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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06300-00

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06300-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: Primero: NEGAR el amparo solicitado por las sociedades Constructora MRM Ltda. y Sociedad Fiduciaria Cooperativa de Colombia FIDUBANCOOP en liquidación, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-06300-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06300-00
Accionante: Constructora MRM Ltda., Sociedad Fiduciaria Cooperativa de
Colombia – FIDUBANCOOP.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Tema: Derechos al debido proceso, igualdad, acceso a la administración
de justicia y confianza legítima. Presunta mora judicial y alteración
inmotivada del turno para fallo dentro de proceso ejecutivo. NIEGA
AMPARO

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por las sociedades Constructora MRM
Ltda. y Sociedad Fiduciaria Cooperativa de Colombia – FIDUBANCOOP en
liquidación, por medio de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.

ANTECEDENTES

Las sociedades accionantes, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la tutela
efectiva y a la confianza legítima, que consideran vulnerados por la presunta mora
judicial y la alteración inmotivada del turno para el fallo dentro del proceso ejecutivo
identificado con radicado 25000-23-24-000-1999-00831-02.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que dentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se tramitó un proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Superintendencia de
Notariado y Registro, el cual culminó con sentencia a favor de las hoy accionantes,
proferida por el Consejo de Estado el 18 de abril de 2007.

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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
Que ante el incumplimiento de la sentencia mencionada, las -sociedades Archivo Central.
accionantes promovieron un proceso ejecutivo de hacer, cuyo conocimiento
corresponde al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A

Que el proceso ejecutivo fue promovido desde el mes de mayo de 2012 y, pese al
tiempo transcurrido, no se ha proferido sentencia de primera instancia. Que la
ausencia de decisión se ha prolongado por más de 13 años, situación que las ha
mantenido en un estado permanente de incertidumbre jurídica y ha frustrado la
efectividad del derecho reconocido en la sentencia ejecutoriada cuyo cumplimiento
se persigue.

Que la autoridad accionada ha continuado profiriendo sentencias dentro de otros
procesos cuya radicación es sustancialmente posterior a la del proceso ejecutivo
objeto de controversia. Como ejemplo de lo anterior, indicaron que el 13 de junio de
2025, dicha autoridad profirió sentencia dentro del proceso relacionado con la
nulidad del Decreto 0108 de 2024, mediante el cual fue designado el señor Armando
Benedetti como embajador de Colombia ante la FAO.

Que presentaron un derecho de petición ante el despacho sustanciador con el fin
de obtener información sobre el derecho de turno y la forma en que se evacuaban
los expedientes; que dentro del expediente no existe auto, providencia o decisión
que informe a las partes sobre una modificación del turno legal para fallo, ni
actuación que permita conocer las razones por las cuáles ciertos procesos
considerablemente más recientes fueron decididos con anterioridad.

Que la vulneración alegada no consiste únicamente en la existencia de una mora
judicial, sino en una omisión judicial continuada, derivada de la permanencia del
proceso sin decisión en un contexto en el que el despacho accionado ha proferido
sentencias dentro de expedientes posteriores, sin motivación pública que justifique
la alteración del turno para fallo.

PRETENSIONES

Solicitan que se protejan los derechos fundamentales invocados y se ordene al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, subsección A, que «(…)
dentro del término que prudencialmente señale el despacho constitucional, informe
de manera expresa, concreta y suficientemente motivada las razones jurídicas,
legales, administrativas o funcionales que hubieren justificado la alteración del turno
cronológico previsto en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 respecto del proceso
ejecutivo de hacer promovido por el accionante.

(...) En caso de verificarse que no existió una causa legal o constitucional que
justificara la alteración del turno, ordenar al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, adoptar las medidas necesarias
para que el proceso ejecutivo de hacer sea decidido dentro de un término razonable

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• Archivo Central.
y perentorio que fije el juez constitucional, respetando plenamente la autonomía e
independencia judicial respecto del contenido material de la sentencia que deba
proferirse.
(…)»

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue admitida por el Despacho sustanciador el 31 de agosto de
2026; se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y se vinculó como tercero
interesado a la Superintendencia de Notariado y Registro.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca informó que la demanda ejecutiva
fue presentada el 14 de mayo de 2012 y que, desde entonces, el trámite ha
registrado múltiples actuaciones tanto en el Tribunal Administrativo como en el
Consejo de Estado. Por lo que rechazó la afirmación según la cual el asunto
permaneció sin actividad procesal durante 13 años.

Que el asunto fue remitido inicialmente a la Subsección C de Descongestión, que
en diciembre de 2012 se negó el mandamiento de pago, que dicha decisión fue
objeto de recursos y de control por parte del Consejo de Estado, corporación que
finalmente revocó la negativa y ordenó proveer sobre el mandamiento ejecutivo.

Que en cumplimiento de esa decisión, el 8 de octubre de 2018 se libró mandamiento
de pago, providencia frente a la cual también se presentaron diversos recursos y
actuaciones posteriores.

Que durante el trámite se admitió una reforma a la demanda, se dio traslado de
contestaciones presentadas por la entidad ejecutada, se estudiaron los memoriales
allegados por las partes y se adelantaron las actuaciones necesarias para
restablecer el cumplimiento de la obligación contenida en la sentencia ejecutada.

Que el 19 de agosto de 2025 se realizó la audiencia de reconocimiento de la
obligación y que, mediante providencia de 24 de marzo de 2026, la Subsección A
declaró cumplida la obligación de hacer contenida en la sentencia del 18 de abril de
2007. Dicha decisión fue notificada el 7 de abril de 2026.

Que el escrito de tutela omite informar que el proceso ejecutivo culminó mediante la
providencia del 24 de marzo de 2026, circunstancia que, a su juicio, constituye un
hecho procesal de especial relevancia para valorar las pretensiones formuladas.
Agregó que la tutela fue presentada con posterioridad a la terminación del proceso
y que los accionantes no interpusieron recurso de apelación contra la decisión que
declaró cumplida la obligación de hacer, pese a que dicho mecanismo procedía
legalmente.

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• Archivo Central.
Que la eventual superación de los términos legales obedeció a circunstancias
objetivas y justificadas, asociadas a la complejidad del asunto, a la congestión
estructural de la jurisdicción contencioso-administrativa y a factores funcionales.

Que la sentencia proferida en el asunto relativo al nombramiento de Armando
Benedetti como embajador ante la FAO se trató de un proceso de nulidad electoral
que contaba con prelación constitucional y legal, por lo cual no resultaba comparable
con el proceso ejecutivo promovido por las accionantes.

Solicitó negar las pretensiones de la tutela por configurarse la carencia actual de
objeto, pues dentro del proceso ejecutivo ya se había proferido la providencia que
declaró cumplida la obligación de hacer.

POSICIÓN DEL VINCULADO

La Superintendencia de Notariado y Registro manifestó que no ha vulnerado
derecho fundamental alguno de las accionantes y que los reproches formulados en
la tutela recaen exclusivamente sobre la presunta mora judicial y la alteración del
turno de fallo atribuida a la autoridad judicial accionada.

Explicó las funciones y competencias asignadas a la entidad y a las Oficinas de
Registro de Instrumentos Públicos, y sostuvo que carece de injerencia en la
administración, programación, sustanciación o decisión de los procesos judiciales
que conoce la jurisdicción contencioso-administrativa. Solicitó disponer su
desvinculación del trámite constitucional.

Se decidirá previa las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) mora judicial y III)
análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Mora judicial

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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
La Corte Constitucional ha explicado que el incumplimiento de los términos - Archivo Central.
legales
para que el juez profiera las decisiones en los procesos que se encuentran a su
cargo, esto es, la mora judicial puede ocurrir por varias causas; por un lado, la
arbitrariedad o falta de diligencia de los funcionarios judiciales encargados de
adoptar las providencias, casos en los cuales esa mora es injustificada, y del otro,
por la complejidad del asunto, la sobrecarga de trabajo y la congestión judicial que
afrontan los jueces de la República, la que en consecuencia produce un
represamiento de procesos que impide que los mismos se fallen en los plazos
definidos por el legislador, eventos en los cuales la tardanza está justificada1.

Bajo ese entendimiento, el máximo tribunal constitucional ha establecido cuándo
hay lugar a una protección constitucional y a las diferentes medidas de
salvaguarda que se deben adoptar, según el asunto, ante la comprobación de la
mora judicial. Así lo expresó en sentencia SU-179 de 2021:

«No obstante, aunque el incumplimiento de los términos judiciales derive de
causas ajenas a la actuación diligente del funcionario judicial, la jurisprudencia
constitucional, en atención a las circunstancias particulares de la persona que
solicita el amparo, ha considerado posible que se adopten dos tipos de
remedios constitucionales. Por un lado, “ordenar excepcionalmente la
alteración del orden para proferir el fallo, cuando el juez está en presencia de
un sujeto de especial protección constitucional, o cuando la mora judicial
supere los plazos razonables y tolerables de solución, en contraste con las
condiciones de espera particulares del afectado”. Y, por el otro, “en aquellos
casos en que se está ante la posible materialización de un [perjuicio
irremediable], se puede ordenar un amparo transitorio en relación con los
derechos fundamentales comprometidos, mientras la autoridad judicial
competente se pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia
planteada”2.

90. Si se comprueba que se trata de mora judicial justificada, no existe violación
de los derechos al debido proceso (en su faceta de obtener decisión sin
dilaciones injustificadas y dentro del plazo razonable) y acceso a la
administración de justicia, comoquiera que la dilación en la resolución del
proceso no es imputable a la negligencia del tribunal de casación, sino a otras
causas, por ejemplo, problemas estructurales de congestión judicial. Por estas
razones, se niega el amparo de los mencionados, disponiendo que el actor se
someta al sistema de turnos para recibir fallo. Sin embargo, excepcionalmente,
“[cuando] se está ante la posible materialización de un daño cuyos perjuicios
no puedan ser subsanados, se puede ordenar un amparo transitorio en relación
con los derechos fundamentales comprometidos, mientras la autoridad judicial
competente se pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia

1
En la sentencia SU-333 de 2020, reiterada por la sentencia SU-453 de ese mismo año, la Sala Plena de esta
corporación analizó el fenómeno de la mora judicial en el marco de las actuaciones adelantadas ante la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No obstante, los fundamentos generales de dichas providencias en
relación con las garantías al debido proceso sin dilaciones injustificadas y dentro de los plazos razonables, se
construyó, entre otros pronunciamientos, a partir de la línea jurisprudencial en materia de mora judicial en el
trámite del recurso extraordinario de casación en material laboral, por lo tanto, resulta pertinente su acotación.
2 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013. En similar sentido, sentencias T-441 de 2015, T-186 de 2017,

T-052 de 2018 y T-346 de 2018.

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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
3
planteada” . Esta medida de protección transitoria exige la verificación -de
Archivo
los Central.
requisitos del perjuicio irremediable y la comprobación, por lo menos sumaria,
de la efectiva titularidad del derecho pensional»

Ahora, si bien la jurisprudencia citada se refiere específicamente a la mora judicial
en el trámite del recurso extraordinario de casación en material laboral, lo cierto es
que sus fundamentos generales resultan aplicables a otras situaciones como la
que se estudia, en la que se alega una tardanza en la resolución de un trámite
procesal.

Análisis del caso concreto

Del análisis de las pruebas obrantes en el expediente, en particular de la
contestación rendida y de las actuaciones procesales relacionadas en ella, la Sala
advierte que el proceso ejecutivo tuvo origen en la demanda presentada el 14 de
mayo de 2012 y que durante su trámite se surtieron diversas actuaciones procesales
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado.

Se observa que mediante providencia del 24 de marzo de 20264, se declaró
cumplida la obligación de hacer contenida en la sentencia del 18 de abril de 2007
proferida por el Consejo de Estado, decisión que fue notificada por estados el 7 de
abril de 2026.

La Sala encuentra que, al momento de instaurarse la presente acción constitucional,
11 de agosto del año en curso, ya existía una decisión judicial que puso fin al
proceso ejecutivo. En consecuencia, no se evidencia una situación de inactividad
procesal susceptible de corrección por vía de tutela ni la vulneración de derechos
alegada con base en la supuesta mora.

Ahora bien, las accionantes sostienen que el despacho accionado desconoció el
turno legal para fallo al proferir decisiones dentro de procesos posteriores sin una
motivación que justificara tal circunstancia. Al respecto, sea lo primero indicar que
ante la ausencia de vulneración de derechos, no corresponde al juez constitucional
examinar el asunto planteado.

Sin embargo, valga señalar que la autoridad judicial expuso que durante el período
cuestionado el trámite estuvo influido por diversos factores asociados a la
complejidad del asunto, a las remisiones al Consejo de estado, a la cogestión
judicial, a la emergencia sanitaria por el COVID-19, a la atención de asuntos con
prelación legal y a la existencia de criterios institucionales de priorización de
determinados procesos.

Además, que el caso mencionado por las accionantes para sustentar la alegada
alteración del turno corresponde a un proceso de nulidad electoral, asunto respecto
3 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013.

4 Expediente digital SAMAI, índice 103. Rad: 25000-23-24-000-1999-00831-02

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06300-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
del cual existía prelación constitucional y legal para su decisión. - Archivo Central.

En suma, para el momento de presentación de la acción de tutela no existía
vulneración de derechos, por cuanto ya se había finalizado el proceso ejecutivo en
el que motivan las demandantes la acción constitucional y, tampoco se demostró
que en el asunto analizado haya existido una tardanza injustificada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: NEGAR el amparo solicitado por las sociedades Constructora MRM Ltda.
y Sociedad Fiduciaria Cooperativa de Colombia FIDUBANCOOP en liquidación, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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