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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06305-00

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06305-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor Arquímedes Fonca Alvarado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-06305-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C, veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06305-00
Accionantes: Arquímedes Fonca Alvarado
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Tema: Derechos: Debido proceso, igualdad, acceso efectivo a la
administración de justicia, entre otros. Tutela contra fallo de la
misma naturaleza. Requisitos de procedencia. DECLARA
IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Arquímedes Fonca
Alvarado, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

ANTECEDENTES

El accionante invoca los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, la
seguridad social, el mínimo vital, el acceso a la administración de justicia y la
prevalencia del derecho sustancial, que considera vulnerados por la sentencia de
tutela del 31 de julio de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A dentro del radicado 11001-33-42-
049-2026-00261-01.

HECHOS

La solicitud se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Narró el accionante que el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá, mediante
sentencia del 3 de junio de 2016, reconoció la existencia de la relación laboral entre
el accionante y Radio Taxi Aeropuerto S.A., dispuso su reintegro y ordenó el
reconocimiento de salarios y aportes al sistema de seguridad social. Señaló que
aproximadamente 207 semanas correspondientes al período comprendido entre el
1 de septiembre de 2010 y el 22 de agosto de 2014 debían ser incorporadas a su
historia laboral y consideradas para efectos del reconocimiento de su derecho
pensional.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06305-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
Que promovió acción de tutela contra COLPENSIONES, al considerar- Archivo Central.
que dicha
entidad desconoció los efectos de la sentencia de 3 de junio de 2016, razón por la
cual solicitó dejar sin efectos los actos administrativos mediante los cuales se negó
el reconocimiento pensional y se ordenara un nuevo estudio de su prestación.

Que el Juzgado 49 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., mediante
sentencia de 24 de junio de 2026, declaró improcedente la acción constitucional,
dicha decisión fue impugnada y posteriormente confirmada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia de 31 de julio de 2026.

Que el Tribunal vulneró sus derechos fundamentales invocados, porque, en su
criterio, desconoció la sentencia proferida el 3 de junio de 2016 por el Juzgado 32
Civil del Circuito de Bogotá, omitió valorar adecuadamente la historia laboral y los
pagos efectuados por Radio Taxi Aeropuerto S.A., y dejó de aplicar las reglas
establecidas en la SU-068 de 2022.

Considera que la autoridad accionada incurrió en los defectos:

• Fáctico, porque no valoró integralmente la sentencia proferida por el Juzgado 32
Civil del Circuito de Bogotá el 3 de junio de 2016, la historia laboral y los registros
de pagos efectuados por Radio Taxi Aeropuerto S.A.

-Desconocimiento del precedente constitucional, porque las autoridades judiciales
accionadas no aplicaron las reglas establecidas en la Sentencia SU-068 de 2022.

-Violación directa de la Constitución, porque estima que las decisiones cuestionadas
afectan directamente los artículos 13, 29, 46, 48, 53, 228 y 229 de la Constitución
Política.

PRETENSIONES

El accionante solicita que se amparen los derechos invocados; y se dejen sin efectos
«las providencias judiciales objeto de esta acción de tutela, en cuanto hayan
desconocido las pruebas determinantes del vínculo laboral, las semanas
correspondientes y el precedente constitucional establecido en la Sentencia SU-068
de 2022, previa determinación de la providencia o providencias concretamente
afectadas.»

Así mismo, solicita que se ordene a la autoridad judicial accionada «que profiera
una nueva decisión en la cual valore integralmente:

a) la sentencia del Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá del 3 de junio de
2016;
b) la existencia del vínculo laboral con RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.;
c) la historia laboral completa;
d) los pagos registrados por RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.;

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e) los períodos que no fueron contabilizados; - Archivo Central.
f) las aproximadamente 207 semanas objeto de controversia; y
g) las reglas constitucionales establecidas en la Sentencia SU-068 de 2022.»

Además, solicitó que se ordene a COLPENSIONES «realizar una revisión integral y
actualizada de mi historia laboral, incorporando y contabilizando los períodos que
jurídicamente correspondan de acuerdo con las pruebas y decisiones judiciales
existentes.» y «(…) una vez establecida la existencia de los períodos laborales
correspondientes, adelante las gestiones de cobro frente a RADIO TAXI
AEROPUERTO S.A. por los aportes que se encuentren pendientes (…)».

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue admitida por el Despacho sustanciador el 14 de agosto de
2026, se negó la medida provisional solicitada1; se ordenó notificar a la autoridad
accionada, y se vinculó como terceros interesados al Juzgado Cuarenta y Nueve
Administrativo del Circuito de Bogotá, al Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de
Bogotá, al Juzgado Cuarenta Civil Municipal de Bogotá D.C., a la Administradora
Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES y a Radio Taxi Aeropuerto S.A.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
guardó silencio.

POSICIÓN DEL VINCULADO

El Juzgado 40 Civil Municipal de Bogotá D.C., indicó que mediante sentencia del
11 de septiembre de 2014 negó las pretensiones de la acción constitucional y
posteriormente la Corte Constitucional, mediante sentencia T-098 del 10 de marzo
de 2015, revocó dicha decisión y concedió el amparo solicitado, con órdenes
relacionadas con el reintegro laboral, el pago de salarios, aportes a seguridad social
e indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Agregó que en Auto A-536 del 19 de noviembre de 2015 la Corte Constitucional
declaró la nulidad de dicha providencia y de todo lo actuado dentro de la acción de
tutela desde el 1 de septiembre de 2014.

Que con ocasión de la nulidad decretada, profirió el 15 de abril de 2026 nueva
sentencia de primera instancia, en la que negó nuevamente la tutela. Expuso que
dicha decisión fue impugnada y que el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de
Bogotá, mediante sentencia del 3 de junio de 2016, la revocó, amparó los derechos
fundamentales reclamados y ordenó el reintegro del accionante, el pago de salarios

1 Lo solicitado se adecuaba más a una solicitud probatoria que a una medida provisional y no se

observaron circunstancias que justifiquen la imposición de una medida provisional oficiosa, cuando
lo pretendido era dejar sin efecto otra providencia judicial.

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• Archivo Central.
dejados de percibir, los aportes a seguridad social y la indemnización contemplada
en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Que ante el incumplimiento de las órdenes impartidas, el despacho efectuó múltiples
requerimientos, abrió incidentes de desacato e impuso sanciones de arresto y multa
contra los obligados. Indicó que las decisiones sancionatorias fueron objeto de
revisión por el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá.

También informó que tramitó un incidente de liquidación, decidido en audiencia del
20 de febrero de 2018, en la cual se fijó una liquidación estimada por concepto de
salarios, aportes al sistema de seguridad social, prestaciones sociales e
indemnización por valor de $103.905.899.

Indicó que mediante auto del 25 de noviembre de 2020 el despacho constató la
existencia de pruebas relacionadas con el reintegro laboral, el pago de aportes a
seguridad social, la entrega de un depósito judicial por valor de $33.500.000 y un
paz y salvo suscrito por el accionante, documento en el que este informó haber
recibido la suma de $118.000.000 del señor Eduardo Lara. A partir de tales
elementos concluyó que la sentencia proferida el 3 de junio de 2016 se encontraba
cumplida por Radio Taxi Aeropuerto S.A. y por el señor Eduardo Lara.

Que con posterioridad continuaron presentándose incidentes de desacato, entre
ellos los decididos en los años 2024 y 2025. Expuso que en esas oportunidades el
despacho mantuvo la conclusión según la cual las órdenes impartidas en la
sentencia de tutela de 3 de junio de 2016 se encontraban cumplidas respecto del
reintegro laboral y del pago de las prestaciones reconocidas.

Finalmente, sostuvo que no ha vulnerado derecho fundamental alguno, toda vez
que atendió los requerimientos formulados y realizó las actuaciones encaminadas
al cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por el Juzgado 32 Civil del
Circuito de Bogotá. Solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela.

El Juzgado 49 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección
Segunda, indicó que la presente acción constitucional se dirige contra decisiones
adoptadas dentro de otro trámite de tutela y solicitó examinar rigurosamente su
procedencia, pues, según la jurisprudencia constitucional, en principio no resulta
viable el amparo contra sentencias proferidas dentro de una acción de tutela,
especialmente cuando el asunto se encuentra pendiente de eventual selección para
revisión por parte de la Corte Constitucional.

Finalmente, informó que el expediente fue remitido a la Corte Constitucional para su
eventual revisión y solicitó declarar improcedente el amparo.

No se presentaron más intervenciones.

Se decidirá previa las siguientes,

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CONSIDERACIONES - Archivo Central.

A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
(...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que

2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que - Archivo
esto Central.
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).» (negrilla fuera de texto
original).

Frente al último requisito, la Corte Constitucional en la sentencia SU-1219 de 2001
estableció la regla jurisprudencial de no admitir el amparo constitucional contra las
sentencias de tutela4, pues de lo contrario se prolongaría indefinidamente la
resolución de conflictos en quebranto de la seguridad jurídica y el goce efectivo de
los derechos fundamentales5.

Sin embargo, en la sentencia SU-627 de 2015, la Corte consideró que en los
siguientes casos procede la acción de tutela contra estos fallos, veamos:

«cuando el fallo es proferido por un juez o tribunal diferente a esta
Corporación, se ha admitido de forma excepcional su procedencia,
cuando (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que
la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación».

Así las cosas, por regla general no procede la acción de tutela contra sentencia de
tutela; empero, frente a esta regla existe la excepción de cosa juzgada fraudulenta,
la cual, por tratarse del cuestionamiento que se hace de una providencia judicial, es
preciso que el interesado la alegue y demuestre tal situación en la nueva solicitud
de amparo, satisfaciendo, en todo caso, y, en primer lugar, los demás requisitos de
procedibilidad establecidos en la jurisprudencia constitucional.

Análisis del caso concreto

De lo narrado y de las respuestas allegadas, así como de los anexos de la solicitud
de tutela, se desprende que el señor Arquímedes Fonca Alvarado obtuvo una
sentencia el 3 de junio de 2016 proferida por el Juzgado 32 Civil del Circuito de
Bogotá, que en acción de tutela ordenó a la empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A el
reintegro del actor, el pago de los salarios dejados de percibir desde la terminación
del contrato laboral hasta el reintegro, los aportes a la seguridad social y la
indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

4 Regla reiterada en las sentencias: T-021, T-174, T-192, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-502
y T-1028 de 2003; T-528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T-237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de
2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011; T-208 de 2003. Ver
también la sentencia SU-627 de 2015.
5 Corte Constitucional sentencia SU 116 de 2018 y en este sentido las sentencias T-162 de 1997 y T-1009 de
1999.

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• Archivo Central.
Que con posterioridad a la ejecución de esa sentencia, el señor Arquímedes Fonca
instauró acción de tutela en contra de Colpensiones para que actualizara su historia
laboral y le reconociera una pensión de vejez, invocando como fundamento la
sentencia en mención. Esto, luego de elevar la misma solicitud a Colpensiones y de
que la entidad expidiera la resolución GNR 21395 de 2017.

El asunto fue conocido en primera instancia por el Juzgado 49 Administrativo de
Bogotá, bajo el radicado 110013342049-2026-00261-01, quien mediante el 24 de
junio de 2026 declaró la improcedencia de la acción, considerando que el actor
debía acudir a la vía jurisdiccional ordinaria para hacer ese reclamo, decisión que
fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia que
aquí se cuestiona.

Revisados los requisitos de procedencia de la tutela contra fallo de la misma
naturaleza, encuentra la Sala que en el presente asunto se incumple con la mayoría
de los requisitos generales de la tutela contra providencias judiciales; pues el
accionante no identifica una irregularidad autónoma del debido proceso
constitucional y muchísimo menos sustenta un posible fraude o mala intención de
la autoridad judicial al proferir la decisión.

El actor alega que la decisión incurrió en defecto fáctico, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución. Sostiene que dicha autoridad
judicial desconoció la sentencia emitida el 3 de junio de 2016 por el Juzgado 32 Civil
del Circuito de Bogotá, omitió valorar adecuadamente las pruebas relacionadas con
su historia laboral y dejó de aplicar las reglas fijadas en la SU-068 de 2022, sin
explicar por qué lo allí reglado aplicaría al caso en estudio.

Lo primero que se observa es que el Tribunal, examinó la sentencia aludida y
señaló:

«Ahora bien, situación diferente es la que pretende discutir en esta oportunidad,
pues busca que Colpensiones incluya el tiempo que prestó sus servicios como
conductor de taxi de la empresa Radio Taxi Aeropuerto, es decir, desde
septiembre de 2010 a agosto de 2014, bajo el argumento de que así fue
ordenado por el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá D.C., en sentencia de
3 de junio de 2016. Sin embargo, basta con acudir a la resolutiva del
mencionado fallo para advertir que la orden iba dirigida a realizar los aportes
desde la fecha de despido hasta que efectivamente sea reintegrado (...)”

Concluyó que la controversia planteada por el actor debía ventilarse ante la
jurisdicción competente, pues no era posible ordenar mediante tutela la inclusión de
semanas de cotización ni el reconocimiento de una pensión de vejez.

De lo argumentado por el actor se observa que lo pretendido es insistir en que se le
otorguen mediante la acción de tutela las pretensiones sobre las cuales ya se
pronunció el Tribunal en la sentencia que pretende dejar sin efectos; partiendo de

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un entendimiento particular de la sentencia que le concedió anteriormente - Archivo Central.
los
derechos frente a la empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A; y que en ningún momento
impartió órdenes a Colpensiones en el sentido por él pretendido.

Sus reparos sólo se limitan a insistir sobre su desacuerdo con la decisión adoptada
por el juez constitucional, sin exponer razones jurídicas por las cuales la sentencia
de 31 de julio de 2026 debería invalidarse.

Tampoco se advierte que la decisión se adoptara con fines ilegales ligados a una
actuación dolosa o con fraude a la ley, derivada de una interpretación normativa
contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial.

En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor
Arquímedes Fonca Alvarado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

8

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