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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06247-00

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06247-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Olber Fernando Navarro García, quien actúa por conducto de apoderado, contra la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-06247-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06247-00
Accionante: OLBER FERNANDO NAVARRO GARCÍA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN D
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia, a la
igualdad, al mínimo vital, al trabajo y a la especial protección constitucional /
IMPROCEDENCIA – por existir medio de defensa judicial alternativo a la acción de tutela.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por el señor Olber Fernando Navarro García, quien actúa por conducto de
apoderado, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución
Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 6 de agosto de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso efectivo a la administración de justicia, a la igualdad, al mínimo vital, al
trabajo y a la “especial protección constitucional”2.

Hechos relevantes

2. El señor Olber Fernando Navarro García promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá (SDDE), con el fin de obtener la nulidad
de la Resolución núm. 764 del 14 de diciembre de 2021, por medio de la cual se
declaró la terminación de su nombramiento en provisionalidad como profesional
universitario código 219, grado 18 de la Subdirección Administrativa y Financiera de
dicha entidad.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la SDDE su
reintegro al cargo que venía desempeñando o a otro empleo de superior categoría,
así como el reconocimiento y pago de todas las sumas correspondientes a sueldos,

1 Que ingresó para fallo el 24 de agosto de 2026.
2 Folios 1 y 2 del escrito de tutela.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06247-00
Accionante: Olber Fernando Navarro García
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

primas, bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir,
inherentes a su cargo, con efectividad de la terminación del nombramiento en
provisionalidad, hasta cuando fuese reincorporado al servicio, incluyendo el valor
de los aumentos que se hubieren decretado con posterioridad a la declaratoria de
la terminación del nombramiento provisional.

4. El asunto correspondió al Juzgado Sesenta y Siete (67) Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá que, por medio de sentencia del 19 de diciembre de
2025, negó las pretensiones de la demanda.

5. En criterio del a quo, el acto administrativo acusado se encontraba debidamente
motivado y no adolecía de vicios de nulidad. Ello, en razón a que la desvinculación
del demandante obedeció a la existencia de una causal objetiva, esto es, la
realización de un concurso de méritos realizado por la Comisión Nacional del
Servicio Civil para proveer los cargos que se encontraban en provisionalidad, en el
entendido de que dicho empleo fue provisto en carrera administrativa por quien
ocupó el lugar número uno en la lista de elegibles conformada para el efecto.

6. Inconforme con la decisión precitada, la parte actora interpuso recurso de
apelación. Señaló que lo pretendido con la demanda era la protección de su derecho
a la estabilidad laboral reforzada, puesto que tiene una hija menor que fue
diagnosticada con trisomía 21.

7. El conocimiento de la segunda instancia fue asignado a la Subsección D de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, a través de
sentencia del 4 de junio de 20263, resolvió:

“PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2025
por el Juzgado Sesenta y Siete (67) Administrativo Oral del Circuito de
Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del artículo cuarto de la Resolución
No. 764 de 202138, por medio del cual se da por terminado el nombramiento
provisional del señor Olber Fernando Navarro García.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se CONDENA al Distrito Capital - Secretaría
Distrital De Desarrollo Económico que, en el término de quince (15) días
contados a partir la notificación de esta decisión, determine si existen
vacantes disponibles en un cargo que ofrezca condiciones iguales o mejores
a las del empleo que desempeñaba el demandante antes de la
desvinculación, para el cual cumpla con los requisitos mínimos, teniendo en
cuenta lo siguiente:

• Si a la fecha de la sentencia existen vacantes en un cargo igual o similar
categoría al que desempeñaba el actor, en la ciudad de Bogotá, se ordena
el reintegro.

• ADVERTIR que dicha vinculación se prolongará hasta tanto el cargo que
llegue a ocupar sea provisto en propiedad mediante el sistema de carrera
por nombramiento del funcionario que conforma la lista de elegibles o su

3 Se advierte que, a pesar de que en el encabezado de la providencia acusada se señala como fecha
de esta el 4 de junio de 2025, lo cierto es que, de la revisión del expediente digital en Samai, se
establece que se profirió efectivamente el 4 de junio de 2026.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06247-00
Accionante: Olber Fernando Navarro García
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia
constitucional.

En caso que no existan vacantes disponibles, no habrá lugar al reintegro.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. […]”4.

8. Como fundamento de su decisión, el ad quem adoptó “los remedios que para este
tipo de controversias ha dispuesto la Corte Constitucional, precisando que se
ordenará el reintegro de manera condicionada, como quiera que está probado que
el cargo que desempeñaba el actor fue ocupado por la persona que superó el
concurso de méritos para ese empleo y, porque la demandada al contestar el
requerimiento que se hizo en primera instancia informó que, para la fecha en que
fue desvinculado el actor no había cargos vacantes correspondientes al nivel de
profesional universitario código 219 grado 18 en los cuales pudiera haber sido
reubicado”5.

Pretensiones

9. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):

“PRIMERO. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso efectivo a la administración de justicia, a la igualdad, al mínimo vital
y a la especial protección constitucional del señor Olber Fernando Navarro
García y de su núcleo familiar.

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS el numeral CUARTO de la parte
resolutiva de la Sentencia N.º 0127 del 4 de junio de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
‘D’, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
11001-33-35-029-2022-00209-01, únicamente en cuanto negó, sin
motivación alguna, las pretensiones 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª y 7.ª de la demanda.

TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección ‘D’, que, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación del fallo de tutela, profiera sentencia
complementaria en la que resuelva de fondo, con la debida motivación
fáctica, probatoria y jurídica, las pretensiones 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª y 7.ª de la
demanda, reconociendo y ordenando el pago de lo pedido en dichas
pretensiones, esto es: el pago de la totalidad de los sueldos, primas,
bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir por el
señor Navarro García desde su desvinculación; la indexación de dicha
condena; la declaratoria de inexistencia de solución de continuidad; el
reconocimiento de los intereses moratorios en caso de no pago oportuno; y
la condena en costas, en los términos en que fueron formuladas en la
demanda.

CUARTO. SUBSIDIARIAMENTE, en el evento de que se considere que no
procede impartir la orden anterior, se solicita que el Consejo de Estado,
actuando como juez constitucional, ordene directamente el pago de las
sumas correspondientes a las pretensiones 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª y 7.ª de la
demanda, en los términos en que fueron formuladas.

4 Folios 83 y 84. Archivo “003_3_DemandaWeb_Anexos_ANEXOSTUTELAOLBER”.
5 Folio 82 ibid.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06247-00
Accionante: Olber Fernando Navarro García
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

QUINTO. VINCULAR al presente trámite al Juzgado Sesenta y Siete (67)
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y a la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico – SDDE, para que, en su condición de terceros con
interés, ejerzan su derecho de defensa y contradicción.

SEXTO. NOTIFICAR la presente decisión en los términos del Decreto 2591
de 1991 y remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión”6.

Fundamentos de la demanda de tutela

10. La parte demandante sostiene que la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la expedición de la sentencia del 4
de junio 2026, incurrió en una decisión sin motivación, puesto que se apartó de la
consecuencia indemnizatoria que devenía de la declaratoria de nulidad de la
Resolución núm. 764 de 2021. Aduce que la decisión atacada se limitó a analizar la
procedencia del reintegro condicionado y la vulneración de la estabilidad laboral
relativa, sin retomar en ningún aparte la pregunta que ella misma había planteado
sobre las consecuencias económicas de la desvinculación irregular.

11. Asimismo, alega un desconocimiento del precedente fijado por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-917 de 2010, SU-691 de 2011 y SU-556 de
2014. Frente a ello, expone que “el Tribunal accionado declaró la nulidad parcial del
acto de desvinculación y advirtió expresamente que el reintegro solo procedería ‘si
a la fecha de la sentencia existen vacantes’, dejando abierta y expresamente
contemplada la posibilidad de que ‘no habrá lugar al reintegro’. Sin embargo, para
ese preciso escenario -que la propia sentencia reconoce como posible-, el Tribunal
omitió en su integridad fijar la consecuencia indemnizatoria ordenada por la
Sentencia SU-556 de 2014, dejando al accionante, en el evento de no existir
vacantes, sin ningún restablecimiento patrimonial derivado de la desvinculación que
la misma providencia calificó como constitutiva de la vulneración de sus derechos
fundamentales”7.

12. Finalmente, manifiesta una violación del artículo 187 del CPACA y del principio
de congruencia. Indica que, si el Tribunal sí incluyó un pronunciamiento formal sobre
las pretensiones económicas, dichas consideraciones resultan materialmente
equivalentes a una omisión, en tanto no permitieron identificar los fundamentos que
lo sustentan.

Trámite procesal

13. Mediante auto del 11 de agosto de 20268, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionada y al
Juzgado Sesenta y Siete (67) Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, a la
Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
de Bogotá D. C., al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del proceso

6 Folios 4 y 5 del escrito de tutela. Índice 2 de Samai.
7 Folio 8 del escrito de tutela.
8 Índice 5 de Samai.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06247-00
Accionante: Olber Fernando Navarro García
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 11001-33-35-029-
2022-00209-00/01 como terceros con interés, para que rindieran informe.

14. Asimismo, vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para
que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.

Intervenciones

15. El Juzgado Sesenta y Siete (67) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá realizó un recuento de las actuaciones adelantadas en el curso del proceso
ordinario y aportó el enlace de acceso al expediente contentivo del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 11001-33-35-029-2022-
00209-00.

16. La magistrada Alba Lucía Becerra Avella, como integrante de la Subsección
D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, señaló
que en el presente asunto no se satisfacen los requisitos generales de procedencia
de la tutela contra providencia judicial, específicamente el de relevancia
constitucional. Indicó que, de los argumentos señalados en el escrito de tutela, lo
que se evidencia es que el tutelante hace uso de este mecanismo con el propósito
de reabrir la discusión legal y probatoria, que ya fue objeto de decisión por el juez
natural de la causa.

17. De igual modo, indicó que en el caso bajo estudio no se observa “la
configuración de ninguno de los defectos -presupuestos especiales de procedencia,
en cuanto fue proferida por i) funcionarios competentes, ii) con acatamiento al
procedimiento establecido para esta clase de actuaciones, iii) aplicando el supuesto
legal que sirvió de fundamento a la decisión, de acuerdo al acervo probatorio
allegado al expediente, iv) sin que se presente contradicción entre los fundamentos
de la decisión y la parte resolutiva de la misma, v) no se está frente a un error
inducido, vi) la decisión fue ampliamente motivada con fundamentos de hecho y de
derecho y vii) no se presentó desconocimiento del precedente constitucional”9.

18. Precisó acerca de la importancia que el sistema constitucional colombiano le
atribuye a la carrera administrativa basada en el mérito y expuso que el trato
preferencial no implica un derecho a permanecer de forma indefinida en un cargo
provisional al ostentar una estabilidad laboral intermedia o relativa. Pues, su
vinculación se prolonga hasta que los cargos sean provistos en propiedad mediante
el sistema de carrera o su desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la
jurisprudencia constitucional.

19. La Secretaría de la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca allegó el enlace de acceso al expediente
contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
núm. 11001-33-35-029-2022-00209-01.

9 Folio 9. Archivo “015_15_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-contestacion202606”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06247-00
Accionante: Olber Fernando Navarro García
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

20. La Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. – Distrito Capital de Bogotá, la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá D. C. y el Ministerio
Público guardaron silencio, pese a haber sido notificados en debida forma.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

22. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos generales de procedibilidad, en particular el de
subsidiariedad, al existir mecanismos ordinarios de defensa idóneos para obtener
las pretensiones que se persiguen en el presente asunto?

23. De resultar afirmativa la respuesta al anterior interrogante, se resolverá ¿si la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
con la expedición de la sentencia del 4 de junio de 2026, incurrió en una decisión
sin motivación y en un desconocimiento del precedente y, por consiguiente, en la
vulneración de derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la
administración de justicia, a la igualdad, al mínimo vital, al trabajo y a la “especial
protección constitucional” de la parte accionante?

24. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) el principio de subsidiariedad y la
procedencia excepcional de la acción de tutela; y (iii) el caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

25. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o de los
particulares en los casos que señale la ley.

26. En ese sentido, el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”, prevé:

“Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela
procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06247-00
Accionante: Olber Fernando Navarro García
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la
acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto
jurídico escrito”10.

27. Frente a esto, la Corte Constitucional ha establecido:

“[…]para que proceda la acción de tutela en un asunto determinado, se
requiere que existan elementos objetivos de los cuales se pueda inferir
una amenaza o vulneración cierta de derechos fundamentales, bien sea por
una acción o una omisión de las autoridades públicas y,
excepcionalmente, de los particulares.

Así las cosas, quien acuda a la acción de tutela en procura de obtener la
protección de los derechos fundamentales que considera conculcados,
debe, como cuestión inicial, acreditar, siquiera sumariamente, el hecho
vulnerador, es decir, la amenaza o afectación directa del bien jurídico
susceptible de amparo.

Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en
señalar que, ‘la acción de tutela procede, cuando se pruebe que se
amenazan o vulneran los derechos fundamentales de una persona por parte
de autoridades públicas o los particulares, y adicionalmente no existe un
mecanismo judicial de protección de los mismos, idóneo para tal efecto’11(se
destaca)12.

Del principio de subsidiariedad. Procedencia excepcional de la acción de
tutela

28. El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.° del Decreto 2591 de
1991 establecen que la acción de tutela es procedente cuando no exista un medio
de defensa judicial eficaz que permita resolver el asunto sometido a consideración
del juez o, en los casos en los que, pese a contar el accionante con una herramienta
idónea, se esté frente a la inminencia de un perjuicio irremediable en los términos
de la jurisprudencia constitucional.

29. En la sentencia SU-355 de 2015, la Corte Constitucional precisó su posición
frente al requisito de subsidiariedad y señaló que este principio se rige por las reglas
de exclusión de procedencia y de procedencia transitoria. Así, estableció que (i) es
improcedente cuando existen medios de defensa judicial idóneos y eficaces para
resolver el problema jurídico y no se evidencia riesgo de un perjuicio irremediable;
(ii) procede de manera definitiva cuando no existen tales mecanismos; y, (iii) de
forma excepcional, es procedente de manera transitoria cuando, aun existiendo
medios judiciales adecuados, se advierte la posibilidad de un perjuicio irremediable
que haga necesaria la protección inmediata de los derechos fundamentales del
accionante.

30. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que,
cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, se admite
excepcionalmente la tutela y es tarea del operador jurídico realizar un examen
flexible de procedibilidad de la acción. Así, ha sostenido la Corte:

10 Art. 5. Decreto 2591 de 1991.
11 Original de la Cita: “Ver Sentencia T-313 del 7 de abril de 2008, M.P Rodrigo Escobar Gil”.
12 T-346-10.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06247-00
Accionante: Olber Fernando Navarro García
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

“[…] 46. En sentencia SU-588 de 2019, esta Corte reiteró su postura
respecto del requisito de subsidiariedad y estableció que este principio
responde a las reglas de (i) exclusión de procedencia y (ii) procedencia
transitoria.

47. En otras palabras, (i) si existe un medio de defensa idóneo y eficaz para
resolver el problema jurídico y no hay riesgo de que se configure un perjuicio
irremediable, la acción de tutela es improcedente; (ii) cuando no existen
mecanismos de defensa idóneos y eficaces para resolver el asunto puesto
a consideración del juez constitucional, la tutela será procedente de manera
definitiva; y (iii) de manera excepcional, cuando la persona disponga de
medios de defensa idóneos y eficaces, pero exista riesgo de configuración
de un perjuicio irremediable, el amparo será procedente de manera
transitoria con el fin de proteger los derechos fundamentales del
accionante”.13

Caso concreto

31. En el caso objeto de estudio, la parte accionante solicita que se deje sin efectos
el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del 4 de junio de 2026,
proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado núm. 11001-33-35-029-2022-00209-01. En consecuencia, pretende que
se ordene a la SDDE el reconocimiento y pago de las sumas correspondientes a los
salarios, primas, bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos dejados de
percibir, derivados del cargo que desempeñaba y respecto del cual se dispuso su
reintegro.

32. En ese orden de ideas, en primer lugar, la Sala examinará la legitimación en la
causa y, en segundo lugar, verificará si en el presente trámite constitucional se
cumplen las causales generales de procedibilidad de la acción de tutela, en
particular, el requisito de subsidiariedad.

De la legitimación en la causa por activa y pasiva

33. El señor Olber Fernando Navarro García cuenta con legitimación en la causa
por activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya
vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona directamente afectada
por la presunta vulneración en que incurrió la autoridad judicial accionada.

34. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra la Subsección
D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad a
la cual se le atribuye la transgresión de los derechos fundamentales reclamados por
la parte demandante.

35. Asimismo, se mantendrá la vinculación del Juzgado Sesenta y Siete (67)
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. -
Distrito Capital de Bogotá, de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de

13 Corte Constitucional. Sentencia T-095 de 2022.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06247-00
Accionante: Olber Fernando Navarro García
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

Bogotá D.C. y del Ministerio Público por ser terceros con interés en las resultas del
proceso, en razón a las actuaciones adelantadas dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 11001-33-35-029-2022-
00209-00/01.

Del requisito de subsidiariedad

36. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto se incumple con el requisito general de procedibilidad
de subsidiariedad.

37. La Sala advierte que la inconformidad planteada por el accionante se funda en
que la sentencia de 4 de junio de 2026 no resolvió de manera suficiente las
consecuencias económicas derivadas de la declaración de nulidad parcial del acto
de desvinculación. No obstante, antes de acudir al juez constitucional, la parte
actora debía poner esa presunta deficiencia en conocimiento de la misma autoridad
judicial que profirió la providencia, mediante los mecanismos procesales previstos
para corregir o complementar la decisión, en desarrollo del carácter residual y
subsidiario de la acción de tutela.

38. Sobre el particular, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente,
se advierte que la parte accionante no interpuso solicitud de adición frente a la
sentencia del 4 de junio de 2026, proferida por la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Dicho mecanismo,
contemplado en el artículo 28714 del CGP, aplicable por remisión expresa del
artículo 306 del CPACA, constituía un medio idóneo y efectivo de defensa, a través
del cual el demandante podía plantear ante el juez de lo contencioso administrativo
los argumentos que ahora presenta en sede constitucional.

39. En efecto, esta Sala resalta que la solicitud de adición procede, precisamente,
cuando la sentencia incurre en una omisión que impide que el pronunciamiento
judicial comprenda integralmente los asuntos que debían ser objeto de decisión. En
concreto, resulta procedente en dos supuestos: (i) cuando se omite resolver alguno
de los extremos de la litis y (ii) cuando se deja de decidir sobre cualquier otro punto
que, de conformidad con la ley, debía ser objeto de consideración.

40. En el caso bajo estudio, la inconformidad de la parte actora se sustenta en que
la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, pese a disponer su reintegro ante la SDDE, no se pronunció sobre
las consecuencias económicas que se derivaban de dicha determinación,

14 “Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la

litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento,
deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a
solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte
perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la
de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte
presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá
recurrirse también la providencia principal”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06247-00
Accionante: Olber Fernando Navarro García
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

específicamente, respecto del reconocimiento y pago de los emolumentos dejados
de percibir durante el período correspondiente. Así, la omisión alegada no recae
sobre un asunto ajeno al objeto del proceso, sino sobre un aspecto directamente
vinculado con una de las que, según el actor, son consecuencias jurídicas de la
decisión adoptada por el Tribunal. De hecho, independientemente de la
denominación que el accionante otorgue al defecto alegado, lo cierto es que su
reparo estaba encaminado a obtener un pronunciamiento judicial adicional o
complementario respecto de asuntos que estimaba insuficientemente resueltos en
la sentencia. Por tanto, esta Sala considera que el supuesto planteado se enmarca
en las causales que habilitan la solicitud de adición de la sentencia, en tanto se
cuestiona la presunta falta de pronunciamiento sobre un punto que, según se alega,
debía ser resuelto de manera expresa en la providencia.

41. La circunstancia de que el accionante catalogue el defecto como una “decisión
sin motivación” no releva el deber de agotar previamente los mecanismos ordinarios
de corrección o complementación de la providencia, pues la procedencia de la tutela
no depende de la denominación otorgada al reproche, sino de la existencia de
medios judiciales aptos para controvertirlo.

42. Por lo anterior, no resulta jurídicamente viable que el juez constitucional emita
un pronunciamiento de fondo sobre lo solicitado, en la medida en que la parte
accionante no hizo uso de los medios de defensa idóneos y eficaces previstos en el
ordenamiento jurídico vigente. En efecto, las pretensiones que se formulan en sede
de tutela eran susceptibles de ser planteadas ante el juez de lo contencioso
administrativo, autoridad competente para conocer y resolver este tipo de
controversias, lo cual impide que la acción constitucional sea utilizada como un
mecanismo alternativo o sustitutivo de las acciones ordinarias existentes.

43. Así las cosas, resulta necesario reconocer que la causal de improcedencia de
la acción consistente en la existencia de otros medios de defensa tiene el propósito
de respetar la división de competencias que la Constitución Política ha delineado y
el principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto, invadir la órbita de
competencia del juez natural de la causa implica desconocer el encargo
constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada,
función para la cual fueron revestidos de autonomía e independencia.

44. Conjuntamente, en el presente caso no se configura un perjuicio irremediable 15
que habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela, pues la parte
accionante disponía de otros medios judiciales idóneos y eficaces para la protección
de los derechos que considera vulnerados. En consecuencia, la acción de tutela no
puede sustituir los mecanismos previstos para tal fin, sin que ello implique una
afectación actual o definitiva de los derechos fundamentales invocados.

15 Las características del perjuicio irremediable se concretan en un riesgo “(i) inminente, es decir, que

la lesión o afectación al derecho está por ocurrir; (ii) grave, esto es, que el daño del bien jurídico
debe ser de una gran intensidad; (iii) urgente, en tanto que las medidas para conjurar la violación o
amenaza del derecho se requieren con rapidez; e (iv) impostergable, porque se busca el
restablecimiento de forma inmediata”, Corte Constitucional, Sentencia T-350 e 2025.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06247-00
Accionante: Olber Fernando Navarro García
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

45. Así, del análisis de las circunstancias fácticas del caso no se advierte la
configuración de un riesgo inminente, puesto que, si bien el accionante afirma que
es padre cabeza de familia y que tiene una hija en condición de discapacidad, en la
sentencia del 4 de junio de 2026, la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la SDDE su reintegro a un cargo
que ofrezca condiciones iguales o mejores a las del empleo que desempeñaba el
demandante antes de la desvinculación. Por lo anterior, no se advierte un riesgo
actual que permita concluir la configuración de un perjuicio irremediable respecto de
tales derechos.

46. Tampoco se acredita un daño grave, en la medida en que la controversia tiene
un contenido legal y económico. De igual forma, no se evidencia una situación de
urgencia, pues lo pretendido en sede constitucional podía ser solicitado y resuelto
dentro de los trámites judiciales correspondientes, como la solicitud de adición; ni
se configura una condición impostergable, ya que la parte accionante no demostró
que la espera derivada del agotamiento de dichos medios le ocasionara un perjuicio
definitivo o irreversible que hiciera necesaria la intervención inmediata del juez
constitucional.

47. En este orden de ideas, por no cumplirse con el requisito de subsidiariedad, se
declarará improcedente la acción de tutela presentada por el señor Olber Fernando
Navarro García, quien actúa por conducto de apoderado, contra la Subsección D de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Olber Fernando Navarro García, quien actúa por conducto de apoderado,
contra la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06247-00
Accionante: Olber Fernando Navarro García
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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