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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06236-00

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06236-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 22 de abril de 2022, Exp. núm., 11001-03-15-000-2022-01777-00. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón. 11 Radicación: 11001-03-15-000-2026-06236-00 Accionante: Flor María Murcia Ruíz Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-06236-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-06236-00
Accionante: FLOR MARÍA MURCIA RUÍZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito
general de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Flor María Murcia Ruíz
contra el Tribunal Administrativo del Meta.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Laseñora Flor María Murcia Ruíz, a través de apoderado judicial, solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia en conexidad con el principio de gratuidad, cuya
vulneración le atribuyó a la providencia de 29 de enero de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicación 50001-33-33-004-2024-
00242-00/03.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el Departamento del Meta, con
la finalidad de i) inaplicar el Decreto Nacional 284 de 2024 y/o declarar la nulidad de
los decretos que los modifiquen o revoquen, en lo relacionado con la asignación
salarial de la categoría 2B de los docentes, ii) declarar la nulidad de los oficios 2024-
EE-058548 y 17003-33-36, mediante los cuales se le negó a la actora el derecho a la
diferencia en el incremento salarial, iii) declarar que la demandante tiene derecho al

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Accionante: Flor María Murcia Ruíz

reconocimiento y pago de las diferencias salariales de los últimos tres años y las
futuras, conforme al artículo 21 del Decreto Ley 1278 de 2002 y la prescripción trienal.

2.2. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Villavicencio, autoridad judicial que, mediante
providencia de 31 de marzo de 2025, denegó las pretensiones de la demanda y la
condenó en costas, fijando como agencias en derecho el equivalente al 5% de la
cuantía de la demanda.

2.3. Señaló que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y que el
Tribunal Administrativo del Meta, a través sentencia de 29 de enero de 2026,
confirmó la providencia de primera instancia.

2.4. Consideró que la providencia mencionada vulneró sus derechos fundamentales
indicados supra por haber incurrido en el defecto sustantivo y en un
desconocimiento del precedente judicial.

2.5. Como fundamento del defecto sustantivo señaló que las consideraciones del juez
para imponerle la condena en costas no se ajustan a derecho, pues consideró que
se fundamentó “[…] en una interpretación parcializada del artículo 188 del CPACA
[…]”. Sostuvo que la autoridad accionada impuso una condena en costas sin tener
en cuenta que, para la fecha de la decisión ya se encontraba vigente la Ley 2080
de 2021, que modificó el artículo 188 del CPACA, afirmó que “[…] el juez tenía la
obligación de realizar un análisis expreso y motivado sobre esta exigencia […]”.

2.6. Refirió sobre el “principio de inescindibilidad” que este impone al juez la obligación
de aplicar en debida forma e íntegra el precepto legal, respetando su unidad lógica y
sistemática. Añadió que “[…] dicha regla no fue observada en el caso sub examine,
ya que se omitió verificar el cumplimiento del requisito introducido al artículo 188 del
CPACA, consistente en establecer si la demanda fue presentada con manifiesta
carencia de fundamento legal. […]”.

2.7. Respecto al desconocimiento del precedente judicial mencionó que no se tuvo
en cuenta la línea jurisprudencial de las Subsecciones de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, la cual “[…] coincide en la tesis que habrá lugar a la imposición
de la condena en costas solo si demuestra el elemento objetivo valorativo. En este
sentido, la Sala especializada fija la postura que en los asuntos laborales debe
estudiarse la conducta de las partes para imponer la penalidad de que trata el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. […]”.

2.8. Añadió que en el presente caso concurren circunstancias particulares que
exigían armonizar la aplicación de la norma con el principio constitucional de
favorabilidad, pues la controversia fue promovida por un docente oficial, “[…] quien,
en el marco de la relación laboral con el Estado, se encuentra en una posición de
debilidad; de modo que, la condena en costas impuesta por el ad quem puede
traducirse en un sacrificio desproporcionado del derecho de acceso a la

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Accionante: Flor María Murcia Ruíz

administración de justicia, al imponer una carga económica que desincentiva el
ejercicio legítimo de sus derechos.[…]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META en
sentencia proferida del 29 de enero de 2026 dentro del proceso
50001333300420240024203, transgredió los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y
PRINCIPIO DE GRATUIDAD del docente, habida cuenta que las razones de la
decisión no se ajustan a los postulados de la ley y al precedente judicial del
órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, referente a la
condena en costas.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META efectuar el examen de procedencia de la
condena en costas impuestas al proceso ordinario conforme la normatividad
vigente y el precedente jurisprudencial vertical en aras de salvaguardar las
garantías iusfundamentales de la accionante. […]”. [Negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 10 de agosto de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad
de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio
de Educación Nacional, al Departamento del Meta y al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Villavicencio.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los vinculados,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo del Meta solicitó negar las pretensiones, pues las
mismas carecen de fundamento legal y jurisprudencial, indicó que reiteraba los
argumentos expuestos en la providencia cuestionada y consideró que no afecta
derecho fundamental alguno, en tanto la decisión frente a la condena en costas, se
encuentra ajustada a los lineamientos jurisprudencias dispuestos por la Alta
Corporación de lo contencioso administrativo.

5.2. Señaló que “[…] la interpretación arribada por la accionante no se ajusta a la
norma analizada, habida cuenta que la excepción alegada, esto es que «la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal», únicamente
obedece a aquellos procesos en los que se ventile un interés público, circunstancia
que no se ajustaba a las condiciones propias del proceso de nulidad y

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Accionante: Flor María Murcia Ruíz

restablecimiento del derecho radicado 500013333004-2024-00242-03, cuyo objeto
era meramente particular y concreto. […]”

5.3. El Departamento del Meta solicitó negar por improcedente la acción de tutela,
consideró que la misma no supera el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad, específicamente en lo relativo a la subsidiariedad y a la relevancia
constitucional, sostuvo que la inconformidad de la accionante se reduce a un
desacuerdo interpretativo. Igualmente afirmó que el Tribunal Administrativo del Meta
no incurrió en un defecto sustantivo, así como tampoco en desconocimiento del
precedente judicial.

5.4. El Ministerio de Educación Nacional señaló que en este caso no se supera el
requisito de relevancia constitucional por lo que solicitó declarar improcedente la
acción constitucional, sostuvo que la controversia es de naturaleza estrictamente
económica, lo cual excede la competencia del juez de tutela. Finalmente indicó que
no se evidencia violación alguna de derechos de la accionante.

5.5. El
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Villavicencio solicitó
declarar que, respecto a su despacho, no se configura vulneración alguna de los
derechos fundamentales invocados, en el sentido de que la inconformidad de la
accionante se dirige contra la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del
Meta, particularmente en lo relacionado a la condena en costas.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:

1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

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Accionante: Flor María Murcia Ruíz

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la accionante, al haber incurrido, presuntamente, en el defecto
sustantivo y en un desconocimiento del precedente judicial.

8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06236-00
Accionante: Flor María Murcia Ruíz

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

15. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

16. Laseñora Flor María Murcia Ruíz, a través de apoderado judicial, solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia en conexidad con el principio de gratuidad, cuya
vulneración le atribuyó a la providencia de 29 de enero de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicación 50001-33-33-004-2024-
00242-00/03.

17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

18. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno

Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González
Cuervo.

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Accionante: Flor María Murcia Ruíz

al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.

19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales13, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.

20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

21. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202216 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

11
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
13
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
14
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
15
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06236-00
Accionante: Flor María Murcia Ruíz

[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del texto].

22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202317.

23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera

17
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06236-00
Accionante: Flor María Murcia Ruíz

legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales18.

24. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la accionante alega que el Tribunal Administrativo del Meta vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
en conexidad con el principio de gratuidad, por haber incurrido, presuntamente, en el
defecto sustantivo y en un desconocimiento del precedente judicial.

24.1. Como fundamento del defecto sustantivo señaló que las consideraciones del
juez para imponerle la condena en costas no se ajustan a derecho, pues consideró
que se fundamentó “[…] en una interpretación parcializada del artículo 188 del
CPACA […]”. Sostuvo que la autoridad accionada impuso una condena en costas
sin tener en cuenta que, para la fecha de la decisión ya se encontraba vigente la
Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 188 del CPACA, afirmó que “[…] el juez
tenía la obligación de realizar un análisis expreso y motivado sobre esta exigencia
[…]”.

24.2. Refirió sobre el “principio de inescindibilidad” que este impone al juez la obligación
de aplicar en debida forma e íntegra el precepto legal, respetando su unidad lógica y
sistemática. Añadió que “[…] dicha regla no fue observada en el caso sub examine,
ya que se omitió verificar el cumplimiento del requisito introducido al artículo 188 del
CPACA, consistente en establecer si la demanda fue presentada con manifiesta
carencia de fundamento legal. […]”.

24.3. Respecto al desconocimiento del precedente judicial mencionó que no se tuvo
en cuenta la línea jurisprudencial de las Subsecciones de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, la cual “[…] coincide en la tesis que habrá lugar a la imposición
de la condena en costas solo si demuestra el elemento objetivo valorativo. En este
sentido, la Sala especializada fija la postura que en los asuntos laborales debe
estudiarse la conducta de las partes para imponer la penalidad de que trata el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. […]”.

24.4. Añadió que en el presente caso concurren circunstancias particulares que
exigían armonizar la aplicación de la norma con el principio constitucional de
favorabilidad, pues la controversia fue promovida por un docente oficial, “[…] quien,
en el marco de la relación laboral con el Estado, se encuentra en una posición de
debilidad; de modo que, la condena en costas impuesta por el ad quem puede
traducirse en un sacrificio desproporcionado del derecho de acceso a la
administración de justicia, al imponer una carga económica que desincentiva el
ejercicio legítimo de sus derechos.[…]”.

18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06236-00
Accionante: Flor María Murcia Ruíz

25. Esta Sección ha sostenido en su jurisprudencia que los conflictos relacionados
con la condena en costas que se impone en el marco de un proceso judicial carecen
de relevancia constitucional por tratarse de una controversia de índole meramente
legal y económico. En la sentencia de 22 de abril de 202219 la Sección señaló lo
siguiente:

“[…] Ahora bien, en relación con los reproches relativos a la condena en costas
impuesta al actor, la Sala observa que la solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, en razón a que el disenso deviene de un asunto de
contenido económico, derivado de un debate estrictamente normativo y legal.
Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca el accionante
como fundamento de la presunta vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso, están encaminados a replantear la discusión jurídica en torno
a la imposición de las costas procesales, circunstancia que resulta
improcedente, en tanto la presunta afectación del derecho fundamental se
deriva de un asunto de contenido económico que fue debidamente
argumentado y concluido por el juez natural de la causa […]”.

26. La intervención del juez constitucional en estos asuntos, que son meramente
económicos, desconocería el principio de autonomía e independencia de los jueces,
ya que la controversia en cuestión más que poner de relieve una discusión de
importancia constitucional, en realidad contiene un conflicto relativo a la causación
o no de costas procesales. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará
la improcedencia de la solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de
relevancia constitucional, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

27. En cuanto a la circunstancia particular que alega la accionante, según la cual,
debido a su calidad de docente oficial la condena en costas supone un sacrificio
desproporcionado de su derecho de acceso a la administración de justicia, la Sala
precisa que dicha condición no desvirtúa la conclusión según la cual el asunto
carece de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 22 de abril de 2022, Exp. núm.,
11001-03-15-000-2022-01777-00. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06236-00
Accionante: Flor María Murcia Ruíz

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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