Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06251-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06251-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-06251-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06251-00
Accionante: LADY PATRICIA BOHÓRQUEZ CUEVAS
Accionados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial — declara improcedencia
por falta de inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Consejo de Estado, Sección Primera,
y el Tribunal Administrativo de Casanare. Lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de
2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el
Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 12 de agosto de 2026 se admitió la solicitud de amparo de la
referencia2.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El 10 de agosto de 20263, la señora Lady Patricia Bohórquez Cuevas,
actuando mediante apoderado4, interpuso acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Primera y el Tribunal Administrativo de Casanare. Con la
solicitud de amparo, pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la participación
política, a elegir y ser elegido y a la «legalidad sancionatoria».
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 004 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se tuvo como accionados al
Consejo de Estado, Sección Primera y al Tribunal Administrativo de Casanare. También se
dispuso la vinculación como terceros con interés a la Asamblea Departamental de Casanare, al
Ministerio Público, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral, al
señor Camilo Andrés Delgado Garzón y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
esta última en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
3 Índice 001 y 002 de Samai.
4 Índice 002 de Samai. La señora Lady Patricia Bohorquez Cuevasle le otorgó poder al abogado
Efrén Antonio Hernández Díaz para presentar acción de tutela en contra del Consejo de Estado,
Sección Primera y del Tribunal Administrativo de Casanare.
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2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de la sentencia proferida el 18 de marzo de 2021 por la Sección Primera
del Consejo de Estado. Mediante dicha decisión confirmó el fallo del 13 de marzo
de 2020 dictado por el Tribunal Administrativo de Casanare, que declaró
configurada la causal prevista en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de
2000, al interior del proceso de pérdida de investidura con radicado 85001-23-
33-000-2020-00016-00/01/02.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales de mi poderdante al
debido proceso, a la legalidad sancionatoria, al acceso a la administración
de justicia y a la participación política.
SEGUNDA. Dejar sin efectos la sentencia de 18 de marzo de 2021, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Primera, dentro del proceso de pérdida
de investidura con radicación 85001-23-33-000-2020-00016-02 (PI).
TERCERA. Ordenar a la Sección Primera del Consejo de Estado proferir una
nueva decisión en la que examine expresamente la incidencia de las
sentencias del proceso de nulidad electoral con radicación 85001-23-33-000-
2020-00024-00 y 85001-23-33-000-2020-00024-01 sobre los elementos
objetivo y subjetivo de la causal de conflicto de intereses que sustentó la
sanción.
CUARTA, SUBSIDIARIA. En caso de considerarse necesario para el
restablecimiento de los derechos invocados, dejar sin efectos igualmente la
sentencia de 13 de marzo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo
de Casanare dentro del mismo proceso, radicación 85001-23-33-000-2020-
00016-00.
QUINTA. Ordenar que la sentencia de tutela se comunique a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y a las demás
autoridades competentes, para que adopten las decisiones administrativas y
electorales que se deriven de lo que resuelva la Sección Primera del Consejo
de Estado al proferir la nueva decisión.
SEXTA. Adoptar las demás medidas necesarias para garantizar la protección
efectiva de los derechos fundamentales vulnerados5».
1.2. Hechos
4. La señora Lady Patricia Bohórquez Cuevas fue elegida diputada de la
asamblea departamental de Casanare para el periodo constitucional 2020-2023
por el Partido Liberal colombiano.
5. A pesar de la advertencia que se hizo por parte de los diputados Zoraida
Barreto y Carlos Fredy Mejía en la sesión ordinaria No. 3 de 7 de enero de 2020
sobre la existencia de un posible conflicto de interés, la accionada participó y votó
en la elección de la señora Carmen Lucía Bernal Niño como contralora
5 Transcripción del escrito de tutela que puede contener errores.
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departamental de Casanare, bajo la modalidad de encargo, aunque para esa
fecha se encontraban en trámite dos procesos de responsabilidad fiscal en su
contra6 y no obstante que, en relación con uno de ellos, había sido notificada
personalmente según constancia de fecha de 31 de octubre de 2017.
6. En sesión de 21 de enero de 2020, la señora Bohórquez negó la
recusación presentada por el ciudadano Gonzalo Cubides Buitrago, en su calidad
de participante en el proceso de convocatoria de la elección del contralor,
invocando para tales efectos la aplicación de lo dispuesto en el artículo 1° de la
Ley 2003 de 20197.
7. El ciudadano Camilo Andrés Delgado Garzón presentó demanda de
pérdida de investidura contra la señora Lady Patricia Bohórquez Cuevas, como
diputada de la asamblea departamental de Casanare para el periodo
constitucional 2020-2023, por considerar que incurrió en la causal prevista en el
numeral 1 del artículo 488 de la Ley 617 de 20009 en concordancia con el artículo
209 de la Ordenanza 017 de 201810 del departamento de Casanare. Esto es, por
haber violado el régimen de conflicto de intereses, al haber participado en la
elección de la contralora departamental, en la modalidad de encargo, sin haberse
declarado impedida, ya que para esa fecha existían dos procesos de
responsabilidad fiscal en su contra.
8. Mediante sentencia del 13 de marzo de 2020, el Tribunal Administrativo
de Casanare accedió a las pretensiones de la demanda y decretó la pérdida de
investidura como diputada de la asamblea departamental de Casanare para el
periodo constitucional 2020-2023 a la señora Lady Patricia Bohórquez Cuevas,
por cuanto encontró acreditados los presupuestos objetivos exigidos
jurisprudencialmente para la configuración de la violación al régimen del conflicto
de intereses.
9. Lo anterior, toda vez que acreditó que (i) la diputada, para la fecha en que
participó en la selección de la contralora departamental encargada conocía de la
existencia de un proceso de responsabilidad fiscal en su contra, (ii) el contralor
departamental, independientemente de que ostente el cargo en propiedad o en
6 En sentencia de segunda instancia del 18 de marzo de 2021 dentro del proceso de pérdida de
investidura con radicado 85001-2333-000-2020-00016-00/01/02 se encontró acreditado que la
contraloría departamental de Casanare certificó que la acusada tenía activos dos (2) procesos de
responsabilidad fiscal, mediante respuesta al derecho de petición de 27 de diciembre de 2019.
7 «Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones».
8 «ARTÍCULO 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de
miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales
y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: 1. Por violación del
régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de
condiciones a las de la ciudadanía en general […]»
9 «Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras
normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización
del gasto público nacional».
10 «Por la cual se establece el Reglamento Interno de la Asamblea Departamental de Casanare».
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encargo, era el funcionario competente para conocer los juicios de
responsabilidad en segunda instancia o el grado de consulta, según lo dispone
la Ley 610 de 2000, (iii) teniendo pleno conocimiento de que se estaba
adelantando un proceso en el cual se ventilaba un asunto patrimonial y de
derecho en su contra, debió manifestar de manera oportuna su impedimento, y
al no hacerlo «realizó un acto contrario al interés general pues una persona no
puede intervenir en la selección de sus propios jueces fiscales, contraviniendo no
solo el orden legal sino los principios democráticos y la necesaria imparcialidad».
10. Sobre el elemento subjetivo el Tribunal Administrativo de Casanare señaló
que la accionada actuó con dolo pues, a pesar de que tenía pleno conocimiento
de la existencia de un proceso de responsabilidad fiscal en su contra del cual
había sido vinculada formalmente, lo cierto es que no se declaró impedida como
era su deber legal, por lo que, en su criterio, quedó probado el conocimiento y
voluntad de la señora Bohórquez de transgredir el deber legal previsto en el
ordenamiento jurídico.
11. En virtud de recurso de apelación interpuesto por la señora Bohórquez, el
Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 18 de marzo de
2021 confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare,
tras encontrar probado: (i) que la señora Bohórquez ostentó la investidura de
diputada de la asamblea departamental de Casanare para el periodo 2020-2023,
(ii) que resulta claro que incurre en la causal de pérdida de investidura quien
participa en la elección de un contralor departamental que asumiría sus funciones
bajo la modalidad de encargo, cuando al mismo tiempo existe una investigación
en su contra en la cual se profirió y notificó auto de apertura de investigación
fiscal; (iii) que Lady Patricia Bohórquez Cuevas participó en la elección de la
contralora departamental encargada que se llevó a cabo el 7 de enero de 2020 y
que en esa fecha cursaba el proceso de responsabilidad fiscal con radicado 1872
de 2017 en su contra ante la contraloría departamental de Casanare del cual
tenía pleno conocimiento.
12. De esta manera concluyó que resultaba evidente que a la diputada
Bohórquez le asistía un interés directo, particular y actual en participar en la
elección de la contralora departamental encargada, razón por la cual tenía el
deber de manifestar su impedimento por dicha circunstancia, a pesar de lo cual
participó en la votación en la cual se eligió a la señora Carmen Lucía Bernal Niño
como contralora departamental encargada.
13. Así mismo, señaló que se encontró demostrado que la señora Bohórquez,
en calidad de diputada, actuó dolosamente, en tanto que de manera voluntaria,
consciente y deliberada participó en la elección de la funcionaria que asumiría
como contralora departamental, bajo la modalidad de encargo, a sabiendas de
que para ese momento existía un proceso de responsabilidad fiscal que
adelantaba dicho ente de control en su contra.
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14. Por otro lado, se tiene que, mediante sentencia del 21 de enero de 2021,
en proceso de nulidad electoral con radicado 85001-23-33-000-2020-00024-
00/01, el Consejo de Estado, Sección Quinta, confirmó la sentencia de 22 de
octubre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare que declaró
la nulidad del acto de elección de la señora Carmen Lucía Bernal como contralora
departamental de Casanare encargada. Se debe advertir que en dicho proceso
fungió como extremo activo el ciudadano Robinson Luna Parra y como extremo
pasivo la ya mencionada señora Carmen Lucía Bernal Niño.
1.3. Sustento de la vulneración
15. La accionante alegó que existe una contradicción objetiva y verificable
sobre dos decisiones judiciales definitivas sobre una misma actuación, a saber,
la sentencia de 18 de marzo de 2021 proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado en el proceso de pérdida de investidura y el fallo de 21 de
enero de 2021 dictado por la Sección Quinta en el medio de control de nulidad
electoral.
16. Según la accionante, la primera decisión edificó la sanción de pérdida de
investidura sobre el supuesto de una competencia válida de la asamblea de
realizar la elección de la contralora departamental de Casanare en encargo;
mientras que la Sección Quinta confirmó la nulidad de la resolución por medio de
la cual se nombró en encargo a la señora Carmen Lucía Bernal como contralora
departamental, tras considerar que dicha corporación pública no tenía dicha
competencia, por tratarse de una situación reglada por el artículo 5 de la Ley 330
de 1996.
17. Al respecto, la actora hizo énfasis en que la providencia del proceso de
nulidad electoral quedó ejecutoriada antes de la decisión definitiva del proceso
sancionatorio. En tal virtud, estimó que desapareció el sustento que dio lugar a
que se decretara su pérdida de investidura.
18. Agregó que esa contradicción compromete el debido proceso en sus
garantías de tipicidad, legalidad sancionatoria y culpabilidad, así como el núcleo
esencial de sus derechos políticos, pues la sanción que se mantiene es de
efectos vitalicios.
19. Señaló que la acción es procedente pese al tiempo transcurrido porque su
fundamento surgió con posterioridad a las decisiones atacadas y solo fue
conocido efectivamente el 23 de julio de 2026 mediante prueba documental
porque existió una imposibilidad fáctica y jurídica de invocarla antes y porque la
vulneración es actual y continua.
1.4. Intervenciones
20. El Consejo de Estado, Sección Primera solicitó: (i) declarar
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improcedente la acción de tutela por no cumplir con los requisitos generales de
inmediatez, de identificación razonable de los hechos, conforme a lo previsto en
el literal e) de la sentencia C-590 de 2005, y de relevancia constitucional, (ii)
declarar configurada la cosa juzgada constitucional parcial en relación con la
acción de tutela con radicación 11001-03-15-000-2021-05132-00/01, y (iii) en
caso de efectuarse el análisis de fondo, negar las pretensiones de la acción de
tutela por no existir vulneración de los derechos fundamentales invocados por la
accionante.
21. Sobre el incumplimiento del requisito de inmediatez señaló que la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo mediante sentencia de unificación del 5
de agosto de 2014 fijó la regla jurisprudencial según la cual, el plazo razonable
para la interposición de la acción de tutela contra providencias judiciales es de
seis (6) meses contados a partir de la notificación de la decisión judicial objeto de
tutela.
22. Indicó que, en este caso, la sentencia de 18 de marzo de 2021 que se
cuestiona se notificó electrónicamente el 5 de abril de 2021 y por estado el 8 de
abril del mismo mes y año y esta acción de tutela se interpuso el 10 de agosto de
2026, por lo que se excedió ampliamente el plazo fijado jurisprudencialmente.
23. En cuanto a los argumentos de la parte actora referentes al cumplimiento
de los presupuestos exigidos por la jurisprudencia para flexibilizar el requisito de
inmediatez, en razón de que se presentó un hecho sobreviniente, la autoridad
judicial indicó que según la sede electrónica para gestión judicial SAMAI, en el
proceso de nulidad electoral con radicación número 85001-23-33-000-2020-
00024-00/01, el magistrado sustanciador en primera instancia mediante auto de
7 de febrero de 2020 admitió la demanda y ordenó comunicar la existencia del
proceso de conformidad con lo previsto en el numeral 5.° del artículo 277 de la
Ley 1437 de 2011, con el fin de que cualquier interesado en coadyuvar o
impugnar las pretensiones interviniera en dicho proceso.
24. De conformidad con lo anterior, manifestó que la accionante pudo conocer
las actuaciones surtidas en el anotado proceso de nulidad electoral, teniendo en
cuenta que la publicación del auto admisorio, según la jurisprudencia del Consejo
de Estado, tiene como finalidad no solo notificar a los demandados, sino también
informar a la comunidad en general. Además, manifestó que el contenido de esa
decisión judicial se notificó por edicto.
25. A su vez, agregó que la actora tampoco identificó razonablemente los
hechos que habrían generado la vulneración de sus derechos fundamentales 11,
dado que el argumento referente a la desaparición del sustento que dio lugar a
que se decretara su pérdida de investidura no fue planteado dentro del medio de
11 Al respecto, la Sección Primera señaló que, en la Sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional caracterizó dicho requisito general así: «e. Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
[…]».
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control de pérdida de investidura en el que se profirieron las sentencias objeto de
esta acción de tutela, por lo que las autoridades judiciales accionadas no
contaron con la oportunidad para pronunciarse al respecto.
26. Por último, concluyó que el asunto carece de relevancia constitucional ya
que la acción de tutela no gira en torno al alcance, aplicación o desarrollo de un
derecho fundamental, sino frente a la inconformidad con la decisión adoptada por
el juez natural.
27. El Tribunal Administrativo de Casanare solicitó que se declare la
improcedencia del amparo, toda vez que no se acredita el cumplimiento de los
requisitos generales y especiales que la Corte Constitucional estableció en la
sentencia C-590 de 2005 para efectos de acreditar la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales y que, el fallo cuestionado,
no está viciado de ningún defecto que dé lugar a la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la accionante.
28. La Registraduría Nacional del Estado Civil pidió que se le desvincule
del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que en
el contexto de sus competencias y funciones constitucionales y legales no tiene
injerencia en las decisiones que adopten en derecho las autoridades judiciales.
29. La accionante Lady Patricia Bohórquez Cuevas, por conducto de su
apoderado, se pronunció sobre el informe rendido en el presente trámite por parte
del Consejo de Estado, Sección Primera, y afirmó que con la publicidad de las
decisiones adoptadas en el proceso de nulidad electoral no se produjo un
conocimiento efectivo de la decisión, razón por la cual se debe tener por fecha
de conocimiento de dicha actuación el 23 de julio de 2026, conforme a lo indicado
en la tutela.
30. En ese sentido, insistió en que la excepción de inmediatez sí fue alegada
y se encuentra acreditada con el contrato de prestación de servicios celebrado
con su apoderado y el concepto jurídico del 23 de julio de 2026 remitido en esa
misma fecha mediante el cual este le informó por primera vez el contenido de las
sentencias que declararon la nulidad del nombramiento de la contralora
departamental encargada y su incidencia sobre el proceso de pérdida de
investidura. Además, indicó que la afectación del derecho a ser elegido es actual
y permanente lo cual no puede dejar de ser tenido en cuenta para efectos de
evaluar la inmediatez.
31. Por otro lado, señaló que, de conformidad con la sentencia SU-066 de
2026, se debía realizar un análisis material de los requisitos de procedibilidad y
que según la sentencia SU-082 de 2026 las restricciones al derecho de acceso a
cargos públicos y al ejercicio de derechos políticos deben interpretarse
restrictivamente.
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32. De igual manera, reiteró que sí cumplió con el requisito del literal e) de la
sentencia C-590 de 2005 y que el asunto sí reviste de relevancia constitucional.
33. Por lo anterior, consideró que el caso sub examine sí satisface todos los
requisitos generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales.
II. CONSIDERACIONES
34. La Sala declarará la improcedencia de la acción constitucional sub
examine. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se supera el requisito
de inmediatez.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
35. El Consejo de Estado12 y la Corte Constitucional13 han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales14 y a la configuración de algún
defecto especial15 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia respecto de la sentencia del 18 de marzo de 2021 dictada por el
Consejo de Estado, Sección Primera.
36. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
37. Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
13 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
14 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez;
(v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
15 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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especial rigurosidad. En estos casos, se requiere demostrar que en la decisión
atacada se presenta una afectación, a primera vista, desproporcionada de un
derecho fundamental producto de una actuación arbitraria del órgano de cierre16.
38. En este orden, la Sección pasará a estudiar los requisitos generales de
procedencia referidos, en el caso sub examine.
39. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
40. La Sala advierte que la señora Lady Patricia Bohórquez Cuevas está
legitimada en la causa por activa porque fue la parte demandada dentro del
proceso de pérdida de investidura en el que se profirió la providencia que se
reprocha mediante esta acción constitucional.
41. Por otro lado, el Consejo de Estado, Sección Primera y el Tribunal
Administrativo de Casanare están legitimados en la causa por pasiva porque
profirieron las sentencias de primera y segunda instancia que se cuestionan en
el presente trámite. Empero, la Sala precisa que limitará su estudio a la
providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera porque es la que
puso fin al proceso de pérdida de investidura.
42. Por otro lado, si bien la Sala advierte que la Registraduría Nacional del
Estado Civil solicitó su desvinculación del presente trámite, no se accederá a su
petición, toda vez que su presencia en el proceso obedece al interés que le puede
asistir debido a los eventuales efectos del presente fallo en el marco de sus
competencias legales y constitucionales.
43. Inmediatez. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de
tutela debe ejercerse en un plazo razonable17, el cual debe ser ponderado por el
juez en cada caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido
por el constituyente al determinar que la finalidad de este mecanismo
constitucional es ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo 18.
16 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
17 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez- Así mismo, reiterado entre otras en:
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad.
11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2011.
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44. De acuerdo con lo anterior, esta Sección19 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual
es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud
de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia.
45. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar
al fondo del debate jurídico planteado. Al respecto, la Corte Constitucional indicó
que la acción de tutela será procedente:
[…] cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que
generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la
inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados;
o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y
que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual20.
46. Para la Sala, en este caso no se acredita el requisito de inmediatez ni la
existencia de alguna causal que permita su flexibilización, por las siguientes
razones.
47. La accionante cuestiona la sentencia del 18 de marzo de 2021 por medio
de la cual confirmó la providencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare, y que se notificó electrónicamente el 5 de abril de
2021 y, por estado, el 8 de abril de la misma anualidad.
48. En ese orden, es evidente que la parte actora dejó pasar un plazo mucho
mayor al de seis (6) meses para interponer la acción de tutela, toda vez que la
solicitud de amparo la radicó el 10 de agosto de 2026.
49. En este caso, la señora Bohórquez señala que se presentan las siguientes
condiciones especiales para flexibilizar el requisito de procedibilidad de
inmediatez: (i) la vulneración permanente y actual de los derechos políticos, en
tanto que la pérdida de investidura proscribe de manera vitalicia su participación
como candidata a cargos de elección popular, (ii) la ocurrencia de un hecho
completamente nuevo y sorpresivo que hubiera cambiado drásticamente las
circunstancias previas, que en el caso presente es el conocimiento material,
19 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana
Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
20 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
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efectivo y documentado del fallo de nulidad electoral del 21 de enero de 2021, lo
cual ocurrió mediante el concepto jurídico que su apoderado le remitió por correo
electrónico el 23 de julio de 2026, y (iii) la imposibilidad razonable de alegar antes
este fundamento, ya que la inactividad para acudir antes a la administración de
justicia está justificada por una imposibilidad material y jurídica.
50. Sobre el particular, para esta Sala resulta claro que las circunstancias
fácticas alegadas por la accionante no se enmarcan en ninguna de las causales
que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han
reconocido como admisibles para flexibilizar el requisito de inmediatez de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
51. Esto, por cuanto de ninguna forma resulta razonable considerar como hito
para el análisis de la inmediatez la fecha en que la parte actora tuvo conocimiento
de una sentencia de nulidad electoral del 21 de enero de 2021, dictada en un
medio de control con un objeto distinto a aquel que pretende cuestionar, y menos
aún, que dicho conocimiento se haya producido con ocasión del envío vía correo
electrónico de un concepto jurídico, por parte de un abogado, en el que le explicó
la incidencia de esa decisión, después de haber transcurrido más de cinco años
desde que fueron proferidas las providencias de pérdida de investidura y de
nulidad electoral.
52. La anterior conclusión obedece a una razón fundamental: no puede
dejarse al arbitrio de los accionantes la modulación de los presupuestos de
procedencia de los requisitos de la tutela contra providencia judicial, los cuales
revisten de la mayor importancia por los principios constitucionales que están en
tensión.
53. De esta manera, no puede habilitarse el ejercicio abiertamente
extemporáneo o en cualquier tiempo de la acción de tutela contra providencia
judicial, pues aquello implicaría a su vez, desconocer el debido proceso de los
demás sujetos procesales que integraron la controversia ordinaria y los principios
de autonomía judicial y seguridad jurídica que permean las decisiones judiciales.
54. Tal práctica abriría la puerta a la revisión indefinida de decisiones judiciales
ya ejecutoriadas, vulnerando el principio de cosa juzgada y afectando la
estabilidad de las relaciones jurídicas. Además, comprometería la autonomía de
los jueces ordinarios, al someter sus decisiones a un control posterior que no
respeta los límites temporales ni las garantías procesales previstas por el
ordenamiento.
55. Es por ello, que la Corte Constitucional en la sentencia SU-420 de 2019
indicó que incluso en aquellos casos en los cuales se argumente que el
fundamento de la acción surgió después de acaecida la actuación violatoria de
derechos fundamentales, este tiene que haber emergido, en todo caso, «en un
plazo no muy alejado de la fecha de interposición».
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56. En este caso, sin lugar a dudas, no se cumple dicho requisito, pues la
sentencia de nulidad electoral, de la cual la señora Bohórquez señala que nacen
los fundamentos del amparo que solicita es del 21 de enero de 2021. De esta
manera resulta inequívoco que la interposición se realizó en un término alejado
en exceso de la aparición del fundamento alegado.
57. Por lo anteriormente expuesto, y habida cuenta de que la tutelante no
acreditó una razón suficiente que justifique su excesiva tardanza en interponer la
acción constitucional, ni una circunstancia excepcional admisible que permita
flexibilizar el requisito, la acción de tutela resulta improcedente por falta de
inmediatez.
2.2. Conclusión
58. Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela de
la referencia por no superar el requisito de inmediatez frente a los reproches
contra la sentencia judicial cuestionada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta
por la señora Lady Patricia Bohórquez Cuevas.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
«Ausente en comisión de servicios»
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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