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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06242-00

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06242-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06242-00 (9875)
Accionante: Samara Alexis Bernal Barbosa
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: condena en costas. Subtema 3:
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la señora Samara Alexis Bernal Barbosa
contra el Tribunal Administrativo del Meta.

1. Síntesis del caso

La señora Samara Alexis Bernal Barbosa, a través de apoderado, presentó acción
de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de gratuidad, que
consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 29 de enero de 20261,
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 50001-33-
33-003- 2024-00191-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1.
A partir del escrito de tutela2 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1
Se debe aclarar que en la providencia objeto de tutela se indica como fecha de expedición el 29 de diciembre de 2026,
además, en la plataforma Samai aparece registrada el 30 de enero de 2026. Sin embargo, en la contestación de la solicitud
de amparo remitida por el Tribunal Administrativo del Meta se establece que la fecha correcta corresponde al 29 de enero de
2026, razón por la cual, para efectos del presente trámite constitucional, se tendrá como fecha de emisión de la decisión
judicial, esta última.
2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06242-00, índice 2, certificado núm. B7E0723537B2934F E8754C35BAE1B976
66BD6563A16FFAB7 4DB013D685E774FC.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06242-00 (9875)
Accionante: Samara Alexis Bernal Barbosa
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta

2.
La señora Samara Alexis Bernal Barbosa es educadora oficial ubicada en la
categoría 1B del escalafón docente, conforme al régimen establecido en el Decreto-
Ley 1278 de 2002.

3.
La accionante, mediante sendos escritos radicados en el Ministerio de
Educación Nacional y en el departamento del Meta, solicitó el reconocimiento y pago
de las diferencias salariales derivadas de los incrementos que, a su juicio, fueron
desiguales e injustificados, decretados para el año 2008, en los cuales se favoreció
a docentes de una categoría inferior 1A en detrimento de quienes, como ella, se
encontraban en el nivel 1B.

4.
El Ministerio de Educación Nacional y la entidad territorial, a través de los
oficios 2024-EE-092802 del 22 de marzo de 2024 y 17003-19-70 del 4 de abril
siguiente, respectivamente, negaron el requerimiento de la tutelante.

5.
La señora Samara Alexis Bernal Barbosa presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Meta, con el fin de que: i)
se inaplicara por ilegal el Decreto 284 de 2024, que definió la escala salarial del
personal docente; ii) se dejaran sin efectos los referidos actos administrativos y, en
consecuencia, iii) se ordenara pagar a su favor la diferencia salarial de los
incrementos porcentuales establecidos por el Gobierno Nacional durante los últimos
tres años anteriores a la presentación de la reclamación administrativa, en virtud del
fenómeno de la prescripción, y en adelante.

6.
El Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio, mediante sentencia del 30
de septiembre de 2025, negó las pretensiones de la demanda al considerar que los
niveles 1A y 1B respondían a requisitos de ingreso distintos, por lo que no se
acreditó una diferencia salarial injustificada que permitiera establecer que se
encontraban en una situación de igualdad, y no resultaba procedente comparar sus
asignaciones salariales. Además, se abstuvo de imponer condena en costas a la
parte actora.

7.
La parte demandante interpuso recurso de apelación, en el cual cuestionó las
consideraciones sobre la improcedencia del incremento salarial reclamado y la
condena en costas.

8.
El Tribunal Administrativo del Meta, a través de providencia del 29 de enero
de 2026, confirmó parcialmente el fallo de primera instancia, en tanto, revocó el
ordinal tercero y condenó en costas a la parte demandante.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

9.
La parte actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de gratuidad, que
consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Meta. En consecuencia,
pidió lo siguiente:

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06242-00 (9875)
Accionante: Samara Alexis Bernal Barbosa
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta

1. […] Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META en sentencia
proferida del «29 de diciembre de 2025» dentro del proceso
50001333300320240019101, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DEJUSTICIA Y PRINCIPIO DE
GRATUIDAD del docente, habida cuenta que las razones de la decisión no se ajustan
a los postulados de la ley y al precedente judicial del órgano de cierre en la jurisdicción
contencioso administrativo, referente a la condena en costas.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVODEL META efectuar el examen de procedencia de la condena en
costas impuestas al proceso ordinario conforme la normatividad vigente y el precedente
jurisprudencial vertical en aras de salvaguardar las garantías iusfundamentales de la
accionante3.

10.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante alegó que la
providencia del Tribunal Administrativo del Meta incurrió en defecto sustantivo, toda
vez que la condena en costas se sustentó en una aplicación fragmentaria del
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, al justificar dicha condena exclusivamente en
el hecho de que la demandante resultó vencida en el proceso, sin verificar si la
demanda había sido presentada con manifiesta carencia de fundamento legal,
requisito incorporado expresamente por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.

11.
En ese sentido, afirmó que la autoridad judicial omitió aplicar una disposición
vigente y obligatoria que hacía parte integral del régimen de condena en costas en
la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que efectuó una interpretación
restrictiva de la norma, con desconocimiento de los principios de legalidad,
favorabilidad e inescindibilidad normativa.

12.
Por otra parte, indicó que la decisión cuestionada incurrió en desconocimiento
del precedente, pues el Tribunal accionado ignoró las decisiones adoptadas por las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado4, según las
cuales la condena en costas en asuntos laborales no procede automáticamente
contra la parte vencida, sino que exige un análisis objetivo-valorativo de la conducta
procesal desplegada y de la existencia o no de una manifiesta carencia de
fundamento legal en la demanda. Señaló que, en su caso, se le impuso el pago de
las costas únicamente por haber resultado vencida en el trámite judicial.

13.
Así pues, agregó que, si bien existe una línea jurisprudencial pacífica y reciente
sobre esta materia, el Tribunal aplicó un criterio puramente objetivo basado

3
Se transcribe incluso con errores.
4
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2021, expediente núm. 25000-23-42-
000-2018-02785-01. 4Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de enero de 2022, expediente
núm. 25000-23-42-000-2016-05174-01. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de agosto de
2023, expediente núm. 18001-23-33-000-2014-00249-01. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
24 de agosto de 2023, expediente núm. 05001-23-33-000-2017-00562-01. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 8 de febrero de 2024, expediente núm. 52001-33-33-000-2018-000416-00. Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de abril de 2024, expediente núm. 20001-23-33-000-2013-00352-01. Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de mayo de 2024, expediente núm. 25000-23-42-000-2015-0335-
01. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de mayo de 2024, expediente núm. 23001-23-33-
+000-2016-00148-01. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de junio de 2024, expediente
núm. 25000-23-42-000-2012-01145-02. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de marzo de
2025, expediente núm. 110010-03-25-000-2016-00173-00. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 23 de abril de 2025, expediente núm. 11001-03-25-000-2016-00592-00.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06242-00 (9875)
Accionante: Samara Alexis Bernal Barbosa
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta

únicamente en el resultado adverso del litigio, sin justificar su apartamiento del
precedente ni exponer razones suficientes que permitieran sustentar una
interpretación distinta. Esta omisión, a su juicio, vulneró los principios de seguridad
jurídica, igualdad y confianza legítima.

14.
Además, sostuvo que, por tratarse de un docente oficial en situación de
debilidad frente al Estado, la condena impuesta por el juez de segunda instancia
podía constituir una carga desproporcionada que afectara su derecho de acceso a
la administración de justicia.

2.3. Trámite procesal

15.
El despacho ponente, mediante auto del 12 de agosto de 20265, admitió la
demanda, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo del Meta, en su condición
de autoridad accionada y vinculó en calidad de terceros con interés al Juzgado
Tercero Administrativo de Villavicencio, a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, al departamento del Meta, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG) y a la Fiduprevisora S.A.

2.4. Intervenciones

16.
El Tribunal Administrativo del Meta6 manifestó que se remitía a las
consideraciones expuestas en la decisión cuestionada, pues allí se encontraban los
fundamentos jurídicos, normativos, jurisprudenciales y fácticos que sustentaron la
decisión del 29 de enero de 2026, proferida dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado 50001-33-33-003-2024-00191-01.

17.
Asimismo, señaló que la parte actora pretendía utilizar la acción de tutela como
una tercera instancia para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.
Señaló que la sentencia expuso las razones por las cuales confirmó parcialmente el
fallo del 30 de septiembre de 2025 y condenó en costas a la demandante, aspecto
que constituye el motivo de su inconformidad.

18.
El Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio7 efectuó un recuento de las
actuaciones surtidas dentro del proceso y remitió el expediente del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, sin pronunciarse de fondo sobre los
hechos y las pretensiones de la tutela.

19.
El Ministerio de Educación Nacional8 solicitó que se declarara la improcedencia
de la tutela, toda vez que las reclamaciones relacionadas con el reconocimiento y
pago de diferencias salariales, así como con la condena en costas, debían
plantearse mediante los mecanismos procesales correspondientes.

5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06242-00, índice, 4 certificado núm. 57D98B45D65B04E4 234C3ABE947E5537
E85B76F83331DB0A 9C2418AEFDE00332.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06242-00, índice, 10 certificado núm. 5056681ECFB1C0F0 A4100BD341986557
A7A3194C03451DA4 2283B3B851FBBCF7.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06242-00, índice 11 certificado núm. 9E4F7EC137E9FB7B C345BD25CD951EF5
86CAF496FC9B07F5 82A3CA81DD69B8BA
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06242-00, índice 12, certificado núm. A9E5603B8A60754B 397C55160ADD0E71
0663EA7EE82FDF05 E812E918C3FF2EFD.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06242-00 (9875)
Accionante: Samara Alexis Bernal Barbosa
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta

20.
Por otro lado, sostuvo que no se podía atribuírsele vulneración alguna de los
derechos fundamentales invocados, pues la tutela no cuestionaba una actuación u
omisión administrativa de la entidad, sino decisiones adoptadas por autoridades
judiciales en ejercicio de la función jurisdiccional, razón por la cual solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional.

21.
El departamento del Meta9 manifestó que el Tribunal accionado, al condenar en
costas a la demandante no incurrió en defecto sustantivo al condenar en costas a
la demandante, pues la providencia cuestionada aplicó el criterio objetivo-valorativo
y verificó la existencia de gastos y de actividad profesional por parte de las entidades
demandadas para ejercer su defensa, de conformidad con el numeral 8 del artículo
365 del Código General del Proceso.

22.
Así pues, aseveró que la jurisprudencia invocada por la parte actora no
constituía un precedente unívoco y vinculante sobre la materia, pues evidenciaba la
existencia de distintas interpretaciones entre las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado acerca del alcance del artículo 188 del CPACA
después de la reforma introducida en 2021.

23.
En consecuencia, estimó que la adopción de una interpretación diferente, dentro
del ámbito de la autonomía judicial, no configura un defecto sustantivo ni permite la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

24.
Destacó que la accionante, en la pretensión séptima de la demanda ordinaria,
solicitó la condena en costas a su favor en caso de resultar vencedora. Por tanto,
consideró que la imposición de dicha condena a la parte vencida no constituye una
decisión ajena o sorpresiva, sino una consecuencia procesal prevista en el
ordenamiento jurídico y que la propia demandante había contemplado en sus
pretensiones.

25.
Los demás vinculados guardaron silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

26.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Samara Alexis Bernal Barbosa contra el
Tribunal Administrativo del Meta.

3.2. Legitimación en la causa

27.
La legitimación en la causa por activa de la señora Samara Alexis Bernal
Barbosa está acreditada porque fue la parte demandante en el proceso de nulidad

9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06242-00, índice 13, certificado núm. 980777C3AA316B2A 8A7AECD1BA1CFDE6
48ABBDA1164CC9AB 483D5BB2DFD169BE.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06242-00 (9875)
Accionante: Samara Alexis Bernal Barbosa
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta

y restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.

28.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Meta, debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia,
objeto de tutela.

29.
Por otro lado, se advierte que el Ministerio de Educación Nacional solicitó su
desvinculación, al considerar que no estaba llamada a responder por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

30.
Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero con interés, en aras de garantizar sus derechos de defensa y
contradicción, toda vez que dicha entidad actuó como parte accionada dentro del
proceso ordinario en el que se expidió la providencia objeto de reparos y, en
consecuencia, la decisión que resuelva la acción podría afectar sus intereses. Por
los motivos expuestos, se negará su solicitud.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

31.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional11.

32.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

33.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06242-00 (9875)
Accionante: Samara Alexis Bernal Barbosa
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta

otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

34.
De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución13.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

35.
Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional14 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

36.
Así pues, la Corte Constitucional15 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente
legal y/o económico»16 lo que implica revisar «que el asunto tenga la
entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental»17;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en
que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo
comporta incidencia para los particulares más no para el interés
general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa
mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia
judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

37.
En el caso particular, el asunto que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

13
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06242-00 (9875)
Accionante: Samara Alexis Bernal Barbosa
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta

38.
También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

39.
Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 29 de enero de 2026 por el Tribunal Administrativo del Meta,
fue notificada el 6 de febrero siguiente18, y la demanda de tutela se presentó el 6 de
agosto de 202619, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional20 y del Consejo de Estado21 como razonable.

40.
En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

41.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

42.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo
en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

43.
Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal Administrativo del Meta vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de la accionante e incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente, en la sentencia del 29 de enero de 2026, al condenar en costas a la
demandante en su condición de parte vencida?

44.
Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.

3.4.1. El defecto sustantivo

45.
La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,

18
Samai, exp. núm. 50001-33-33-003-2024-00191-01, índice 16.
19
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-06242-00, índice 1.
20
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06242-00 (9875)
Accionante: Samara Alexis Bernal Barbosa
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta

porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado22.

46.
De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

47.
La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los
jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar
su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de
la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]23.

48.
En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

49.
Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).24

3.4.2. El desconocimiento del precedente judicial

50.
El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la

22
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
23
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
9

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efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas25.

51.
Al respecto, la Corte Constitucional26 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados
y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por
las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto
de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el
ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales27.

52.
Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia28.

53.
En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»29.

54.
Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del

25
Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
26
Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
27
Se transcribe incluso con errores.
28
Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
29
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
10

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principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela30.

55.
Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación31.

56.
Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.

3.5. Caso concreto

57.
En el asunto bajo estudio, la señora Samara Alexis Bernal Barbosa presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, y el departamento del Meta, con el propósito de que se dejaran
sin efectos los oficios núm. 2024-EE-092802 del 22 de marzo de 2024 y 17003-19-
70 del 4 de abril siguiente y, como consecuencia, se ordenara el pago de la
diferencia salarial derivada de los incrementos aplicados de manera desigual a los
docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002, en particular, entre los niveles
1A y 1B.

58.
En primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio,
mediante sentencia del 30 de septiembre de 2025, negó las pretensiones de la
demanda. Apelada dicha decisión, el Tribunal Administrativo del Meta profirió fallo
el 29 de enero de 2026, en el que confirmó la providencia de primera instancia.

59.
Ahora bien, la parte accionante sostuvo en el escrito de tutela que el Tribunal
Administrativo del Meta incurrió en defecto sustantivo al proferir la sentencia del 29
de enero de 2026, toda vez que realizó una aplicación fragmentada del artículo 188
de la Ley 1437 de 2011, al justificar la condena en costas únicamente en el hecho
de que la demandante resultó vencida en el proceso, sin verificar si la demanda
había sido presentada con manifiesta carencia de fundamento legal, requisito
incorporado expresamente por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.

30
Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
31
Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
11

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60.
Agregó que la imposición de costas, sin atender el marco normativo vigente y,
en particular, la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, comprometió el debido
proceso y el deber de motivación, pues su procedencia exigía valorar la conducta
procesal y la manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda.

61.
Adicionalmente, afirmó que en la providencia accionada se configuró un
desconocimiento del precedente, al apartarse de la postura adoptada por las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, según la cual
en la especialidad laboral la condena en costas no procede automáticamente contra
la parte vencida, sino que exige una apreciación objetivo-valorativa de la conducta
procesal y la verificación de una manifiesta falta de fundamento en la demanda.

62.
Además, advirtió que, por tratarse de un docente oficial en situación de debilidad
frente al Estado, la condena impuesta por el juez de segunda instancia podía
constituir una carga desproporcionada que afectara su derecho de acceso a la
administración de justicia.

63.
Al respecto, se observa que, el Tribunal Administrativo del Meta, en la sentencia
del 29 de enero de 2026, efectuó un análisis razonable de la normativa (Decreto-
Ley 1278 de 2002 en conjunto con los decretos salariales 624 y 718 de 2008 y 702
y 1238 de 2009), de la jurisprudencia aplicable al asunto (sentencias C-895 de 2003
y C-1064 de 2001) y de las pruebas aportadas al proceso.

64.
Con fundamento en lo anterior, la autoridad judicial accionada desestimó las
pretensiones de la parte actora relacionadas con el ajuste salarial reclamado, toda
vez que, no acreditó la violación de los principios de igualdad y progresividad por lo
que no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos
demandados.

65.
Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal accionado consideró que era
procedente condenar en costas a la parte demandada, con base en las siguientes
consideraciones:

La sentencia recurrida se abstuvo de condenar en costas a la parte actora, refiriendo
que no se evidenció que hubiere actuado con temeridad o mala fe, ni se advirtió
conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal.

La NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN en su recurso de alzada discutió la
decisión de la primera instancia de no condenar en constas a la parte actora, pues a
su juicio debe realizarse un análisis objetivo valorativo, y debe prescindirse de
«consideraciones relativas a la temeridad o mala fe, y atendiendo únicamente a la
efectiva causación de los gastos procesales y la intervención profesional del
apoderado».

[…]

Pues bien, frente a la condena en costas en primera instancia reprochada, tenemos
que el artículo 188 del CPACA dispone que «Salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación
y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.», es decir,
12

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que de su mera literalidad se desprende la remisión expresa que hace al Código de
Procedimiento Civil (hoy CGP), lo cual también es aceptado por las partes.

El artículo 40 de la Ley 2080 de 2021, adicionó la norma (artículo 180) indicando que:
«En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Bajo ese entendido, tenemos que en el artículo 365 del Código General del Proceso32,
frente a las costas, dispone las reglas que se deberán tener presente en aquellos
procesos que exista controversia, de las cuales se resaltan las previstas en los
numerales 1 «Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso…» y 8 «Solo
habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación.».

66.
Asimismo, la autoridad judicial accionada para justificar la procedibilidad de la
condena en costas a la parte demandante estudió criterios jurisprudenciales del
Consejo de Estado, en los siguientes términos:

Por su parte, el Consejo de Estado33, frente al asunto que nos ocupa también se ha
pronunciado en los siguientes términos:

[…] Esta Subsección con ponencia del magistrado William Hernández Gómez42
sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella
oportunidad se señaló como conclusión, lo siguiente: El legislador introdujo un
cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio
«subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.

Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien
para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.

[…]

Ahora bien, en sentencia del 11 de octubre de 202134, el Consejo de Estado, expuso

32
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en
este código. Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de
excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la
temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las
costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las
costas de ambas instancias.
33
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. CP: William Hernández Gómez. Sentencia del 16 de agosto de 2018.
Rad: 20001-23-33-000-2013-00282-00(4066-15).
34
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021. CP: Fredy Ibarra Martínez. Rad: 11001-03-26-000-
2019-00011-00(63217). Actor: Arley Ávila Calero.
13

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lo siguiente:

[…] la mejor interpretación de la disposición [los dos incisos del artículo 188 del
CPACA -adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021] es aquella que
promueve la efectividad y aplicabilidad de la norma a través sistematicidad entre
los incisos primero y segundo del artículo 188 ibidem, que garantiza la aplicación
de la regla general -condena en costas para la parte vencida, demandante o
demandada, en cualquier tipo de procesos- salvo en los que se ventile un interés
público (acciones públicas) y, en todo caso, en este tipo de asuntos será
procedente la condena en costas al demandante cuando se advierta que la
demanda carece por completo de fundamento legal porque se castiga el ejercicio
infundado e irresponsable del derecho de acción, al promover un desgaste
innecesario del aparato jurisdiccional. […]

Así las cosas, en el caso concreto tenemos que conforme al artículo 188 del CPACA,
este litigio no es de aquellos en los que se discuta un asunto de interés público, como
quiera que lo buscado por la parte demandante es un beneficio patrimonial particular,
consistente en el reconocimiento de diferencias salariales desde el año 2009, por tanto,
deberán atenderse las reglas fijadas en el artículo 365 del CGP como ya se enunció.

Por ende, en el presente asunto debió proceder al estudio de la condena en costas
conforme al artículo 365 del CGP. Allí, en los numerales 1 y 8 se advierte que debe
condenarse en costas a quien resulte vencido en el proceso, siempre y cuando
aparezcan causadas y probadas en el expediente.

En el caso particular, como ya se dijo, encontramos que el asunto no era de interés
público, que la sentencia de primera instancia fue totalmente adversa, y que además
la parte demandada realizó diferentes actividades tendientes a desplegar una actividad
de defensa jurídica.

Así, resulta cierto como lo expuso la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, que
actuó a través de apoderada judicial al momento de contestar la demanda y presentar
alegatos de conclusión, lo que permite acreditar la causación de las agencias de
derecho que forman parte de las costas como lo dispone la norma, lo cual aconteció
también respecto el DEPARTAMENTO DEL META.

Por tal motivo, se revocará la decisión contenida en el ordinal tercero de la sentencia
de primera instancia, que se abstuvo de condenar en costas a la parte actora, para
contrario a ello, proceder a emitir la correspondiente condena conforme a lo expuesto35.

67.
De acuerdo con lo anterior, se advierte que el Tribunal Administrativo del Meta
revocó la decisión de primera instancia, al considerar que el Ministerio de Educación
Nacional en el recurso de apelación argumentó que la condena en costas debía
analizarse bajo un criterio objetivo-valorativo, sin considerar aspectos relacionados
con la conducta subjetiva de las partes, pues su imposición dependía de la efectiva
causación de gastos procesales y de la actividad desplegada por los apoderados
judiciales.

68.
Así pues, se observa que el Tribunal Administrativo del Meta analizó los
alcances de los artículos 365 del CGP y 188 del CPACA y concluyó que, al resultar

35
Se transcribe incluso con errores.
14

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vencida en el trámite judicial, procedía condenar en costas a la demandante en favor
de las entidades demandadas, las cuales incurrieron en gastos procesales, toda vez
que estuvieron representadas por apoderados judiciales durante el proceso.

69.
Concluyó que el proceso no versaba sobre un asunto de interés público, sino
sobre una pretensión de carácter patrimonial, y que las pretensiones de la parte
actora fueron desestimadas en su totalidad. Además, constató que las entidades
demandadas actuaron por medio de apoderados judiciales, quienes contestaron la
demanda y presentaron alegatos de conclusión, circunstancias que, a su juicio,
acreditaban la causación de agencias en derecho. En consecuencia, el Tribunal
revocó la decisión de primera instancia y condenó en costas a la parte demandante,
al cumplirse los presupuestos legales previstos en el CPACA y el CGP.

70.
En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 29 de enero de
2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta no incurrió en el defecto
sustantivo alegado, pues resolvió la controversia con apoyo en las disposiciones
que consideró aplicables al caso, concretamente los artículos 188 del CPACA y 365
del CGP, y expuso de manera expresa las razones por las cuales estimó
improcedente la aplicación de la Ley 2080 de 2021 al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la accionante.

71.
Así las cosas, es posible advertir que la sentencia objeto de tutela contiene
una interpretación jurídica razonada y debidamente motivada, en un ejercicio
autónomo desarrollado por la autoridad judicial accionada, de modo que el
cuestionamiento planteado en sede de tutela refleja una discrepancia frente al
criterio hermenéutico adoptado por el juez natural y no la existencia de una
actuación arbitraria o abiertamente contraria al ordenamiento jurídico.

72.
Aunado a lo anterior, conviene mencionar, que tampoco se advierte la
configuración del defecto por desconocimiento del precedente, toda vez que la
accionante no acreditó la existencia de una regla jurisprudencial vinculante, clara y
plenamente aplicable al supuesto bajo examen que hubiera sido desconocida por el
Tribunal accionado.

73.
Contrario a lo expuesto por la parte tutelante, la autoridad judicial justificó la
imposición de costas a partir de las normas procesales que regulan la materia y de
las circunstancias concretas del proceso, particularmente la condición de parte
vencida de la demandante y la causación de gastos procesales acreditados en el
expediente. En ese contexto, la decisión se mantiene dentro del ámbito de
autonomía e independencia judicial propio de la función jurisdiccional y, por ende,
no comporta vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados.

74.
Al respecto, conviene precisar que, si bien algunas Secciones de esta
corporación, incluida la Sala que ahora decide el asunto36, han sostenido que la
condena en costas debe analizarse desde una perspectiva subjetiva o valorativa,

36
Al respecto, ver sentencias dictadas en los expedientes con radicado núm. 50001-23-33-000-2019-00438-01 (0280-2023)
M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar y 25000-23-42-000-2021-00463-02 (0373-2025) M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
También se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de marzo de 2026, radicado
núm. 11001-03-15-000-2026-01032-00 (1608).
15

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que exige verificar la existencia de una conducta temeraria o de mala fe de la parte
vencida, dicho entendimiento no constituye una postura uniforme al interior de la
jurisdicción. Por el contrario, en torno a esta materia concurren diversas
interpretaciones jurisprudenciales respecto de los criterios que deben orientar la
imposición de costas, circunstancia que evidencia la ausencia de un criterio unívoco
sobre el particular.

75.
En consecuencia, la decisión adoptada por la autoridad accionada, al acoger
una interpretación distinta sobre la procedencia de dicha condena, no constituye un
apartamiento injustificado de un precedente vinculante, pues, como se explicó en
líneas anteriores, no existe un criterio jurisprudencial unificado sobre la materia,
máxime cuando expuso las razones jurídicas que sustentaron su determinación.

76.
Bajo esas condiciones, la discrepancia de la accionante con la interpretación
acogida por la autoridad accionada no configura, por sí sola, el defecto por
desconocimiento del precedente.

77.
En ese contexto, no se advierte que el razonamiento de la autoridad judicial
accionada haya implicado una interpretación sesgada de la normativa aplicable
respecto de la condena en costas, por lo cual no puede calificarse como arbitraria o
caprichosa, ni configura un defecto que habilite la intervención del juez
constitucional.

78.
Es pertinente mencionar que la acción de tutela no fue diseñada como un
mecanismo para unificar criterios judiciales, sino como un instrumento preferente y
sumario para la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando estos
resulten vulnerados o amenazados.

79.
Así las cosas, para la Sala no es recibo que la parte actora pretenda hacer uso
de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.

4. Conclusión

80.
El Tribunal Administrativo del Meta, en la sentencia del 29 de enero de 2026, no
incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, que exija la
intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo
invocada por la accionante.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Falla:

Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Educación Nacional, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por la señora Samara Alexis Bernal
Barbosa contra el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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