Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06270-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-06270-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06270-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06270-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06270-00
Accionante: Miguel Alberto Daza Atencio
Accionados: Tribunal Administrativo del Magdalena
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Negar el amparo por no demostrarse los defectos alegados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por el señor Miguel Alberto Daza Atencio, quien actúa en
nombre propio contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia, ocurrida con la expedición de la providencia del 14 de
julio de 2026 en el trámite de consulta del incidente de desacato a fallo de tutela con
radicado 47001-3333-010-2025-00124-03.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El señor Miguel Ángel Daza Atencio presentó acción de tutela contra la Policía
Nacional – Grupo Médico Laboral Magdalena, al considerar que se le vulneraron los
derechos fundamentales a la salud, seguridad social, vida digna, mínimo vital e
igualdad, como consecuencia de la negativa de reconocer y asumir la totalidad de
viáticos necesarios para su comparecencia y la de su acompañante a una cita de
revisión médica, tales como transporte internacional, alimentación, alojamiento y
demás costos conexos.
3. ElJuzgado Décimo Administrativo del Circuito de Santa Marta, mediante
sentencia del 7 de julio de 2025, amparó los derechos fundamentales del señor
Daza Atencio y ordenó a la entidad accionada «programar evolución/ revisión de su
estado de invalidez, mediante teleconsulta, o a través del uso de herramientas TIC,
garantizando en todo caso el respeto al debido proceso y la calidad técnica del
examen, con la recopilación de su historial médico y los distintos documentos que
acrediten su estado de salud actual». Inconforme, la entidad accionada interpuso
recurso de apelación contra esa decisión.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06270-00
Accionante: Miguel Alberto Daza Atencio
4. En sede de apelación, el despacho 004 del Tribunal Administrativo del Magdalena,
a través de la sentencia del 14 de agosto de 2025, modificó la decisión judicial
anterior, así:
«Segundo: ORDENAR a la POLICÍA NACIONAL - GRUPO MÉDICO LABORAL
MAGDALENA, que en el término de treinta (30) días de la notificación de la
presente providencia, lleve a cabo el examen médico – laboral de invalidez en
el otro país en coordinación con las autoridades nacionales y a su vez, ordenar
al Ministerio de Relaciones Exteriores que a través del consulado, en
coordinación con la Policía Nacional, con el actor y el personal médico
capacitado, adelante el examen médico de revisión de invalidez de conformidad
con lo expuesto»
5. Ante el incumplimiento de la entidad accionada, la parte accionante presentó
incidente de desacato de la sentencia proferida el 14 de agosto de 2025, en especial
respecto de la orden dirigida a la Policía Nacional – Grupo Médico Laboral de
Magdalena para que, en los 30 días siguientes a la notificación de dicha decisión
judicial, llevara a cabo el examen médico-laboral de invalidez en el otro país, en
coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
6. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se requiriera a la entidad accionada
para que allegara al expediente y le fuera notificado: el resultado final del examen
médico-laboral de revisión de invalidez, el concepto médico-laboral definitivo del
proceso, la indicación expresa del porcentaje de disminución de capacidad laboral
y su calificación, la constancia de si el trámite ha concluido o si fue remitido a otra
instancia médico laboral, la decisión formal que cierre el procedimiento de revisión
a pensionados y la constancia expresa de la situación actual de su pensión.
7. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Santa Marta, mediante
providencia del 7 de julio de 2026, sancionó a la señora Ibarra Álvarez, jefe de la
Unidad Prestadora de Salud Magdalena, con multa de cinco (5) smlmv, debido a
que no contestó el requerimiento efectuado respecto de la realización de la junta
interdisciplinaria de salud mental programada para el 1° de julio de 2026, en la que
se obtendrían las conclusiones y la emisión del concepto correspondiente.
8. No obstante, el despacho 004 del Tribunal Administrativo del Magdalena, a través
del auto del 14 de julio de 2026, revocó la decisión judicial anterior, pues advirtió
que la señora Ibarra Álvarez allegó escrito en el que informó sobre el cumplimiento
integral de la sentencia de tutela y solicitó la inejecución de la sanción impuesta.
9. En especial, indicó que se aportó la comunicación oficial mediante la cual notificó
al accionante el cierre del proceso de revisión a pensionados, el registro del
concepto emitido por la Junta de Salud Mental de 2 julio de 2026, el análisis médico-
laboral definitivo efectuado por el Grupo de Medicina Laboral el 9 de julio de 2026,
la remisión del expediente a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional para el
trámite correspondiente ante el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de
Policía, así como las constancias de envío y notificación al accionante.
www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06270-00
Accionante: Miguel Alberto Daza Atencio
2.2. Fundamento jurídico
10. La parte accionante consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:
• Falta de motivación: pues, pese a que se declaró cumplida la orden en su
integralidad, no se indicó cuál actuación constituyó el examen ordenado,
cómo se acreditaron las condiciones territorial y consular y por qué una
remisión hacia otra fase no evidenciaba únicamente cumplimiento parcial o
avance administrativo. Tampoco respondió de forma suficiente las
observaciones presentadas el 9 de julio de 2026, que plantearon
expresamente la diferencia entre actuaciones parciales, sanción y
cumplimiento real, completo y verificable.
• Fáctico: porque atribuyó a las pruebas un alcance demostrativo mayor del
que objetivamente tenían, pues las actuaciones clínicas, el cierre de la
UPRES y la remisión a otra autoridad acreditaban etapas o actuaciones
parciales, pero no demostraban por sí mismos el cumplimiento integral de la
orden judicial, en particular del examen en las condiciones territoriales,
consulares e institucionales exigidas.
Además, se omitió valorar el alcance del Evento 179, relacionado con la
convocatoria del Tribunal Médico-Laboral, sin explicar por qué este no
evidenciaba la continuidad del procedimiento.
11. De igual forma, destacó su condición de sujeto de especial protección
constitucional, al ser un pensionado con discapacidad psicosocial y pérdida de la
capacidad laboral 86,50 % en 2011 y del 100 % en 2013, con necesidad de ayuda
de tercera persona.
2.3. Pretensiones
12. La parte accionante solicitó:
«19. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
efectivo a la administración de justicia, en su dimensión de ejecución real de
las decisiones de tutela. Mi condición de persona con discapacidad
psicosocial y pensionada por invalidez se invoca como contexto de protección
reforzada, no como objeto autónomo de una nueva controversia médica o
pensional.
20. Dejar sin efectos la decisión adoptada en el auto del 14 de julio de 2026
dentro del grado jurisdiccional de consulta y ordenar que se profiera una
nueva providencia. Esta consecuencia no confirma ni restablece
automáticamente la sanción por desacato, no prejuzga sobre la
responsabilidad subjetiva de la funcionaria y no impone una conclusión
predeterminada sobre el cumplimiento.
21. Ordenar al Tribunal Administrativo del Magdalena que profiera una nueva
decisión dentro del grado jurisdiccional de consulta, en la cual: (i) tome como
parámetro la parte resolutiva de la sentencia de tutela; (ii) diferencie el juicio
objetivo de cumplimiento del análisis subjetivo propio del desacato; (iii)
www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06270-00
Accionante: Miguel Alberto Daza Atencio
identifique la actuación o unidad funcional que considera constitutiva del
examen médico-laboral ordenado; (iv) valore las condiciones territorial,
interinstitucional, consular, participativa, técnica y temporal; (v) distinga las
pruebas existentes al 14 de julio de 2026 de los hechos sobrevinientes; y (vi)
motive si la ejecución fue total, parcial, tardía o limitada a una fase
institucional, sin imponerle de antemano un resultado determinado.
22. Si se acredita la existencia de un auto posterior de archivo o terminación
fundado exclusivamente en la declaración de cumplimiento cuestionada,
dejarlo sin efectos como consecuencia necesaria del amparo». (Sic en toda
la cita)
2.4. Intervenciones
13. Por medio del auto del 11 de agosto de 2026, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Magdalena como accionado y al
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional – Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional – Unidad Prestadora de Salud Magdalena – Grupo Médico Laboral,
el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Tribunal Medico de Revisión Militar y de
Policía, la Junta de Calificación de Invalidez del Magdalena, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Marta, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de
Santa Marta y a la señora Linda Yohanna Ibarra como terceros interesados en el
resultado del proceso.
14. El Tribunal Administrativo del Magdalena consideró que no incurrió en los
defectos alegados, pues la decisión se adoptó con fundamento en las pruebas
allegadas al expediente, dentro del marco propio del grado jurisdiccional de consulta
y atendiendo la naturaleza coercitiva del incidente de desacato. Por tanto, aseguró
que lo que plantea el accionante en la presente tutela corresponde a una diferencia
de criterio frente a la valoración efectuada por la Sala, mas no a una vulneración
autónoma de sus derechos fundamentales. Luego, solicitó que se niegue el amparo.
15. El Ministerio de Defensa Nacional informó que, en el marco del procedimiento
de revisión a pensionados del señor Miguel Alberto Daza Atencio, se realizó la
valoración inicial y se ordenaron valoraciones complementarias, incluida la de
Psiquiatría y la Junta Interdisciplinaria de Salud Mental, cuyo resultado se registró
en el Evento SISAP No. 178.
16. Luego, indicó que el expediente fue remitido, con sus respectivos soportes, a la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional para el trámite ante el Tribunal Médico-
Laboral de Revisión Militar y de Policía, y que la comunicación de cierre y la
documentación fueron enviadas al correo electrónico registrado por el usuario.
17. Por lo anterior, consideró que dio cumplimiento a las actuaciones ordenadas y
atendió a la orden judicial en los términos que correspondían al Grupo de Medicina
Laboral.
La Cancillería y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia del
Ministerio de Relaciones Exteriores solicitaron su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues, a su juicio, no vulneraron los derechos
www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06270-00
Accionante: Miguel Alberto Daza Atencio
fundamentales invocados ni ostentan competencia sobre los hechos que originaron
la presentación de la acción de tutela.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
18. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
Si bien la Cancillería y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia del
Ministerio de Relaciones Exteriores solicitaron su desvinculación del presente
asunto por falta de legitimación en la causa por pasiva, lo cierto es que fueron
vinculados al proceso de tutela en cuestión e incluso, la orden frente a la cual se
alega un incumplimiento relaciona directamente a la entidad. Por lo tanto, se negará
su petición.
3.3. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en determinar
si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad para
cuestionar providencias judiciales. En caso afirmativo, deberá establecerse si el
Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en los defectos por decisión sin
motivación y fáctico al revocar la sanción impuesta a la señora Ibarra Álvarez, jefe
de la Unidad Prestadora de Salud Magdalena por el incumplimiento de la sentencia
del 14 de agosto de 2025 proferida dentro de otra acción de tutela.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
19. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015
fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado.
20. Lo anterior procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial idóneo
para la protección de tales derechos. En ese sentido, la acción de tutela tiene un
carácter residual o subsidiario, pues solo opera en ausencia de otros mecanismos
judiciales, salvo cuando se interpone como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
21. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales.
www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06270-00
Accionante: Miguel Alberto Daza Atencio
22. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder
en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y
derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier
autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.
23. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
24. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
25. Los presupuestos generales de la acción de tutela dirigida a controvertir
providencias judiciales, son: i) relevancia constitucional; ii) subsidiariedad, salvo,
claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; iii) inmediatez; iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y vi) que no se trate sentencias de tutela.
26. Por otro lado, los requisitos para, a través de la acción de tutela, cuestionar una
providencia que resuelve un incidente de desacato son que: «(i) la decisión que
puso fin al trámite incidental se encuentre debidamente ejecutoriada, pues será
improcedente aun si lo que resta es que se surta el grado de consulta; (ii) sean
acreditados los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y sustentar la solicitud de amparo, al menos, en la
configuración de una de las causales específicas (defectos); y (iii) haya consistencia
entre los argumentos planteados en la demanda de tutela y los esgrimidos en el
curso del incidente de desacato, evitando incluir nuevas alegaciones y solicitar
pruebas nuevas o que de oficio el juez no debía practicar»1.
3.4.1.1.1. Relevancia constitucional. El asunto reviste relevancia constitucional, en
la medida en que la controversia se centra en determinar si la autoridad judicial
accionada vulneró los derechos fundamentales de la parte actora al incurrir,
presuntamente, en los defectos de decisión sin motivación y fáctico. Además, los
reproches formulados se encuentran suficientemente sustentados y no se limitan a
plantear una simple discrepancia de carácter legal o probatorio.
1 Corte Constitucional, sentencia T-170 de 2023. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06270-00
Accionante: Miguel Alberto Daza Atencio
3.4.1.1.2. Subsidiariedad. También se satisface este requisito, pues la providencia
cuestionada, que resolvió el incidente de desacato, se encuentra ejecutoriada y no
existen recursos ordinarios o extraordinarios idóneos para controvertirla.
3.4.1.1.3. Inmediatez. Se cumple igualmente este requisito, puesto que la acción de
tutela fue presentada dentro de un término razonable y proporcionado. En efecto,
entre la ejecutoria de la providencia cuestionada, ocurrida el 28 de julio de 2026, y
la presentación de la solicitud de amparo, el 10 de agosto del mismo año no
transcurrieron más de 6 meses.
3.4.1.1.4. Irregularidad procesal con incidencia sustancial. Este presupuesto no
resulta exigible en el presente asunto, toda vez que la parte accionante no sustenta
la vulneración de sus derechos fundamentales en la existencia de una irregularidad
procesal, sino en la presunta configuración de los defectos de decisión sin
motivación y fáctico.
3.4.1.1.5. Identificación de los hechos que generaron la vulneración. Este requisito
también se encuentra satisfecho, pues la parte accionante identificó de manera clara
la providencia cuestionada, las actuaciones que considera lesivas de sus derechos
fundamentales y las razones por las cuales estima que la autoridad judicial
accionada habría incurrido en los defectos alegados.
3.4.1.1.6. Que no se trate de una sentencia de tutela. La providencia cuestionada
no corresponde a una sentencia de tutela, sino a una decisión proferida dentro del
trámite de un incidente de desacato, mediante la cual se resolvió la situación
relacionada con el cumplimiento de una orden constitucional. Por tanto, se satisface
este presupuesto.
3.4.1.1.7. Ejecutoria de la decisión que puso fin al incidente de desacato. Como se
indicó al analizar el requisito de subsidiariedad, la providencia cuestionada se
encuentra debidamente ejecutoriada desde el 28 de julio de 2026. En consecuencia,
se satisface la exigencia específica establecida por la jurisprudencia constitucional
para controvertir mediante tutela las decisiones proferidas dentro de un incidente de
desacato.
3.4.1.1.8. Configuración de, al menos, una causal específica de procedencia. La
parte accionante sustentó la solicitud de amparo en la presunta configuración de los
defectos de decisión sin motivación y fáctico, los cuales fueron desarrollados de
manera concreta y guardan relación con el contenido de la providencia cuestionada.
Por consiguiente, se encuentra acreditada esta exigencia, sin perjuicio de que la
configuración efectiva de tales defectos sea analizada al resolver el fondo de la
controversia.
3.4.1.1.9. Consistencia entre los argumentos planteados en la tutela y los expuestos
durante el incidente de desacato. Finalmente, la Sala advierte que existe
correspondencia entre los cuestionamientos formulados en la acción de tutela y los
planteados por la parte accionante durante el trámite incidental. En efecto, los
reparos relacionados con la suficiencia de las actuaciones adelantadas para
acreditar el cumplimiento integral de la orden constitucional y con el alcance
www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06270-00
Accionante: Miguel Alberto Daza Atencio
probatorio atribuido a los elementos allegados al incidente ya habían sido puestos
de presente ante la autoridad judicial accionada. Por tanto, no se advierte la
introducción de argumentos novedosos ni la pretensión de obtener, por vía de tutela,
una nueva valoración probatoria con fundamento en elementos que no hubieran
sido oportunamente planteados en el trámite incidental.
27. En consecuencia, al encontrarse satisfechos los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y las exigencias
específicas aplicables a las decisiones proferidas en el marco de un incidente de
desacato, la Sala procederá a estudiar de fondo los defectos de decisión sin
motivación y fáctico alegados por la parte accionante.
3.5. Decisión sin motivación como causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales
28. La jurisprudencia constitucional2 ha señalado que el defecto conocido como
«decisión sin motivación» se configura cuando la providencia atacada carece de
fundamentos fácticos y jurídicos que la soporten, lo cual deriva en una decisión
arbitraria que desconoce derechos fundamentales.
29. En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional3 ha establecido los criterios
que se deben tener en cuenta para establecer si existió un defecto por falta de
motivación, ya que dicha ausencia no puede estructurarse en cualquier descuerdo
que exista con la justificación de la providencia atacada. Para ello y con el fin de
respetar el principio de autonomía y razonamiento del juez, su configuración
procederá cuando la argumentación sea defectuosa, insuficiente o inexistente y «se
activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación
decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir en
una arbitrariedad».4
30. Finalmente, ha insistido la Corte Constitucional5 que cuando se señale que una
providencia judicial incurrió en falta de motivación debido a la ausencia de
razonamientos que sustenten lo decidido, el juez constitucional debe salvaguardar
el derecho de los accionantes a obtener respuestas razonadas que además les
permitan ejercer su derecho de contradicción, ya que aceptar una decisión que no
sustente las razones fácticas y jurídicas iría en contravía de la función judicial que
ostentan los administradores de justicia, situación que además conllevaría a una
flagrante violación del derecho al debido proceso.
3.6. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
31. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
2 Sentencia C-590 de 2005.
3 Sentencia T-233 de 2007.
4 Sentencia T-709 de 2010.
5 Sentencia T-041 de 2018.
www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06270-00
Accionante: Miguel Alberto Daza Atencio
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional6 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa7, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva8, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
32. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan
al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál
resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los
elementos probatorios»9.
33. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a
obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.
3.7. Análisis del caso concreto
34. Teniendo en cuenta que los presuntos defectos por decisión sin motivación y
fáctico se encuentran estrechamente relacionados, esta Subsección procederá a
analizarlos de manera conjunta.
35. La parte accionante indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos por decisión sin motivación y fáctico, pues, pese a que declaró cumplida
la orden en su integralidad, no indicó cuál actuación constituyó el examen ordenado,
cómo se acreditaron las condiciones territorial y consular y por qué una remisión
hacia otra fase no evidenciaba únicamente cumplimiento parcial o avance
administrativo. Tampoco respondió de forma suficiente las observaciones
presentadas el 9 de julio de 2026, que plantearon expresamente la diferencia entre
actuaciones parciales, sanción y cumplimiento real, completo y verificable.
36. Por el contrario, adujo que atribuyó a las pruebas un alcance demostrativo mayor
del que objetivamente tenían, pues las actuaciones clínicas, el cierre de la UPRES
6 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-
567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
7 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
8 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06270-00
Accionante: Miguel Alberto Daza Atencio
y la remisión a otra autoridad acreditaban etapas o actuaciones parciales, pero no
demostraban por sí mismos el cumplimiento integral de la orden judicial, en
particular del examen en las condiciones territoriales, consulares e institucionales
exigidas. Además, sostuvo que omitió valorar el alcance del Evento 179, relacionado
con la convocatoria del Tribunal Médico-Laboral, sin explicar por qué este no
evidenciaba la continuidad del procedimiento.
37. Al respecto, la autoridad judicial accionada mencionó lo siguiente:
«[S]e advierte que el juez de primera instancia impuso la sanción al considerar
que, para ese momento procesal, no se encontraba acreditado el
cumplimiento integral de la orden constitucional, pues la entidad únicamente
había demostrado la realización de actuaciones parciales encaminadas a su
ejecución, sin acreditar la culminación del procedimiento médico-laboral
ordenado.
No obstante, con posterioridad a la expedición de la providencia consultada,
la mayor Linda Yohanna Ibarra Álvarez allegó escrito de diez (10) de julio de
2026 mediante el cual informó el cumplimiento integral de la sentencia de
tutela y solicitó la inejecución de la sanción impuesta. Para sustentar su
petición aportó la comunicación oficial mediante la cual notificó al accionante
el cierre del proceso de revisión a pensionados, el registro del concepto
emitido por la Junta de Salud Mental de dos (2) de julio de 2026, el análisis
médico-laboral definitivo efectuado por el Grupo de Medicina Laboral el nueve
(9) de julio de 2026, la remisión del expediente a la Dirección de Sanidad de
la Policía Nacional para el trámite correspondiente ante el Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía, así como las constancias de envío y
notificación al accionante.
Las actuaciones y documentos allegados permiten concluir que la entidad
accionada culminó el procedimiento cuya falta de acreditación motivó la
imposición de la sanción. En efecto, quedó demostrado que se emitió el
concepto de la Junta de Salud Mental, se realizó el análisis médico-laboral
definitivo, el expediente fue remitido a la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional para el trámite correspondiente y el accionante fue informado sobre
la culminación del procedimiento. En consecuencia, la orden impartida en la
sentencia de tutela fue materialmente cumplida».
38. De la transcripción se tiene que la autoridad judicial accionada no encontró
incumplida la orden judicial, toda vez que el Grupo de Medicina Laboral acreditó que
el 10 de julio de 2026 remitió desde el correo demag.upres-mla@policia.gov.co a la
dirección electrónica del señor Daza Atencio migueldaza1978@gmail.com, oficio
mediante la cual le informó lo siguiente:
«De manera atenta y respetuosa, me permito informar que el Grupo de
Medicina Laboral de la Unidad Prestadora de Salud Magdalena culminó el
proceso de revisión a pensionados adelantado en su caso, de conformidad
con lo previsto en el artículo 10 del Decreto Ley 1796 de 2000 y demás normas
que regulan la materia.
Dentro del procedimiento se adelantaron las actuaciones médico-laborales
correspondientes, practicándose las valoraciones por las especialidades
requeridas para la revisión. Como parte de dicho proceso, la Junta de Salud
Mental, mediante concepto registrado en el evento SISAP No. 178 de fecha 2
de julio de 2026, concluyó lo siguiente:
www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06270-00
Accionante: Miguel Alberto Daza Atencio
"No cumple criterios para patología mental del eje I. Cumple criterios para
patología de personalidad severa con rasgos limítrofes y antisociales."
Con fundamento en dicho concepto especializado y en el análisis integral
efectuado por el Grupo de Medicina Laboral, registrado en el evento SISAP
No. 179 de fecha 9 de julio de 2026, se determinó solicitar ante la Dirección
de Sanidad de la Policía Nacional el trámite de convocatoria al Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía por la causal de revisión a
pensionados, de conformidad con el Decreto Ley 1796 de 2000, el Acuerdo
No. 56 del 8 de abril de 2014, el Decreto 0533 de 2025, el artículo 2.2.12.1.2.5
y la Circular CIR2019-56 del 8 de febrero de 2019 expedida por el Ministerio
de Defensa Nacional.
En consecuencia, con la emisión del análisis médico-laboral y la remisión del
expediente junto con sus soportes a la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional, se da por finalizado el proceso de revisión a pensionados adelantado
por el Grupo de Medicina Laboral de la Unidad Prestadora de Salud
Magdalena.
Para los fines pertinentes, se adjunta copia registro del evento SISAP No. 179
y de la documentación que soporta la remisión efectuada».
39. A partir de lo anterior, la autoridad judicial accionada consideró que no había
lugar a mantener la sanción impuesta a la señora Ibarra Álvarez, en calidad de jefe
de la Unidad Prestadora de Salud Magdalena, pues estimó que la orden dirigida a
la Policía Nacional – Grupo Médico Laboral Magdalena, consistente en llevar a cabo
el examen médico-laboral de invalidez en el país de residencia del accionante, en
coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se cumplió.
40. Para la autoridad accionada, su acreditación se produjo mediante el oficio
remitido al correo electrónico del señor Daza Atencio el 10 de julio de 2026, en el
cual se le informó sobre la culminación del proceso de revisión a pensionados y la
remisión del expediente a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, con el
propósito de que se adelantara el trámite correspondiente ante el Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía.
41. Ahora bien, aunque la parte accionante sostiene que la orden no fue cumplida
integralmente, porque no se precisó cuál actuación correspondió al examen médico-
laboral ordenado, cómo se acreditaron las condiciones territoriales y consulares
requeridas, ni por qué la remisión del expediente a otra autoridad no constituía un
simple avance administrativo, esta Subsección considera que tales
cuestionamientos no permiten, per se, concluir que la providencia cuestionada
adolezca de los defectos alegados.
42. En efecto, para determinar si la autoridad judicial accionada podía tener por
cumplida la orden impartida en el fallo del 14 de agosto de 2025, resulta necesario
atender al alcance de la medida allí dispuesta. Como se explicó previamente, dicha
decisión estuvo encaminada a que se adelantara el examen médico-laboral de
invalidez en el país de residencia del accionante, en coordinación con las entidades
competentes.
43. En el trámite de desacato se acreditó que el Grupo de Medicina Laboral adelantó
las actuaciones médico-laborales correspondientes, emitió el respectivo análisis,
www.consejodeestado.gov.co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06270-00
Accionante: Miguel Alberto Daza Atencio
culminó la fase de revisión a pensionados y remitió el expediente a la Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional para que se surtiera el trámite correspondiente ante
el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía. Además, el accionante
fue informado de dichas actuaciones mediante comunicación del 10 de julio de
2026.
44. Por tanto, la conclusión de la autoridad judicial accionada no se sustentó
exclusivamente en la existencia de una remisión administrativa, sino en la valoración
conjunta de las actuaciones adelantadas por la entidad, entre ellas, el concepto de
la Junta de Salud Mental, el análisis médico-laboral definitivo y la remisión del
expediente a la autoridad competente para continuar con el trámite correspondiente.
En ese contexto, la circunstancia de que el procedimiento continuara ante otra
dependencia no desvirtúa la conclusión relativa a la culminación de la etapa a cargo
del Grupo de Medicina Laboral.
45. En cuanto a las observaciones presentadas por el accionante el 9 de julio de
2026, esta Subsección tampoco encuentra que su falta de consideración específica
permita estructurar los defectos alegados. En efecto, tales observaciones fueron
formuladas el mismo día en que se emitió el análisis médico-laboral definitivo y, por
tanto, antes de que el 10 de julio siguiente, se comunicara al accionante la
culminación del procedimiento adelantado por el Grupo de Medicina Laboral y la
remisión del expediente a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. En
consecuencia, la autoridad judicial accionada contaba con elementos posteriores
que modificaban el estado del trámite y que resultaban relevantes para determinar
si subsistían razones para mantener la sanción por desacato.
46. De igual manera, la valoración efectuada respecto del Evento SISAP n.º 179 no
puede calificarse de irrazonable o arbitraria por el solo hecho de que la parte
accionante le atribuya un alcance diferente. La autoridad judicial accionada explicó
que dicho evento correspondía al análisis médico-laboral definitivo y que, con
fundamento en este, se solicitó ante la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional
el trámite de convocatoria del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de
Policía. Así, aunque el accionante discrepe de la conclusión alcanzada, lo cierto es
que la providencia cuestionada expuso las razones por las cuales consideró que las
actuaciones acreditadas permitían tener por cumplida la orden.
47. En ese orden de ideas, esta Subsección estima que la autoridad judicial
accionada no incurrió en los defectos de decisión sin motivación ni fáctico alegados
por la parte accionante. En realidad, los reparos formulados se dirigen a cuestionar
la suficiencia y el alcance que la autoridad judicial atribuyó a las actuaciones
adelantadas por la Policía Nacional para considerar cumplida la orden
constitucional. Sin embargo, dicha discrepancia interpretativa y probatoria no
demuestra que la providencia cuestionada sea arbitraria, caprichosa o carente de
justificación.
48. Además, debe tenerse en cuenta que la finalidad del trámite incidental de
desacato es verificar el cumplimiento de la orden constitucional y, cuando este se
acredita, pierde fundamento la imposición o mantenimiento de la sanción
correspondiente. Por ello, una vez la autoridad judicial accionada constató que se
www.consejodeestado.gov.co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06270-00
Accionante: Miguel Alberto Daza Atencio
habían adelantado las actuaciones que consideró necesarias para dar cumplimiento
a lo ordenado y que el accionante había sido informado de su resultado, podía
razonablemente concluir que no subsistían razones para mantener la sanción
impuesta. Por ende, se negarán las pretensiones de la acción de tutela presentada
por el señor Miguel Alberto Daza Atencio.
49. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Cancillería y la
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Miguel Alberto Daza Atencio, de conformidad con los argumentos expuestos en
precedencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
www.consejodeestado.gov.co 13
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.