Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06287-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06287-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-06287-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06287-00
Accionante: CONSUELO TERESA MONTES RAMÍREZ
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la acción
por no superar el requisito de inmediatez
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y el Juzgado 16 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por
el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015,
modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo
080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 13 de agosto de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. Consuelo Teresa Montes Ramírez, en nombre propio, interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, y el Juzgado 16 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. Con
la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales
a la igualdad, al debido proceso, a la dignidad humana, al mínimo vital y a la
«buena fe».
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionados al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y al Juzgado Quinto
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, o quien hiciera de sus veces.
Asimismo, se dispuso la vinculación de la UGPP y la señora Magnolia Cárdenas Vela, así como
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los términos del artículo
610 del Código General del Proceso.
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Accionante: Consuelo Teresa Montes Ramírez
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2. Le atribuye la transgresión de sus garantías constitucionales a la sentencia
del 28 de abril de 2011, mediante la cual la autoridad judicial accionada confirmó
el fallo de primera instancia que negó las pretensiones del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 25000-23-25-000-
2002-11300-01.
3. En concreto, la parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales de la suscrita CONSUELO
TERESA MONTES RAMÍREZ, especialmente los derechos a la seguridad social,
al mínimo vital, a la igualdad, al debido proceso y a la protección especial de la
familia, los cuales han sido vulnerados con ocasión de la negativa en reconocer mi
derecho a la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de mi cónyuge
JOSÉ LIBARDO LÓPEZ ARÉVALO (q.e.p.d.).
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos las decisiones
administrativas y judiciales mediante las cuales se negó el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes a favor de la suscrita accionante, por haberse realizado
una valoración restrictiva, estereotipada e incompleta de las circunstancias que
rodearon la convivencia de la suscrita con el causante.
TERCERA: Ordenar a la entidad administradora de pensiones que de ser
amparado mi Derechos fundamentales dentro del término perentorio conceda la
pensión de sobrevivientes, a la suscrita CONSUELO TERESA MONTES
RAMÍREZ en mi condición de cónyuge del señor JOSÉ LIBARDO LÓPEZ
ARÉVALO (q.e.p.d.), conforme a lo previsto en los artículos 46 y 47 de la Ley 100
de 1993.
CUARTA: Ordenar que, una vez reconocido el derecho pensional, la entidad
accionada proceda a incluir a la suscrita CONSUELO TERESA MONTES
RAMÍREZ en nómina de pensionados, garantizando el pago oportuno y continuo
de las mesadas pensionales correspondientes no prescritas a mi favor.
QUINTO: Ordenar a la entidad accionada el pago retroactivo de las mesadas
pensionales causadas y no pagadas, que no se encuentren prescritas desde la
fecha en que se generó el derecho a la pensión de sobrevivientes con ocasión del
fallecimiento del causante, junto con los reajustes legales a que haya lugar.
SEXTO: Disponer cualquier otra medida que su despacho considere necesaria
para la protección integral de los derechos fundamentales vulnerados, en especial
aquellas orientadas a garantizar el acceso efectivo de la accionante al derecho a
la seguridad social.
1.2. Hechos
4. El señor Libardo López Arévalo falleció el 2 de octubre de 1994, momento
en el que reunía los requisitos para que sus causahabientes accedieran a la
pensión de sobrevivientes. En ese sentido, mediante Resolución 005336 del 3 de
junio de 19963, Cajanal reconoció el mencionado derecho pensional, con orden
de pago del 50% para sus hijos y el otro 50% a la espera de que «la justicia
ordinaria dirimiera el conflicto de intereses» entre la accionante y la señora
3 Confirmada mediante Resolución 01640 del 25 de junio de 1997.
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Magnolia Cárdenas Vela.
5. Lo anterior, tras encontrar que, tanto Consuelo Teresa Montes Ramírez,
como Magnolia Cárdenas Vela, allegaron declaraciones extra juicio con las que
pretendieron probar la convivencia con el causante hasta el día anterior a su
fallecimiento.
6. Como consecuencia de lo expuesto, Magnolia Cárdenas Vela ejerció el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las
Resoluciones 005336 del 3 de junio de 1996 y 01640 del 25 de junio de 1997 en
procura de que se reconociera su derecho a la pensión de sobrevivientes en
calidad de compañera permanente del señor Libardo López Arévalo.
7. En sentencia del 19 de abril de 2010, el Juzgado Quinto Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá4 negó las pretensiones, al concluir
que ni la cónyuge, ni la compañera permanente, demostraron convivencia con el
causante «durante el último periodo de su vida».
8. La señora Magnolia Cárdenas Vela apeló la decisión de primer grado. El
recurso fue resuelto en providencia del 28 de abril de 2011 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, autoridad
judicial que compartió las consideraciones del a quo.
1.3. Sustento de la vulneración
9. La parte accionante afirmó que la sentencia reprochada adolece de los
defectos fáctico y de desconocimiento del precedente.
10. Con relación al defecto fáctico, sostuvo que no se tuvo en cuenta la
prueba documental del vínculo matrimonial y del núcleo familiar que conformó
con el causante, el registro civil del hijo que tuvieron en común y el soporte
médico del diagnóstico que conllevó a su separación de cuerpos, pese a que
seguían siendo pareja, luego de parir a su hijo meses antes del fallecimiento de
su esposo.
11. Sobre el desconocimiento del precedente copió extensas citas de las
sentencias SU-056 de 2025, T-321 de 2018 y T-485 de 2011 de la Corte
Constitucional, las cuales citó con respecto al criterio de flexibilización
jurisprudencial del requisito de convivencia ante separaciones justificadas por
razones de salud o fuerza mayor, aspecto que ató a la enfermedad que sufrió
durante su embarazo y la obligó a irse a casa de sus padres para poder
recuperarse luego de dar a luz el 12 de julio de 1994.
12. Con relación al requisito de la inmediatez, sostuvo que el desconocimiento
4 El proceso se le entregó al Juzgado 16 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en acta de
reparto del 22 de agosto de 2006.
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de su derecho a la pensión de sobrevivientes es actual y permanente, dado que
la prestación es de tracto sucesivo y el daño subsiste. Además, manifestó que
padeció «durante todos estos años dificultades reales de acceso a asesoría
jurídica idónea y un desconocimiento justificado de los mecanismos
constitucionales disponibles para controvertir la decisión judicial».
13. Finalmente, aludió a que el derecho a la pensión es imprescriptible y el
mero transcurso del tiempo no puede convertirse en un obstáculo para su
reclamación.
1.4. Intervenciones
14. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) solicitó que se
declare la improcedencia de la acción porque no se demostró la posible
configuración de un perjuicio irremediable o, se nieguen las pretensiones porque
no se configuraron los vicios invocados.
15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, precisó que no se satisface el requisito de la inmediatez por lo
que corresponde declarar la improcedencia de la tutela.
16. El Juzgado 16 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá
manifestó que el proceso le fue asignado mediante acta de reparto del 22 de
agosto de 2006, pero su intervención dentro del proceso se limitó a las
actuaciones surtidas con posterioridad al fallo, las cuales han sido básicamente
ubicar el expediente en el archivo judicial y remitirlo a esta tutela. Por lo anterior,
pidió que se declare la improcedencia o se niegue el amparo.
17. La señora Magnolia Cárdenas Vela solicitó ser reconocida como tercera
con interés y que, para cualquier orden con relación a la cuota pensional de
sobrevivientes sea tenida en cuenta su situación jurídica en relación con el
causante, no para que le nieguen sus derechos a la señora Montes Ramírez, sino
para que se distribuya la cuota en partes iguales.
18. El señor Carlos Andrés López Cárdenas, como hijo del causante y de la
señora Cárdenas Vela, requirió que se examinen «las circunstancias particulares
del caso desde una perspectiva constitucional, material y garantista».
II. CONSIDERACIONES
19. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no
satisfacer el requisito de la inmediatez, como pasa a exponerse.
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2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
20. El Consejo de Estado5 y la Corte Constitucional6, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales7 y a la configuración de algún
defecto especial8 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
21. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
22. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
23. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
24. La Sala advierte que Consuelo Teresa Montes Ramírez está legitimada en
la causa por activa, dado que actuó como tercera con interés dentro del proceso
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictó la
sentencia objeto de reproche.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
6 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
7 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
8 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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25. Por su parte, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, y el Juzgado 16 Administrativo
de Oralidad del Circuito de Bogotá se encuentran legitimados en la causa por
pasiva al ser las autoridades judiciales que profirieron las decisiones
controvertidas9.
26. Inmediatez. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de
tutela debe ejercerse en un plazo razonable10, el cual debe ser ponderado por el
juez en cada caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido
por el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección
actual, inmediato y efectivo11.
27. De acuerdo con lo anterior, esta Sección12 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual
es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada- que da lugar a la solicitud
de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia.
28. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar
al fondo del debate jurídico planteado.
29. En el sub judice, se cuestiona la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el 28 de abril
de 2011, mientras que la presente tutela se radicó el 10 de agosto de 2026.
30. Es decir que, entre la fecha en la que se profirió la sentencia enjuiciada y
la interposición del mecanismo de amparo transcurrieron más de 15 años.
31. Ahora bien, la accionante aludió a que no pudo acudir antes por
«dificultades reales de acceso a asesoría jurídica idónea y un desconocimiento
justificado de los mecanismos constitucionales disponibles para controvertir la
decisión judicial». Además, puso de presente que el derecho pensional es
imprescriptible y que la vulneración es continuada porque sigue sin disfrutar de
su mesada.
9 Sin embargo, el estudio se efectuará respecto de la sentencia de segundo grado por ser la que
le puso fin al proceso ordinario.
10 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez- Así mismo, reiterado entre otras en:
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad.
11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2011.
12 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana
Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
6
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32. Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó en la SU-213 de 2023
que es viable «la flexibilización en el análisis de inmediatez cuando convergen
circunstancias fácticas particulares que expliquen razonablemente la tardanza en
el ejercicio del amparo, a saber: (i) que el accionante exponga razones válidas
para su demora en presentar la acción constitucional; (ii) que la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual, a pesar del paso
del tiempo; y (iii) que la exigencia de la interposición de la acción en un plazo
razonable resulte desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad
manifiesta en las que se encuentra el accionante».
33. De conformidad con la citado, para la Sala no median razones que
permitan al juez de tutela flexibilizar el término de la inmediatez, ya que la señora
Consuelo Teresa Montes Ramírez no se encontraba en imposibilidad de ejercer
el mecanismo, en situación de debilidad manifiesta o bajo la posible configuración
de un perjuicio irremediable.
34. A lo anterior, se suma que no explicó si quiera de forma sumaria por qué
la vulneración de sus derechos fundamentales es continuada, más allá de
reprochar la decisión del juez ordinario porque no le reconoció una porción de la
pensión de sobrevivientes, aspecto que fue decidido desde hace más de 15 años.
35. En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia del mecanismo de
amparo por no encontrar satisfecho el requisito de procedibilidad de la
inmediatez, teniendo en cuenta que la accionante tardó más de 15 años en
cuestionar la sentencia de la que deriva la vulneración iusfundamental que
debate por esta vía, sin que medien supuestos que le hayan impedido acudir
dentro de la oportunidad que la jurisprudencia ha considerado oportuna.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo
formulada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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