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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06225-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06225-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Alma Esmeralda Sabogal Villalobos contra el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas anteriormente. SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06225-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06225-00
Demandante: Alma Esmeralda Sabogal Villalobos
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Reconocimiento de diferencias salariales dejadas de
percibir en el escalafón docente. Condena en costas.

Decisión: Improcedente por falta del requisito de relevancia constitucional

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Alma
Esmeralda Sabogal Villalobos contra el Tribunal Administrativo del Meta.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 6 de agosto de 2026, Alma Esmeralda Sabogal Villalobos a través de
apoderado judicial, presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
del Meta, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia1, con ocasión de la Sentencia de
29 de enero de 2026 proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 50001-33-33-003-2024-00222-00/012.

2. A título de amparo constitucional, solicitó que se ordene al Tribunal
Administrativo del Meta efectuar el examen de procedencia de la condena en costas
impuestas al proceso ordinario conforme la normatividad vigente y el precedente
jurisprudencial.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud, la parte actora manifestó que
se desempeña como docente oficial en la categoría 2ª del escalafón docente
regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.

4. Señaló que durante el año 2011 el Gobierno Nacional no fijó de manera
equitativa la asignación salarial básica entre los escalafones 2A y 3AM, pues
mientras la categoría 3AM recibió un incremento del 11,3 %, la categoría 2A obtuvo
solo un 5,7 %3.

1 Mencionó también la presunta vulneración del principio de gratuidad de la justicia.
2 Decisión que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 6 de febrero de 2026
3 Indicó que, en los años 2005, 2006 y 2007 el empleador reconoció el incremento salarial en condiciones

idénticas de porcentaje para el personal docente vinculado al nuevo escalafón establecido en el Decreto Ley
1278 de 2002.

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Demandante: Alma Esmeralda Sabogal Villalobos

5. Debido a lo anterior, presentó reclamación ante la Nación - Ministerio de
Educación Nacional y el Departamento del Meta, mediante la cual solicitó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas del incremento
desigual. El Departamento del Meta y el Ministerio de Educación Nacional negaron
la solicitud mediante los Oficios No. 17003-33-68 y 2024-EE-068593
respectivamente.

6. El 24 de septiembre de 2024, la señora Sabogal Villalobos interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho4 contra los actos administrativos
del Ministerio de Educación Nacional y del Departamento del Meta con el fin de
obtener el reconocimiento y pago de las diferencias salariales causadas durante los
3 años anteriores a la presentación de la reclamación administrativa.

7. Mediante sentencia de 29 de septiembre de 2025, el Juzgado 3
Administrativo de Villavicencio negó las pretensiones de la demanda. Señaló que
no se vulneró el derecho a la igualdad y el derecho al trabajo digno de los docentes
pues la diferencia salarial resulta justificable frente a los criterios y principios de
igualdad, transparencia, objetividad, méritos y buen servicio, siendo justamente la
naturaleza del sistema escalafonado lo que impide igualar las categorías de los
docentes. Finalmente, precisó que no había lugar a la imposición de costas debido
a que no se evidenció que la parte vencida hubiera actuado con temeridad o mala
fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite
procesal.

8. Inconformes con la decisión, tanto el Ministerio de Educación Nacional
como la demandante interpusieron recurso de apelación. El Ministerio sostuvo que
no se aplicó el criterio objetivo valorativo vigente en materia de condena en costas,
por lo que la demandante debía ser condenada. Por su parte, la demandante afirmó
que la sentencia realizó un análisis parcial de la problemática, al concluir que no se
vulneró el principio de igualdad bajo el argumento de que los incrementos obedecían
a una variable objetiva y no a una determinación arbitraria. Añadió que los
incrementos irregulares generaron un efecto acumulativo negativo sobre la base
salarial, afectando los salarios, prestaciones y cotizaciones. Indicó que el Ministerio
de Educación emitió respuestas genéricas y masivas sin análisis individualizado.

9. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 29 de enero de
2026, confirmó parcialmente la decisión de primer grado, por cuanto negó las
pretensiones de la demanda y revocó el numeral 3 de la sentencia recurrida y en su
lugar condenó en costas en las dos instancias a la parte actora. Precisó que las
diferencias salariales entre docentes estaban justificadas en la clasificación de
empleos según el escalafón docente, además, según la accionante, el Tribunal no
identificó ni desarrolló las disposiciones normativas que resultarían aplicables en la
solución del presente asunto, ni desplegó una argumentación encaminada a
demostrar cuál de ellas sería efectivamente más favorable a la demandante.

10. En cuanto a la condena en costas, señaló que las costas procesales se
encontraban demostradas en el entendido que la entidad demandada estuvo

4 El proceso fue asignado al Juzgado 3 Administrativo de Villavicencio con radicado No. 50001-33-33-003-2024-

00222-00/01.

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representada por la apoderada judicial durante el trámite procesal de primera y
segunda instancia.

11. Como fundamento de la vulneración, alegó que el Tribunal aplicó
indebidamente el artículo 188 del CPACA, pues desconoció la modificación
introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. Según la accionante, dicha
reforma exige verificar si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de
fundamento legal para efectos de imponer condena en costas.

12. Asimismo, afirmó que el Tribunal se limitó a aplicar un criterio de
vencimiento procesal y omitió examinar si la demanda carecía manifiestamente de
fundamento jurídico. En su criterio, ello condujo a una aplicación fragmentada del
artículo 188 del CPACA, pues la autoridad judicial tomó en consideración
únicamente algunos apartes de la disposición e ignoró la modificación introducida
por la Ley 2080 de 2021, con desconocimiento de los principios de favorabilidad e
inescindibilidad normativa.

13. Afirmó que el Tribunal desconoció el precedente de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, conforme al cual la condena en costas dentro de los asuntos
laborales administrativos no procede automáticamente por el simple hecho de
resultar vencido en el proceso. Según expuso, la jurisprudencia exige un análisis
objetivo–valorativo de la actuación procesal de las partes, así como la verificación
de una manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda. En respaldo de
esta tesis citó diversas providencias de la Sección Segunda y varias sentencias de
tutela del Consejo de Estado: (i) 7 de diciembre de 20215, (ii) 27 de enero de 20226,
(iii)11 de agosto de 20237, (iv) 24 de agosto de 20238, (v) 8 de febrero de 20249, (vi)
4 de abril de 202410, (vii) 23 de mayo de 202411, (viii) 30 de mayo de 202412, (ix) 13
de junio de 202413, (x) 27 de marzo de 202514 y, (xi) 23 de abril de 202515. Además

5 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 7 de diciembre de 2021, Rad. No. 25000-

23-42-000-2018-02785-01.
6 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 27 de enero de 2022, Rad. No. 25000-23-

42-000-2016-05174-01.
7 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 11 de agosto de 2023, Rad. No. 18001-

23-33-000-2014-00249-01.
8 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección A. Sentencia del 24 de agosto de 2023, Rad. No. 05001-

23-33-000-2017-00562-01.
9 Aunque el accionante identificó la providencia mediante un radicado que no corresponde exactamente al

proceso citado, la verificación efectuada en el sistema SAMAI permite concluir que la sentencia a la que
realmente se refiere es la proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, el 8 de febrero
de 2024, dentro del proceso con Rad. No. 52001-33-33-000-2018-00461-00.
10 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección A. Sentencia del 4 de abril de 2024, Rad. No.20001-23-

33-000-2013-00352-01.
11 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección A. Sentencia del 23 de mayo de 2024, Rad. No. 25000-

23-42-000-2015-03335-01.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 30 de mayo de 2024, Rad. No 23001-23-

33-000-2016-00148-01.
13 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 13 de junio de 2024, Rad. No. 25000-23-

42-000-2012-01145-02
14 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 27 de marzo de 2025, Rad. No. 11001-

03-25-000-2016-00176-00.
15 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 23 de abril de 2025, Rad. No. 11001-03-

25-000-2016-00592-00.

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de las sentencias de tutela del 18 de abril de 202416, 25 de julio de 202417 y 24
de julio de 202418.

Intervenciones19

14. El Tribunal Administrativo del Meta manifestó que ratificaba los argumentos
jurídicos que sustentaron la providencia, pues la condena en costas se encontraba
ajustada a los lineamientos jurisprudenciales fijados por el Consejo de Estado. En
ese sentido, señaló que esta Corporación ha sostenido que la condena en costas
comporta un análisis objetivo-valorativo que excluye la mala fe o la temeridad de las
partes como criterio de decisión, para lo cual citó la sentencia del 18 de enero de
2018, proferida dentro del proceso con Rad. No. 44-001-23-33-000-2014-90035-01.

15. Asimismo, se refirió a la modificación introducida al artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. Indicó que dicha reforma
ratificó la procedencia de la condena en costas a partir de un criterio objetivo y
estableció un régimen especial para los procesos en los que se debata un interés
público. Precisó que, en estos eventos, la condena en costas procede cuando se
acredite que la demanda o su contestación carecen manifiestamente de fundamento
legal. Para sustentar esta postura citó la sentencia del 11 de octubre de 2021,
proferida dentro del proceso con Rad. No. 11001-03-26-000-2019-00011-00.

16. Resaltó que la interpretación propuesta por la accionante respecto de la
expresión «la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal» únicamente resulta aplicable a los procesos en los que se controviertan
asuntos de interés público, supuesto que, a su juicio, no se configura en el caso
objeto de estudio.

17. Finalmente, manifestó que el numeral 1 del artículo 365 del CGP prevé la
procedencia de la condena en costas cuando estas aparezcan causadas en el
expediente y se encuentren debidamente comprobadas, circunstancia que, en su
criterio, se acreditó en el presente asunto. Añadió que no existe una regla
jurisprudencial unificada sobre la materia; sin embargo, citó la sentencia del 23 de
septiembre de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro
del proceso con Rad. No. 08001-23-33-000-2020-00668-01, por considerarla una
de las decisiones más relevantes en materia de condena en costas.

18. El Ministerio de Educación solicitó declarar improcedente la acción de tutela al
considerar que no existe vulneración de derechos fundamentales y que no se
cumplen los presupuestos que habilitan excepcionalmente el estudio de una
providencia judicial mediante este mecanismo constitucional. Asimismo, resaltó el
carácter subsidiario de la acción de tutela y sostuvo que el asunto carece de

16 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección A. Sentencia del 18 de abril de 2024, Rad. No. 11001-03-

15-000-2024-01360-00.
17 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 25 de julio de 2024. Rad. No. 11001-03-

15-000-2024-03346-00.
18 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 24 de julio de 2024. Rad. No. 11001-03-

15-000-2024-03343-00.
19 Mediante Auto de 11 de agosto de 2026, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra el Tribunal

Administrativo del Meta y, vinculó a la Nación - Ministerio de Educación Nacional y al Departamento del Meta.

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relevancia constitucional, pues la controversia se circunscribe a la imposición de
una condena en costas, materia que involucra la interpretación y aplicación de
disposiciones legales de carácter procesal.

19. El Juzgado 3 Administrativo de Villavicencio expuso las actuaciones
procesales adelantadas dentro del trámite y precisó que la consulta de expedientes
relacionados con acciones de tutela contra providencias judiciales requiere la
obtención previa del correspondiente permiso de acceso, conforme a los protocolos
definidos por el CETIC para la consulta de los expedientes de primera y segunda
instancia.

20. El Departamento del Meta no se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala determinar previo a analizar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad, si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia de la accionante al imponer condena en costas
dentro del proceso ordinario, presuntamente con desconocimiento del artículo 188
del CPACA y del precedente invocado.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

23. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por ausencia del
requisito de relevancia constitucional, como se expone a continuación:

24. De acuerdo con la Corte Constitucional, el requisito bajo estudio encuentra
su razón de ser en el carácter residual de este mecanismo constitucional, así como
en la necesidad de preservar las competencias judiciales y el respeto de la
autonomía e independencia de los jueces. Por tal razón, la acción de tutela contra
providencia judicial se restringe a asuntos donde se afecten los derechos y
garantías fundamentales, en aras de evitar que se convierta en una instancia
adicional del proceso ordinario20.

25. Por su parte, en la Sentencia SU-215 de 202221, se establecieron los
siguientes criterios para determinar si se cumple con el referido requisito:

20 Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019, SU-128 de 2021, SU-215 de 2022 y SU – 179 de 2021.
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022, MP Cristina Pardo Schlesinger.

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26. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no
meramente legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la
determinación de aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta
interpretación o aplicación de una norma de rango legal o reglamentario, y que el
debate no sea estrictamente monetario de ni connotaciones particulares o privadas
que no representen un interés general22.

27. Que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta con
que la parte actora alegue la violación al debido proceso, a la administración de
justicia o a la reparación efectiva, sino que debe ir más allá «de la mera adecuación
del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales», lo
cual supone justificar de manera razonada y clara la «existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental»23.

28. Que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o un
recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios. Sobre
este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela contra
providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo
cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica si se
verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso»24.

29. Que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el
comportamiento negligente u omisivo del accionante en el procedimiento judicial25.

30. En el caso concreto se advierte que la acción de tutela no cumple con la
carga de relevancia constitucional toda vez que la parte actora pretende que, a
través del amparo constitucional se resuelva un debate que es de competencia del
juez natural de la causa y claramente desborda sus límites y finalidad.

31. En ese contexto, debe recordarse que la acción de tutela contra
providencias judiciales tiene un carácter absolutamente excepcional, y solo procede
cuando se acreditan, de manera estricta y reforzada, defectos que trasciendan el
mero desacuerdo con la decisión judicial adoptada y demuestren una verdadera
trasgresión de derechos fundamentales.

32. Así las cosas, no cualquier inconformidad con la valoración probatoria o con
la interpretación normativa habilita la intervención del juez constitucional, so pena
de desnaturalizar la acción de tutela y convertirla en una instancia adicional,
circunstancia que va en contravía de lo dispuesto por la jurisprudencia.

33. De acuerdo con lo anterior, aunque la demanda se estructura formalmente
bajo las causales específicas de defecto sustantivo y desconocimiento del

22 Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte

Constitucional.
23
Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
24 Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional.
25 Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.

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precedente judicial, del examen integral de sus argumentos se advierte que
ambos reproches convergen en una misma inconformidad, esto es, la discrepancia
de la actora con la interpretación que el Tribunal Administrativo del Meta realizó del
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, al establecer la condena en costas impuesta dentro del proceso ordinario.

34. La Sala observa que la controversia planteada gira exclusivamente en torno
a la interpretación y aplicación de normas procesales que regulan la condena en
costas. En consecuencia, el debate propuesto se ubica en el ámbito de la legalidad
y no compromete por sí mismo el contenido esencial de un derecho fundamental,
circunstancia que refuerza la ausencia de relevancia constitucional exigida para la
procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales.

35. La Sala observa que la accionante no cuestiona la ausencia absoluta de
pronunciamiento sobre la materia, ni denuncia una decisión carente de motivación,
arbitraria o abiertamente caprichosa. Por el contrario, su desacuerdo radica en que
la autoridad judicial accionada no acogió la interpretación normativa que ella
considera correcta respecto de los presupuestos para imponer condena en costas
después de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021. En otras palabras,
pretende que el juez constitucional sustituya el criterio jurídico adoptado por el juez
natural por aquel que estima más ajustado al ordenamiento jurídico.

36. Incluso si se admitiera que la disposición examinada puede dar lugar a
distintas interpretaciones, ello no transforma automáticamente la controversia en un
asunto de relevancia constitucional. La jurisprudencia ha señalado que la acción de
tutela contra providencias judiciales no constituye un mecanismo para dirimir
discrepancias hermenéuticas ni para determinar cuál de varias interpretaciones
jurídicamente plausibles resulta más acertada. En el presente caso, la
inconformidad de la accionante se circunscribe al alcance que el Tribunal
Administrativo del Meta atribuyó al artículo 188 del CPACA, cuestión que
corresponde al ámbito propio de la interpretación y aplicación del derecho por parte
del juez natural y que, por sí sola, no evidencia una afectación iusfundamental que
justifique la intervención excepcional del juez de tutela.

37. Tal planteamiento resulta insuficiente para acreditar el requisito de
relevancia constitucional, toda vez que la jurisprudencia ha sido uniforme en señalar
que la tutela contra providencias judiciales no constituye un mecanismo orientado a
escoger entre interpretaciones jurídicas plausibles ni una instancia destinada a
corregir desacuerdos hermenéuticos surgidos dentro del ejercicio ordinario de la
función jurisdiccional. Su finalidad se limita a conjurar actuaciones judiciales
ostensiblemente arbitrarias que comprometan de manera real y directa derechos
fundamentales.

38. Ahora bien, el expediente demuestra que el Tribunal Administrativo del Meta
no ignoró la discusión jurídica respecto a la condena en costas. Por el contrario, en
la sentencia, identificó expresamente el reparo formulado contra la condena en
costas, reseñó los argumentos expuestos en el recurso de apelación y emprendió
un estudio específico del régimen normativo aplicable, incluyendo el alcance del
artículo 188 del CPACA, la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021 y las
distintas posturas jurisprudenciales existentes en el Consejo de Estado sobre la
materia. El Tribunal, en el marco de sus competencias y en pleno ejercicio de su

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autonomía, concluyó que para el caso concreto, (i) debía condenarse en costas
conforme al artículo 188 del CPACA y el artículo 365 del CGP y (ii) que las costas
procesales se encontraban demostradas en el entendido que la entidad demandada
estuvo representada por apoderado judicial durante todo el trámite procesal.

39. Aunado a lo anterior, se advierte que el principal supuesto sobre el cual se
estructura la acción de tutela carece de respaldo en las actuaciones procesales. En
ese entendido, la accionante sostuvo que el Tribunal desconoció la modificación
introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 al artículo 188 del CPACA; sin
embargo, la lectura de la sentencia evidencia precisamente lo contrario.

40. Ahora bien, tampoco se advierte, que los argumentos planteados por la
accionante confieran relevancia constitucional al reproche por la presunta
configuración de un desconocimiento del precedente judicial. Si bien cita diversas
providencias que, en su criterio, respaldan una interpretación distinta sobre la
condena en costas, su inconformidad se orienta esencialmente a cuestionar la
interpretación acogida por el Tribunal Administrativo del Meta respecto del artículo
188 del CPACA. En ese contexto, la sola existencia de decisiones judiciales que
sostengan tesis diferentes no transforma automáticamente la controversia en un
asunto constitucional, sino que evidencia la presencia de un debate jurídico sobre
el alcance de la normativa aplicable, propio del ámbito de interpretación que
corresponde al juez natural.

41. En vista de ello, la autoridad judicial examinó el alcance de la norma
invocada por el accionante y la forma en que debía armonizarse con las restantes
disposiciones que regulan la condena en costas26. En consecuencia, la
inconformidad de la actora no recae sobre una omisión de análisis, sino sobre el
resultado interpretativo alcanzado por el juez natural, aspecto que, por sí mismo,
resulta insuficiente para conferir relevancia constitucional a la controversia.

42. Por otra parte, la accionante tampoco logra demostrar que la interpretación
acogida por el Tribunal hubiera generado una restricción desproporcionada del
derecho de acceso a la administración de justicia, del debido proceso o del principio
de gratuidad. Su argumentación permanece circunscrita a sostener que existía una
lectura normativa diferente y que algunas decisiones judiciales recientes
respaldarían esa posición. No obstante, la simple existencia de criterios
jurisprudenciales distintos o de discusiones interpretativas sobre una determinada
institución procesal no transforma automáticamente el debate en una cuestión
constitucional.

43. Adicionalmente, admitir la procedencia del amparo en las circunstancias
descritas implicaría convertir la acción de tutela en un mecanismo para reexaminar
la corrección jurídica de toda interpretación judicial respecto de la condena en

26 Sentencia del 29 de enero de 2026, Tribunal Administrativo del Meta, - «De igual manera, la Sala considera

que las costas procesales se encuentran demostradas en el entendido que la entidad demandada estuvo
representada por apoderada judicial durante todo el trámite procesal, tal como lo indica el Ministerio de
Educación. Razón por la cual deberá imponerse la condena en costas de primera instancia. De la misma manera
se impondrá condena en costas de segunda instancia, en la medida que el recurso interpuesto se resolvió de
manera desfavorable y la apoderada de la entidad demandada intervino en esta instancia. De manera que, la
condena por este concepto será total y deberá tasarse en el Juzgado de origen, conforme lo disponen los
artículos 365 y 366 del CGP»

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06225-00
Demandante: Alma Esmeralda Sabogal Villalobos

costas, desdibujando los principios de autonomía judicial, seguridad jurídica y
distribución constitucional de competencias.

44. En consecuencia, la Sala concluye que la solicitud de amparo se orienta a
reabrir una discusión jurídica ya resuelta por las autoridades judiciales acerca del
alcance del artículo 188 del CPACA y de la Ley 2080 de 2021, sin que se identifique
una cuestión constitucional autónoma que justifique la activación del mecanismo
excepcional de tutela contra providencias judiciales.

45. Así las cosas, en los términos en que fue planteada la controversia, la Sala
declarará la improcedencia de la acción de tutela toda vez que se evidenció que la
misma no cumple con el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Alma
Esmeralda Sabogal Villalobos contra el Tribunal Administrativo del Meta, por las
razones expuestas anteriormente.

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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