Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06314-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06314-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06314-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-06314-00
Accionante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente por no cumplir el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
contra el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales y el Tribunal
Administrativo de Caldas.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales Social - UGPP, a través de apoderada judicial, solicitó el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, a la salud y seguridad social en conexidad con el principio de sostenibilidad
financiera, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 21 de noviembre de
2024, 31 de enero de 2025 y 2 de marzo de 2026, proferidas por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Manizales y el Tribunal Administrativo de
Caldas, respectivamente, dentro del proceso ejecutivo con número de radicación
17001-33-33-002-2018-00267-00/03.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2.De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Indicó que el señor Gilberto Nieto Ceballos instauró demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 17001-
33-33-002-2018-00267-00 contra la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal - EICE
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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• hoy UGPP, con el fin de declarar la nulidad de “[…] la resolución número 39728 DE
AGOSTO 11 DE 2006 por medio de la cual se negó el reajuste de la pensión gracia
[…]” y, a título de restablecimiento del derecho, que se “[…] ordenara a la CAJA
NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN, reliquidar la pensión
gracia al docente GILBERTO NIETO CEBALLOS […] teniendo en cuenta el 75% de
todo lo devengado por la demandante durante el año anterior a la fecha de adquisición
del status pensionan (sic) (Primas de alimentación, vacaciones, y navidad). […]”.
2.2. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Manizales, autoridad judicial que, mediante providencia
de 29 de julio de 2010, accedió a las pretensiones de la demanda así:
“[…] “1. DECLÁRASE la nulidad de la resolución número 39728 DE AGOSTO
11 DE 2006 por medio de la cual se negó el reajuste de la pensión gracia al
señor GILBERTO NIETO CEBALLOS
A título de restablecimiento del derecho, ORDENASE a la CAJA NACIONAL DE
PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN, reliquidar la pensión gracia al
docente GILBERTO NIETO CEBALLOS, identificado con la cédula de
ciudadanía N°4.469.463, teniendo en cuenta el 75% de todo lo devengado por
la (sic) demandante durante el año anterior a la fecha de adquisición del status
pensionan (sic) (Primas de alimentación, vacaciones, y navidad).
Esta reliquidación será objeto de los reajustes de ley y se hará a partir del día 6
de diciembre de 2001, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva; las
mesadas pensionales serán indexadas con base en la fórmula indicada en la
parte motiva de esta providencia (…)” […]”.
2.3. Adujo
que la anterior decisión fue confirmada mediante sentencia de 11 de
noviembre de 2011, por el Tribunal Administrativo de Caldas.
2.4. Señaló
que el señor Gilberto Nieto Ceballos promovió proceso ejecutivo con
número de radicación 17001-33-33-002-2018-00267-00/03 contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales Social
• UGPP para el cumplimiento de dicha sentencia.
2.5. Informó que en la demanda la parte ejecutante solicitó las siguientes medidas
cautelares:
“[…] “Solicito de conformidad con la norma citada, se decrete el EMBARGO Y
RETENCION DE LOS DINEROS que las demandadas posean a cualquier título
en las siguientes entidades crediticias, momento de registrar el embargo, o que
posteriormente llegare a tener en cuentas corrientes, cuentas de ahorros,
certificado de depósito a término, certifijos, CDAT, Fiducias, junto con su
rendimientos financieros exigibles o que posteriormente se lleguen a liquidar en el
Banco BBVA, BANCO AGRARIO, BANCO POPULAR Y BANCO BBVA, bajo el
NIT 900373913 - 4 cuentas nombre de la UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL U.G.P.P.
(…)” […]”.
2.6. Manifestó
que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales,
mediante providencia de 9 de mayo de 2019, libró el mandamiento de pago.
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2.7. Advirtió que el Juzgado mediante providencia de 21 de noviembre de 2024 dispuso:
“[…] “PRIMERO. SE DECRETA el EMBARGO de los dineros que a cualquier
título tenga UNIDAD (sic) ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL UGPP, identificada con el NIT 900373913-4 6 en las
siguientes instituciones: BANCO BBVA, BANCO AGRARIO DE COLOMBIA,
BANCO CAJA SOCIAL Y BANCOLOMBIA.
SEGUNDO. Para la efectividad de la medida, por la Secretaria del Despacho
comuníquese el anterior embargo a los representantes legales de las entidades
bancarias, previniéndolos para que procedan de conformidad con lo establecido
en los numeral 4 y 10 del artículo 593 del C.G.P.
TERCERO. El embargo decretado se limitará a la suma de NOVECIENTOS MIL
PESOS ($900.000) en atención a lo señalado en el artículo 599, inciso 3, del
C.G.P.
CUARTO: La inobservancia de la orden emitida en esta providencia, hará
incurrir al destinatario del oficio respectivo en la sanción establecido (sic) en el
parágrafo 2 del artículo 593 del C.G.P. (…)” […]”.
2.8. Sostuvo que solicitó revocar la decisión mencionada supra y que se procediera al
desembargo de las cuentas bancarias; sin embargo, el Juzgado mediante providencia
de 31 de enero de 2025, no repuso la decisión recurrida y concedió el recurso de
apelación.
2.9. Indicó que, mediante providencia de 2 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo
de Caldas confirmó la decisión.
2.10. Consideró que las providencias mencionadas vulneraron sus derechos
fundamentales indicados supra por haber incurrido en los defectos sustantivo y
fáctico y en un desconocimiento del precedente judicial.
2.11. Como fundamento del defecto sustantivo señaló que “[…] en el presente caso,
este defecto se configura por la errada orden de embargo sobre los dineros que
reposan en las cuentas bancarias inscritas por la UGPP en el Banco Popular y del
Banco Agrario, sin importar su denominación o naturaleza. Si bien la legislación
colombiana faculta al juez para decretar medidas de embargo en el desarrollo del
proceso ejecutivo, este tiene que ser cauteloso de no emitir órdenes de este tipo en
contra de recursos sobre los que la ley de manera expresa prohíbe la inscripción de
una medida de embargo, de acuerdo con la naturaleza de los recursos. De esta
manera el principio de inembargabilidad sobre recursos públicos y en particular
sobre recursos que formen parte del Presupuesto General de la Nación y de la
Seguridad Social […]”.
2.12. Respecto al defecto fáctico adujo que “[…] es evidente que el estrado judicial
accionado al no tener en cuenta las certificaciones aportadas como el acervo
probatorio y las argumentaciones fácticas y jurídicas que dentro de la actuación
ejecutiva se presentaron generó la configuración de este defecto impartiendo
erradamente una orden de embargo de unas cuentas de naturaleza inembargable, por
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cuanto se itera los dineros allí recaudados NO tienen naturaleza pensional lo cual está
plenamente acreditado procesalmente, sin embargo, no fue tenido en cuenta por el
despacho judicial accionado en los proveídos del autos del 21 de noviembre de 2024,
31 de enero de 2025 y del 2 de marzo de 2026 lo que genera hoy la vía de hecho,
ante la evidente omisión de lo probado resolviendo a su arbitrio el asunto jurídico
debatido permitiéndonos por ello solicitar sean dejados sin efectos para su
levantamiento […]”.
2.13. Sobre el desconocimiento del precedente judicial expresó que se “[…] configura
este defecto al desconocer varias providencias de la Corte Constitucional sobre la
figura de la inembargabilidad, con la que se corrobora no solo los argumentos
expuestos para incoar esta acción de tutela con ocasión de la aplicación de la medida
de embargo sobre la cuenta de la UGPP en el Banco Agrario, sino que también
demuestran que con dichas conductas se está ocasionando una violación flagrante de
nuestros derechos fundamentales y un grave perjuicio no solo a los recursos que se
incorporan en el Presupuesto General de la Nación sino a los terceros con quienes se
encuentran comprometidos dichos recursos […] Sentencia C-546 del 01 de octubre
de 1992, Sentencia C-308 de 1994, Sentencia C-354 del 08 de agosto de 1997, C-
402 del 28 de agosto de 1997 y C- 793 del 24 de septiembre de 2002 […] los
despachos accionados no solo han desconocido los precedentes antes señalados,
sino aquellos que fueron expuestos en el defecto sustancial, que dan cuenta de la
necesidad de ponderación del principio de inembargabilidad, con el fin de evitar una
parálisis del estado, ponderación que no realizó el despacho accionado […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados
por la UGPP, vulnerados por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE MANIZALES Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
dentro del proceso ejecutivo No. 17001333300220180026700.
Segundo. Que como consecuencia de lo anterior solicito respetuosamente:
a. DEJAR SIN EFECTOS las providencias del 21 de noviembre de 2024, 31 de
enero de 2025 y del 2 de marzo de 2026 dictados por el JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES Y EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CALDAS que decretaron medidas de embargo sobre
todas las cuentas que la UGPP tiene, entre otros, en el Banco Agrario sin
importar su denominación o naturaleza, dictados dentro del proceso ejecutivo
rad. 17001333300220180026700 y, en consecuencia, declarar la
improcedencia de la medida de embargo sobre los recursos que se recaudan
por la UGPP por concepto de contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, que se administran en todas las cuentas de titularidad de la UGPP en el
Banco Agrario.
b. Librar los oficios mediante los cuales se comunique al Banco Agrario el
desembargo de todas las cuentas de titularidad de la UGPP. […]”.
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IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 13 de agosto de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela, negó la medida provisional solicitada
y vinculó en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a Luz
Marina Tabares de Nieto1.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a la
vinculada, se allegó el siguiente informe:
5.1. El Tribunal Administrativo de Caldas solicitó declarar improcedente la acción
de tutela, en la medida que no cumple con el requisito de haber agotado los medios
procesales que tenía a su disposición, toda vez que luego de decretados los
embargos, contaban con la solicitud de desembargo regulada por el parágrafo del
artículo 594, y el artículo 597 del Código General del Proceso.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20247.
VI.2. Problemas jurídicos
7. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las providencias de 21 de noviembre de 2024, 31 de enero de 2025 y 2 de marzo
de 2026, proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Manizales y el Tribunal Administrativo de Caldas, respectivamente. Sin embargo, la
Sala sólo analizará si la providencia de 2 de marzo de 2026, proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Caldas, vulneró los derechos
1
“[…] beneficiaria de la pensión que en vida disfrutaba el señor GILBERTO NIETO CEBALLOS Q. E. P. D. […]”.
2
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
3
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
4
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
5
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
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fundamentales de la parte accionante porque esta decisión fue la que definió el
asunto objeto de estudio.
8. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte actora, al haber incurrido, presuntamente, en los
defectos sustantivo y fáctico y en un desconocimiento del precedente judicial.
9. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
10. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
11. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
9
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial , la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
7
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absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
16. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
17. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales Social - UGPP, a través de apoderada judicial, solicitó el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, a la salud y seguridad social en conexidad con el principio de sostenibilidad
financiera, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 21 de noviembre de
2024, 31 de enero de 2025 y 2 de marzo de 2026, proferidas por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Manizales y el Tribunal Administrativo de
Caldas, respectivamente, dentro del proceso ejecutivo con número de radicación
17001-33-33-002-2018-00267-00/03.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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18. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, en especial el de relevancia
constitucional.
VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
19. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.
14
20. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales , el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.
21. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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22. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
23. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.
24. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales19.
25. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte actora alega que el Tribunal Administrativo de Caldas, vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
a la salud y seguridad social en conexidad con el principio de sostenibilidad
financiera, por haber incurrido, presuntamente, en los defectos sustantivo y fáctico
y en desconocimiento del precedente judicial.
26. Como fundamento del defecto sustantivo señaló que “[…] en el presente caso,
este defecto se configura por la errada orden de embargo sobre los dineros que
reposan en las cuentas bancarias inscritas por la UGPP en el Banco Popular y del
Banco Agrario, sin importar su denominación o naturaleza. Si bien la legislación
colombiana faculta al juez para decretar medidas de embargo en el desarrollo del
proceso ejecutivo, este tiene que ser cauteloso de no emitir órdenes de este tipo en
contra de recursos sobre los que la ley de manera expresa prohíbe la inscripción de
una medida de embargo, de acuerdo con la naturaleza de los recursos. De esta
manera el principio de inembargabilidad sobre recursos públicos y en particular
sobre recursos que formen parte del Presupuesto General de la Nación y de la
Seguridad Social […]”.
27. Respecto al defecto fáctico adujo que “[…] es evidente que el estrado judicial
accionado al no tener en cuenta las certificaciones aportadas como el acervo
probatorio y las argumentaciones fácticas y jurídicas que dentro de la actuación
ejecutiva se presentaron generó la configuración de este defecto impartiendo
erradamente una orden de embargo de unas cuentas de naturaleza inembargable, por
cuanto se itera los dineros allí recaudados NO tienen naturaleza pensional lo cual está
plenamente acreditado procesalmente, sin embargo, no fue tenido en cuenta por el
18
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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despacho judicial accionado en los proveídos del autos del 21 de noviembre de 2024,
31 de enero de 2025 y del 2 de marzo de 2026 lo que genera hoy la vía de hecho,
ante la evidente omisión de lo probado resolviendo a su arbitrio el asunto jurídico
debatido permitiéndonos por ello solicitar sean dejados sin efectos para su
levantamiento […]”.
28. Sobre el desconocimiento del precedente judicial expresó que se “[…] configura
este defecto al desconocer varias providencias de la Corte Constitucional sobre la
figura de la inembargabilidad, con la que se corrobora no solo los argumentos
expuestos para incoar esta acción de tutela con ocasión de la aplicación de la medida
de embargo sobre la cuenta de la UGPP en el Banco Agrario, sino que también
demuestran que con dichas conductas se está ocasionando una violación flagrante de
nuestros derechos fundamentales y un grave perjuicio no solo a los recursos que se
incorporan en el Presupuesto General de la Nación sino a los terceros con quienes se
encuentran comprometidos dichos recursos […] Sentencia C-546 del 01 de octubre
de 1992, Sentencia C-308 de 1994, Sentencia C-354 del 08 de agosto de 1997, C-
402 del 28 de agosto de 1997 y C- 793 del 24 de septiembre de 2002 […] los
despachos accionados no solo han desconocido los precedentes antes señalados,
sino aquellos que fueron expuestos en el defecto sustancial, que dan cuenta de la
necesidad de ponderación del principio de inembargabilidad, con el fin de evitar una
parálisis del estado, ponderación que no realizó el despacho accionado […]”.
20
29. Como se ha considerado en supuestos fácticos y jurídicos similares , en criterio
de esta Sala de Decisión la presente controversia carece de relevancia
constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica constitucional; ii)
la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia
con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y iii) la pretensión guarda relación con un asunto de
contenido económico.
30. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la accionante motive suficientemente las razones por las que
considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación desproporcionada
a sus derechos fundamentales […]”.
31. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, no está poniendo de presente
que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino
que el motivo de su inconformidad gira en torno a que el Tribunal Administrativo de
Caldas confirmó el auto que decretó el embargo de los dineros que a cualquier título
tuviera la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y de Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP.
20
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 25 de junio de 2026, radicado número 11001-03-15-000-2026-02804-
00, M.P. Pablo Andrés Córdoba Acosta.
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32. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo de Caldas en la providencia cuestionada:
“[…] El señor Gilberto Nieto Ceballos, a través de apoderada judicial interpuso
proceso ejecutivo en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, por
incumplimiento a lo ordenado en la sentencia de primera instancia proferida por
la Señoría del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales.
El ejecutante ha solicitado se libre mandamiento de pago a su favor, con ocasión
al incumplimiento judicial. El Juzgado decretó la medida cautelar del embargo
de los dineros que posee la entidad ejecutada en las entidades financieras
BANCO BBVA, BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, BANCO CAJA SOCIAL Y
BANCOLOMBIA, que tuviera la entidad UGPP, previendo los principios de
inembargabilidad.
La Sala entiende que la parte ejecutada solicita se revoque las medidas de
embargo de las cuentas que tenga la UGPP, en las entidades financieras, al
considerar que no se identificó con claridad las cuentas objeto de embargo; y
no se determinó sobre el principio de inembargabilidad de las cuentas.
Efectivamente, el parágrafo del artículo 594 del CGP precisa el trámite para que
el funcionario judicial se abstenga del embargo de bienes inembargables […]
En tanto que el levantamiento solo procede en los siguientes casos delineados
en el artículo 597 del CGP […]”.
[…]
“[…] En el caso concreto, considera la Sala conforme a los fundamentos
esgrimidos por la ejecutante, es preciso advertir que la ley y jurisprudencia de
la Corte Constitucional han determinado sobre las excepciones de la regla de
inembargabilidad de los recursos públicos teniendo en cuenta el origen de las
obligaciones; así como las provenientes del Sistema General de
Participaciones, y cuándo sí proceden las medidas.
A su vez, se tiene que la medida fue decretada de manera concreta sobre las
cuentas bancarias que tenga la entidad ejecutada, en las entidades financieras
indicas (sic), en la medida; y para el cumplimiento de una sentencia, siempre y
cuando, se observe el principio de inembargabilidad.
Sobre el particular, teniendo presente los lineamientos jurisprudenciales, se
confirmará el auto que decretó el embargo en este proceso ejecutivo […]”.
33. La transcripción anterior permite evidenciar que la inconformidad en el caso sub
examine se circunscribe a una discrepancia de carácter estrictamente legal en torno
a la embargabilidad de los recursos de la UGPP frente al cumplimiento de una
providencia judicial de carácter pensional y la aplicación de una línea jurisprudencial
consolidada de la Corte Constitucional. En consecuencia, se cuestiona una medida
cautelar adoptada de manera motivada y razonada por la autoridad judicial
competente, por lo que se intenta convertir a la acción constitucional en un
mecanismo de revisión de decisiones ordinarias.
34. También se observa que las pretensiones de la parte actora resultan tener una
connotación estrictamente económica, toda vez que su objeto es que se ordene
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levantar una medida cautelar de embargo, circunstancia que escapa de la
competencia del juez de tutela.
35. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”21. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”22.
36. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
21
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22
Ibidem
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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