Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06234-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-06234-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06234-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06234-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06234-00
Demandante: Evelio Gutiérrez Ruiz
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Reconocimiento de diferencias salariales dejadas de
percibir en el escalafón docente. Condena en costas.
Decisión: Improcedente por falta del requisito de relevancia constitucional
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Evelio
Gutiérrez Ruiz contra el Tribunal Administrativo del Meta.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 6 de agosto de 2026, Evelio Gutiérrez Ruiz a través de apoderado judicial,
presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia1, con ocasión de la Sentencia de 19 de febrero de 2026
proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 95001-33-33-
001-2024-00105-00/012.
2. A título de amparo constitucional, solicitó que se ordene al Tribunal
Administrativo del Meta efectuar el examen de procedencia de la condena en costas
impuestas al proceso ordinario conforme la normatividad vigente y el precedente
jurisprudencial.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud, la parte actora manifestó que
se desempeña como docente oficial en la categoría 2B del escalafón docente
regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.
4. Señaló que durante el año 2008 y 2009 el Gobierno Nacional no fijó de
manera equitativa la asignación salarial básica entre los escalafones 2A y 2B, pues
mientras la categoría 2B del escalafón del año 2008 recibió un incremento del 5,69%
la categoría 2A recibió un incremento del 41,11%, asimismo durante el año 2009 la
1 Mencionó también la presunta vulneración del principio de gratuidad de la justicia.
2 Decisión que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 26 de febrero de 2026
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06234-00
Demandante: Evelio Gutiérrez Ruiz
categoría 2B del escalafón recibió un incremento del 7,67% mientras que la
categoría 2A recibió un incremento del 16,61%3.
5. Debido a lo anterior, presentó reclamación ante la Nación - Ministerio de
Educación Nacional y el Departamento del Guaviare, mediante la cual solicitó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas del incremento
desigual. El Ministerio de Educación Nacional negó la solicitud mediante el oficio
No. 2024-EE-053381 y el Departamento del Guaviare no dio respuesta a la solicitud.
6. El 31 de julio de 2024, el señor Gutiérrez Ruiz promovió el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho4 contra el acto administrativo del
Ministerio de Educación Nacional y el acto ficto Departamento del Guaviare con el
fin de obtener el reconocimiento y pago de las diferencias salariales causadas
durante los 3 años anteriores a la presentación de la reclamación administrativa.
7. Mediante sentencia de 27 de junio de 2025, el Juzgado 1 Administrativo de
San José del Guaviare negó las pretensiones de la demanda. Señaló que los
incrementos salariales se basaron en una variable objetiva, y no en decisiones
arbitrarias o infundadas que implicaran el desconocimiento de los derechos
laborales. Precisó que en la medida en que se trata de escalafones diferentes, no
cabía efectuar comparaciones entre la asignación salarial que se establece para
quienes ingresan a la carrera en el escalafón 2B respecto de los docentes que
ingresan o se encuentran en la carrera en el escalafón docente 2A. Finalmente, el
Juzgado no condenó en costas a la demandante debido a que no se evidenció
carencia de fundamentación jurídica.
8. Inconformes con la decisión, tanto el Ministerio de Educación Nacional
como la demandante interpusieron recurso de apelación. El Ministerio sostuvo que
no se aplicó el criterio objetivo valorativo vigente en materia de condena en costas,
por lo que el demandante debía ser condenado. Por su parte, el demandante afirmó
que la sentencia no realizó el análisis de la ausencia de fundamentación para el
trato diferenciado en los incrementos porcentuales, a su juicio, el Gobierno debía
explicar con suficiencia y precisión, los motivos que los llevaron a calcular el
respectivo incremento.
9. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 19 de febrero
de 2026, confirmó parcialmente la decisión de primer grado, por cuanto negó las
pretensiones de la demanda y revocó el ordinal 2 de la sentencia recurrida y en su
lugar condenó en costas en las dos instancias a la parte actora. Precisó que las
diferencias salariales estuvieron justificadas, ya que el demandante no tiene las
mismas condiciones de los educadores ubicados en el grupo 2A y por lo tanto no
se encontraban en igualdad de condiciones. En conclusión, no se logró desvirtuar
la presunción de legalidad de los actos administrativos.
10. En cuanto a la condena en costas, señaló que tanto el legislador como la
jurisprudencia han establecido que estas proceden en la medida de su causación y
3 Indicó que, en los años 2005, 2006 y 2007 el empleador reconoció el incremento salarial en condiciones
idénticas de porcentaje para el personal docente vinculado al nuevo escalafón establecido en el Decreto Ley
1278 de 2002.
4 El proceso fue asignado al Juzgado 1 Administrativo de San José del Guaviare con radicado No. 95001-33-
33-001-2024-00105-00/01.
2
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06234-00
Demandante: Evelio Gutiérrez Ruiz
comprobación, sin que para su imposición resulte necesario analizar la conducta
de las partes a la luz del artículo 81 del CGP, disposición que contempla la
temeridad y la mala fe como supuestos específicos para la imposición de sanciones
procesales. Añadió que tampoco era necesario examinar si la demanda había sido
presentada con manifiesta carencia de fundamento legal, pues dicha exigencia
opera únicamente en aquellos asuntos en los que se debate un interés público.
11. Como fundamento de la vulneración, alegó que el Tribunal aplicó
indebidamente el artículo 188 del CPACA, pues desconoció la modificación
introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. Según el accionante, dicha
reforma exige verificar si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de
fundamento legal para efectos de imponer condena en costas.
12. Asimismo, afirmó que el Tribunal se limitó a aplicar un criterio de
vencimiento procesal y omitió examinar si la demanda carecía manifiestamente de
fundamento jurídico. En su criterio, ello condujo a una aplicación fragmentada del
artículo 188 del CPACA, pues la autoridad judicial tomó en consideración
únicamente algunos apartes de la disposición e ignoró la modificación introducida
por la Ley 2080 de 2021, con desconocimiento de los principios de favorabilidad e
inescindibilidad normativa.
13. Afirmó que el Tribunal desconoció el precedente de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, conforme al cual la condena en costas dentro de los asuntos
laborales administrativos no procede automáticamente por el simple hecho de
resultar vencido en el proceso. Según expuso, la jurisprudencia exige un análisis
objetivo–valorativo de la actuación procesal de las partes, así como la verificación
de una manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda. En respaldo de
esta tesis citó diversas providencias de la Sección Segunda y varias sentencias de
tutela del Consejo de Estado: (i) 7 de diciembre de 20215, (ii) 27 de enero de 20226,
(iii)11 de agosto de 20237, (iv) 24 de agosto de 20238, (v) 8 de febrero de 20249, (vi)
4 de abril de 202410, (vii) 23 de mayo de 202411, (viii) 30 de mayo de 202412, (ix) 13
5 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 7 de diciembre de 2021, Rad. No. 25000-
23-42-000-2018-02785-01.
6 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 27 de enero de 2022, Rad. No. 25000-23-
42-000-2016-05174-01.
7 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 11 de agosto de 2023, Rad. No. 18001-
23-33-000-2014-00249-01.
8 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección A. Sentencia del 24 de agosto de 2023, Rad. No. 05001-
23-33-000-2017-00562-01.
9 Aunque el accionante identificó la providencia mediante un radicado que no corresponde exactamente al
proceso citado, la verificación efectuada en el sistema SAMAI permite concluir que la sentencia a la que
realmente se refiere es la proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, el 8 de febrero
de 2024, dentro del proceso con Rad. No. 52001-33-33-000-2018-00461-00.
10 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección A. Sentencia del 4 de abril de 2024, Rad. No.20001-23-
33-000-2013-00352-01.
11 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección A. Sentencia del 23 de mayo de 2024, Rad. No. 25000-
23-42-000-2015-03335-01.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 30 de mayo de 2024, Rad. No 23001-23-
33-000-2016-00148-01.
3
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06234-00
Demandante: Evelio Gutiérrez Ruiz
de junio de 202413, (x) 27 de marzo de 202514 y, (xi) 23 de abril de 202515. Además
de las sentencias de tutela del 18 de abril de 202416, 25 de julio de 202417 y 24 de
julio de 202418.
Intervenciones19
14. El Tribunal Administrativo del Meta manifestó que ratificaba los argumentos
jurídicos que sustentaron la providencia. Señaló que el accionante estaba
acudiendo a la acción de tutela como una tercera instancia, ya que en la decisión
fueron expuestos los argumentos para confirmar parcialmente el fallo.
15. El Ministerio de Educación solicitó declarar improcedente la acción de tutela
al considerar que no existe vulneración de derechos fundamentales y que no se
cumplen los presupuestos que habilitan excepcionalmente el estudio de una
providencia judicial mediante este mecanismo constitucional. Asimismo, resaltó el
carácter subsidiario de la acción de tutela y sostuvo que el asunto carece de
relevancia constitucional, pues la controversia se circunscribe a la imposición de
una condena en costas, materia que involucra la interpretación y aplicación de
disposiciones legales de carácter procesal. Por último, solicitó su desvinculación
dentro de la acción de tutela.
16. La Gobernación del Guaviare indicó que carece de legitimación en la causa
por pasiva, ya que no tiene competencia para revocar las ordenes impartidas por el
Tribunal Administrativo del Meta. Manifestó que la imposición de costas obedece a
la valoración realizada por el Tribunal en la cual consideró demostrado que la
entidad estuvo representada por apoderada judicial durante el trámite.
17. El Juzgado 1 Administrativo de San José del Guaviare envió el link para
consulta del expediente digital del proceso.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
18. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
13 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 13 de junio de 2024, Rad. No. 25000-23-
42-000-2012-01145-02
14 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 27 de marzo de 2025, Rad. No. 11001-
03-25-000-2016-00176-00.
15 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 23 de abril de 2025, Rad. No. 11001-03-
25-000-2016-00592-00.
16 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección A. Sentencia del 18 de abril de 2024, Rad. No. 11001-03-
15-000-2024-01360-00.
17 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 25 de julio de 2024. Rad. No. 11001-03-
15-000-2024-03346-00.
18 Consejo de Estado. Sección Segunda, subsección B. Sentencia del 24 de julio de 2024. Rad. No. 11001-03-
15-000-2024-03343-00.
19
Mediante Auto de 11 de agosto de 2026, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Meta y, vinculó a la Nación - Ministerio de Educación Nacional y al Departamento del
Guaviare.
4
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06234-00
Demandante: Evelio Gutiérrez Ruiz
Problema jurídico
19. Corresponde a la Sala determinar previo a analizar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad, si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante al imponer condena en costas dentro del proceso ordinario,
presuntamente con desconocimiento del artículo 188 del CPACA y del precedente
invocado.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
20. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por ausencia del
requisito de relevancia constitucional, como se expone a continuación:
21. De acuerdo con la Corte Constitucional, el requisito bajo estudio encuentra
su razón de ser en el carácter residual de este mecanismo constitucional, así como
en la necesidad de preservar las competencias judiciales y el respeto de la
autonomía e independencia de los jueces. Por tal razón, la acción de tutela contra
providencia judicial se restringe a asuntos donde se afecten los derechos y
garantías fundamentales, en aras de evitar que se convierta en una instancia
adicional del proceso ordinario20.
22. Por su parte, en la Sentencia SU-215 de 202221, se establecieron los
siguientes criterios para determinar si se cumple con el referido requisito:
23. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no
meramente legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la
determinación de aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta
interpretación o aplicación de una norma de rango legal o reglamentario, y que el
debate no sea estrictamente monetario de ni connotaciones particulares o privadas
que no representen un interés general22.
24. Que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta con
que la parte actora alegue la violación al debido proceso, a la administración de
justicia o a la reparación efectiva, sino que debe ir más allá «de la mera adecuación
del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales», lo
cual supone justificar de manera razonada y clara la «existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental»23.
25. Que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o un
recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios. Sobre
este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela contra
providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo
cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica si se
verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la
20 Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019, SU-128 de 2021, SU-215 de 2022 y SU – 179 de 2021.
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022, MP Cristina Pardo Schlesinger.
22
Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte
Constitucional.
23 Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
5
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06234-00
Demandante: Evelio Gutiérrez Ruiz
autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso»24.
26. Que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el
comportamiento negligente u omisivo del accionante en el procedimiento judicial25.
27. En el caso concreto se advierte que la acción de tutela no cumple con la
carga de relevancia constitucional toda vez que la parte actora pretende que, a
través del amparo constitucional se resuelva un debate que es de competencia del
juez natural de la causa y claramente desborda sus límites y finalidad.
28. En ese contexto, debe recordarse que la acción de tutela contra
providencias judiciales tiene un carácter absolutamente excepcional, y solo procede
cuando se acreditan, de manera estricta y reforzada, defectos que trasciendan el
mero desacuerdo con la decisión judicial adoptada y demuestren una verdadera
trasgresión de derechos fundamentales.
29. De acuerdo con lo anterior, aunque la demanda se estructura formalmente
bajo las causales específicas de defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial, del examen integral de sus argumentos se advierte que ambos
reproches convergen en una misma inconformidad, esto es la discrepancia de la
actora con la interpretación que el Tribunal Administrativo del Meta realizó del
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, al condenar en costas dentro del proceso ordinario.
30. La Sala observa que la controversia planteada gira exclusivamente en torno
a la interpretación y aplicación de normas procesales que regulan la condena en
costas. En consecuencia, el debate propuesto se ubica en el ámbito de la legalidad
y no compromete por sí mismo el contenido esencial de un derecho fundamental,
circunstancia que refuerza la ausencia de relevancia constitucional exigida para la
procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales.
31. Así las cosas, de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo se
advierte que la inconformidad del accionante se dirige a cuestionar las conclusiones
jurídicas a las que esta arribó el Tribunal al resolver la controversia, y no una
vulneración del contenido o alcance de un derecho fundamental. Así, su desacuerdo
radica en que la autoridad judicial accionada no acogió la interpretación normativa
que ella considera correcta respecto de los presupuestos para imponer condena en
costas después de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021. En otras palabras,
pretende que el juez constitucional sustituya el criterio jurídico adoptado por el juez
natural por aquel que estima más ajustado al ordenamiento jurídico.
32. Incluso si se admitiera que la disposición examinada puede dar lugar a
distintas interpretaciones, ello no transforma automáticamente la controversia en un
asunto de relevancia constitucional. La jurisprudencia ha señalado de manera
reiterada que la acción de tutela contra providencias judiciales no constituye un
mecanismo destinado a dirimir discrepancias hermenéuticas ni a definir cuál de
24 Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional.
25 Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
6
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06234-00
Demandante: Evelio Gutiérrez Ruiz
varias interpretaciones jurídicamente plausibles resulta más acertada. En el
presente asunto, la inconformidad del accionante se circunscribe al alcance que el
Tribunal Administrativo del Meta atribuyó al artículo 188 del CPACA, modificado por
la Ley 2080 de 2021, cuestión que corresponde al ámbito propio de interpretación y
aplicación del derecho por parte del juez natural y que, no evidencia una afectación
iusfundamental que justifique la intervención excepcional del juez constitucional.
33. Tal planteamiento resulta insuficiente para acreditar el requisito de
relevancia constitucional, toda vez que la jurisprudencia ha sido uniforme en señalar
que la tutela contra providencias judiciales no constituye un mecanismo orientado a
escoger entre interpretaciones jurídicas plausibles ni una instancia destinada a
corregir desacuerdos hermenéuticos surgidos dentro del ejercicio ordinario de la
función jurisdiccional. Su finalidad se limita a conjurar actuaciones judiciales
ostensiblemente arbitrarias que comprometan de manera real y directa derechos
fundamentales.
34. Ahora bien, el expediente demuestra que el Tribunal Administrativo del Meta
no ignoró la discusión jurídica propuesta en sede de apelación. Por el contrario, en
la sentencia, identificó expresamente el reparo formulado contra la condena en
costas, reseñó los argumentos expuestos en el recurso de apelación y emprendió
un estudio específico del régimen normativo aplicable, incluyendo el alcance del
artículo 188 del CPACA, la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021 y el
artículo 365 del CGP y la postura del Consejo de Estado sobre la materia.
Concluyendo que la condena en costas procede en la medida de su causación y
comprobación, sin que resulte necesario analizar la conducta de las partes a la luz
del articulo 81 del CGP (temeridad y mala de), o si la demanda fue presentada con
«manifiesta carencia de fundamentación legal».
35. El Tribunal, en el marco de sus competencias y en pleno ejercicio de su
autonomía, concluyó razonablemente que para el caso concreto, (i) debía
condenarse en costas conforme al artículo 188 del CPACA y el Artículo 365 del
CGP, (ii) el asunto no era de interés público y, (iii) las costas procesales se
encontraban demostradas en el entendido que la entidad demandada estuvo
representada por apoderado judicial durante todo el trámite procesal.
36. Aunado a lo anterior, la Sala observa que uno de los presupuestos centrales
de la solicitud de amparo no encuentra respaldo en el contenido de la providencia
cuestionada. Lo anterior, por cuanto el accionante sostiene que el Tribunal
desconoció la modificación introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 al
artículo 188 del CPACA, de la lectura de la sentencia se advierte que dicha
disposición fue expresamente considerada dentro del análisis efectuado por la
autoridad judicial. Por consiguiente, la inconformidad no recae sobre la ausencia de
estudio de la norma invocada, sino sobre las conclusiones interpretativas
alcanzadas a partir de ella.
37. Del mismo modo, el cargo relacionado con el presunto desconocimiento del
precedente judicial tampoco otorga relevancia constitucional a la controversia. Las
providencias citadas por el accionante reflejan distintas aproximaciones
interpretativas sobre el régimen de condena en costas, pero su invocación se dirige
esencialmente a sostener que el Tribunal debió acoger una tesis jurídica diferente.
En tales condiciones, el debate planteado permanece en el ámbito de la
7
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06234-00
Demandante: Evelio Gutiérrez Ruiz
interpretación del derecho y no evidencia, por sí mismo, una cuestión
constitucional autónoma susceptible de examen mediante la acción de tutela.
38. En vista de ello, la autoridad judicial examinó el alcance de la norma
invocada por el accionante y la forma en que debía armonizarse con las restantes
disposiciones que regulan la condena en costas26. En consecuencia, la
inconformidad de la actora no recae sobre una omisión de análisis, sino sobre el
resultado interpretativo alcanzado por el juez natural, aspecto que, por sí mismo,
resulta insuficiente para conferir relevancia constitucional a la controversia.
39. Por otra parte, el accionante tampoco logra demostrar que la interpretación
acogida por el Tribunal hubiera generado una restricción desproporcionada del
derecho de acceso a la administración de justicia, del debido proceso o del principio
de gratuidad. Su argumentación permanece circunscrita a sostener que existía una
lectura normativa diferente y que algunas decisiones judiciales recientes
respaldarían esa posición. No obstante, la simple existencia de criterios
jurisprudenciales distintos o de discusiones interpretativas sobre una determinada
institución procesal no transforma automáticamente el debate en una cuestión
constitucional.
40. Adicionalmente, admitir la procedencia del amparo en las circunstancias
descritas implicaría convertir la acción de tutela en un mecanismo para reexaminar
la corrección jurídica de toda interpretación judicial respecto de la condena en
costas, desdibujando los principios de autonomía judicial, seguridad jurídica y
distribución constitucional de competencias. Lo anterior debido a que la sola
imposición de costas, ni implica por sí misma una restricción del derecho a la
administración de justicia, pues constituye una consecuencia procesal prevista en
la ley.
41. Por lo anterior, cabe precisar, que la intervención del juez constitucional
únicamente se justifica cuando se evidencia una actuación manifiestamente
irrazonable, arbitraria o incompatible con la Constitución, escenario que no se
configura en el presente asunto. Lejos de ello, lo que se advierte es una providencia
judicial que examinó expresamente el problema planteado, identificó las distintas
posturas existentes sobre la materia y adoptó una de ellas mediante una motivación
suficiente y coherente.
42. En consecuencia, la Sala concluye que la solicitud de amparo se orienta a
reabrir una discusión jurídica ya resuelta por las autoridades judiciales acerca del
alcance del artículo 188 del CPACA y de la Ley 2080 de 2021, sin que se identifique
una cuestión constitucional autónoma que justifique la activación del mecanismo
excepcional de tutela contra providencias judiciales.
43. Así las cosas, en los términos en que fue planteada la controversia, la Sala
declarará la improcedencia de la acción de tutela toda vez que se evidenció que la
misma no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
26 Sentencia del 19 de febrero de 2026, Tribunal Administrativo del Meta, - «En el caso particular, como ya se
dijo, encontramos que el asunto no era de interés público, que la sentencia de primera instancia fue totalmente
adversa, y que además la parte demandada realizó diferentes actividades tendientes a desplegar una actividad
de defensa jurídica.»
8
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06234-00
Demandante: Evelio Gutiérrez Ruiz
44. Finalmente, no se accederá a la solicitud de desvinculación presentada por
el Ministerio de Educación y la Gobernación del Guaviare, debido a que intervinieron
como partes en el proceso ordinario cuya providencia se cuestiona y podría verse
afectadas por los resultados de la decisión.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. NO ACCEDER a la solicitud de desvinculación presentada por el
Ministerio de Educación y la Gobernación del Guaviare.
SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por
Evelio Gutiérrez Ruiz contra el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones
expuestas anteriormente.
TERCERO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
9
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.