Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06322-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06322-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-06322-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06322-00
Accionante: CARLOS MUÑÓZ TRIVIÑO
Accionados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A Y OTROS
Temas: Tutela contra providencia judicial — declara improcedencia
por no superar el requisito de relevancia constitucional ni el de
subsidiariedad. Niega amparo por desconocimiento del
precedente.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y otros. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069
de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el
Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 12 de agosto de 20262, se admitió la acción constitucional de la
referencia. Asimismo, en el proveído de 3 de septiembre3 de este año, se declaró
infundado el impedimento manifestado por el magistrado Omar Joaquín Barreto
Suárez4.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Carlos Muñoz Triviño, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionada al Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, al Tribunal Administrativo de Santander y a
Colpensiones. Igualmente, fueron vinculados, en calidad de terceros con interés a la Universidad
Industrial de Santander y al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
3 Índice 21 Samai. En dicha decisión, se indicó que no se acreditó la configuración de la causal
del artículo 56.5 del Código de Procedimiento Penal.
4 Índice 18 Samai. En el expediente de referencia.
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Accionante: Carlos Muñoz Triviño
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06322-00
el Tribunal Administrativo de Santander, y la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones. Con la solicitud de amparo pretende que se le
protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, el acceso
a la administración de justicia, la garantía a la seguridad social integral y la
remuneración mínima vital.
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la sentencia
proferida el 14 de mayo de 20265 por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Mediante dicha decisión se revocó parcialmente el fallo de
primera instancia del 3 de noviembre de 2022 dictado por el Tribunal
Administrativo de Santander, que declaró la nulidad de los actos demandados y
ordenó a Colpensiones reliquidar la pensión de vejez de la parte actora de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 758 de 1990 (que aprobó el Acuerdo
049 de 1990) desde el 28 de noviembre de 2016 con una tasa de reemplazo del
90% sobre el promedio de los salarios devengados en los últimos 10 años de
servicio incluyendo la prima de antigüedad como factor salarial.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones6:
PRIMERO: Se me TUTELEN los derechos fundamentales constitucionales a la
igualdad (Art. 13), debido proceso (Art. 29), acceso a la administración de justicia
(Art. 229), a la garantía a la Seguridad Social Integral (Art. 48) y a la remuneración
mínima vital conforme a las normas laborales (Art. 53).
SEGUNDO: En consecuencia, se dejen sin efectos la sentencia de segunda
instancia proferido en el proceso tramitado bajo el radicado 68001-23-33-000-
2020- 00166-01, al haberse emitido una decisión vulneradora de mis
prerrogativas fundamentales, por emitirse contrariando el precedente de
unificación (H. Corte Constitucional, Sentencia SU317 de 2021, MP - Diana
Fajardo Rivera/ H. Corte Constitucional, Sentencia SU273 de 2022, MP - Hernán
Correa Cardozo/ H. Corte Constitucional, Sentencia SU049 de 2024, MP - Juan
Carlos Cortés González/ H. Corte Constitucional, Sentencia SU218 de 2024, MP
• Juan Carlos Cortés González/ H. Corte Constitucional, Sentencia SU428 de
2024, MP - Natalia Ángel Cabo) y sin atención de la regla de congruencia exigible
al juez de segunda instancia, según la cual la decisión de instancia se
circunscribe a los reparos concretos planteados por el recurrente (Art 328
C.G.P.).
TERCERO: Con ocasión de lo anterior, se ordene al H. Consejo de Estado emitir
decisión de remplazo, teniendo en consideración el precedente de unificación (H.
Corte Constitucional, Sentencia SU317 de 2021, MP - Diana Fajardo Rivera/ H.
Corte Constitucional, Sentencia SU273 de 2022, MP - Hernán Correa Cardozo/
H. Corte Constitucional, Sentencia SU049 de 2024, MP - Juan Carlos Cortés
González/ H. Corte Constitucional, Sentencia SU218 de 2024, MP - Juan Carlos
Cortés González/ H. Corte Constitucional, Sentencia SU428 de 2024, MP -
Natalia Ángel Cabo), y limitando la revisión de la sentencia recurrida a los reparos
concretos planteados por el recurrente (Art 328 C.G.P.).
1.2. Hechos
5 Sentencia de segunda instancia en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 680012333000-2020-00166-00/01.
6 Transcripción literal del escrito de Tutela. Puede contener errores.
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4. Se afirma en los hechos de la tutela que, el señor Carlos Muñoz Triviño
prestó servicios a la Universidad Industrial de Santander desde el 3 de julio de
1978 hasta el 27 de noviembre de 2016, período durante el cual efectuó
cotizaciones al sistema general de seguridad social, alcanzando un total de 1970
semanas registradas en su historia laboral ante la Administradora Colombiana de
Pensiones (en adelante Colpensiones).
5. Para la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 (30 de junio de
1995), el accionante contaba con más de 40 años y más de 15 años de servicios,
circunstancia que, según manifiesta, fue reconocida por Colpensiones en
distintos actos administrativos como determinante de su calidad de beneficiario
del régimen de transición.
6. Mediante Resolución núm. GNR 64833 del 6 de marzo de 2015,
Colpensiones reconoció la pensión de vejez del accionante en los términos de la
Ley 33 de 1985, decisión que fue confirmada mediante las Resoluciones núm.
GNR 282024 del 15 de septiembre de 2015 y VPB 74545 del 12 de diciembre de
2015, al resolverse los recursos de reposición y apelación interpuestos.
7. Con posterioridad al retiro del servicio del accionante, ocurrido el 28 de
noviembre de 2016, Colpensiones ordenó su inclusión en nómina de
pensionados mediante las Resoluciones núm. GNR 381504 del 15 de diciembre
de 2016, GNR 394725 del 30 de diciembre de 2016 y VPB 6843 del 21 de febrero
de 2017, en las que se indicó como régimen aplicable la Ley 33 de 1985.
8. En las resoluciones referidas en el numeral anterior se fijó un ingreso base
de liquidación equivalente a $9.966.266, se aplicaron los factores salariales
previstos en el Decreto 1158 de 1994 y se estableció una tasa de reemplazo del
75%.
9. El 7 de mayo de 2019, el accionante solicitó a Colpensiones la
reliquidación de su pensión con fundamento en el Decreto 758 de 1990 (que
aprobó el Acuerdo 049 de 1990), con inclusión de los tiempos de servicio
prestados a la Universidad Industrial de Santander con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 100 de 1993, por considerarlo un régimen más favorable. El
accionante también manifestó que percibió, el 30 de abril de cada año, una prima
de antigüedad respecto de la cual el ente universitario no efectuó cotización, pese
a estar prevista dicha obligación en el Decreto 1158 de 1994. La inclusión de
estos montos fueron el motivo principal para solicitar la reliquidación.
10. La solicitud de reliquidación fue negada por Colpensiones mediante las
Resoluciones núm. SUB 214354 del 9 de agosto de 2019, SUB 254354 del 17 de
septiembre de 2019 y DPE 11942 del 28 de octubre de 2019.
11. Ante la negativa de Colpensiones, el accionante inició el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho bajo el radicado núm. 68001-23-33-000-
2020-00166-00/01, cuya primera instancia fue decidida por el Tribunal
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Accionante: Carlos Muñoz Triviño
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros
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Administrativo de Santander. El 3 de noviembre de 2022, el Tribunal dictó
sentencia en la que accedió a las pretensiones de la demanda con fundamento
en el precedente de unificación de la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
769 de 2014 y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia7 y del Consejo
de Estado8 relativa a la acumulación de tiempos cotizados a distintas cajas o
fondos de previsión social.
12. Contra la sentencia de primera instancia Colpensiones interpuso recurso
de apelación, en el cual, según se transcribe del escrito, se cuestionó la
aplicabilidad temporal de la Sentencia SU-769 de 2014, argumentando que la
regla de unificación fijada9 por la Corte solo rige para pensiones causadas a partir
de la fecha de comunicación de la providencia (16 de octubre de 2014).
13. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante
sentencia del 14 de mayo de 2026, resolvió el recurso de apelación modificando
la decisión de primera instancia10 y negando la nulidad de los actos demandados
en lo relativo a la aplicación del Decreto 758 de 1990.
14. En la providencia, el Consejo de Estado sustentó su decisión en que, de
las pruebas obrantes en el expediente, no era posible establecer que el
accionante estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales (ISS) o realizó
cotizaciones a dicha entidad con anterioridad a la vigencia del Sistema General
de Pensiones, razón por la cual, a su juicio, no sería beneficiario del régimen
previsto en el Decreto 758 de 1990—que aprobó el Acuerdo 049 de 1990—. Ello,
7 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del primero (1.º) de julio de
dos mil veinte (2020). Radicación 70918. ID SL1947-2020.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia delveintiséis (26) de agosto de
dos mil veintiuno (2021) Radicado 25000-23-42-000-2017-02587-01.
9 Escrito de apelación de Colpensiones a la sentencia de primera instancia: «El cómputo de los
tiempos cotizados o laborados establecido en el numeral iii) deberá ser aplicado para resolver las
solicitudes de reconocimiento pensional en las que el derecho a la pensión de vejez, en los
términos establecidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, se cause o adquiera a partir de
la fecha de comunicación de la Sentencia SU – 769 de 2014, 16 de octubre de 2014, según
comunicado No. 40 de la Corte Constitucional, en la medida que el Alto Tribunal no le confirió
efectos retroactivos al fallo unificador.»
10 PRIMERO. Revocar parcialmente la sentencia del de la sentencia del 3 noviembre de 2022,
proferida por el Tribunal de Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones de la
demanda y, en su lugar:
«PRIMERO. Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones núm. GNR 64833 del 6 de
marzo de 2015, GNR 282024 del 15 de septiembre de 2015, VPB 74545 del 12 de
diciembre de 2015, GNR 381504 del 15 de diciembre de 2016, GNR 394725 del 30 de
diciembre de 2016 y VPB 6843 del 21 de febrero de 2017.
SEGUNDO. Negar la nulidad de las Resoluciones núm. SUB 214354 del 9 de agosto
de 2019, SUB 254354 del 17 de septiembre de 2019 y DPE 11942 del 28 de octubre de
2019 que negaron la reliquidación de acuerdo con lo indicado en el Decreto 758 de 1990,
por las razones expuestas.
TERCERO. A título de restablecimiento del derecho condenar a la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones reliquidar y pagar a favor del señor CARLOS
MUÑOZ TRIVIÑO la pensión de vejez que le fue reconocida mediante la Resolución núm.
GNR 381504 del 15 de diciembre de 2016, incluyendo la prima de antigüedad de
devengada como factor salarial, sobre el cual se deberán hacer los descuentos con
destino a aportes al sistema pensional.»
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pues, para para tener la expectativa de pensionarse con un sistema anterior a la
Ley 100 de 1993 la persona debía estar afiliada o haber cotizado a este.
15. La sentencia de segunda instancia señaló expresamente apartarse de la
postura fijada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-317 de 2021
respecto de la aplicación ultraactiva del Acuerdo 049 de 1990 a personas no
afiliadas al ISS al momento de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, con
fundamento en la jurisprudencia propia de la Sección. Dicha providencia fue
notificada el 3 de junio de 2026.
1.3. Sustento de la vulneración
16. El accionante consideró que la decisión a proferida el 14 de mayo de 2026
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró sus
derechos fundamentales de virtud de i) una presunta «violación del precedente»
en materia de aplicación del Decreto 758 de 1990 a empleados públicos afiliados
a Colpensiones y ii) un defecto orgánico por falta de competencia de la segunda
instancia para «resolver de forma ajena a los reparos de apelación».
17. Frente al desconocimiento del precedente, argumentó que la
providencia cuestionada desconoció el precedente11 consolidado en cinco
sentencias de unificación de la Corte Constitucional12, relativo a la aplicación del
principio de favorabilidad y al reconocimiento de la pensión de vejez prevista en
el Acuerdo 049 de 1990 para los beneficiarios del régimen de transición. Lo
anterior, por cuanto dicha decisión inaplicó las reglas fijadas en la sentencia SU-
769 de 2014 de la Corte Constitucional, en la sentencia SL1947-2020 de la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y la sentencia 2017-02587-
01 de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que habían
servido de fundamento para acceder a sus pretensiones en primera instancia.
18. En cuanto al defecto orgánico, consideró que la Subsección incurrió en
este defecto al fundamentar su fallo de segunda instancia en la falta de afiliación
al ISS antes de 1994, argumento que no había sido planteado en el recurso de
apelación de Colpensiones, el cual se limitaba a cuestionar la aplicabilidad
temporal de la Sentencia SU-769 de 2014. Con ello, la Subsección excedió su
competencia conforme al artículo 328 del C.G.P., que restringe el objeto de la
segunda instancia a resolver únicamente los reparos concretos planteados por el
apelante, y que consideró que vulneró su derecho de defensa y contradicción
11 A pesar de que el accionante identifica el cargo como «violación del precedente», en atención
en lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia SU-304 de 2024: «La incorrecta
identificación del defecto por parte del actor no afecta la procedencia de la tutela. En virtud del
principio según el cual “el juez conoce el derecho”, a este último le corresponde interpretar la
acción de tutela para identificar adecuadamente el defecto que le corresponde analizar. Esto,
siempre y cuando las razones de la demanda sean suficientes y, por tanto, no se torne en un
control oficioso, ya que el juez no está habilitado para examinar defectos que no se desprendan
del contenido de la acción de tutela» por ende el cargo a analizar será el de desconocimiento del
precedente en los términos y reglas de la jurisprudencia constitucional.
12 Las sentencias referenciadas como precedente son: SU-317 de 2021, SU-273 de 2022, SU-
049 de 2024, SU-218 de 2024 y SU-428 de 2024.
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como parte no recurrente.
1.4. Intervenciones
19. Tribunal Administrativo de Santander13. Solicitó que se le desvincule del
presente trámite constitucional, dado que en los hechos y defectos señalados por
el accionante no se relacionan con la sentencia de primera instancia ni con alguna
actuación u omisión atribuible a esta Corporación.
20. Colpensiones14. Afirmó que no tiene responsabilidad en la transgresión
de los derechos fundamentales alegados y que, considerando que la acción de
tutela se refiere a una pretensión que no es competencia de Colpensiones,
solicitó la desvinculación en atención a su falta de legitimación en la causa por
pasiva.
21. Universidad Industrial de Santander15. Solicitó declarar la
improcedencia de la tutela y sostuvo que «[l]o que intenta el accionante es acudir
a una «Tercera instancia» manifestando su desacuerdo con las resueltas del
proceso que inició y que en segunda instancia revocó el fallo que había accedido
a sus pretensiones y puso fin al proceso, situación absolutamente improcedente,
pues se insiste, lo que ampliamente se manifiesta en el escrito de la acción de
tutela es su inconformidad respecto de los argumentos expuestos por
Colpensiones y el Consejo de Estado que resolvió el recurso de apelación
interpuesto por aquél revocando parcialmente la sentencia de primera instancia
y negando las pretensiones de la demanda al señor Carlos Muñoz Triviño».
22. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A16. Pidió que se
declare improcedente la acción de tutela, por considerar que no se cumplen los
requisitos de procedibilidad exigidos por el artículo 86 de la Constitución Política
y el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991. Sostuvo que el asunto planteado carece
de relevancia constitucional, en tanto los reparos del accionante se circunscriben
a afirmar un supuesto desconocimiento del precedente constitucional sin
satisfacer la carga argumentativa necesaria para acreditar la incompatibilidad de
la decisión cuestionada con los derechos fundamentales invocados, y que la
controversia refleja una mera inconformidad con la postura adoptada por la
Subsección respecto de la aplicación del Decreto 758 de 1990 en el marco del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
23. Agregó que, ante el reclamo relativo a la falta de congruencia entre el
recurso de apelación y la sentencia, el interesado contaba con el recurso de
revisión previsto en los artículos 248 y siguientes del CPACA, medio que no fue
agotado, y que tampoco se demostró la existencia de un perjuicio irremediable,
13 Índice Samai 11.
14 Índice Samai 14.
15 Índice Samai 15.
16 Índice Samai 16
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señalando que el accionante cuenta actualmente con una pensión de vejez
reconocida con arreglo a la Ley 33 de 1985.
II. CONSIDERACIONES
24. La Sala declarará la improcedencia del amparo frente a los defectos
orgánico y por desconocimiento del precedente del Consejo de Estado y de la
Corte Suprema de Justicia. A su vez, negará el amparo por el desconocimiento
del precedente constitucional.
25. Para ello, la Sección estudiará, en primer lugar, los requisitos generales
de tutela contra providencia judicial y, en caso de superarse, analizará la
configuración de los defectos alegados respecto de la sentencia dictada el 14 de
mayo de 2026 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
2.1. Caso concreto
2.1.1 La solicitud de amparo cumple parcialmente con los requisitos de
procedencia de tutela contra providencia judicial.
26. El Consejo de Estado17 y la Corte Constitucional18 , han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales19 y a la configuración de algún
defecto especial20 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
27. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
18 Al respecto, ver las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: SU-111 de 2025; SU-439
de 2024; SU-316 de 2023; SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y
C-590 de 2005.
19 (i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia constitucional; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
20 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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28. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple
con los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse.
29. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
30. La Sala advierte que el señor Carlos Muñoz Triviño está legitimado en la
causa por activa porque fue la parte demandante dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho en el que se dictó la providencia que se reprocha
mediante esta acción constitucional. Por otro lado, se evidencia que la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado está legitimada en
la causa por pasiva por haber proferido la decisión controvertida dentro del
trámite objeto de la litis.
31. Ahora, Colpensiones y el Tribunal Administrativo de Santander solicitaron
la desvinculación argumentando su falta legitimación en la causa por pasiva. Sin
embargo, la Sala negará las solicitudes, ya que su vinculación se debe al interés
que les asiste por haber participado como parte demandada en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en que se dictó la providencia y por haber
sido la autoridad judicial que conoció del proceso en primera instancia,
respectivamente.
32. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional21, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
33. Este requisito cobra especial importancia cuando la providencia
reprochada es dictada por una alta corte. En estos casos, la jurisprudencia
constitucional y de esta corporación ha sostenido que «el simple alegato de la
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
justicia no es suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción
21 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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desproporcionada a los derechos mencionados»22. De allí que, en estos asuntos,
«se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales»23.
34. En el sub judice, el accionante cuestiona la decisión de la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 14 de mayo de 2026 que
revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander. En primer término, argumenta el desconocimiento del precedente
constitucional contenido en sentencias de unificación de la Corte Constitucional
y jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia en lo
relativo a la aplicación del principio de favorabilidad y al reconocimiento de la
pensión de vejez y la aplicación ultraactiva del Acuerdo 049 de 1990 para los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
35. La Sala advierte que la acción de tutela, en lo que respecta a la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, no
cumple con el requisito de relevancia constitucional puesto que la parte actora no
cumplió con la carga argumentativa requerida para reprochar sentencias de altas
corte o presentó argumento alguno respecto a la aplicabilidad del precedente
horizontal, respecto de la sentencia de la Subsección B de la Sección Segunda
Consejo de Estado, o de la jurisprudencia de otro órgano de cierre como lo es la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
36. Primero, como lo ha señalado esta Sección en otras oportunidades24, uno
de los presupuestos para la configuración del cargo formulado —y proceder con
su estudio de fondo— es que las decisiones hayan sido proferidas por la misma
sala de decisión en todos los casos. Sin embargo, el accionante funda el
pretendido defecto por desconocimiento del precedente horizontal en que la
autoridad judicial accionada se apartó sin justificación de la postura
jurisprudencial adoptada por otra subsección de la Sección Segunda en el
proceso de radicado 25000-23-42-000-2017-02587-01 y la Sentencia SL1947-
2020 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
37. En esa medida, no se advierte prima facie la relevancia constitucional del
cargo, comoquiera que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado no está obligada a acoger las consideraciones plasmadas por la otra sala
de decisión, o de otra corporación, menos en un asunto en el cual el actor
tampoco identifica la existencia de una posición unificada de la referida Sección.
Tal conclusión también se predica respecto de decisiones de otro órgano de
cierre como lo es la Corte Suprema de Justicia.
22 Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022.
23 Id.
24 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 24 de abril de 2025, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2025-01617-00; Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia de 18 de septiembre de 2025, M.P. Pedro pablo Vanegas Gil, Rad. 11001-03-15-000-
2025-05074-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 16 de octubre de 2025, M.P.
Gloria María Gómez Montoya, Rad. 11001-03-15-000-2025-03081-01, entre otras.
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38. Segundo, si en gracia de discusión se aceptara que el desconocimiento
del precedente horizontal puede estudiarse de fondo a partir de decisiones
proferidas por salas de decisión distintas a la accionada, en este caso tampoco
se cumpliría con la carga argumentativa exigida, pues el actor se limita a una
mera enunciación de la jurisprudencia, sin mayor profundidad sobre el particular,
en tanto no explica de forma concreta cuál es la regla de derecho contenida en
esas decisiones ni en qué consiste la similitud fáctica y jurídica.
39. Por lo anterior, dicho cargo carece de la carga argumentativa necesaria
para que proceda un estudio de fondo por parte del juez constitucional. En
consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela frente al
cargo.
40. En ese sentido, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de una garantía ius fundamental.
41. Esto, debido a que la competencia de este juez se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal y/o
económico, o a estudiar una mera inconformidad con las providencias de los
jueces naturales de la causa.
42. Motivo de lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la acción en lo
relativo al desconocimiento del precedente de las citadas sentencias del Consejo
de Estado y la Corte Suprema. En ese entendido, la sala no estudiará los demás
requisitos en lo relativo a este cargo.
43. No obstante, la Sala tendrá por superado este requisito en lo que concierne
a los defectos por desconocimiento del precedente constitucional y el defecto
orgánico. El primero, porque el actor pone de presente que la subsección
demandada habría inaplicado un precedente constitucional, contenido en varias
sentencias de unificación, en particular, la SU-317 de 202125, referida a la
aplicación ultraactiva del Acuerdo 049 de 1990 para quienes no cotizaron al ISS
antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1990.
44. Pues bien, fue con base en dicho precedente que el a quo del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho accedió en primera instancia a las
pretensiones de la demanda. De allí que sea necesario que la Sala entre a
determinar si dicho desconocimiento puede llegar o no a consolidar una
25 La Sala advierte que, aunque en la tutela el accionante se refiere a otras decisiones de la Corte
Constitucional, limitará su estudio a este precedente, en tanto fue el único alegado en el marco
del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho y, porque, en todo caso, las otras
decisiones reiteran el precedente contenido en la SU-317 de 2021.
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vulneración a los derechos fundamentales que se alegan vulnerados, o si el
desconocimiento se fundó en elementos de razonabilidad y proporcionalidad,
para lo cual es necesario realizar un estudio de fondo del cargo.
45. Igualmente, supera este requisito el cargo por defecto orgánico, en tanto
este se habría concretado en que la Subsección A de la Sección Segunda de
esta corporación habría excedido su competencia funcional en segunda instancia
al pronunciarse sobre cuestiones que no fueron alegadas en el recurso de
apelación, lo que habría significado que el señor Muñoz Triviño no pudo ejercer
su derecho de defensa y contradicción contra los argumentos esgrimidos por la
demandada.
46. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales26: i) como
mecanismo de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial idóneo27 y eficaz28; y, ii) como mecanismo de protección
transitorio.
47. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente constitucional
contenido en la SU-317 de 2021—y reiterado en las sentencias SU-273 de 2022,
SU-049 de 2024, SU-218 de 2024 y SU-428 de 2024—, la Sala encuentra
satisfecho este requisito, en tanto el actor no cuenta con otros medios, ordinarios
o extraordinarios, para cuestionar el referido defecto. Ciertamente, al tratarse de
una decisión de segunda instancia, proferida por una subsección de esta
corporación, el señor Muñoz Triviño no contaba con recursos ordinarios a su
alcance y, asimismo, el defecto alegado tampoco se enmarca en alguna de las
causales del recurso extraordinario de revisión.
48. Ahora bien, en lo que concierne al segundo cargo planteado por el
accionante, afirma que «la vulneración de las reglas de congruencia y
competencia del juez de segunda instancia denotan que la decisión de una
segunda instancia sin atender los reparos concretos planteados por el apelante
es una afectación directa del derecho de contradicción del no recurrente, así
como de la garantía de defensa, pues se determina la litis a partir de un
argumento desconocido por el no recurrente, adicional a afectar la presunción de
acierto inherente a las providencias judiciales»29.
49. Dicho cargo da cuenta de una posible incongruencia de la sentencia en el
caso sub examine. Por tanto, corresponde a la actora acudir al recurso
26 Corte Constitucional, Sentencia T-183 de 2024.
27 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para
producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de
2019.
28 La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está
diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
29 Trascripción literal del escrito de tutela. Puede contener errores.
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extraordinario de revisión, por ser el medio judicial idóneo y eficaz para la
protección de los derechos invocados. Máxime cuando en este caso no se
advierte la posible configuración de un perjuicio irremediable.
50. En ese orden de ideas, para la Sala, la tutela presentada por el accionante
no supera el requisito de subsidiariedad, comoquiera que el fundamento de los
defectos alegados se enmarca en al menos una de las causales de procedencia
del recurso extraordinario de revisión. En particular, la contenida en el artículo
250.5 del CPACA, esto es, «existir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de apelación», puesto que, de la
lectura integral del escrito, se advierte que los argumentos reprochan la
congruencia externa de la sentencia.
51. Ahora bien, de la lectura integral de la solicitud de amparo se evidencia
que la alegada vulneración de los derechos fundamentales deriva precisamente
de la presunta extralimitación de pronunciamiento frente a los argumentos que,
según el accionante, fueron planteados en el recurso de apelación interpuesto
por Colpensiones.
52. En tal sentido, la censura se orienta a reprochar una eventual nulidad de
la sentencia de segunda instancia y no una afectación autónoma de rango
constitucional que no pudiera ser ventilada a través de los mecanismos judiciales
previstos por el ordenamiento.
53. De esa manera, la parte accionante no logró demostrar que careciera de
medios judiciales idóneos y eficaces para plantear las irregularidades que ahora
expone por vía de tutela. Por el contrario, se advierte que contaba con el recurso
extraordinario de revisión, en tanto los reparos formulados se relacionan con una
eventual nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso.
54. Así las cosas, la presente acción constitucional, en lo que respecta al cargo
analizado, se torna improcedente, en tanto desconoce su carácter residual y
subsidiario de la tutela, pues pretende ser utilizada como un instrumento
alternativo para controvertir una providencia judicial y desplazar los mecanismos
judiciales expresamente previstos por el ordenamiento para corregir o controvertir
las irregularidades que ahora se alegan.
55. Inmediatez. Se acredita este presupuesto, pues la sentencia que se
reprocha fue notificada a las partes el 30 de junio de 202630 y la acción de tutela
se presentó el 11 de agosto de 2026. Es decir, dentro de los seis meses que
estableció la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, como plazo
razonable para ejercer la acción constitucional.
56. Naturaleza de la decisión cuestionada. Se supera este presupuesto ya
que no se controvierte una decisión de tutela, pues la providencia reprochada fue
30 Índice 30 de Samai, al interior del expediente con radicado 68001-23-33-000-2020-00166-01
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proferida al interior del trámite del medio de nulidad y restablecimiento del
derecho. Del mismo modo, la providencia sub judice tampoco fue dictada en el
marco de un proceso de control abstracto de constitucionalidad ni corresponde a
una sentencia interpretativa adoptada por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
57. Identificación razonable de los hechos. Finalmente, en la solicitud de
amparo se presentó una explicación de los hechos y argumentos por los que la
parte actora consideró que le fueron vulnerados sus derechos fundamentales.
Por ende, cumplió con la carga mínima de dar las razones por las cuales
considera que la autoridad accionada incurrió en una vulneración de las
garantías.
2.1.2 Generalidades del defecto del desconocimiento del precedente
judicial
58. De acuerdo con la posición de la Sala, por regla general, se entiende como
precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias, que presentan
similitudes fácticas y jurídicas con un caso nuevo objeto de estudio, de las cuales
se desprende una regla para resolver la controversia (ratio decidendi) que obliga
al juez a fallar en el mismo sentido31. Cabe destacar que el acatamiento de la
ratio decidendi no está atado al número de decisiones que traten el tema objeto
de discusión, dado que solo basta una providencia en donde se especifique una
regla o sub-regla de derecho32.
59. De apartarse del precedente, sin que el operador judicial cumpla con una
carga argumentativa encaminada a justificar de forma suficiente y razonada por
qué no aplicará lo establecido con anterioridad, se configura el defecto por
desconocimiento del precedente judicial.
60. Por su parte, la Corte Constitucional ha sostenido que dicho cargo se
configura si: (i) en la ratio decidendi o razón de la decisión de la sentencia
anterior existe una regla jurisprudencial que puede ser aplicable a futuros
casos; (ii) dicha razón de decisión resuelva un problema jurídico análogo o
semejante al propuesto en el nuevo caso; y (iii) los hechos del caso son
equiparables33.
2.1.3. La providencia del 14 de mayo de 2026 proferida por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado no desconoció el precedente
fijado por la Corte constitucional en la sentencia SU-317 de 2021
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15
de julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
32 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
33 Corte Constitucional, Sentencias SU-295 de 2023, SU-446 de 2022, SU-317 de 2021, entre
otras.
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61. Argumentó el accionante que la providencia cuestionada desconoció el
precedente por la Corte Constitucional en la sentencia SU-317 de 2021 (reiterado
en la SU-273 de 2022, SU-049 de 2024, SU-218 de 2024 y SU-428 de 2024)
relativo a la aplicación del principio de favorabilidad y a la aplicación ultraactiva
de del Acuerdo 049 de 1990 para los beneficiarios del régimen de transición, a
pesar de no haber estado afiliados al ISS antes de la entrada en vigor de la Ley
100 de 1993.
62. Pues bien, de la revisión de la referida providencia, la Sala considera que
la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado no incurrió en el
defecto por desconocimiento del precedente constitucional, por las siguientes
razones.
63. La autoridad judicial accionada dio cuenta de la existencia de la Sentencia
SU-317 de 2021 y expuso de forma clara, razonada y coherente las razones por
las cuales «se ha apartado de la postura vertida en sentencia SU 317 de 2021
de la Corte Constitucional en cuanto a la aplicación ultraactiva del Acuerdo 049
de 1990 para personas que no estaban afiliadas al ISS a la entrada en vigencia
de la Ley 100» con fundamento en el siguiente razonamiento:
Debe precisarse que la negativa a aplicar el Acuerdo 049 al caso de la parte
demandante no se debe a que esta Sala considere que para ser beneficiario de
este debió acreditar la totalidad de semanas exclusivamente al ISS, pues esta
Sección acoge el criterio de que estos periodos sí pueden acumularse con los
cotizados en otras cajas de previsión o con tiempos de servicio público. Tampoco
a que el actor hubiese tenido que estar afiliado al ISS al 1.° de abril de 1994,
según se desprendería de la literalidad del inciso segundo del artículo 36 de la
Ley 100.
Sino que, se repite, el legislador previó que el beneficiario del régimen de
transición se podría pensionar con la edad, tiempo de servicios o semanas
cotizadas y monto regulados en el régimen pensional anterior al cual se
encontraran afiliados, y en este caso la parte demandante no demostró haber
estado afiliado al ISS al 1.° de abril de 1994 o haber cotizado a dicha entidad en
cualquier tiempo antes de que entrara a regir la Ley 100.
64. Asimismo, la Subsección A señaló que la referida postura seguía la línea
jurisprudencial expuesta desde la sentencia de 30 de enero de 2025, proferida
en el proceso identificado con el radicado núm. 08001-23-33-000-2017-00049-01
(4288-2024), en la que también sostuvo lo siguiente:
«Esta Sala considera que se debe confirmar la sentencia que negó las
pretensiones de la demanda y en ese sentido, se apartará del precedente
unificado de la Corte Constitucional en cuanto a la aplicación ultraactiva del
Acuerdo 049 de 1990 para personas que no estaban afiliadas al ISS a la entrada
en vigencia de la Ley 100
[…]
[S]i bien esta Subsección no desconoce la existencia de un precedente de la
Corte Constitucional que permite la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 a casos
donde no se demostró una afiliación al ISS para la fecha que entró en vigencia la
Ley 100 de 1993 o con anterioridad a esta, tal como se observa en la sentencia
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citada, lo cierto es que la Sala considera que debe apartarse de éste, pues
contrario a lo expuesto en las decisiones analizadas, la aplicación por
favorabilidad del Acuerdo 049 solo procede cuando la persona tenía una
expectativa legítima de pensionarse bajo dicho régimen, condición que está
expresamente regulada en el segundo inciso del artículo 36 de la Ley 100 y que
fue declarada exequible por la misma Corte Constitucional en la sentencia C596
de 1997. »
65. De la revisión de esas decisiones, se advierte que la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado ha justificado su apartamiento del
precedente constitucional sobre la aplicación ultraactiva del Acuerdo 049, en los
siguientes cuatro argumentos, a saber:
(i) El beneficiario del régimen de transición que pretenda la aplicación de los
requisitos de edad, semanas cotizadas y monto previstos en el Acuerdo 049
de 1990 debe demostrar que estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales
para la fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993, o que hizo
cotizaciones a dicho fondo en algún momento anterior al 1.° de abril de
1994. Empero, dicha exigencia no implica que el interesado deba acreditar
la totalidad de las semanas exclusivamente ante el ISS, pues estos periodos
pueden acumularse con los cotizados en otras cajas de previsión o con
tiempos de servicio público. Ello tampoco supone que el solicitante debiera
estar afiliado al ISS precisamente el 1.° de abril de 1994, conforme se
desprendería de la literalidad del inciso segundo del artículo 36 de la Ley
100.
Esa decisión se funda en un análisis histórico y contextual de los regímenes
pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993 (Ley 33 de 1985, Ley 71 de
1988 y Acuerdo 049 de 1990), señalando que se trataba de regímenes
autónomos e independientes entre sí, cada uno con su propio ámbito de
aplicación.
En ese orden, el legislador al establecer en el artículo 36 de la Ley 100 que
las condiciones de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas y monto
serían las del «régimen anterior al cual se encuentren afiliados», protegió
únicamente la expectativa legítima respecto del régimen al que
efectivamente estuviera vinculada la persona, límite que la Sala calificó
como constitucionalmente admisible por estar soportado en la facultad de
libre configuración del legislador y en la necesidad de garantizar los
principios de progresividad, sostenibilidad y universalidad del sistema
pensional (artículo 48 de la Constitución).
(ii) El Acuerdo 049 de 1990 no podía aplicarse al caso del demandante en
virtud del principio de favorabilidad en materia laboral, ni en su sentido
estricto (que exige optar por la norma que beneficie al trabajador cuando
existan dos o más normas vigentes aplicables a una misma circunstancia),
ni en su sentido amplio (que exige escoger la interpretación más favorable
ante varias lecturas posibles de una misma disposición). Esto, porque dicho
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principio requiere no solo la existencia de varias normas vigentes que
regulen una misma situación, sino que todas ellas resulten efectivamente
aplicables a los mismos supuestos fácticos, lo cual, a su juicio, no ocurría
respecto del Acuerdo 049 de 1990 frente a la situación del demandante.
La Sala ilustró su razonamiento mediante varios supuestos hipotéticos,
concluyendo que los tres regímenes pensionales anteriores a la Ley 100
(Ley 33 de 1985, Ley 71 de 1988 y Acuerdo 049 de 1990) eran excluyentes
entre sí y que solo podía aplicarse aquel para el cual la persona reunía las
condiciones de vinculación correspondientes. De allí que el acuerdo 049 de
1990 no pudiese ser aplicado a quienes solo se afiliaron al ISS después de
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues para el momento en que
empezó a regir el sistema general de pensiones esas personas no tenían
una expectativa legítima de pensionarse bajo los postulados del Acuerdo
049 de 1990
(iii) La Corporación examinó el precedente constitucional contenido en las
sentencias T-370 de 2016, T-088 y T-028 de 2017 y T-522 de 2020, que
sustentan la tesis según la cual no se requiere afiliación al ISS previa al 1.°
de abril de 1994 para aplicar ultraactivamente el Acuerdo 049 de 1990, y
concluyó que dicho precedente carecía de una línea sólida de
argumentación que lo hiciera vinculante para el caso analizado.
En varios de esos antecedentes (como la SU-769 de 2014, citada como
sustento) los accionantes sí habían acreditado cotizaciones al ISS con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100, por lo que la discusión
sobre la necesidad de afiliación previa no había sido efectivamente
planteada ni resuelta en dichos casos, sino que la controversia se centró en
la posibilidad de acumular tiempos cotizados a otras cajas de previsión con
los aportados al ISS.
(iv) La sentencia C-596 de 1997, en la que la Corte Constitucional apoya su
interpretación, declaró exequible la expresión «al cual se encuentren
afiliados» del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 bajo el entendido de que la
expectativa de pensionarse bajo un régimen determinado exige estar
afiliado a ese régimen, y no bajo la premisa de que el beneficiario del
régimen de transición pueda escoger cualquiera de los regímenes
anteriores a su arbitrio.
66. Se hace evidente, entonces, que, la decisión de la Subsección de
apartarse del precedente no responde a un ejercicio arbitrario o
desproporcionado o contrario a derecho de su parte, sino a un riguroso ejercicio
argumentativo ya desarrollado en la jurisprudencia de esta corporación que
justifica con suficiencia por qué en el caso concreto dicho precedente, a criterio
de la subsección, no le era aplicable al demandante.
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67. Para esta Sala, la posición de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, se enmarcó, en los principios de independencia y autonomía
judicial, especialmente, en atención al rol especial de esta corporación como
órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y al valor
hermenéutico de sus decisiones.
68. Por tanto, es posible concluir del análisis de la decisión reprochada y sus
fundamentos, que no se desprende la configuración de un defecto que vulnere
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, la garantía a la seguridad social integral y la
remuneración mínima vital.
69. Máxime cuando el objeto del litigio no compromete el acceso o
reconocimiento efectivo a la pensión del señor Muñoz Triviño —como sí ocurrió
en los otros casos resueltos por la Corte Constitucional—, prestación de la cual
es beneficiario desde el 21 de febrero de 2017 con un IBL equivalente a
$9.966.266 COP y una tasa de reemplazo del 75%, sino que la controversia que
se pretendía ventilar en sede de tutela tan solo apunta a la reliquidación
pensional.
70. Por tales motivos, la Sala negará el amparo al no evidenciar la
configuración del defecto por desconocimiento del precedente constitucional, en
tanto la providencia de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado
no fue producto de un ejercicio arbitrario, irrazonable o desproporcionado, sino
que se enmarcó en un ejercicio legítimo, ponderado y razonado de su autonomía
judicial al resolver el caso concreto.
2.2. Conclusión
71. La Sala negará el amparo por el cargo por desconocimiento del
precedente constitucional. A su vez, declarará la improcedencia de los cargos
relativos a los defectos por desconocimiento del precedente de la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia,
así como el relativo a la presunta configuración de un defecto orgánico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo por los motivos expuestos, respecto del cargo de
desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en lo relativo al
cargo de desconocimiento del precedente de la sentencia 2017-02587-01 del
Consejo de Estado y la Sentencia SL1947-2020 de la Sala Laboral de la Corte
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Accionante: Carlos Muñoz Triviño
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06322-00
Suprema de Justicia ante la carencia de relevancia constitucional; así como en
lo referido al cargo por defecto orgánico.
TERCERO: NEGAR la desvinculación de Colpensiones y del Tribunal
Administrativo de Santander por las razones expuestas.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
18
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