mi derecho de defensa.”
Fundamentos de la demanda de tutela
14. El accionante afirmó que radicó su memorial de comparecencia el 22 de enero
de 2026 y que el despacho dejó transcurrir más de seis (6) meses sin resolverlo.
Añadió que presentó varios impulsos procesales y que el riesgo de subasta de los
bienes hace urgente la decisión13.
15. Sostuvo que esa inactividad constituye una mora judicial injustificada. A su
juicio, la demora desconoce los artículos 29 y 229 de la Constitución Política y le
impide ejercer su defensa frente a un crédito reconocido judicialmente.
Trámite procesal
16. Mediante auto del 10 de agosto de 2026, el despacho sustanciador requirió al
accionante para que aclarara si actuaba en nombre propio o por medio de
apoderado judicial14.
17. El 13 de agosto de 2026, el accionante respondió el requerimiento, por lo que
manifestó que actúa en nombre propio y aportó una dirección de correo electrónico
para notificaciones15.
18. El 18 de agosto de 2026, el accionante radicó memorial de impulso y pidió la
admisión de la acción de tutela16.
19. Mediante auto del 24 de agosto de 2026, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela. En la misma providencia vinculó como terceros con interés a Arte
y Proyectos Inmobiliarios S.A.S., a JM Asociados, a la Fiduciaria Bancolombia S.A.,
13
SAMAI, ibidem, índice: 00035.
14
SAMAI, Expediente de tutela radicado: 11001-03-15-000-2026-06222-00, índice: 00005.
15
SAMAI, ibidem, índice: 00009.
16
SAMAI, ibidem, índice: 00010.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06222-00
Accionante: Rosemberg Quiroga Camacho
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
al Ministerio Público, al ciudadano Albeiro Ariza Olarte así como lo demás
intervinientes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el radicado 2025-00405-00. Entre otras decisiones.
Intervenciones
20. El Tribunal Administrativo de Santander (Despacho 07) remitió el expediente
digital y rindió informe. Explicó que Rosemberg Quiroga Camacho quedó vinculado
como tercero interesado desde el auto admisorio del 28 de octubre de 2025, porque
la decisión podía incidir en sus derechos de acreedor. Precisó que el memorial del
22 de enero de 2026 no perseguía esa vinculación, ya surtida, sino el
reconocimiento de personería a su apoderado y la admisión de la coadyuvancia.
Añadió que el accionante accedió al expediente, radicó varios memoriales e
intervino en la actuación, de modo que no existe una restricción real de su acceso
a la administración de justicia17.
21. El Tribunal también informó que el expediente permanece al despacho para
resolver el recurso de reposición contra el auto admisorio, que cuestiona la
competencia de la jurisdicción. Sobre la demora, precisó que durante 2026 el
despacho recibió 449 asuntos por reparto, asumió la revisión de 656 proyectos de
otros despachos y elaboró 25 ponencias de mayoría. Concluyó que la congestión y
las particularidades del proceso explican el tiempo transcurrido y que la tutela no
puede alterar el sistema de turnos. Solicitó declarar improcedente la acción o, en
subsidio, negar el amparo18.
22. Fiduciaria Bancolombia S.A. Solicitó su desvinculación. Afirmó que no
desplegó ninguna conducta lesiva de los derechos invocados, porque los reproches
del accionante se dirigen contra actuaciones del Tribunal19.
23. Arte y Proyectos Inmobiliarios S.A.S. en liquidación forzosa administrativa
solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Sostuvo
que la demora solo resulta atribuible al Tribunal. Agregó que no se opone a una
decisión pronta, pero pidió que cualquier orden se limite a exigir un pronunciamiento
de fondo, sin imponer su sentido ni afectar los actos del trámite liquidatorio20.
24. La Procuraduría 16 Judicial II Administrativa pidió declarar improcedente la
acción o negar el amparo. Señaló que el expediente permanece al despacho desde
enero de 2026 para resolver el recurso de reposición, que plantea una discusión
compleja sobre la jurisdicción competente y sobre la naturaleza jurídica de los actos
del agente liquidador, cuestión de decisión previa. Precisó que el despacho ya
cuenta con un proyecto de decisión pendiente de revisión y que la demora obedece
a la carga laboral, al aumento de las consultas de desacato y a la redistribución de
trabajo derivada de las medidas transitorias del Consejo Superior de la Judicatura21.
17
SAMAI, ibidem, índice: 00020.
18
SAMAI, ibidem, índice: 00022.
19
SAMAI, ibidem, índice: 00023.
20
SAMAI, ibidem, índice: 00021.
21
SAMAI, ibidem, índice: 00028.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06222-00
Accionante: Rosemberg Quiroga Camacho
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
25. Albeiro Ariza Olarte, demandante en el proceso ordinario, solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Afirmó que la
conducción del proceso corresponde al Tribunal y que la falta de decisión también
lo afecta a él. Pidió requerir a la autoridad judicial para que adopte las decisiones
pendientes.
26. Pese a estar notificados, los demás intervinientes guardaron silencio22.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
27. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problema jurídico y metodología de la decisión
28. El reproche del accionante recae sobre una omisión concreta: la falta de
decisión del memorial que presentó el 22 de enero de 2026 dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado 68001-23-33-000-2025-00405-00,
mediante el cual solicitó, de una parte, el reconocimiento de personería a su
apoderado y, de otra, la admisión de su coadyuvancia. El Tribunal accionado y el
Ministerio Público sostuvieron que la falta de pronunciamiento se explica porque
esas solicitudes dependen de la definición previa acerca de la jurisdicción llamada
a conocer del asunto, esto es, si corresponde a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo o a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil. Asimismo,
señalaron que se trata de un asunto complejo, relacionado con la actuación de
agentes liquidadores de una sociedad dedicada a la construcción, y que el despacho
enfrenta una situación de congestión judicial que afecta su capacidad de respuesta.
29. Con ese marco, el problema jurídico consiste en establecer: ¿El Tribunal
Administrativo de Santander vulneró los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia de Rosemberg Quiroga Camacho al
presuntamente incurrir en mora judicial injustificada, por no haber resuelto, desde el
22 de enero de 2026, las solicitudes de reconocimiento de personería y admisión
de su coadyuvancia, pese a que la autoridad judicial sostiene que su decisión está
supeditada a determinar si el conocimiento del asunto corresponde a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo o a la jurisdicción ordinaria, en un caso que califica
como complejo y en un contexto de congestión judicial que, según afirma, supera la
capacidad de respuesta del despacho?
30. Para resolver ese problema, la Subsección adoptará la siguiente ruta de análisis:
(i) reiteración de la jurisprudencia constitucional sobre la mora judicial; (ii)
verificación de los requisitos de procedencia formal, incluida la legitimación en la
causa, y (iii) examen de fondo del caso concreto.
22
SAMAI, ibidem, índices 00014 y 00015 por los cuales el 25 de agosto de 2026, se notifica el auto
admisorio de la demanda.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06222-00
Accionante: Rosemberg Quiroga Camacho
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Mora judicial
31. La Corte Constitucional ha entendido la mora judicial como un “fenómeno
multicausal”, por lo general asociado a las deficiencias estructurales del sistema
judicial, que limitan el goce efectivo del derecho de acceso a la administración de
justicia. Ese fenómeno se materializa cuando la acumulación de procesos excede
la capacidad de los servidores judiciales responsables de su resolución23.
32. Como lo indica el artículo 29 de la Constitución Política, toda persona que
interpone una acción o ejerce un recurso dentro de un proceso judicial tiene derecho
a obtener una respuesta dentro de los plazos previstos por la ley. No obstante, no
todo retraso constituye una vulneración constitucional. Quien la alega debe
demostrar que la demora fue injustificada, que resulta atribuible a la falta de
diligencia del funcionario judicial o que la duración del proceso es irrazonable24.
33. Corresponde entonces al juez de tutela analizar, en cada caso concreto, si la
conducta de la autoridad judicial responde a una actitud caprichosa o arbitraria o si,
por el contrario, obedece a problemáticas estructurales que dificultan el
cumplimiento de los plazos procesales, como la congestión judicial o la ausencia de
condiciones mínimas de infraestructura en los despachos. Esas circunstancias, por
su naturaleza, no resultan atribuibles a los servidores judiciales25.
34. Para ese análisis, la Corte Constitucional acude a cuatro criterios: la complejidad
del caso, la conducta procesal de las partes, la valoración global del procedimiento
y los intereses que se debaten en el trámite26.
35. Con base en esos criterios, la Corte Constitucional ha precisado que la mora
judicial es justificada cuando el incumplimiento del término procesal (i) proviene de
la complejidad del asunto y el expediente demuestra una diligencia razonable del
operador judicial; (ii) obedece a problemas estructurales de la administración de
justicia que generan exceso de carga laboral o congestión, o (iii) responde a otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden resolver la controversia en el
plazo legal. En esos eventos no se configura una vulneración de los derechos
fundamentales y el juez constitucional debe negar el amparo, sin perjuicio de que el
proceso continúe su curso conforme al turno asignado27.
36. La misma Corporación resolvió un caso de supuestos semejantes al presente
en la sentencia SU-453 de 2020. En esa ocasión examinó la demora de una
autoridad judicial en decidir las solicitudes que las partes le habían presentado
dentro de un trámite en curso y concluyó que la tardanza no le resultaba imputable,
23
Corte Constitucional, SU-179 de 2021.
24
Corte Constitucional, SU-333 de 2020.
25
Corte Constitucional, SU-179 de 2021.
26
Corte Constitucional, sentencia T-186 de 2017, reiterada en las sentencias SU-333 de 2020 y SU-
179 de 2021.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-179 de 2021.
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06222-00
Accionante: Rosemberg Quiroga Camacho
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
porque obedecía a un problema estructural de alto volumen de trabajo y de
congestión28.
37. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el examen de la mora judicial
se adelanta en dos etapas. La primera corresponde al análisis de procedibilidad
formal, que se satisface cuando se cumplen, entre otros, los siguientes requisitos29:
“(i) no se cuenta con un mecanismo judicial ordinario para impulsar el
proceso (como consecuencia de un estado de indefensión, entre otras
razones); (ii) el ciudadano se ha comportado activamente y ha impulsado el
avance del proceso, y (iii) la omisión judicial no se debe a conductas
dilatorias, o no es atribuible al incumplimiento de cargas procesales”.
38. Superada esa etapa, el juez constitucional pasa al análisis de fondo y establece
si en el caso concreto se configura la mora judicial injustificada. Conforme al
precedente, esta se presenta cuando concurren los siguientes elementos30:
“(i) la demora obedece al incumplimiento de los términos previstos en la ley
para adelantar una actuación judicial; (ii) no existe una causa razonable que
justifique dicha dilación, como lo sería la congestión judicial o la carga
excesiva de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión de la
autoridad judicial en el cumplimiento de sus deberes funcionales”.
39. En suma, el solo vencimiento de los términos judiciales no vulnera los derechos
fundamentales. La demora adquiere relevancia constitucional únicamente cuando
carece de justificación y resulta imputable a la inactividad o a la negligencia del
funcionario judicial.
Análisis del caso concreto
Legitimación en la causa por activa
40. Rosemberg Quiroga Camacho está legitimado en la causa por activa, dado que
interviene en el proceso ordinario como tercero interesado, tal como lo precisó el
Tribunal. Además, el memorial cuya falta de decisión reprocha lo radicó él mismo y
persigue definir su propia posición dentro de ese proceso, esto es, la personería de
su apoderado y la admisión de su coadyuvancia. La demora que alega recae,
entonces, sobre una solicitud suya, de modo que es el titular del derecho
fundamental que invoca.
41. El Tribunal Administrativo de Santander está legitimado en la causa por pasiva,
porque a esa autoridad judicial se atribuye la omisión que motiva el amparo.
28
Corte Constitucional, sentencia SU-453 de 2020. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
“CONFIRMAR la sentencia del 12 de marzo de 2019, proferida en única instancia, por la Subsección
Primera de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, que NEGÓ el amparo del derecho al
debido proceso y a la administración de justicia solicitado por Román Aristizábal Vasco dentro del
expediente T-7.694.360.”
29
Corte Constitucional, SU-333 de 2020.
30
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de agosto de 2018,
radicado 11001-03-15-000-2018-02247-00.
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06222-00
Accionante: Rosemberg Quiroga Camacho
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
42. Fiduciaria Bancolombia S.A., Arte y Proyectos Inmobiliarios S.A.S. en
liquidación forzosa administrativa y Albeiro Ariza Olarte solicitaron su
desvinculación, porque ninguno de ellos dirige el proceso en el que se reclama la
mora. La Sala negará esa petición. Todos ellos actúan como partes o intervinientes
en el trámite analizado y la decisión que aquí se adopte puede incidir en sus
intereses, razón suficiente para mantener su vinculación como terceros.
43. El accionante satisface el requisito de diligencia. Radicó memoriales de impulso
el 27 de marzo y el 18 de agosto de 2026 para que el Tribunal resolviera su solicitud,
de manera que su conducta procesal no contribuyó a la demora que ahora reprocha.
44. La acción también satisface el requisito de subsidiariedad. Conforme al primer
criterio de procedibilidad formal fijado por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-179 de 2021, quien alega mora judicial no está obligado a agotar recursos o
incidentes dentro del proceso, porque esos mecanismos solo prolongarían la
tardanza. En este caso, el accionante ya acudió a los memoriales de impulso, único
instrumento a su alcance, sin obtener respuesta31.
45. Por último, la solicitud de amparo cumple el requisito de inmediatez. La omisión
que se reprocha persiste y el proceso ordinario continúa abierto, de modo que la
presunta afectación permanece actual.
Examen de fondo
46. Para determinar si la mora es injustificada, la Sala valora la complejidad del
asunto, la existencia de motivos razonables que expliquen la dilación, la conducta
de los interesados y la diligencia del funcionario judicial. El solo incumplimiento de
los plazos procesales no configura, por sí mismo, una vulneración constitucional a
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
47. De acuerdo con las pruebas del expediente, el Tribunal Administrativo de
Santander adelantó las siguientes actuaciones dentro del proceso 68001-23-33-
000-2025-00405-00: 1) inadmitió la demanda el 16 de septiembre de 2025; 2)
después de la subsanación, la admitió mediante auto del 28 de octubre de 2025; y
3) mediante providencia separada, ordenó correr traslado de la solicitud de medida
cautelar. Las decisiones fueron notificadas inicialmente al demandante y a su
apoderada, el 11 de noviembre de 2025, a Arte y Proyectos Inmobiliarios S.A.S. en
liquidación forzosa administrativa, su agente especial liquidador, Rosemberg
Quiroga Camacho, Fiduciaria Bancolombia, la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y los demás sujetos vinculados; 4) recibió el recurso de
reposición interpuesto por la sociedad demandada contra el auto admisorio de la
demanda, y 5) registró el ingreso del expediente al despacho el 16 de enero de 2026
para resolver ese recurso.
48. El primer elemento del examen de fondo se encuentra satisfecho. Aunque, en
principio, las solicitudes de reconocimiento de personería y admisión de la
31
Corte Constitucional, sentencia SU-179 de 2021.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06222-00
Accionante: Rosemberg Quiroga Camacho
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
coadyuvancia debían resolverse dentro del término previsto en el artículo 120 del
Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, su
decisión se encontraba supeditada a la resolución previa del recurso de reposición
interpuesto contra el auto admisorio de la demanda, mediante el cual se cuestionó
si el conocimiento del asunto correspondía a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo o a la jurisdicción ordinaria. De conformidad con el artículo 242 del
CPACA, el trámite y la oportunidad de dicho recurso se rigen por el Código General
del Proceso y, una vez surtido el traslado correspondiente, resulta aplicable la regla
general del artículo 120 de ese estatuto general, según la cual los autos deben
proferirse dentro de los diez (10) días siguientes al ingreso del expediente al
despacho. En este caso, el expediente ingresó al despacho el 16 de enero de 2026
para resolver la reposición y, para el 6 de agosto de 2026, fecha de presentación de
la acción de tutela, habían transcurrido más de seis meses sin que se definiera la
cuestión de jurisdicción y, por esa vía, sin que fuera posible resolver las solicitudes
formuladas por el actor. Por tanto, aun considerando la dependencia existente entre
ambas decisiones, el término legal para adoptar la providencia que debía
antecederlas se encontraba ampliamente superado.
49. El segundo elemento, en cambio, no se configura, porque el expediente sí ofrece
una justificación de la demora. Para la Sala, tres razones explican dicha conclusión.
50. Primera, la existencia de una cuestión previa que condiciona la continuidad del
trámite. El expediente ingresó al despacho el 16 de enero de 2026, seis (6) días
antes de la presentación del memorial del accionante, para resolver el recurso de
reposición interpuesto por la sociedad demandada contra el auto admisorio. En esa
herramienta judicial de impugnación se cuestiona si las actuaciones expedidas por
el agente especial liquidador dentro de la liquidación forzosa administrativa están
sometidas al control de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o si su
conocimiento corresponde a la jurisdicción ordinaria. Por tanto, antes de continuar
adoptando decisiones que presupongan la permanencia del proceso ante el
Tribunal, resulta necesario definir la jurisdicción llamada a conocer del litigio. Esta
cuestión incide directamente en las solicitudes de reconocimiento de personería y
admisión de la coadyuvancia formuladas por el actor, pues un pronunciamiento
sobre su intervención procesal podría resultar inocuo si, al resolver la reposición, se
concluye que el asunto debe ser conocido por otra jurisdicción.
51. Segunda, la complejidad objetiva de la cuestión previa sometida a decisión. No
se trata únicamente de establecer la naturaleza jurídica de un acto aislado, sino de
determinar el régimen aplicable a las actuaciones expedidas por un agente especial
liquidador dentro de un procedimiento de liquidación forzosa administrativa,
precedido por una toma de posesión para administrar que se prolongó durante
varios años y en la que intervinieron distintas autoridades y agentes especiales. Esa
definición exige establecer la posición jurídica que ocupa el liquidador dentro del
procedimiento de intervención, la naturaleza de las funciones que ejerce, el carácter
de las decisiones que adopta y, a partir de ello, determinar si su control corresponde
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo o a la jurisdicción ordinaria. La
Procuraduría 16 Judicial II Administrativa coincidió en que se trata de una discusión
compleja. Esa circunstancia permite explicar que la elaboración de la decisión haya
requerido un estudio superior al ordinario, máxime cuando, según informaron tanto
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06222-00
Accionante: Rosemberg Quiroga Camacho
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
el Tribunal como el Ministerio Público, actualmente existe un proyecto de
providencia pendiente de revisión por la magistrada sustanciadora.
52. Tercera, la carga laboral acreditada del despacho. Durante 2026 recibió 449
asuntos por reparto, tuvo a su cargo la revisión de 656 proyectos provenientes de
otros despachos y elaboró 25 ponencias de mayoría. A ese volumen de trabajo se
sumaron el incremento de las consultas de desacato y las cargas adicionales
derivadas de las medidas transitorias de redistribución adoptadas por el Consejo
Superior de la Judicatura. Estas cifras evidencian una presión significativa sobre la
capacidad de respuesta del despacho y constituyen un elemento objetivo que debe
ponderarse al valorar la razonabilidad del tiempo empleado para resolver el recurso
de reposición32.
53. El último elemento sustantivo de la mora judicial tampoco se configura, porque
la tardanza no resulta imputable a una omisión de la autoridad judicial. El Tribunal
no permaneció inactivo: tramitó y admitió la demanda, vinculó a los terceros
interesados, ordenó el traslado de las medidas cautelares, recibió el expediente
para resolver el recurso de reposición y ha registrado cada uno de los memoriales
que han radicado las partes.
54. A lo anterior se suma el deber de respetar el orden de ingreso de los asuntos.
El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 obliga a los jueces a proferir las sentencias en
el orden en que los expedientes ingresan al despacho, salvo los casos de sentencia
anticipada o de prelación legal. La Corte Constitucional avaló ese criterio, porque el
turno de ingreso constituye una pauta razonable que protege la igualdad entre los
usuarios de la administración de justicia33. Una orden que adelantara la decisión del
memorial del accionante desplazaría, sin razón constitucional suficiente, a quienes
esperan turno en el mismo despacho.
55. La Sala reconoce que las actuaciones judiciales deben ajustarse a los términos
legales. Sin embargo, no puede ignorar las condiciones estructurales de congestión
que afectan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que en casos como
este impiden calificar la demora como injustificada.
56. En consecuencia, la Sala concluye que la demora del Tribunal Administrativo de
Santander en resolver el memorial del 22 de enero de 2026 constituye una mora
judicial justificada. No se acreditan el segundo ni el tercer elemento del examen de
fondo, de manera que no existe vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de Rosemberg Quiroga
Camacho. Por esa razón, la Sala negará el amparo solicitado.
57. Esta decisión no releva al Tribunal Administrativo de Santander de su deber de
resolver las solicitudes pendientes con la prontitud que exige el artículo 228 de la
Constitución Política, una vez decida el recurso de reposición que hoy ocupa al
despacho.
32
SAMAI, expediente de tutela radicado: 11001-03-15-000-2026-06222-00, índice: 00022.
33
Corte Constitucional, sentencia C-248 de 1999, que examinó la constitucionalidad del artículo 18
de la Ley 446 de 1998.
10
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06222-00
Accionante: Rosemberg Quiroga Camacho
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
58. Basta recordar al actor que la solicitud de información del estado del proceso
debe ser formulada ante el juez natural de la causa, quien es el llamado a responder
esa clase de peticiones. En todo caso, el Tribunal informó que el proceso estaba en
el despacho para resolver un recurso de reposición sobre la admisión de la
demanda y el registro de SAMAI del trámite impugnado evidencia que
posteriormente se habilitó acceso al expediente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Fiduciaria
Bancolombia S.A., Arte y Proyectos Inmobiliarios S.A.S. en liquidación forzosa
administrativa y Albeiro Ariza Olarte, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia solicitado por Rosemberg Quiroga
Camacho contra el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.