República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06231-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
7 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06231-00 (9854)
Accionante: Bárbara Ladino Guevara
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: condena en costas. Subtema 3:
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la señora Bárbara Ladino Guevara contra el
Tribunal Administrativo del Meta.
1. Síntesis del caso
La señora Bárbara Ladino Guevara, a través de apoderado, presentó acción de
tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de gratuidad, que
consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 29 de enero de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 50001-33-
33-004-2024-00174-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06231-00, índice 2, certificado núm. B7E0723537B2934F E8754C35BAE1B976
66BD6563A16FFAB7 4DB013D685E774FC.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06231-00 (9854)
Accionante: Barbara Ladino Guevara
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
2. La señora Bárbara Ladino Guevara es educadora oficial ubicada en la categoría
2CE del escalafón docente, conforme al régimen establecido en el Decreto Ley 1278
de 2002.
3. La accionante, mediante escritos radicados en el departamento del Meta y en
el Ministerio de Educación Nacional, solicitó el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales derivadas de los incrementos que, a su juicio, resultaban
desiguales e injustificados para el año 2009, en los cuales se favoreció a docentes
de una categoría inferior 2AE en detrimento de quienes, como ella, se encontraban
en el nivel 2CE.
4. La entidad territorial y el Ministerio de Educación Nacional, a través de los oficios
núm. 17003-19-70 del 18 de febrero de 2024 y 2024-EE-053615 del 27 de febrero
siguiente, respectivamente, negaron el requerimiento de la tutelante.
5. La señora Bárbara Ladino Guevara presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el departamento del
Meta y de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que: i) se
inaplicara por ilegal el Decreto 284 de 2024, que definió la escala salarial del
personal docente; ii) se dejaran sin efecto los actos administrativos referidos; y iii)
se ordenara pagar a su favor la diferencia salarial de los incrementos porcentuales
establecidos por el Gobierno nacional durante los tres años anteriores a la
presentación de la reclamación administrativa, en virtud del fenómeno de la
prescripción, y en adelante.
6. El Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio, mediante sentencia del 16
de diciembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda al considerar que no
se evidenció que los decretos salariales fueran contrarios a la Constitución o a la
ley por establecer porcentajes diferenciados entre los grados del escalafón docente,
pues tales variaciones respondían a criterios objetivos. Además, condenó en costas
a la parte actora.
7. La parte demandante interpuso recurso de apelación, en el cual cuestionó las
consideraciones sobre la improcedencia del incremento salarial reclamado y la
condena en costas.
8. El Tribunal Administrativo del Meta, a través de providencia del 29 de enero de
2026, confirmó en todas sus partes el fallo recurrido y, asimismo, condenó en costas
a la parte vencida en dicha instancia judicial.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
9. La parte actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de gratuidad, que
consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Meta. En consecuencia,
pidió lo siguiente:
2. […] se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVODEL META efectuar el examen de
procedencia de la condena en costas impuestas al proceso ordinario conforme la
2
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Accionante: Barbara Ladino Guevara
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normatividad vigente y el precedente jurisprudencial vertical en aras de salvaguardar
las garantías iusfundamentales de la accionante2.
10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante alegó que la
providencia del Tribunal Administrativo del Meta incurrió en defecto sustantivo, toda
vez que la condena en costas se sustentó en una aplicación fragmentaria del
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, pues justificó dicha condena exclusivamente
en el hecho de que la demandante resultó vencida en el proceso, sin verificar si la
demanda había sido presentada con manifiesta carencia de fundamento legal,
requisito incorporado expresamente por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.
11. En ese sentido, afirmó que la autoridad judicial omitió aplicar una disposición
vigente y obligatoria que hacía parte integral del régimen de condena en costas en
la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que realizó una interpretación
restrictiva de la norma, con desconocimiento de los principios de legalidad,
favorabilidad e inescindibilidad normativa.
12. Por otra parte, indicó que la decisión cuestionada incurrió en desconocimiento
del precedente, pues el Tribunal accionado ignoró las decisiones adoptadas por las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado 3, según las
cuales la condena en costas en asuntos laborales no procede automáticamente
contra la parte vencida, sino que exige un análisis objetivo-valorativo de la conducta
procesal desplegada y de la existencia o no de una manifiesta carencia de
fundamento legal en la demanda. Señaló que, en su caso, se le impuso el pago de
las costas únicamente por haber resultado vencida en el trámite judicial.
13. Así pues, agregó que, si bien existe una línea jurisprudencial pacífica y reciente
sobre esta materia, el Tribunal aplicó un criterio puramente objetivo basado
únicamente en el resultado adverso del litigio, sin justificar su apartamiento del
precedente ni exponer razones suficientes que permitieran sustentar una
interpretación distinta. Esta omisión, a su juicio, vulneró los principios de seguridad
jurídica, igualdad y confianza legítima.
14. Además, sostuvo que, por tratarse de un docente oficial en situación de
debilidad frente al Estado, la condena impuesta por el juez de segunda instancia
podía constituir una carga desproporcionada que afectara su derecho de acceso a
la administración de justicia.
2
Se transcribe incluso con errores.
3
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2021, expediente núm. 25000-23-42-
000-2018-02785-01. 3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de enero de 2022, expediente
núm. 25000-23-42-000-2016-05174-01. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de agosto de
2023, expediente núm. 18001-23-33-000-2014-00249-01. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
24 de agosto de 2023, expediente núm. 05001-23-33-000-2017-00562-01. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 8 de febrero de 2024, expediente núm. 52001-33-33-000-2018-000416-00. Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de abril de 2024, expediente núm. 20001-23-33-000-2013-00352-01. Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de mayo de 2024, expediente núm. 25000-23-42-000-2015-0335-
01. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de mayo de 2024, expediente núm. 23001-23-33-
+000-2016-00148-01. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de junio de 2024, expediente
núm. 25000-23-42-000-2012-01145-02. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de marzo de
2025, expediente núm. 110010-03-25-000-2016-00173-00. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 23 de abril de 2025, expediente núm. 11001-03-25-000-2016-00592-00.
3
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2.3. Trámite procesal
15. El despacho ponente, mediante auto del 13 de agosto de 20264, admitió la
demanda, ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, al Tribunal
Administrativo del Meta, y vinculó en calidad de terceros con interés al Juzgado
Cuarto Administrativo de Villavicencio, a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, al departamento del Meta y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG).
2.4. Intervenciones
16. El Ministerio de Educación Nacional5 solicitó que se declarara la improcedencia
de la tutela, toda vez que las reclamaciones sobre el reconocimiento y pago de
diferencias salariales, así como la condena en costas, debían plantearse mediante
los mecanismos procesales correspondientes.
17. Por otro lado, adujo que no se le podía atribuir vulneración alguna de los
derechos fundamentales invocados, pues no se cuestionaba una actuación u
omisión administrativa de la entidad, sino unas decisiones adoptadas por
autoridades judiciales en ejercicio de la función jurisdiccional, motivo por el cual
pidió su desvinculación del presente trámite constitucional.
18. La Fiduprevisora S.A.6 precisó que las entidades accionadas actuaron conforme
con la normativa aplicable y que no se acreditó el desconocimiento de los
precedentes judiciales invocados, razón por la cual debía declararse la
improcedencia.
19. Asimismo, afirmó que carecía de legitimación en la causa por pasiva, al no
existir un nexo de causalidad entre sus funciones y la actuación en la cual la parte
actora pretende derivar la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
alegados, por lo que debía ser desvinculada del proceso.
20. Los demás vinculados guardaron silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Barbara Ladino Guevara contra el
Tribunal Administrativo del Meta.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06231-00, índice 4, certificado núm. C6D24AF873ACFF9B 1FBF218016CE05C0
933831EB359BD39A 93C68E0A6E06244C.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06231-00, índice 10, certificado núm. 875D8755A55C67B9 1040549703F63202
FA15822A1DF3A062 CFFA7563DBB63918.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06231-00, índice 13, certificado núm. 0F4D5C9D31346D9F BD132ACD50DC1B38
97D238C8B5DA4988 9774F08EC3E5E515.
4
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Accionante: Barbara Ladino Guevara
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3.2. Legitimación en la causa
22. La legitimación en la causa por activa de la señora Bárbara Ladino Guevara
está acreditada, porque fue la parte demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.
23. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Meta, debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia
objeto de tutela.
24. Por otro lado, se advierte que el Ministerio de Educación Nacional y la
Fiduprevisora S.A. solicitaron su desvinculación, al considerar que no estaban
llamadas a responder por la presunta vulneración de los derechos fundamentales
de la parte accionante.
25. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de terceros con interés, en aras de garantizar sus derechos de defensa y
contradicción, toda vez que dichas entidades actuaron como parte accionada dentro
del proceso ordinario en el que se expidió la providencia objeto de reparos y, en
consecuencia, la decisión que resuelva la acción podría afectar sus intereses. Por
los motivos expuestos, se negará su solicitud.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
26. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado7 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional8.
27.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis
y que afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
5
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28. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales9 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
29. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución10.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
30. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional11 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
31. Así pues, la Corte Constitucional12 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»13 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»14;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en
que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo
comporta incidencia para los particulares más no para el interés
general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
32.En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
9
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
10
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
6
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una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
33. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
34. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 29 de enero de 2026 por el Tribunal Administrativo del Meta,
fue notificada el 6 de febrero siguiente15, y la demanda de tutela se presentó el 6 de
agosto de 202616, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional17 y del Consejo de Estado18 como razonable.
35. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
36. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
37. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo
en los términos que planteó la parte actora.
3.4. Problema jurídico
38. La Sala debe determinar lo siguiente: ¿el Tribunal Administrativo del Meta
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la accionante e incurrió en defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente, en la sentencia del 29 de enero de 2026, al
condenar en costas a la demandante en su condición de parte vencida?
39. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.
15
Samai, exp. núm. 50001-33-33-004-2024-00174-01, índice 13.
16
Samai, índice 1.
17
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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3.4.1. El defecto sustantivo
40. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado19.
41. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
42. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los
jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar
su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de
la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]20.
43. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
44. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).21
19
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
20
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
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3.4.2. El desconocimiento del precedente judicial
45. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas22.
46. Al respecto, la Corte Constitucional23 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados
y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por
las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:
90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto
de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el
ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales24.
47. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia25.
48. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
22
Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
23
Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
24
Se transcribe incluso con errores.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06231-00 (9854)
Accionante: Barbara Ladino Guevara
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»26.
49. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela27.
50. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación28.
51. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.
3.5. Caso concreto
52. En el asunto bajo estudio, la señora Bárbara Ladino Guevara presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra el departamento del Meta y la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que se dejaran sin efectos
los oficios núm. 17003-19-70 del 18 de febrero de 2024 y 2024-EE-053615 del 27
de febrero siguiente y, en consecuencia, se ordenara el pago de la diferencia salarial
derivada de los incrementos aplicados de manera desigual a los docentes regidos
por el Decreto Ley 1278 de 2002, específicamente entre los niveles 2AE y 2CE.
53. En primera instancia, el Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio,
mediante sentencia del 16 de diciembre de 2024, negó las pretensiones de la
demanda. Apelada dicha decisión, el Tribunal Administrativo del Meta profirió fallo
el 29 de enero de 2026, en el que confirmó la providencia de primera instancia.
54. Ahora bien, la parte accionante manifestó en el escrito de tutela que la autoridad
judicial accionada, al proferir el fallo del 29 de enero de 2026, incurrió en defecto
sustantivo, por cuanto efectuó una aplicación fragmentada del artículo 188 de la Ley
26
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
27
Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
28
Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
1437 de 2011, al justificar la condena en costas únicamente en el hecho de que la
demandante resultó vencida en el proceso, sin verificar si la demanda había sido
presentada con manifiesta carencia de fundamento legal, requisito incorporado
expresamente por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.
55. Agregó que la imposición de costas, sin atender el marco normativo vigente y,
en particular, la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, comprometió el debido
proceso y el deber de motivación, pues su procedencia exigía valorar la conducta
procesal y la manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda.
56. Adicionalmente, afirmó que en la providencia accionada se configuró un
desconocimiento del precedente, al apartarse de la postura adoptada por las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, según la cual
en la especialidad laboral la condena en costas no procede automáticamente contra
la parte vencida, sino que exige una apreciación objetivo-valorativa de la conducta
procesal y la verificación de una manifiesta falta de fundamento en la demanda.
57. Además, advirtió que, por tratarse de un docente oficial en situación de debilidad
frente al Estado, la condena impuesta por el juez de segunda instancia podía
constituir una carga desproporcionada que afectara su derecho de acceso a la
administración de justicia.
58. Al respecto, se observa que, el Tribunal Administrativo del Meta, en la sentencia
del 29 de enero de 2026, efectuó un análisis razonable de la normativa (Decreto-
Ley 1278 de 2002 en conjunto con los decretos salariales 624 y 718 de 2008 y 702
y 1238 de 2009), de la jurisprudencia aplicable al asunto (sentencias C-895 de 2003
y C-1064 de 2001) y de las pruebas aportadas al proceso.
59. Con fundamento en lo anterior, la autoridad judicial accionada desestimó las
pretensiones de la parte actora relacionadas con el ajuste salarial reclamado, al
concluir que la diferencia salarial existente entre los docentes ubicados entre los
grados 2AE y 2CE del escalafón nacional docente se justificaba en criterios
objetivos definidos por el legislador, relacionados con la capacitación y el nivel
educativo de la docente, por lo que no se vulneraban los principios de igualdad,
proporcionalidad e igualdad.
60. Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal accionado consideró que era
procedente condenar en costas a la parte demandada, con fundamento en las
siguientes consideraciones:
La CONDENA EN COSTAS se encuentra regulada en el artículo 188 del C.P.A.C.A.,
el cual preceptúa que en la sentencia se dispondrá sobre dicha condena, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO CIVIL, hoy CODIGO GENERAL DEL PROCESO, salvo en los
procesos en que se ventile un interés público.
En los procesos de carácter ordinario no aplica la Ley 2080 de 2021, porque este
proceso es una controversia de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO, no de interés público, sino un asunto ordinario, la regla que rige es la
dispuesta en el inciso del artículo 1º, del artículo 188 del C.P.A.C.A., en
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concordancia con lo previsto en el artículo 365 del CÓDIGO GENERAL DEL
PROCESO.
Y, el numeral 1º, del artículo 365, del CODIGO GENERAL DEL PROCESO indica
que el pago de las costas queda a cargo de la parte vencida. Y el numeral 8 del
artículo ídem., que solo habrá lugar a esa condena cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
Teniendo en cuenta que la parte demandante resultó vencida en este juicio, es
procedente la condena en costas impuestas en 1ª instancia, en favor de las
Entidades demandadas, quienes incurrieron en gastos procesales, por cuanto
durante todo el proceso estuvieron representadas por sus apoderados judiciales.
En relación con las COSTAS de 2ª instancia, se condenará por tal concepto a la
demandante, a quien se le resolvió de manera desfavorable su recurso de apelación
y las mismas se encuentran causadas con la intervención de la apoderada de la
NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN en esta instancia. Las costas serán
liquidadas por el Juzgado de 1ª instancia29.
61. De acuerdo con lo anterior, se observa que el Tribunal Administrativo del Meta
analizó los alcances de los artículos 365 del CGP y 188 del CPACA y concluyó que,
al resultar vencida en el trámite judicial, procedía condenar en costas a la
demandante en favor de las entidades demandadas, las cuales incurrieron en
gastos procesales, toda vez que estuvieron representadas por apoderados
judiciales durante el proceso.
62. En esa medida, la autoridad judicial consideró que el pago de las costas
correspondía a la parte vencida, dado que estaba demostrado que dichos gastos se
causaron dentro del expediente. Lo anterior, en aplicación de un criterio objetivo en
la materia.
63. Asimismo, la providencia cuestionada se pronunció expresamente sobre su
aplicabilidad de la Ley 2080 de 2021 e indicó que dicha normativa no resultaba
procedente en el asunto bajo estudio, por tratarse de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el que se perseguía un efecto particular y concreto.
64. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 29 de enero de
2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta no incurrió en el defecto
sustantivo alegado, pues resolvió la controversia con apoyo en las disposiciones
que consideró aplicables al caso, concretamente los artículos 188 del CPACA y 365
del CGP, y expuso de manera expresa las razones por las cuales estimó
improcedente la aplicación de la Ley 2080 de 2021 al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la accionante.
65. Así las cosas, es posible advertir que la providencia cuestionada contiene una
interpretación jurídica razonada y debidamente motivada, en un ejercicio autónomo
desarrollado por la autoridad judicial accionada, de modo que el cuestionamiento
planteado en sede de tutela refleja una discrepancia frente al criterio hermenéutico
adoptado por el juez natural y no la existencia de una actuación arbitraria o
29
Se transcribe incluso con errores.
12
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abiertamente contraria al ordenamiento jurídico.
66. Aunado a lo anterior, conviene mencionar, que tampoco se advierte la
configuración del defecto por desconocimiento del precedente, toda vez que la
accionante no acreditó la existencia de una regla jurisprudencial vinculante, clara y
plenamente aplicable al supuesto bajo examen que hubiera sido desconocida por el
Tribunal accionado.
67. Contrario a lo expuesto por la parte tutelante, la autoridad judicial justificó la
imposición de costas con fundamento en las normas procesales que regulan la
materia y en las circunstancias concretas del caso, particularmente la condición de
parte vencida de la demandante y la causación de gastos procesales acreditados
en el expediente. En ese contexto, la providencia cuestionada se mantiene dentro
del ámbito de autonomía e independencia judicial propio de la función jurisdiccional
y, por ende, no comporta vulneración alguna de los derechos fundamentales
invocados.
68. Al respecto, conviene precisar que, si bien algunas Secciones de esta
corporación, incluida la Sala que ahora decide el asunto30, han sostenido que la
condena en costas debe analizarse desde una perspectiva subjetiva o valorativa,
que exige verificar la existencia de una conducta temeraria o de mala fe de la parte
vencida, lo cierto es que dicho entendimiento no constituye una postura uniforme ni
pacífica al interior de la jurisdicción. Por el contrario, en torno a esta materia
concurren diversas interpretaciones jurisprudenciales respecto de los criterios que
deben orientar la imposición de costas, circunstancia que evidencia la ausencia de
un criterio unívoco sobre el particular.
69. En consecuencia, la decisión adoptada por la autoridad accionada, al acoger
una interpretación distinta sobre la procedencia de dicha condena, no constituye un
apartamiento injustificado de un precedente vinculante, pues, como se explicó en
líneas anteriores, no existe un criterio jurisprudencial unificado sobre el asunto,
máxime cuando expuso las razones jurídicas que sustentaron su determinación.
70.Bajo esas condiciones, la discrepancia de la accionante con la interpretación
acogida por la autoridad accionada no configura, por sí sola, el defecto por
desconocimiento del precedente.
71. En ese contexto, no se advierte que el razonamiento de la autoridad judicial
accionada haya implicado una interpretación sesgada de la normativa aplicable
respecto de la condena en costas, por lo cual no puede calificarse como arbitraria o
caprichosa, ni configura un defecto que habilite la intervención del juez
constitucional.
72.Es pertinente mencionar que la acción de tutela no fue diseñada como un
mecanismo para unificar criterios judiciales, sino como un instrumento preferente y
sumario para la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando estos
30
Al respecto, ver sentencias dictadas en los expedientes con radicado núm. 50001-23-33-000-2019-00438-01 (0280-2023)
M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar y 25000-23-42-000-2021-00463-02 (0373-2025) M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
También se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de marzo de 2026, radicado
núm. 11001-03-15-000-2026-01032-00 (1608).
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resulten vulnerados o amenazados.
73. Así las cosas, para la Sala no es recibo que la parte actora pretenda hacer uso
de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.
4. Conclusión
74. La providencia del 29 de enero de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo
del Meta no incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, que
exija la intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se negará la solicitud de
amparo invocada por la accionante.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Educación Nacional y la Fiduprevisora S.A., conforme con lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.
Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por la señora Bárbara Ladino
Guevara contra el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
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Accionante: Barbara Ladino Guevara
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
15
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