Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06302-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06302-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-06302-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
20 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06302-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: LUIS EDUARDO VEGA RAMÍREZ
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ
QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA. ASUNTO ECONÓMICO. CONDENA EN
COSTAS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, MÍNIMO VITAL, IGUALDAD,
VIDA, DIGNIDAD HUMANA Y SEGURIDAD SOCIAL.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)1, la SALA SEGUNDA DE
DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO HUILA2 y la
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN “A” - DEL CONSEJO DE
ESTADO3.
1
En adelante UGPP.
2
En adelante Tribunal.
3
En adelante Sección Segunda.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06302-00
Actor: LUIS EDUARDO VEGA RAMÍREZ
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor LUIS EDUARDO VEGA RAMÍREZ, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la
igualdad, a la vida, a la dignidad humana y a la seguridad social, los
cuales estima vulnerados por la UGPP, el TRIBUNAL y la SECCIÓN
SEGUNDA, al haber proferido estas últimas autoridades judiciales,
respectivamente, las providencias de 24 de julio de 2020 y 12 de
febrero de 2026, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2017-00475-01.
I.2. Hechos
Manifestó que convivió con el señor DAGOBERTO VEGA RAMÍREZ
(q.e.p.d.) y con la señora ELVIRA VEGA RAMÍREZ (q.e.p.d.),
hermana discapacitada del causante, quienes lo acogieron como hijo
de crianza.
Señaló que la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL hoy
UGPP, mediante Resolución núm. 2626 de 14 de mayo de 1970,
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Actor: LUIS EDUARDO VEGA RAMÍREZ
reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación al señor
DAGOBERTO VEGA RAMÍREZ (q.e.p.d.), la cual percibió hasta el
29 de octubre de 1984, fecha de su fallecimiento.
Sostuvo que la UGPP mediante Resolución núm. 00473 de 18 de
enero de 1988, reconoció la sustitución pensional a la señora
ELVIRA VEGA RAMÍREZ (q.e.p.d.), la cual percibió hasta el 23 de
febrero de 2007, fecha de su fallecimiento.
Aseguró que padece de una enfermedad mental denominada
“esquizofrenia paranoide”, por lo que la Junta Regional de Calificación
de Invalidez del Huila a través de dictamen de 13 de mayo de 2005,
dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 54.05%, lo que le
impide trabajar.
En virtud de lo anterior, el 18 de octubre de 2016 solicitó a la UGPP
el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, petición
que fue resuelta de manera desfavorable mediante resoluciones
núms. RDP 000309 de 10 de enero, RDP 009499 de 10 de marzo y
RDP 014787 de 7 de abril de 2017.
Aseguró que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
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derecho contra la UGPP, la cual correspondió por reparto en primera
instancia al TRIBUNAL bajo el número único de radicación 2017-
00475-00 que, mediante sentencia de 24 de julio de 2020, accedió a
las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, le ordenó a la
UGPP reconocer, liquidar y pagar a su favor la sustitución de la
pensión de sobreviviente en calidad de hijo de crianza, a partir del
19 de enero de 2013, por prescripción de las mesadas causadas con
anterioridad.
Manifestó que inconforme con la anterior decisión, así como la UGPP
presentaron recurso de apelación ante la SECCIÓN SEGUNDA que,
en providencia de 12 de febrero de 2026, revocó la decisión del a
quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda y lo
condenó en costas de ambas instancias.
I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, las providencias judiciales incurrieron en
defecto fáctico al valorar indebidamente el material probatorio que
daba cuenta de la relación y el vínculo afectivo con el causante quien
lo acogió como un hijo y le suplió amor, alimento, techo, compañía y
atención. Asimismo, señaló que no se observó la evidencia
documental que probaba la pérdida de su capacidad laboral y la
precariedad económica en la que se encuentra.
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Adujo que también incurrieron en desconocimiento del
precedente jurisprudencial establecido por la Corte Constitucional4,
en las que se ha referido al principio de la condición más beneficiosa
en el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, cuando se
prueba la condición de hijo de crianza.
Manifestó que de igual manera incurrieron en violación directa de
la Constitución, en la medida en que se lesionaron sus
prerrogativas fundamentales, ya que se omitió valorar su condición
socioeconómica particular al momento de condenarlo en costas en
ambas instancias.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia:
“[…] 24. Con el debido respeto solicito se amparen los derechos
fundamentales al debido proceso, vida, dignidad humana,
seguridad social, igualdad y mínimo vital y móvil, consagrados en
los arts. 29, 11, 2, 48, 13 y 53 de la constitución política que se
están invocando, para que, en consecuencia, se revoque la
sentencia de segunda instancia proferida el 12 de febrero de 2026
por la SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A DEL CONSEJO DE
ESTADO, M.P. Juan Camilo Trujillo Morales y, en su lugar, se
profiera la de reemplazo; o en su defecto, se le ordene proferir la
que la sustituya, modificándose en todo caso, la sentencia de
primera instancia proferida el 24 de julio de 2020 por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA, M.P. Gerardo Iván Muñoz Hermida,
en el sentido de que el reconocimiento y pago de la pensión vitalicia
de sobreviviente a favor de LUIS EDUARDO VEGA RAMÍREZ
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El actor refirió las sentencias SU-005 de 13 de febrero de 2018, SU- 174 de 13 de mayo de 2025 y T-
376 de 8 de septiembre 2025.
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identificado con la cédula de ciudadanía número 12134510 de
Neiva (H) como hijo de crianza de DAGOBERTO VEGA RAMÌREZ
(q.e.p.d.) se verifique desde el 1º. de junio de 2007 -sin lugar a
prescripción- y se imponga la condena en costas de ambas
instancias a la UGPP en sujeción a los lineamientos que se
establezcan al concederse este amparo constitucional […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA aseguró que la acción de tutela no
satisface el requisito de relevancia constitucional, por cuanto
pretende reabrir el debate jurídico, convirtiendo este mecanismo en
una instancia adicional para controvertir una decisión judicial
desfavorable a los intereses del actor.
Igualmente, solicitó declarar improcedente la acción de tutela por
cuanto la condena en costas se sujetó al ordenamiento jurídico, sin
que esto implicara la vulneración de las garantías fundamentales del
actor.
I.5.2.- La UGPP señaló que la solicitud de amparo resulta
improcedente, por cuanto la parte actora no puede implementar la
acción constitucional como una instancia adicional para controvertir
las decisiones adoptadas por el juez natural del asunto.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
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abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
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Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
dejen sin efecto las providencias de 24 de julio de 2020 y 12 de
febrero de 2026, proferidas, respectivamente, por el TRIBUNAL y
la SECCIÓN SEGUNDA, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2017-00475-01.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la
igualdad, a la vida, a la dignidad humana y a la seguridad social,
habida cuenta que, a juicio del actor, incurrieron en defecto fáctico
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al valorar indebidamente el material probatorio que daba cuenta de
la relación y el vínculo afectivo con el causante quien lo acogió como
un hijo y le suplió amor, alimento, techo, compañía y atención.
Asimismo, señaló que no se observó la evidencia documental que
probaba la pérdida de su capacidad laboral y la precariedad
económica en la que se encuentra.
Adujo que también incurrieron en desconocimiento del
precedente jurisprudencial establecido por la Corte Constitucional5,
en las que se ha referido al principio de la condición más beneficiosa
en el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, cuando se
prueba la condición de hijo de crianza.
Manifestó que de igual manera incurrieron en violación directa de
la Constitución, en la medida en que se lesionaron sus
prerrogativas fundamentales, ya que se omitió valorar su condición
socioeconómica particular al momento de condenarlo en costas en
ambas instancias.
Es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se solicita dejar
sin efectos tanto la providencia de 24 de julio de 2020 proferida
por el TRIBUNAL, como la dictada el 12 de febrero de 2026 por
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la SECCIÓN SEGUNDA, la Sala realizará únicamente el análisis de
la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados
frente a la sentencia de segunda instancia proferida por el ad quem,
máxime si ésta fue la que dio por terminado el proceso.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
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tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».7
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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Actor: LUIS EDUARDO VEGA RAMÍREZ
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 16 de junio de 202216, precisó que la
exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
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M.P. Natalia ángel Cabo.
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afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir que
esta se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la
presente acción de tutela no cumple con el requisito general de la
relevancia constitucional, en la medida en que lo pretendido por el
actor es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a
consideración del juez natural, como si este mecanismo
constitucional se tratara de una instancia adicional al proceso
ordinario.
En efecto, la inconformidad del actor se sustenta, básicamente, en
que la autoridad judicial accionada omitió la valoración del material
probatorio que permitiría concluir el vínculo afectivo y la pérdida de
la capacidad laboral para acceder a la sustitución pensional del señor
DAGOBERTO VEGA RAMÍREZ (q.e.p.d.).
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Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, gira en torno a la inconformidad con la decisión
adoptada por el juez natural del asunto, el cual fue resuelto por la
SECCIÓN SEGUNDA, así:
“[…] Problema jurídico
25. De conformidad con los reparos planteados en los recursos
de apelación, procederá la Sala a estudiar si el Tribunal
desconoció las normas que rigen el reconocimiento de la
sustitución pensional, si en el expediente existían pruebas que
demostraran los requisitos necesarios para considerar que
existía una familia de crianza y si en ese contexto, el
demandante predicaba la dependencia económica y afectiva
respecto del causante, que le permita acceder a ese derecho. En
caso de que se den tales presupuestos, establecer si operó la
prescripción de las mesadas pensionales y, por último,
determinar si se debía condenar en costas de primera instancia
a la UGPP. […]
40. Del anterior recuento normativo, se tiene que en el evento
de demostrarse los presupuestos establecidos por la Corte
Constitucional para considerar que en el caso concreto se
construyó una «familia ampliada» y que debido a ello el señor
Luis Eduardo Vega Ramírez fue en realidad un «hijo de crianza»
de su tío o que este actuó como co-padre de crianza por asunción
solidaria de la paternidad, este tendría derecho a la sustitución
pensional, de manera que a continuación se hará una relación
de las pruebas recaudadas en el expediente, para identificar si
están satisfechos aquellos.
41. El reconocimiento de la pensión de jubilación, el fallecimiento
de su titular y la sustitución de la pensión en un 100% a su
hermana Elvira Vega Ramírez no están en discusión. El
fallecimiento de esta última ocurrió el 23 de febrero de 2007,
según el certificado de defunción y la calidad de madre del
demandante se comprobó con el registro civil de nacimiento. En
cuanto al estado de incapacidad de este, se demostró con el
dictamen del 13 de mayo de 2005, expedido por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez del Huila, que muestra una
pérdida de capacidad laboral del 54.05%.
42. Por su parte, la calidad de parentesco de Luis Eduardo Vega
Ramírez con su tío está probada con su registro civil de
nacimiento y las partidas eclesiásticas de Dagoberto y su madre
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Elvira que dan cuenta de que eran hermanos; sin embargo, lo
que pretende el actor es que se demuestre que tiene la calidad
de «hijo de crianza» respecto de su tío Dagoberto. Por lo tanto,
en aras de verificar si ello se probó, a continuación, se relacionan
las demás pruebas recaudadas en el proceso: […]
44. A partir de lo anterior, se examinará cada uno de los
presupuestos exigidos por la Corte, así:
i) La solidaridad: en el caso analizado el hecho generador de
la cercanía de su tío con Luis Eduardo «habría sido» que vivieron
en la misma casa, circunstancia que se expresa en forma
unánime por todos los declarantes; sin embargo, no está
demostrado que el apoyo emocional y material hubiera sido
constante. Lo anterior porque si bien es cierto en las
mencionadas declaraciones se indicó que Dagoberto asumió
todas las responsabilidades económicas respecto de aquel y le
brindó cuidado, atención y compañía, también lo es que los
declarantes no informan las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que se habrían cumplido tales responsabilidades y
muestras de afecto y solidaridad, ni las razones por las cuales
les constan las situaciones narradas.
45. A partir de lo anterior, y a la luz de la sana crítica, la Sala
concluye que tales pruebas no exponen de forma clara, precisa
y detallada los hechos que permitan llevar al convencimiento de
que, en efecto, hubo una convivencia, apoyo emocional y
solidario del tío hacia su sobrino, como si aquel verdaderamente
hubiera asumido el rol de padre, ni el momento que se empezó
a asumirlo, ni que tales circunstancias hubieran permanecido en
el tiempo; por el contrario, se trata de versiones rendidas por
vecinos que no explicaron en detalle las circunstancias
necesarias para establecer los parámetros en que se dio esa
convivencia y atribución de responsabilidades, indispensables
para verificar el presupuesto bajo análisis.
46. En efecto, en las declaraciones no se estableció con precisión
el momento a partir del cual surgió la relación paternal de
crianza, las razones por las cuales les consta que Dagoberto le
dio el vestuario, las medicinas, le pagó el estudio, le brindó el
afecto y demás responsabilidades que aducen, asumió respecto
de Luis Eduardo, pues pese a que todos afirmaron conocer a los
hermanos Elvira y Dagoberto desde los años 1960 o 1965, no
refirieron que durante ese lapso hubieran tenido un contacto
más allá de una simple vecindad, ni que hubieran departido
espacios o situaciones en las que ingresaron al seno de hogar y
que les permitiera tener un conocimiento directo sobre las
circunstancias en que se desarrollaba esa relación de
familiaridad.
47. Aunado a ello, el registro civil de nacimiento de Luis Eduardo
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demuestra que la señora Elvira registró su condición de madre
solo el 4 de septiembre de 2001, es decir, 17 años después del
deceso de Dagoberto, de manera que el parentesco como tío,
habría sido posterior a su muerte. En cuanto a ello, es preciso
indicar que en las anotaciones del registro civil se dejó
constancia de que dicho registro «reemplaza la que obra al folio
número 294 de fecha 25 de Julio de 1967, tomo 116», pero este
último no fue aportado a fin de verificar su contenido, así como
tampoco se allegó el documento o decisión judicial que le dio a
la señora Elvira, la calidad de «madre adoptante» que se aduce
en la demanda, con miras a determinar la fecha en que inició
dicha relación parental.
48. Finalmente es importante indicar que el requisito de
solidaridad exige «un apoyo emocional y material constante, y
determinante para su adecuado desarrollo», de manera
que era indefectible constatar su permanencia en el tiempo y
que hubiera sido tan determinante que sin él, el desarrollo del
reclamante no se habría dado apropiadamente; no obstante, ello
no se hace evidente en dichas declaraciones, pues no son
testigos directos de la relación entre el solicitante y el causante
y no suministraron información puntual, exacta y rigurosa que
permitiera constatar dichas características.
49. ii) Reemplazo de la figura paterna o materna (o
ambas). En el caso que se examina se busca demostrar que
hubo sustitución de la figura paterna, pues el tío de Luis Eduardo
habría asumido dicho rol; sin embargo, como se indicó al
analizar el presupuesto anterior, las pruebas no demuestran tal
circunstancia pues son versiones genéricas que no arrojan los
detalles del relacionamiento entre los dos parientes, que permita
constatar que, en efecto, predicaban una verdadera relación
parental.
50. iii) La dependencia económica
Frente a este requisito, la Corte Constitucional ha considerado
que es necesario evaluar si el solicitante de una sustitución
pensional depende económicamente75 del causante, lo que «no
puede entenderse como una carencia total y absoluta de
recursos porque implicaría que el solicitante se encontrase en
situación de indigencia, para que fuera procedente el
reconocimiento del respectivo derecho» pues debe analizarse
cada caso en particular y constatar si aquel «[subsistía] a partir
de los recursos que les suministraba el causante o adquieren el
carácter de fundamentales con ocasión al vínculo con otros
derechos fundamentales».
51. De cara a lo demostrado en el proceso, se debe indicar que,
aunado a lo expresado al examinar los dos presupuestos
anteriores, de las declaraciones se desprende que aunque, al
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parecer, el señor Dagoberto sufragó los gastos de estudio y
manutención del actor durante su infancia, lo cierto es que el
solicitante pudo subsistir durante por lo menos nueve76 años (si
se cuenta a partir de la fecha que pide el reconocimiento) o
treinta y dos (si se cuenta desde la fecha del fallecimiento del
causante) sin reclamar la sustitución pensional, lo que
constituye un indicio de que la subsistencia de Luis Eduardo no
dependía indefectiblemente de los recursos suministrados por su
tío Dagoberto, lo que lleva a concluir que no hay prueba de que
el presunto aporte que en vida sufragaba su tío fuera
determinante para su manutención.
52. Adicionalmente, dentro de los antecedentes administrativos
aportados obra un documento suscrito por el causante el 5 de
marzo de 1984, en el que manifestó que su hermana se
encontraba en situación de incapacidad económica, pero llama
la atención que, para esa fecha, el demandante Luis Eduardo ya
había nacido, de modo que, si el señor Dagoberto lo hubiera
considerado como hijo de crianza o si hubiera tenido a su sobrino
bajo su cargo, razonablemente lo habría hecho constar en algún
documento, del mismo modo que lo hizo respecto de su
hermana.
53. De igual manera, debe destacarse que ante la compleja
situación de salud padecida por el solicitante, de haber estado
bajo la responsabilidad de su tío, como se afirma en las
declaraciones, hubiera sido razonable que este lo hubiera
incorporado como beneficiario del servicio de salud; sin
embargo, consta en el expediente que el actor se encuentra
cobijado por el régimen subsidiado, ya que está afiliado a la EPS
Comfamiliar del Huila.
54. iv) Vínculos de afecto, respeto, comprensión y
protección. En las declaraciones se aduce que existían fuertes
vínculos de afecto y que en vida del causante, habría tratado a
Luis Eduardo «como al hijo que nunca tuvo», lo cuidó, le dio
amor, alimento, techo, compañía, y atención. Sin embargo, lo
visto pone de presente que a pesar de que dichas versiones más
allá de reflejar un buen relacionamiento familiar, no especifican
las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni la forma en que
ello ocurrió y no ofrecen certeza sobre el relacionamiento
parental que se pretendió demostrar.
55. v) Reconocimiento de la relación padre y/o madre, e
hijo. Las pruebas tampoco permiten establecer este
presupuesto, como se ha referido al examinar los anteriores,
pues se insiste, al parecer se trató de un relacionamiento y
apoyo familiar, más no de la sustitución de la figura paterna, de
suerte que no existen medios de convicción tendientes a
acreditar la existencia de agentes externos del hogar que
reconozcan al tío como sustituto de la figura paterna del
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solicitante.
56. vi) Existencia de un término razonable de relación
afectiva entre padres e hijos. Como se indicó en el numeral
anterior, al no haber prueba del relacionamiento padre de
crianza (tío) e hijo, no podría examinarse un requisito de
temporalidad de esa relación que no está demostrada.
57. vii) Afectación del principio de igualdad. Al no haberse
demostrado la relación de hijo de crianza mal podría
considerarse que se está atentando contra el principio de
igualdad al no reconocer la prestación.
58. Por otra parte, es oportuno destacar que el demandante
aduce la condición de hijo inválido para acceder a la prestación;
sin embargo, no está probada la fecha de estructuración de la
invalidez, circunstancia que debió demostrarse para establecer
si dicha condición fue adquirida con antelación al fallecimiento
del causante. En efecto, en el Acta de Calificación de Invalidez
no se determinó la fecha de estructuración; además, las
declaraciones son vagas e imprecisas sobre tal circunstancia,
pues algunas refieren que el señor Luis Eduardo ha estado
enfermo por más de diez años, mientras que otras señalan un
tiempo superior a treinta años. En ese contexto y como las
versiones se rindieron en octubre de 2016, los períodos
mencionados corresponderían, respectivamente, a los años
2006 y 1986, empero, la muerte del causante ocurrió el 29 de
octubre de 1984, es decir que hay indicios de que tal
padecimiento fue posterior al deceso del señor Dagoberto.
59. Además, de lo que sí existe certeza es de que la invalidez se
declaró, por lo menos, veintiún años después de la muerte del
causante, mientras que para el reconocimiento de la prestación
reclamada, la fecha de estructuración del estado de invalidez de
quien aduce la condición de hijo inválido, debe ser anterior al
fallecimiento del titular de la prestación, exigencia que no se
satisface en el sub lite, pues tal circunstancia no se desprende
de manera clara, incontrovertible o suficiente de las pruebas
obrantes en el plenario.
60. Con base en lo anterior, y pese a que el solicitante de la
prestación es un sujeto de especial protección constitucional, la
cual está dada por su condición de discapacidad, la Sala concluye
que en el caso analizado no hay pruebas que permitan establecer
que se constituyó una familia ampliada ni que Luis Eduardo Vega
Ramírez haya sido hijo de crianza de su tío Dagoberto o que este
hubiera asumido el rol de co-padre de crianza por asunción
solidaria de la paternidad; repárese que en el expediente, a
diferencia de los casos analizados por la Corte Constitucional, no
hay pruebas de informes o documentos que, en vida del señor
Dagoberto hubieran constatado el relacionamiento familiar, la
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dependencia y la solidaridad necesarias que acreditaran tal
relación filial o que hubieran podido demostrar la responsabilidad
que había asumido no solo emocional sino económicamente
respecto de su sobrino.
61. Ahora bien, como se concluyó que al demandante no le
asiste el derecho a la sustitución pensional reclamada, la Sala se
abstendrá de estudiar los demás reparos presentados en los
recursos de apelación, específicamente los que tienen que ver
con el estudio de la prescripción y si hubo error en la forma en
cómo se ordenó el reconocimiento en la providencia recurrida;
asimismo, se abstendrá de examinar el reproche formulado por
el demandante, dirigido a que se impusieran costas a la UGPP,
pues ello se pretendía bajo el entendido de que dicha entidad
fue vencida en juicio; sin embargo, debido a que se revocará la
sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones y,
en su lugar, se negarán, no era del caso imponerle dicha carga.
Condena en costas […]
65. En consecuencia, la Sala se abstiene de imponer costas de
segunda instancia a la entidad demandada, por cuanto
prosperaron parcialmente los argumentos del recurso de
apelación; no obstante, se condena en costas de primera y
segunda instancia al demandante pues no prosperó su reparo85
y es la parte vencida en el juicio. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del
Huila […]”. (Negrilla pertenece al texto)
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se advierte
que la SECCIÓN SEGUNDA elaboró un recuento de las pruebas
aportadas al proceso ordinario cuestionado y, a partir de dicho
análisis, concluyó que las declaraciones recaudadas resultaban
genéricas, imprecisas y sin conocimiento directo del vínculo afectivo,
pues no lograron demostrar las circunstancias de tiempo, modo y
lugar de la supuesta convivencia, ni de un apoyo material o
emocional constante entre el causante y el actor.
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Asimismo, la autoridad judicial accionada precisó que en el acervo
probatorio no obraba constancia alguna que demostrara la
sustitución de la figura paterna, ni el reconocimiento público como
hijo de crianza; aunado a la ausencia de material probatorio que
diera cuenta de la dependencia económica.
Finalmente, la SECCIÓN SEGUNDA destacó que la condición de
invalidez del actor se declaró más de 21 años después del
fallecimiento del causante, sin determinar una fecha de
estructuración previa a tal suceso. Por lo tanto, al no comprobarse
los presupuestos para configurar una familia de crianza, ni el derecho
a la sustitución pensional, procedió a revocar el fallo de primera
instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones y condenó en costas
al demandante.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial
accionada se pronunció frente a los aspectos que la parte actora
alude como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber
actuado de forma abiertamente arbitraria o haber desbordado los
límites del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto
carece del requisito general de la relevancia constitucional.
Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí
dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que
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de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, la SECCIÓN SEGUNDA decidió el asunto sometido a
su consideración.
Asimismo, la Sala observa que los disensos del actor también
devienen de un asunto de contenido económico, derivado de un
debate estrictamente normativo y legal, en lo que corresponde a la
condena en costas que le fue impuesta.
Al respecto, en sentencia de 7 de mayo de 202117, la Sección señaló:
“[…] 39.2 En lo que concierne a la pretensión elevada contra la
condena en costas procesales que dispuso la autoridad
judicial demandada, la Sala advierte que no se cumple con el
requisito de relevancia constitucional, por las razones que
a continuación se explican:
[…] es preciso indicar que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para plantear una discusión sobre la aplicación de los
artículos 361, 365 y 366 de la Ley 1564, que regulan el tema de
las costas procesales, por cuanto se trata de un asunto de
carácter legal y económico que no le corresponde decidir al juez
de tutela, sino al juez natural del proceso. […]
39.2.7 De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la
Sala no se cumple con el requisito de relevancia constitucional
dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en la medida que, si bien enuncia la trasgresión
de derechos fundamentales, esa presunta afectación
tiene su origen en un asunto de contenido económico que
tiene como fundamento para su reconocimiento un
debate estrictamente normativo y de interpretación
judicial […]” (Destacado fuera de texto).
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de mayo
de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-05108-
01(AC).
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Cabe precisar que la posición jurisprudencial en cita fue reiterada por
esta Sección, en sentencia de 13 de mayo de 202118, en los
siguientes términos:
“[…] para la Sala, el actor plantea una afectación de derechos
fundamentales que tienen su origen en un asunto de
contenido económico, como lo es la condena en costas, el
cual ya fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que
no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en
una instancia adicional.
[…] para la Sala no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en la medida que, si bien enuncia la
trasgresión de derechos fundamentales, esa presunta afectación
tiene su origen en un asunto de contenido económico que tiene
como fundamento para su reconocimiento un debate
estrictamente normativo y de interpretación judicial. De igual
manera, la Sala al estudiar la solicitud de tutela tampoco
encuentra establecida de forma clara, la presunta vulneración de
los derechos fundamentales invocados supra. Con fundamento
en las consideraciones jurídicas establecidas, la Sala considera
que, frente a dicho cuestionamiento, la presente acción de tutela
resulta improcedente […]”.
Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca el actor
como fundamento de la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales en torno a la imposición de las costas
procesales, circunstancia que resulta improcedente, en tanto la
presunta afectación de los derechos fundamentales se deriva de un
asunto de contenido económico que fue debidamente argumentado
y concluido por el juez natural de la causa.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo
de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-01411-
00(AC).
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Finalmente, respecto a la presunta configuración del defecto
del precedente judicial tampoco cumple con la carga
argumentativa que fundamente dicha afirmación, por cuanto la parte
actora se limitó a citar las sentencias que hace alusión, sin precisar
la relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo allí resuelto
y su caso ventilado en el proceso ordinario cuestionado.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa
del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sala19 ha indicado:
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
demandante, sino una divergencia que obedece a la interpretación
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.
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dada por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al
proceso, en el cual el juez constitucional no puede inmiscuirse, so
pena de otorgar a la solicitud de amparo el carácter de un recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir
la competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud
de amparo y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06302-00
Actor: LUIS EDUARDO VEGA RAMÍREZ
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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