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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06294-00

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06294-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA de la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la presente providencia y, en consecuencia, DESVINCULAR a dicha autoridad del trámite de la presente acción de tutela. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Luis Alberto de Jesús Vargas García, por conducto de apoderado, contra la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, respecto del defecto que denunció la violación del principio de igualdad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por el señor Luis Alberto de Jesús Vargas García, por conducto de apoderado, contra la Subsección C de la 15 Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06294-00 Accionante: Luis Alberto de Jesús Vargas García Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia) Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en relación con el defecto sustantivo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. QUINTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-06294-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06294-00
Accionante: LUIS ALBERTO DE JESÚS VARGAS GARCÍA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN C Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:
régimen de transición para acceder a la asignación de retiro de las Fuerzas Armadas.
REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA: no se satisface el requisito de
subsidiariedad respecto de uno de los cargos; en lo demás, se encuentran satisfechos.
DEFECTO SUSTANTIVO: no se encuentra acreditado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala se pronunciará en relación con la acción de tutela1 instaurada por el señor
Luis Alberto de Jesús Vargas García, por conducto de apoderado, de conformidad
con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29
y 37 del Decreto 2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 10 de agosto de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y el Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social, a la igualdad, así como de los principios constitucionales de
favorabilidad laboral y pro homine. También invocó la infracción de “sus legítimas
expectativas laborales y el derecho al régimen de transición que estableció la Ley
Marco 923 de 2004”2.

Hechos relevantes

2. A partir de lo indicado en el escrito de tutela y de los documentos obrantes en el
expediente, se extrae lo siguiente.

1
Que ingresó al despacho para fallo el 21 de agosto de 2026.
2
Ver “003_3ED_Demanda”, pág. 1.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06294-00
Accionante: Luis Alberto de Jesús Vargas García
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

3. El 8 de enero de 2004, el señor Luis Alberto de Jesús Vargas García ingresó a la
Escuela Naval de Suboficiales de la Armada Nacional. Posteriormente, el 5 de
diciembre de 2005, se vinculó al escalafón militar con el grado de marinero segundo
de la Armada Nacional, en donde estuvo hasta el 21 de julio de 20243 cuando se
retiró por solicitud propia.

4. El demandante solicitó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) el
reconocimiento y pago de su asignación de retiro. La entidad negó la petición
mediante la Resolución núm. 7135 de 2024, la cual fue confirmada, previa
reposición, por la Resolución núm. 7324 de 2024. A juicio de la CREMIL, el actor
debía acreditar un total de 25 años de servicio para acceder a la asignación de retiro,
pero solo cumplió con 20 años, 11 meses y 26 días.

5. Frente a ello, el accionante interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra las resoluciones núm. 7135 y 7324 de 2024. En su escrito
introductorio del libelo, el actor argumentó que tenía derecho al régimen de
transición establecido en la Ley marco 923 de 2004, pues, para la fecha de entrada
en vigor de aquella (30 de diciembre de 2004), se encontraba en servicio activo
como alumno de la Escuela Naval de Suboficiales de la Armada Nacional. Señaló
que debía aplicarse la norma jurídica más favorable, que exigía 20 años de servicio
cuando el retiro se produce por solicitud propia. En ese sentido, argumentó que los
actos demandados desconocieron el régimen de transición y el principio de
favorabilidad.

6. El trámite correspondió al Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá (radicado núm. 11001-33-42-051-2024-00324-00), el
cual, mediante sentencia del 10 de julio de 2025 negó las pretensiones de la
demanda. En la decisión, el Juzgado observó que el artículo 15 del Decreto 4433
de 2004 establece que los oficiales y suboficiales que ingresaron al escalafón a
partir de la fecha de entrada en vigor de esa norma (31 de diciembre de 2004) y que
se retiraron por solicitud propia debían acreditar 25 años de servicio. Por su parte,
el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990 exigía 20 años de servicio para el
reconocimiento de la asignación de retiro para quienes fueron retirados por solicitud
propia. Al respecto resolvió que la norma aplicable al demandante correspondía al
Decreto 4433 de 2004 y, por lo tanto, debía acreditar 25 años de servicio para
acceder a su asignación de retiro.

7. La autoridad judicial sostuvo que, de acuerdo con la Ley 923 de 2004, no se podía
exigir tiempo de servicio mayor al previsto en el régimen anterior a quienes se
encontraban en servicio activo al momento en que dicha ley entró en vigor. Sin
embargo, afirmó que el tiempo de formación, aunque debe tenerse en cuenta para
efectos de la asignación de retiro, no constituye un vínculo como oficial o suboficial
en servicio activo. Para ello, se refirió al Decreto 1790 de 2000 que establece la
clasificación del escalafón militar. En ese orden, el juzgado concluyó que era claro
cuál era la norma aplicable al caso y cuál era la interpretación correspondiente, toda
vez que, para la fecha de entrada en vigor de la Ley 923 de 2004, el demandante

3
La Sala advierte que el accionante relacionó como fecha de retiro el 21 de junio de 2024, pero en
las sentencias de primera y segunda instancia, así como en el escrito de la demanda del proceso
ordinario, se señaló que la fecha de retiro correspondió al 21 de julio de 2024.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06294-00
Accionante: Luis Alberto de Jesús Vargas García
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

se encontraba en la escuela de formación y solamente ingresó al escalafón militar
hasta el 5 de diciembre de 2005.

8. Inconforme con la decisión, el demandante presentó recurso de apelación en el
que argumentó que el tiempo de formación en la escuela de formación se debía
considerar como servicio activo, pues este tiempo sí se considera para efectos de
la asignación de retiro. Por lo anterior, señaló que sí había ingresado al servicio
activo de las Fuerzas Militares desde el 8 de enero de 2004, fecha en que se vinculó
a la escuela de formación. También argumentó que la decisión de primera instancia
desconoció el principio de favorabilidad en materia laboral y que sí se predica la
subordinación de los alumnos de las escuelas de formación.

9. Dicho recurso correspondió a la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que a través de sentencia del 25 de
febrero de 2026, confirmó la decisión de primera instancia. La autoridad judicial
señaló que la Ley 923 de 2004 estableció que, cuando el retiro se produce por
solicitud propia y la persona era miembro de la Fuerza Pública en servicio activo a
la fecha de entrada en vigor de esa norma, no se podría exigir un tiempo de servicio
superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de
esa ley. Esa norma fue desarrollada por el Decreto 4433 de 2004, que establece en
su artículo 14 que las personas que se retiren por decisión propia y fueran oficiales
o suboficiales en servicio activo a la fecha de entrada en vigor de esa norma tenían
que acreditar 20 años de servicio para acceder a la asignación de retiro. En el caso
concreto, la autoridad judicial observó que el artículo 15 de ese decreto estableció
que las personas que ingresaron al escalafón a partir de la fecha de entrada en vigor
de esa norma y se retiraron por solicitud propia tienen que acreditar 25 años de
servicio para acceder a la asignación de retiro.

10. Respecto del escalafón militar, el Tribunal señaló que este correspondía a los
oficiales y suboficiales en servicio activo, el cual se divide en escalafón regular y
complementario (Decreto 1790 de 2000). Indicó que el regular refiere a los oficiales
y suboficiales egresados de las escuelas de formación, mientras que el
complementario a los oficiales que, habiendo reunido los requisitos de tiempo
mínimo y excelente conducta, demuestren buenas condiciones profesionales en su
grado para continuar en servicio activo.

11. En ese orden, el Tribunal señaló que la norma aplicable al caso concreto era el
Decreto 4433 de 2004. En efecto, si bien la Ley 923 de 2004 estableció un régimen
de transición, este se dirigió exclusivamente a quienes pertenecieran al servicio
activo para el momento de entrada en vigor de esa norma. Señaló también que el
tiempo en las escuelas de formación no hace parte del servicio activo, pues aquel
no se considera para el ingreso al escalafón militar. Observó que es cierto que los
alumnos están sujetos a líneas de disciplina, mando y justicia penal militar, pero no
por ello están en servicio activo. En ese orden, si bien los Decretos 1211 de 1990 y
4433 de 2004 establecen que para efectos de la asignación de retiro se debe tener
en cuenta el tiempo de formación, este no se puede considerar para efectos de
ingreso al escalafón militar. Por lo tanto, y toda vez que la norma aplicable es el
Decreto 4433 de 2004, el accionante debía acreditar 25 años de servicio para

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06294-00
Accionante: Luis Alberto de Jesús Vargas García
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

acceder a la asignación de retiro, en lugar de 20 años como planteaba el
demandante.

Pretensiones

12. En el presente proceso de tutela, el demandante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):

“Primero.- Declare que los accionados le vulneraron al actor los derechos
al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, y los principios
constitucionales de favorabilidad laboral -artículo 53-, de interpretación pro
homine de los Derechos Humanos. También se le vulneró al actor sus
legítimas expectativas laborales y el derecho al régimen de transición que
estableció la Ley Marco 923 de 2004 en su artículo 3° numeral 3.1. incisos
1° y 2°.
Segundo.- En consecuencia, anule las sentencias proferidas dentro del
medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de carácter
pensional con Radicado 110013342051202400324 00, proveídos dictados
por el Juzgado 51 Administrativo del Circuito de Bogotá D. C. y por el
Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Tercero.- Ordene a los accionados dictar sentencia de reemplazo en que se
contabilice el tiempo de servicio del accionante en la Armada Nacional desde
el 8 de enero de 2004, fecha de su ingreso como alumno a la Escuela Naval
de Suboficiales, aplicando la normativa del Decreto ordinario 1211 de 1990
-artículo 163- y no del Decreto reglamentario 4433 de 2004 -artículo 15-
como se hizo en las sentencias objeto de esta acción de tutela”4.

Fundamentos de la demanda de tutela

13. La parte accionante argumentó que la demanda cumplía con las causales
genéricas de procedencia de tutela contra providencia judicial. Igualmente, sostuvo
que las decisiones de las autoridades judiciales incurrieron en un defecto
sustantivo porque negaron la aplicación del régimen de transición previsto en la
Ley Marco 923 de 2004 y realizaron una interpretación contraevidente de la
normatividad aplicable. Sostuvo que hubo una vulneración al debido proceso, pues
ambas autoridades judiciales encontraron que el tiempo de permanencia en la
escuela de formación no podría tenerse como tiempo de servicio activo, pese a que
el tiempo en la escuela de formación sí se considera para efectos de la asignación
de retiro. Señaló que esta interpretación es irrazonable pues desconoce el tenor
literal de las normas, especialmente, el artículo 3° de la Ley Marco 923 de 20045 y
el artículo 170 del Decreto 1211 de 19906. También afirmó que vulneraron su

4
Ver archivo “003_3ED_Demanda”, pág. 3.
5
“Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus
sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los
miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como
mínimo los siguientes elementos:
3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se fijará
exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. (…)
(…) A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la
presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de
servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley
cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca
por cualquier otra causal.”
6
“ARTÍCULO 170. Cómputo de tiempo. Para efectos de asignación de retiro y demás prestaciones
sociales, el Ministerio de Defensa liquidar el tiempo de servicio, así:

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06294-00
Accionante: Luis Alberto de Jesús Vargas García
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

derecho a la seguridad social, pues hubiera podido acceder a la asignación de retiro
con una interpretación favorable. Asimismo, argumentó que las decisiones violaron
su derecho a la igualdad, para lo cual citó varias decisiones de tribunales
administrativos y juzgados en las que se consideró que el tiempo de permanencia
en la escuela de formación sí cuenta como tiempo de servicio activo.

14. Adicionalmente, observó que las decisiones vulneraron el principio de
favorabilidad laboral en sentido estricto, pues atendieron a la norma más
desfavorable entre las dos normas aplicables (el Decreto 1211 de 1990 y el Decreto
reglamentario 4433 de 2004). Argumentó también que se desconoció el principio de
favorabilidad en sentido amplio (in dubio pro operario), pues las autoridades
judiciales interpretaron de manera desfavorable el artículo 170 del Decreto ordinario
1211 de 1990, así como el artículo 7° del Decreto reglamentario 4433 de 2004. En
efecto, afirmó que había dos interpretaciones posibles: (i) el tiempo en las escuelas
de formación no se considera como de servicio activo a efectos del régimen de
transición y (ii) la permanencia en aquellas sí hace parte del servicio activo a efectos
del régimen de transición. No obstante, las autoridades aplicaron la interpretación
más gravosa. Indicó que esa interpretación vulneró el principio de interpretación pro
persona, pues quienes pertenecen a las escuelas de formación reciben órdenes,
cumplen funciones propias de la Fuerza Pública, se cuentan entre los efectivos y
ponen en riesgo su vida e integridad personal. También argumentó que se vulneró
su expectativa legítima en materia laboral, pues ingresó el 8 de enero de 2004 con
una expectativa legítima de que en 20 años podría acceder a su pensión de retiro.
Por lo anterior, afirmó que tenía derecho al régimen de transición del artículo 3° de
la Ley marco 923 de 2004, reglamentado por el Decreto 4433 de 2004.

15. El actor también dijo que las autoridades aplicaron de manera retroactiva una
norma laboral desfavorable, pues, pese a que se incorporó a la Armada Nacional
en vigencia del Decreto 1211 de 1990, se le aplicó de manera retroactiva el Decreto
4433 de 2004. Finalmente, discutió la interpretación de la jurisprudencia del Consejo
de Estado citada en las decisiones demandadas, pues en esta el Consejo de Estado
creó una distinción inexistente entre el tiempo de permanencia en las escuelas de
formación para efectos de acceder a la asignación de retiro y para efectos de
pertenecer al servicio activo.

Trámite procesal

16. Por medio de auto del 11 de agosto de 2026, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado Cincuenta y
Uno (51) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá como accionados.
Igualmente, dispuso la vinculación de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(CREMIL), al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 11001-33-42-
051-2024-00324 00/01. Entre otras decisiones.

(…) b. Suboficiales, el tiempo de permanencia como (…) Alumno de una Escuela de Formación de
Suboficiales, con un máximo de dos (2) años;
c. El tiempo de servicio como (…) Suboficial”

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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Intervenciones

17. El Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá remitió copia del expediente digital del proceso ordinario.

18. El despacho de la magistrada Mirtha Abadía Serna de la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó negar
el amparo constitucional. Indicó que, aunque el actor discrepe de la decisión, el
Tribunal no vulneró los derechos invocados, pues realizó un estudio juicioso de las
pruebas y arribó a la conclusión de negar las pretensiones de la demanda. Así pues,
la autoridad no actuó con arbitrariedad, ni incurrió en vías de hecho o en
desconocimiento de la ley o el precedente vigente.

19. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) solicitó declarar la
legalidad de las actuaciones de la CREMIL, la no violación de derechos del
accionante y su falta de legitimación en la causa por pasiva. Señaló que su objeto
es reconocer y pagar la asignación de retiro a oficiales, suboficiales y soldados
profesionales de las Fuerzas Militares y, en el presente caso, su intervención se
limitó a cumplir textualmente el fallo del Tribunal Administrativo. Respecto a lo
formal, la entidad señaló que el asunto ya había sido debatido en instancias
judiciales y el accionante disponía de otros mecanismos judiciales y no acreditó un
perjuicio irremediable. Respecto de los aspectos de fondo, manifestó que no existió
vulneración alguna de los derechos del accionante.

20. La Procuraduría General de la Nación solicitó su desvinculación, pues no
intervino en el proceso ordinario.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

22. De conformidad con lo expuesto, la Sala de la Subsección entiende que el
primer problema jurídico se circunscribe a responder si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales.

23. Superado ese análisis, la Sala establecerá si la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al confirmar la sentencia
proferida por el Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá, incurrió en defecto sustantivo al interpretar que el tiempo de
permanencia del accionante como alumno de la Escuela Naval de Suboficiales no
correspondía a servicio activo para efectos de acceder al régimen de transición
previsto en el artículo 3 de la Ley 923 de 2004. Según el accionante, dicha

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Accionante: Luis Alberto de Jesús Vargas García
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

interpretación vulneró los principios de favorabilidad y pro persona, sus expectativas
legítimas y su derecho al régimen de transición, además de comportar la aplicación
retroactiva de una norma desfavorable.

24. Para contestar los anteriores interrogantes, se procederá a analizar: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, en particular, las causales genéricas y
específicas, y (ii) el caso concreto.

Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales

25. De conformidad con el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590
de 20057, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y
exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar
que concurren siete causales genéricas de procedencia y al menos una específica.

26. De manera frecuente, la Corte ha indicado que, en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar8: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela9, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional10 o el Consejo de Estado11,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)12; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable13 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico, y (vii) que,
cuando se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir, que, si tal error no hubiere ocurrido, el
alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

7
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
8
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
9
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
11
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
13
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

27. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.

i. Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es
expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia;
ii. Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad
judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado
asunto;
iii. Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;
iv. Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas
contrarias a la garantía de los derechos fundamentales.
v. Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de
influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica
probada en el caso;
vi. Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber
de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
vii. Desconocimiento del precedente, que se genera cuando, frente a un
caso con los mismos hechos, una autoridad se aparta de los
procedimientos establecidos por los tribunales de cierre (precedente
vertical) o por los dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin
cumplir con la carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué se
cambia de precedente.
viii. Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una
providencia judicial desconoce por completo un postulado de la
Constitución, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice.

Caso concreto

28. Después de la anterior exposición, la Sala estudiará el caso concreto, en donde
revisará la legitimación en la causa y el cumplimiento de los requisitos formales. En
caso de superarlos, se iniciará el estudio de mérito.

Legitimación en la causa

29. El señor Luis Alberto de Jesús Vargas García cuenta con legitimación en la
causa por activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales
cuya vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona directamente
afectada por las decisiones adoptadas por la Subsección C de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Cincuenta y Uno (51)

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06294-00
Accionante: Luis Alberto de Jesús Vargas García
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, providencias que, según afirma,
trasgredieron sus garantías constitucionales.

30. De igual manera, la Sala considera que el requisito de legitimación en la causa
por pasiva está satisfecho, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra
la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá, autoridades judiciales que emitieron las providencias a las que se les
atribuye la trasgresión de los derechos fundamentales reclamados por el
accionante.

31. Adicionalmente, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva
y dispondrá la desvinculación de la Procuraduría General de la Nación, pues el
Ministerio Público no intervino en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Estudio de forma de la demanda de tutela

32. En primer lugar, en el presente asunto se encuentra demostrado que, respecto
de la mayoría de los alegatos, la parte accionante no contaba con otros medios de
defensa judicial para discutir lo aquí expuesto, por cuanto la providencia del 25 de
febrero de 2026 puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho14. Sin embargo, la Sala advierte que uno de los alegatos del accionante es
que las autoridades judiciales vulneraron su derecho a la igualdad. Al respecto,
relacionó varias decisiones15 en las que a su juicio se sostuvo que el tiempo de
permanencia en las escuelas de formación hace parte del servicio activo. En ese
sentido, argumentó que el régimen de transición previsto en el artículo 3° de la Ley
923 de 2004 les fue reconocido a varias personas que se encontraban en una
situación fáctica similar a la suya. La Sala advierte que el demandante tenía a su
disposición varias oportunidades procesales en las que pudo manifestar esta
supuesta vulneración al derecho a la igualdad en el marco del proceso ordinario.
Sin embargo, en el presente caso, dichos argumentos no fueron alegados en la
demanda, ni en el recurso de apelación. En consecuencia, como la parte actora
dispuso de oportunidades procesales para plantear ese reproche ante el juez natural
y no las utilizó, ni explicó por qué esos mecanismos resultaban inidóneos o
ineficaces, el cargo relacionado con la presunta vulneración del derecho a la
igualdad no satisface el requisito de subsidiariedad y, por tanto, no será objeto de
estudio de fondo.

33. En segundo lugar, la acción se presentó dentro de un plazo razonable, porque
la providencia enjuiciada se notificó el 26 de febrero de 202616 y la tutela se
interpuso el 10 de agosto de 2026. En tercer lugar, no se invoca una irregularidad

14
La Sala observa que, en el caso concreto, no aplicaba alguna de las causales específicas de
procedencia del recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 de la Ley 1437 de
2011.
15
Tribunal Administrativo del Atlántico, radicado núm. 08001-33-33-001-2024-00116-01; Tribunal
Administrativo del César, radicado núm. 20001-33-33-002-2020 00012-01, y Juzgado Once (11)
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, radicado núm. 73001-33-33-011-2021-00034-00.
16
Ver expediente 11001-33-42-051-2024-00324-01, índice 14 y 15 de Samai.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06294-00
Accionante: Luis Alberto de Jesús Vargas García
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

procesal, por lo que este requisito no es aplicable en esta oportunidad. En cuarto
lugar, el accionante identificó claramente los hechos relativos a las decisiones en el
proceso identificado con radicado núm. 11001-33-42-051-2024-00324-00/01, en las
cuales alegó que las autoridades judiciales vulneraron sus derechos al debido
proceso, a la seguridad social, a la igualdad, así como de los principios
constitucionales de favorabilidad laboral y pro homine, así como a “sus legítimas
expectativas laborales y el derecho al régimen de transición que estableció la Ley
Marco 923 de 2004”17. En quinto lugar, no se trata de una sentencia de tutela, de
una decisión expedida en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad por
parte de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado18 ni de una sentencia
interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la
Paz19.

34. En sexto lugar, la Sala advierte que se trata de un caso de relevancia
constitucional, dado que involucra el derecho al debido proceso, la aplicación del
régimen de transición de acuerdo con el ingreso a la escuela de formación militar y
el derecho a la seguridad social. Por lo anterior, se cumple el criterio de la Corte
Constitucional20, que ha entendido que el requisito de relevancia constitucional
implica que el debate recaiga en el contenido, alcance y goce de un derecho
constitucional. En efecto, no es un asunto de mera legalidad o de discrepancia
interpretativa, sino de un evento de naturaleza excepcional que tiene “la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental”21, pues la Corte Constitucional ha entendido que los
asuntos sobre la seguridad social y el régimen de transición de la asignación de
retiro revisten verdadera naturaleza constitucional22.

35. De conformidad con lo expuesto, la Subsección estudiará de fondo el defecto
sustantivo respecto de los reproches que superaron el examen de procedibilidad.

Estudio de los defectos

36. En el caso bajo estudio, la Sala considera que la decisión cuestionada de la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
no incurrió en defecto sustantivo por las razones que se expresan a continuación.

37. El demandante presentó múltiples argumentos sobre este defecto, los cuales se
centran en que la autoridad judicial interpretó de manera irrazonable la expresión
“en servicio activo” contenida en el artículo 3° de la Ley 923 de 2004 y el artículo
170 del decreto 1211 de 1990, y, por tanto, no aplicó el régimen de transición
previsto para los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de
entrada en vigor de dicha norma.

17
Ver “003_3ED_Demanda”, pág. 1.
18
Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-379 de 2019, SU-355 de
2020, SU-388 de 2021, SU-074 de 2022 y SU-114 de 2023.
19
Corte Constitucional, Sentencias SU-478 de 2014 y SU-388 de 2023.
20
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
21
Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
22
Corte Constitucional, Sentencia T-261/19

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06294-00
Accionante: Luis Alberto de Jesús Vargas García
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

38. El actor manifestó que la Ley 923 de 2004, en su artículo 3°, numeral 3.1,
estableció un régimen de transición, pues dispuso que no se les exigiría un tiempo
de servicio superior a las disposiciones vigentes al momento de la expedición de la
ley a los miembros en servicio activo al momento de entrada en vigor de esa ley que
hubieran sido retirados por solicitud propia. Por su parte, la norma vigente al
momento de expedición de la anterior ley era el Decreto 1211 de 1990, que exigía
20 años de servicio a los oficiales y suboficiales que se retiraban por solicitud propia.

39. De acuerdo con el demandante, el Tribunal sostuvo que el tiempo de
permanencia en las escuelas de formación no podría tenerse como tiempo de
servicio activo, por lo que al actor no le aplicaba el régimen de transición previsto
en el artículo 3° de la Ley 923 de 2004, ya que, al momento de la expedición de la
norma, el accionante se encontraba en la escuela de formación y no en servicio
activo. La parte actora sostuvo que esta interpretación fue irrazonable y vulneró su
derecho al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, a la favorabilidad
laboral en sentido estricto, a la favorabilidad laboral en sentido amplio, a la
interpretación pro homine, a sus legítimas expectativas en materia laboral y al
régimen de transición.

40. En efecto, el actor sostuvo que las providencias cuestionadas desconocieron el
principio de favorabilidad en sentido estricto, porque existían dos regímenes
diferentes y las autoridades judiciales eligieron el más desfavorable, el cual exige
25 años de servicio. A su vez, alegó vulneración del principio de favorabilidad en
sentido amplio o in dubio pro operario, pues, de las dos interpretaciones posibles
sobre si el tiempo de formación constituye o no servicio activo para efectos del
régimen de transición, acogieron la interpretación menos favorable. Por lo anterior,
también afirmó que vulneraron el principio pro homine, ya que las autoridades
optaron por la lectura menos protectora de sus derechos. En esa misma línea,
también se frustraron sus expectativas legítimas, pues cuando ingresó a la Armada
Nacional esperaba acceder a la asignación de retiro en 20 años de servicio.
También argumentó que se aplicó de manera retroactiva una norma desfavorable,
pues pese a haberse incorporado antes de la expedición de la Ley 923 de 2004, se
le aplicó este régimen más gravoso.

41. Contrario a lo sostenido por el accionante, la Sala no advierte que la
interpretación acogida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca resulte manifiestamente irrazonable o arbitraria. La
autoridad judicial entendió que, para efectos específicos del régimen de transición
previsto en la Ley 923 de 2004, la expresión “en servicio activo” debía analizarse en
relación con la adquisición de la condición de oficial o suboficial y el correspondiente
ingreso al escalafón militar.

42. El Tribunal mencionó que, en la normativa anterior a la Ley 923 de 2004,
existían requisitos más favorables para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas
Armadas que se retiraban por solicitud propia, pues se exigía 20 años de servicio
para acceder a la asignación de retiro, mientras que la normativa posterior pasó a
exigir 25 años. También observó que la Ley 923 de 2004 estableció un régimen de
transición para los miembros de la Fuerza Pública que a la fecha de entrada en vigor
de esa ley estuvieran en servicio activo y se retiraran por solicitud propia.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06294-00
Accionante: Luis Alberto de Jesús Vargas García
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

43. No obstante, el Tribunal se refirió al Decreto reglamentario de ley marco 4433
de 2004 que desarrolló la Ley 923 de 2004, el cual expresamente indicó que los
oficiales y suboficiales que ingresaron al escalafón a partir de la fecha de entrada
en vigor de esa norma y se retiraron por solicitud propia tenían que acreditar 25
años para acceder a la asignación de retiro. Adicionalmente, la autoridad judicial
relacionó el escalafón militar con el servicio activo a partir de lo establecido en el
Decreto 1211 de 1990 y el Decreto 1790 de 2000. Así pues, concluyó que los
oficiales y suboficiales en servicio activo son aquellas personas que ingresaron al
escalafón y egresaron de las escuelas de formación o los oficiales que reunieron los
requisitos de tiempo mínimo y excelente conducta, y demostraron buenas
condiciones profesionales en su grado para continuar en servicio activo.

44. Con fundamento en esas disposiciones, el Tribunal distinguió entre el cómputo
del tiempo de formación para establecer el total de servicios requerido para la
asignación de retiro y la determinación de la condición jurídica exigida para acceder
al régimen de transición.

45. A partir de ese razonamiento, la autoridad judicial concluyó que el actor no era
beneficiario del régimen transicional, pues al momento de entrada en vigor de la Ley
923 de 2004 aún se encontraba en la escuela de formación y únicamente adquirió
la condición de suboficial con su ingreso al escalafón en diciembre de 2005.

46. La Sala advierte que esa interpretación cuenta con fundamento normativo y no
resulta contraevidente, pues encuentra respaldo en la estructura de las
disposiciones aplicables, como se explica a continuación.

47. La interpretación acogida por el Tribunal encuentra respaldo en la estructura del
régimen normativo aplicable. En efecto, el artículo 3.1 de la Ley 923 de 2004
dispuso, por una parte, que para fijar el derecho a la asignación de retiro deben
tenerse en cuenta el tiempo de formación, de servicio y/o aportado y, por otra,
estableció una regla específica de transición según la cual a los miembros de la
Fuerza Pública que se encontraran “en servicio activo” al momento de entrada en
vigor de la ley no podía exigírseles, cuando fueran retirados por solicitud propia, un
tiempo de servicio superior al previsto en el régimen anterior. Se trata, por tanto, de
dos reglas relacionadas, pero conceptualmente distintas: la primera determina qué
períodos pueden contabilizarse para completar el tiempo necesario para causar la
prestación; la segunda identifica el grupo de sujetos a quienes se preservan las
condiciones temporales del régimen precedente. Entonces, la propia Ley 923 de
2004 no dispone expresamente que todo período computable como tiempo de
formación deba considerarse, por esa sola circunstancia, como servicio activo para
establecer la pertenencia al régimen de transición.

48. Esa distinción encuentra un referente normativo relevante en el artículo 15 del
Decreto 4433 de 2004, disposición que regula la asignación de retiro de los oficiales
y suboficiales que ingresen al escalafón a partir de la entrada en vigor de ese
decreto y que, para quienes se retiren por solicitud propia, exige veinticinco años de
servicio. A su vez, el Decreto 1790 de 2000 define el escalafón militar a partir de los
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y dispone que, en el caso de la
Armada Nacional, el ingreso del suboficial al escalafón se produce en el grado de

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06294-00
Accionante: Luis Alberto de Jesús Vargas García
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

marinero segundo. De acuerdo con la hoja de servicios valorada por el Tribunal, el
accionante adquirió esa condición el 5 de diciembre de 2005, esto es, después de
la entrada en vigor del Decreto 4433 de 2004. Por ello, la conexión efectuada por la
autoridad judicial entre la condición de oficial o suboficial, el ingreso al escalafón y
la expresión “servicio activo” prevista en la Ley 923 de 2004 cuenta con un
fundamento normativo identificable y no puede calificarse, por esa sola
circunstancia, como arbitraria o contraevidente.

49. Por otro lado, los artículos 170 del Decreto 1211 de 1990 y 7 del Decreto 4433
de 2004 cumplen una función normativa diferente. Ambos disponen que, para
efectos de la asignación de retiro, debe computarse el tiempo de permanencia como
alumno en una escuela de formación —dentro de los límites allí establecidos—.
Esas disposiciones permiten que el período de formación contribuya a completar el
número total de años requerido para obtener la prestación, pero no establecen
expresamente que el ingreso a la escuela equivalga al ingreso al escalafón ni que
ese período deba reputarse servicio activo para todos los efectos jurídicos. La
sentencia cuestionada partió precisamente de esa diferencia: una cosa es
determinar cuánto tiempo de servicio puede contabilizarse para causar la
asignación de retiro y otra establecer desde qué momento se reúne la condición
jurídica exigida para pertenecer al régimen de transición. De hecho, el Tribunal
expresó que los artículos 170 del Decreto 1211 de 1990 y 7 del Decreto 4433 de
2004 reconocen el tiempo de formación para el cómputo de la prestación, pero no
disponen que ese período tenga que ser considerado servicio activo para efectos
del régimen transicional.

50. En esas condiciones, la Sala no advierte que la interpretación adoptada sea
manifiestamente irrazonable o contraevidente. El Tribunal no desconoció que el
tiempo de formación podía computarse para la asignación de retiro; por el contrario,
reconoció expresamente esa regla. Lo que hizo fue atribuirle un alcance distinto
según la finalidad normativa examinada: para determinar el tiempo total de servicios,
admitió su cómputo; para definir la pertenencia al régimen de transición, acudió a
las disposiciones que regulan el ingreso al escalafón y diferencian entre quienes ya
tenían la condición de oficiales o suboficiales antes de la entrada en vigor del
Decreto 4433 de 2004 y quienes la adquirieron posteriormente. Esa diferenciación
es jurídicamente atribuible al contenido y a la relación sistemática de las normas
aplicables y, por ello, aun cuando pueda discutirse o existir una interpretación
alternativa, no evidencia por sí misma el carácter arbitrario, caprichoso o
ostensiblemente contrario al ordenamiento que exige la configuración de un defecto
sustantivo

51. Por otro lado, la decisión judicial tampoco vulnera el principio de favorabilidad.
La Corte Constitucional ha precisado que este opera cuando dos o más
disposiciones vigentes resultan prima facie aplicables a una misma situación jurídica
y surge una duda acerca de cuál debe gobernarla, caso en el cual debe preferirse
aquella que otorgue mayor protección al trabajador23. En el presente asunto, el

23
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024. Además, la Sentencia T-088 de 2018, agrega
que las dos disposiciones deben ser realmente concurrentes y vigentes para el momento en que se
causa el derecho; además, la aplicación favorable debe respetar la inescindibilidad del régimen
escogido.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06294-00
Accionante: Luis Alberto de Jesús Vargas García
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Tribunal no partió de la concurrencia entre el Decreto 1211 de 1990 y el Decreto
4433 de 2004, sino que, previamente, determinó el supuesto normativo aplicable a
partir de la fecha de ingreso del accionante al escalafón militar. Así, concluyó que el
actor no estaba comprendido en el régimen de transición y que su situación se
encontraba gobernada por el artículo 15 del Decreto 4433 de 2004. Bajo esa
construcción, no existían dos disposiciones simultáneamente aplicables entre las
cuales resultara obligatorio escoger la más favorable.

52. Este principio no impone al juez escoger, entre cualquier número de
interpretaciones propuestas por las partes, aquella que resulte económicamente
más beneficiosa. Su aplicación presupone una duda jurídicamente relevante
respecto de fuentes normativas concurrentes o de interpretaciones admisibles de
una misma disposición24. En consecuencia, la sola circunstancia de que el régimen
anterior resulte más beneficioso para el accionante no activa el principio de
favorabilidad. Para ello era necesario que ambas disposiciones fueran concurrentes
y prima facie aplicables a su situación jurídica. Como el Tribunal concluyó, mediante
una interpretación razonada, que el actor no estaba comprendido en el supuesto del
régimen de transición, no se encontraba ante dos normas simultáneamente
aplicables entre las cuales tuviera que escoger la más favorable.

53. Tampoco se configura el defecto sustantivo por desconocimiento del principio in
dubio pro operario25. La Corte Constitucional ha precisado que este mandato opera
cuando una misma disposición admite dos o más interpretaciones razonables y
existe una duda seria y objetiva acerca de cuál debe acogerse. La seriedad de esa
duda depende de la solidez jurídica de las interpretaciones enfrentadas, para lo cual
resultan relevantes, entre otros elementos, su fundamentación normativa, la
existencia de criterios judiciales o administrativos que las respalden y la suficiencia
de la argumentación. Por ello, no basta que una de las partes proponga una lectura
alternativa que le resulte más favorable. En este asunto, el Tribunal sustentó su
interpretación en la regulación del escalafón militar y en la diferenciación prevista
en los artículos 14 y 15 del Decreto 4433 de 2004, y explicó por qué el tiempo de
formación podía computarse para completar el tiempo total de servicios sin que ello
determinara, por sí mismo, la pertenencia al régimen de transición. En esas
condiciones, la existencia de una tesis distinta no demuestra que la autoridad judicial
hubiera desconocido una duda seria y objetiva que debiera resolverse
necesariamente en favor del actor.

54. Conjuntamente, el principio pro persona no impone la aplicación automática de
la interpretación propuesta por el accionante. Si bien este mandato exige que, entre
alternativas jurídicas admisibles, se privilegie aquella que garantice en mayor
medida el ejercicio de los derechos fundamentales, no autoriza a desconocer los
presupuestos normativos que delimitan el ámbito de aplicación de un régimen
jurídico. En el caso concreto, el Tribunal no escogió simplemente la alternativa
menos favorable al actor, sino que determinó, a partir de la regulación de la carrera
militar y del régimen de asignación de retiro, que este no pertenecía al grupo
cobijado por la transición. Esa conclusión puede ser controvertida, pero cuenta con

24
Corte Constitucional, Sentencia SU-140 de 2019.
25
Corte Constitucional, Sentencia Sentencias SU-221 de 2024 y SU-138 de 2021.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06294-00
Accionante: Luis Alberto de Jesús Vargas García
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

una justificación normativa suficiente y, por ello, no evidencia una interpretación
manifiestamente contraria al principio pro persona.

55. Finalmente, no es el caso de que la decisión de la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca haya aplicado de manera
retroactiva una norma desfavorable. La autoridad judicial consideró que dicha
disposición gobernaba la situación del accionante porque este ingresó al escalafón
militar después de su entrada en vigor. De ese modo, la norma no fue aplicada a
una situación consolidada bajo el régimen anterior, sino al supuesto que, según la
interpretación del Tribunal, se configuró cuando el actor adquirió la condición de
suboficial.

56. En consecuencia, respecto de los reproches que superaron el examen de
procedibilidad, la Sala concluye que no se configuró el defecto sustantivo alegado.
La interpretación adoptada por el Tribunal puede ser discutible y coexistir con otras
lecturas dentro de la jurisdicción, pero ello no basta para hacerla
constitucionalmente arbitraria. La acción de tutela contra providencias judiciales no
constituye una instancia adicional destinada a seleccionar entre interpretaciones
jurídicas razonables, sino un mecanismo excepcional para corregir decisiones que
desconozcan de manera evidente el ordenamiento o comprometan derechos
fundamentales. En este caso, ese umbral no fue superado.

57. En conclusión, la Sala declarará improcedente la acción de tutela frente al cargo
relacionado con la supuesta vulneración al derecho a la igualdad, pues este
argumento no superó el requisito de subsidiariedad. Además, la Subsección negará
el amparo, pues la decisión cuestionada de la Subsección C de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en el defecto sustantivo
alegado por el actor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
PASIVA de la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la
presente providencia y, en consecuencia, DESVINCULAR a dicha autoridad del
trámite de la presente acción de tutela.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Luis Alberto de Jesús Vargas García, por conducto de apoderado, contra la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y el Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
respecto del defecto que denunció la violación del principio de igualdad, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por el señor Luis Alberto de
Jesús Vargas García, por conducto de apoderado, contra la Subsección C de la

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06294-00
Accionante: Luis Alberto de Jesús Vargas García
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado
Cincuenta y Uno (51) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en relación con
el defecto sustantivo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

QUINTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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