Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06230-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06230-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06230-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06230-00
Accionante: Edni Rosalba Belisario
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Se declara improcedente por no cumplir el requisito de
relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
decide la acción de tutela instaurada por la señora Edni Rosalba Belisario, quien
actúa a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Meta,
por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y al principio de gratuidad, con ocasión de
la expedición de la sentencia del 29 de enero de 2026, proferida dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 95001-33-33-
001-2024-00097-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela1 y del expediente, se colige que la señora Edni
Rosalba Belisario, por conducto de apoderado judicial, instauró una demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación - Ministerio de Educación Nacional y el Departamento del Guaviare, con
el propósito de obtener el reconocimiento de diferencias salariales derivadas de
los incrementos aplicados al escalafón docente durante los años 2008, 2009 y
2011.
3. Agotado el trámite procesal, el Juzgado Primero Administrativo de San
José del Guaviare, mediante sentencia del 27 de junio de 2025, negó las
pretensiones de la demanda al concluir que no existió vulneración de los
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principios de igualdad y progresividad, por considerar que las diferencias
salariales obedecían a criterios objetivos propios del escalafón docente
establecido en el Decreto Ley 1278 de 2002.
4. La parte actora sostuvo que, no obstante, en la misma providencia, el
juzgado se abstuvo de imponer condena en costas a la demandante, al estimar
que la demanda no adolecía de manifiesta carencia de fundamento legal y que
los argumentos expuestos constituían una defensa jurídica razonable de sus
intereses.
5. Inconforme con la decisión, la accionante interpuso recurso de apelación
contra la negativa de las pretensiones, mientras que el Ministerio de Educación
Nacional formuló apelación parcial exclusivamente respecto de la decisión de no
condenar en costas, recurso que fue concedido mediante auto del 14 de agosto
de 2025.
6. La Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Meta, mediante
sentencia del 29 de enero de 20262, confirmó la negativa de las pretensiones de
la demanda, pero revocó el numeral segundo del fallo de primera instancia y, en
su lugar, condenó en costas a la demandante en primera y segunda instancia, al
considerar procedente dicha imposición por haber resultado vencida en el litigio.
2.2. Fundamento jurídico
7. La accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de
gratuidad, por cuanto el Tribunal Administrativo del Meta, al imponer condena en
costas mediante sentencia del 29 de enero de 2026, habría aplicado
indebidamente el régimen legal vigente y desconocido el precedente obligatorio
sobre la materia.
8. Como primer cargo, alegó la configuración de un defecto sustantivo o
material, al sostener que el Tribunal aplicó de forma incompleta el artículo 188
del CPACA, omitiendo valorar la modificación introducida por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, según la cual debe verificarse si la demanda fue presentada
con manifiesta carencia de fundamento legal antes de imponer costas.
9. Afirmó que la autoridad judicial accionada fundamentó la condena
únicamente en el criterio objetivo de la derrota procesal de la demandante, sin
realizar el examen exigido por la legislación vigente acerca de la razonabilidad o
fundamento jurídico de la demanda instaurada.
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El ad quem confirmó la decisión de primera instancia, pues concluyó que no existió vulneración de los principios de
igualdad, proporcionalidad y progresividad alegados por la demandante, al estimar que los incrementos salariales
diferenciados obedecían a criterios objetivos derivados de la estructura del escalafón docente regulado por el Decreto
Ley 1278 de 2002. Asimismo, consideró que los docentes pertenecientes a los niveles 2AE y 2BE no se encontraban en
situaciones equivalentes, debido a las diferencias existentes en formación académica, experiencia, evaluación de
competencias y ubicación dentro del escalafón, razón por la cual descartó la existencia de trato discriminatorio. No
obstante, revocó el numeral segundo de la sentencia de primera instancia y condenó en costas a la demandante en ambas
instancias, al entender que, conforme al artículo 365 del Código General del Proceso, procedía dicha condena por haber
resultado vencida en el juicio y por haberse acreditado la intervención de los apoderados judiciales de las entidades
demandadas.
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10. Igualmente, sostuvo que la providencia desconoció el principio de
inescindibilidad normativa, pues el Tribunal aplicó parcialmente el artículo 188 del
CPACA y prescindió del inciso adicionado por la Ley 2080 de 2021, alterando así
el verdadero alcance de la regulación sobre costas procesales en la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.
11. Como segundo cargo, reprochó el desconocimiento del precedente
judicial, al considerar que el Tribunal se apartó injustificadamente de la línea
jurisprudencial reciente de las Subsecciones A y B de la Sección Segunda de
esta Corporación, según la cual la condena en costas requiere un análisis
valorativo de la conducta procesal y de la existencia o no de manifiesta carencia
de fundamento legal.
12. Finalmente, adujo que el Tribunal omitió asumir la carga argumentativa
exigida para apartarse del precedente vertical aplicable, pues no identificó ni
justificó razonadamente las razones jurídicas que sustentaban una interpretación
distinta de la desarrollada por el órgano de cierre de la especialidad.
2.3. Pretensiones
13. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo siguiente:
«. 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, en
sentencia proferida el 29 de enero de 2026 dentro del proceso
95001333300120240009701, transgredió los derechos fundamentales al
“DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y
PRINCIPIO DE GRATUIDAD” de la docente, habida cuenta que las razones de
la decisión no se ajustan a los postulados de la ley ni al precedente judicial del
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en lo
referente a la condena en costas.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META efectuar el examen de procedencia de la
condena en costas impuesta dentro del proceso ordinario, conforme a la
normatividad vigente y al precedente jurisprudencial vertical, con el propósito de
salvaguardar las garantías iusfundamentales de la accionante.» SIC en toda la
cita.
2.4. Intervenciones
14. Mediante auto del diez (10) de agosto de 20263 se admitió la acción de
tutela de la referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Meta
como accionado y a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al Departamento del Guaviare,
al Juzgado Primero Administrativo de San José del Guaviare y a los demás
intervinientes dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 95001-33-33-001-2024-00097-00/01, como terceros
interesados en el resultado del proceso.
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15. Adicionalmente, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para lo de su competencia y se reconoció personería al
apoderado de la parte accionante.
2.4.1 El Juzgado Primero Administrativo de San José del Guaviare4 informó
que la decisión cuestionada no fue proferida por esa autoridad judicial, toda vez
que en la sentencia de primera instancia negó las pretensiones de la demanda y
dispuso expresamente no condenar en costas a la parte demandante.
16. Precisó que la orden actualmente controvertida proviene exclusivamente
del Tribunal Administrativo del Meta, autoridad que, al resolver la apelación,
revocó el numeral relativo a costas e impuso la condena correspondiente. Por
ello sostuvo que no vulneró derecho fundamental alguno y se atuvo a lo que
decidiera el juez constitucional.
2.4.2. El Ministerio de Educación Nacional5 manifestó que carece de
competencia e injerencia sobre las decisiones adoptadas por las autoridades
judiciales demandadas, razón por la cual afirmó que no participó en la expedición
de la providencia cuestionada.
17. Con fundamento en ello, solicitó declarar improcedente la acción de tutela
y desvincular al Ministerio de Educación Nacional por falta de legitimación en la
causa, al considerar que la controversia recae exclusivamente sobre una decisión
jurisdiccional ajena a su órbita funcional.
2.4.3. El Departamento del Guaviare manifestó, desde el proceso ordinario, que
carecía de competencia para fijar salarios o incrementos del personal docente,
función atribuida al Gobierno Nacional.
18. Sostuvo que su actuación se limitaba a ejecutar los recursos
correspondientes y reiteró la excepción de falta de legitimación material frente a
los cuestionamientos formulados sobre la política salarial docente.
2.4.4. El Tribunal Administrativo del Meta guardó silencio.
2.4.5. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
19. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el
Acuerdo 080 de 20196 y demás normas concordantes.
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3.2. Problema jurídico
20. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo del Meta, con ocasión de la sentencia del
29 de enero de 20267, proferida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 95001-33-33-001-2024-00097-01
incurrió en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente, y si con
ellos, trasgredió los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y al principio de gratuidad de la señora Edni Rosalba
Belisario.
21. Previo a lo anterior, es necesario establecer si la acción cumple con los
requisitos generales de procedencia, en particular el de relevancia constitucional.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
22. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991 así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000 compilados en el Decreto 1069 de
2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
23. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es posible acudir al
recurso de amparo para proteger derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por decisiones judiciales, ya que el ejercicio de la judicatura debe
sujetarse a los valores, principios y derechos constitucionales, permitiendo el
control de autoridades que excedan los límites impuestos por la Constitución.
24. La acción de tutela, como mecanismo excepcional y residual, exige
cumplir unos requisitos definidos por la Corte Constitucional tras años de
elaboración jurisprudencial. Estos buscan equilibrar la seguridad jurídica, la
autonomía judicial y la protección efectiva de los derechos fundamentales,
permitiendo subsanar controversias en procesos judiciales dentro del marco
constitucional.
25. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
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trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.3.1. La relevancia constitucional como requisito de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
26. La Corte Constitucional, ha establecido que el requisito de relevancia
constitucional se entiende satisfecho cuando la controversia objeto de tutela trata
de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido, alcance y goce de
un derecho fundamental o un principio constitucional y ha precisado que es
imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que se cumple con
el referido requisito8. La finalidad de esta exigencia es la de preservar la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional e
impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso adicional de
los procesos ordinarios.
27. En ese sentido, en la Sentencia SU-215 de 20229, se establecieron los
siguientes criterios para determinar si se cumple con el referido requisito:
28. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no
meramente legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la
determinación de aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta
interpretación o aplicación de una norma de rango legal o reglamentario, y que el
debate no sea estrictamente monetario de ni connotaciones particulares o
privadas que no representen un interés general10.
29. Que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta con
que la parte actora alegue la violación al debido proceso, a la administración de
justicia o a la reparación efectiva, sino que debe ir más allá «de la mera
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales», lo cual supone justificar de manera razonada y clara la
«existencia de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»11.
30. Que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o un
recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios. Sobre
este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela contra
providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo
cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica si
se verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso»12.
8
Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de 2022, proferidas
por la Corte Constitucional.
9
Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022, MP Cristina Pardo Schlesinger.
10
Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
11
Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
12
Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional.
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31. Que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el
comportamiento negligente u omisivo del accionante en el procedimiento
judicial.13
32. En el caso concreto se advierte que la acción de tutela no cumple con la
carga de relevancia constitucional toda vez que la parte actora pretende que, a
través del amparo constitucional, se resuelva un debate que es de competencia
del juez natural de la causa y claramente desborda sus límites y finalidad.
33. En ese entendido, debe recordarse que la acción de tutela contra
providencias judiciales tiene un carácter absolutamente excepcional, y solo
procede cuando se acreditan, de manera estricta y reforzada, defectos que
trasciendan el mero desacuerdo con la decisión judicial adoptada y demuestren
una verdadera trasgresión ius fundamental.
34. Así las cosas, no cualquier inconformidad con la valoración probatoria o
con la interpretación normativa habilita la intervención del juez constitucional, so
pena de desnaturalizar la acción de tutela y convertirla en una instancia adicional,
circunstancia que va en contravía de lo dispuesto por la jurisprudencia.
35. En ese entendido, aunque la demanda se estructura formalmente bajo las
causales específicas de defecto sustantivo y desconocimiento del precedente
judicial, del examen integral de sus argumentos se advierte que ambos reproches
convergen en una misma inconformidad: la discrepancia de la actora con la
interpretación que el Tribunal Administrativo del Meta realizó del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, al
imponer la condena en costas dentro del proceso ordinario.
36. La Sala observa que la accionante no cuestiona la ausencia absoluta de
pronunciamiento sobre la materia, ni denuncia una decisión carente de
motivación, arbitraria o abiertamente caprichosa. Por el contrario, su desacuerdo
radica en que la autoridad judicial accionada no acogió la interpretación
normativa que ella considera correcta respecto de los presupuestos para imponer
condena en costas después de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021.
En otras palabras, pretende que el juez constitucional sustituya el criterio
adoptado por el juez natural por aquel que estima más ajustado al
ordenamiento jurídico.
37. Tal planteamiento resulta insuficiente para acreditar el requisito de
relevancia constitucional, toda vez que la jurisprudencia ha sido uniforme en
señalar que la tutela contra providencias judiciales no constituye un mecanismo
orientado a escoger entre interpretaciones jurídicas plausibles ni una instancia
destinada a corregir desacuerdos hermenéuticos surgidos dentro del ejercicio
ordinario de la función jurisdiccional. Su finalidad se limita a conjurar actuaciones
judiciales ostensiblemente arbitrarias que comprometan de manera real y directa
13
Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
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derechos fundamentales.
38. La Sala observa que la presente acción de tutela se dirige contra la
sentencia proferida el 29 de enero de 2026 por el Tribunal Administrativo del
Meta, mediante la cual se revocó parcialmente la decisión adoptada por el
Juzgado Primero Administrativo de San José del Guaviare únicamente en lo
relacionado con la condena en costas y, en su lugar, dispuso imponer dicha
condena a la demandante en primera y segunda instancia.
39. La accionante considera que dicha providencia vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al
principio de gratuidad, por cuanto la autoridad judicial accionada habría incurrido
en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial al interpretar el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, sin verificar previamente la existencia de manifiesta carencia de
fundamento legal de la demanda para efectos de imponer la condena en costas.
40. Sin embargo, la Sala advierte que la controversia planteada no reviste
relevancia constitucional, toda vez que el desacuerdo formulado por la
accionante se circunscribe a la interpretación que el Tribunal Administrativo del
Meta realizó de las normas que regulan la condena en costas dentro del proceso
contencioso-administrativo. En ese entendido, lo pretendido mediante el amparo
consiste en que el juez constitucional sustituya el criterio hermenéutico adoptado
por el juez natural por aquel que la actora considera jurídicamente acertado
respecto del alcance del artículo 188 del CPACA y de la reforma introducida por
la Ley 2080 de 2021.
41. La Sala encuentra que la providencia cuestionada sí abordó expresamente
la discusión jurídica relacionada con la procedencia de la condena en costas14.
Para ello, el Tribunal estudió el contenido del artículo 188 del CPACA, la
incidencia de la Ley 2080 de 2021, las distintas posiciones jurisprudenciales
existentes sobre la materia y, con fundamento en ese análisis, concluyó que
procedía la condena en costas respecto de la demandante por haber resultado
vencida en el litigio y encontrarse acreditada la intervención procesal de los
apoderados de las entidades demandadas.
42. En ese orden de ideas, no se advierte una actuación ostensiblemente
arbitraria, caprichosa o carente de motivación constitucionalmente relevante que
justifique la intervención excepcional del juez de tutela. Por el contrario, lo que se
14
Providencia del Tribunal. – “En cuanto a la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021, la Sección TERCERA,
Subsección A, del CONSEJO DE ESTADO en sentencia del 11 de mayo de 2022, radicado nro.17001-23-33-000-2016-
00950-01 (67.700), C.P. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, explicó que tal modificación no implicó que se hubiere
retomado el criterio subjetivo de la condena en costas que establecía el artículo 171 del C.C.A., ya que aquella norma
tiene un alcance distinto, que debe ser interpretada en concordancia con lo señalado en el inciso 1º del artículo 188 del
C.P.A.C.A. Al respecto enfatizó: (…) La modificación señalada no implica que se hubiese retomado el criterio subjetivo
de la condena establecido en el artículo 171 del CCA, pues la norma tiene un alcance distinto, en cuanto debe interpretarse
en concordancia con el inciso primero del citado artículo 188. La nueva disposición no es aplicable frente a las costas
de los procesos ordinarios de lo contencioso administrativo en los cuales prima el factor objetivo ser la parte
vencida en el proceso o a quien se le resuelva de manera desfavorable el recurso interpuesto-, sino que rige para
aquellos en los que se ventila un interés público, pues, si bien en estos, en principio, es improcedente la condena por
tal concepto, no es menos cierto que es posible imponerla cuando “se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal”. En suma, para las costas lo determinante es perder el proceso o que la
actuación promovida sea resuelta de manera desfavorable, sin que para ello tenga alguna injerencia la conducta
subjetiva de las partes durante el proceso, situación que tiene otras consecuencias procesales. (Se resalta)”.
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evidencia es una discrepancia sobre la interpretación y alcance de una institución
procesal respecto de la cual incluso existen posiciones jurisprudenciales
divergentes dentro de la propia Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
circunstancia que excluye la existencia de una cuestión constitucional autónoma
susceptible de protección mediante esta vía excepcional.
43. Tampoco se observa que la accionante hubiere demostrado una
restricción desproporcionada de los derechos fundamentales invocados. Su
argumentación se limita, de manera idéntica a lo planteado en su recurso de
apelación, a sostener que el Tribunal no adoptó la interpretación jurídica que
estima correcta y que existen decisiones judiciales que respaldan una posición
diferente. No obstante, la sola existencia de interpretaciones distintas sobre una
disposición legal no transforma automáticamente el debate en una controversia
constitucional ni habilita al juez de tutela para definir cuál de ellas debe
prevalecer.
44. Debe recordarse que la acción de tutela contra providencias judiciales no
constituye una instancia adicional destinada a reexaminar discusiones jurídicas
ya resueltas por el juez natural ni un mecanismo para revisar la corrección de las
interpretaciones legales efectuadas por los órganos jurisdiccionales. Su finalidad
se limita a conjurar actuaciones judiciales manifiestamente incompatibles con la
Constitución y lesivas de derechos fundamentales, supuesto que no se configura
en el presente asunto.
45. En consecuencia, la Sala concluye que la solicitud de amparo pretende
reabrir una discusión eminentemente jurídica relacionada con los presupuestos
normativos para la imposición de costas procesales, cuestión que fue objeto de
estudio y decisión por parte del juez natural. Por ello, la acción de tutela no
satisface el requisito general de relevancia constitucional, circunstancia que
releva a la Sala de efectuar el examen de los defectos específicos invocados por
la parte actora.
46. Así las cosas, en los términos en que fue planteada la controversia, la
Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela toda vez que se evidenció
que la misma no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, de acuerdo
con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
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Tercero: En caso de que no sea impugnada, remitir el expediente de la actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
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