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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06328-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06328-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en contra del Juzgado Segundo Civil Municipal de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en relación con las pretensiones de relevar al secuestre y enviar link de acceso a audiencia. Segundo. EXHORTAR al Juzgado Segundo Civil Municipal de Bogotá, para que realice las actuaciones que considere necesarias a fin de obtener los documentos que requiere para la audiencia de remate del 17 de septiembre de 2026 y se pronuncie sobre las solicitudes formuladas por el actor en relación con requerir al secuestre para que brinde informe. Tercero. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, del Juzgado Noventa Civil Municipal de Bogotá, de Henao Castrillón y Cia Ltda, de Pavimentos Explanaciones Urbanas Ltda, de Suever S.A.S, de Grupo Jurídico Escola S.A, del señor Luis Ángel Dueñas Gómez y del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Cuarto. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Quinto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-06328-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06328-00
Accionante: Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y otros

Tema: Derechos al debido proceso y acceso a la administración de
justicia. Proceso ejecutivo- despacho comisorio- remate.
DECLARA IMPROCEDENTE- EXHORTA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la Nación – Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, mediante apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, del Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá,
del Juzgado Segundo Civil Municipal de Bogotá, del Juzgado Noventa Civil
Municipal de Bogotá, de Henao Castrillón y Cia Ltda, de Pavimentos Explanaciones
Urbanas Ltda, de Suever S.A.S, de Grupo Jurídico Escola S.A, del señor Luis Ángel
Dueñas Gómez y del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

ANTECEDENTES

El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por el
trámite que se le ha imprimido al proceso ejecutivo con radicado 25000-23-26-000-
2006-00101-00/01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que el 15 de diciembre de 2005, el extinto Instituto Nacional de Vivienda de Interés
Social y Reforma Urbana (INURBE EN LIQUIDACIÓN) hoy Nación - Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio promovió proceso ejecutivo en contra de las

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sociedades Henao Castrillón y Cia Ltda y Pavimentos Explaneación Urbanas Ltda,
a fin de recuperar la suma de seiscientos treinta millones ($630.000.000).

Que el 1º de marzo de 2006 se libró mandamiento de pago y el 13 de diciembre de
ese año se decretó el embargo de unos bienes inmuebles.

Que el 14 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C convocó la segunda audiencia pública virtual de
remate de 4 predios, para el 7 de marzo de 2024.

Que el Tribunal hizo incurrir al hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en los
gastos requeridos para la publicación y radiodifusión del aviso para el remate; sin
embargo, de manera repentina, el día 5 de marzo de 2024 suspendió la diligencia.

Que varios meses después el Tribunal libró «Despacho Comisorio a los Juzgados
Civiles Municipales de Bogotá D.C. (reparto), con el objeto de que se realice el
remate y adjudicación de los inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias
No. 50S-00761512; 50S-00777297; 50S-00821818 y 50S-00821819 (sic)»; en
providencias del 20 de enero y 24 de febrero de 2025 se adicionó la comisión, a fin
de que se remataran los 10 predios que ya contaban con avalúo y la comisión le
correspondió al Juzgado Segundo Civil Municipal de Bogotá con radicado 11001-
40-03-002-2025-00334-00.

Que el 3 de abril de 2025, el Tribunal emitió el Oficio núm. JEMB 0035 2025,
mediante el cual requirió al secuestre, Grupo Jurídico Escola S.A.S, para que
informara sobre el estado actual de los bienes a su cargo.

Que el 27 de mayo de 2025, el Juzgado no atendió la comisión y la remitió por
competencia «a la Alcaldía Local correspondiente y/o a los Juzgados 87, 88, 89, 90
Civiles Municipales de esta ciudad (Reparto)».

Que el 30 de mayo y el 8 de octubre de 2025, le pidieron al Tribunal que requiriera
al secuestre, para que atendiera lo solicitado por el despacho el 3 de abril de 2025.

Que el 15 de diciembre de 2025, el Tribunal compulsó copias en contra de la Oficina
de Servicios Juzgado Civil -Laboral - Familia de Bogotá D.C y del Juzgado Segundo
Civil Municipal de Bogotá.

Que el 3 de febrero de 2026, el depositario de la sociedad Suever S.A.S puso de
presente que los predios están siendo objeto de invasión y de loteo. El 6 de abril de
2026, este le solicitó al Tribunal que estudiara la posibilidad de emitir un nuevo
despacho comisorio.

Que el 22 de abril de 2026, le pidieron al Tribunal la renovación de las medidas
cautelares decretadas y el 29 de mayo siguiente, el Juzgado comisionado avocó

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conocimiento y programó la diligencia de remate para el 17 de septiembre de 2026
a las 8:00 a.m.

Dice que ha insistido en varias ocasiones para que se requiera al secuestre, a fin
de que este rinda, previo a la diligencia de remate y/o subasta, el informe requerido
por el Tribunal, el cual es un requisito sine qua non, para facilitar la inspección de
los bienes por parte de los interesados y, posteriormente, efectuar la entrega de los
inmuebles rematados al adjudicatario una vez se apruebe el remate.

Considera que las autoridades accionadas le violan los derechos al debido proceso
y acceso a la administración de justicia, porque:

• El Juzgado Segundo Civil Municipal de Bogotá convocó a diligencia de remate y/o
subasta de manera virtual, pero no remitió el link que se requiere para realizar la
respectiva publicación en aras de que los proponentes puedan acceder a la misma.

• El Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Segundo Civil Municipal
de Bogotá no han contestado las peticiones del 30 de mayo, 8 de octubre de 2025,
6 de abril, 18 de junio y 23 de julio de 2026, presentadas por el Ministerio en aras
de que requieran al secuestre para que rinda el informe solicitado desde el mes de
abril de 2025 y conocer la situación actual de los inmuebles secuestrados y que
serán rematados.

Adicionalmente, argumentó que la falta de aplicación de los correctivos legales para
que el secuestre, Grupo Jurídico Escola S.A., rinda el informe requerido y ponga de
presente lo acaecido con los inmuebles dejados bajo su custodia, cuando se está
ad portas de llevar a cabo la diligencia de remate, vulnera los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, habida
cuenta que se ha dejado de aplicar los artículos 49 y 50 del Código General del
Proceso.

PRETENSIONES

Solicitó que se amparen los derechos invocados; y, en consecuencia, se ordene i)
relevar al secuestre designado en el proceso ejecutivo 25000-23-26-000-2006-
00101-01, esto es, Grupo Jurídico Escola S.A.; ii) compulsar las respectivas copias
a fin de que se impongan las sanciones a que haya lugar en derecho; y, iii) enviar
al accionante link de la audiencia que se llevará a cabo el 17 de septiembre de 2026,
de manera virtual.

TRÁMITE PROCESAL

El 14 de agosto de 2026, se admitió la acción; se vinculó al Juzgado Treinta y Cuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá, al Juzgado Segundo Civil Municipal de
Bogotá, al Juzgado Noventa Civil Municipal de Bogotá, a Henao Castrillón y Cia
Ltda, a Pavimentos Explanaciones Urbanas Ltda, a Suever S.A.S, a Grupo Jurídico

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Escola S.A, al señor Luis Ángel Dueñas Gómez y al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B; y, se ordenó notificar a las partes.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Juzgado Segundo Civil Municipal de Bogotá indicó que mediante auto del 29
de mayo de 2026 avocó conocimiento del Despacho Comisorio núm. JEMB - 0021
– 2025 remitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera
Subsección C, en el cual se fijó fecha para realizar la diligencia de remate el 17 de
septiembre del 2026.

Dijo que con ocasión de la notificación de la acción de tutela advirtió que en los
anexos remitidos por el comitente se omitió anexar ciertas piezas procesales que
resultan necesarias, entre otras, los certificados de tradición y libertad y la totalidad
de los avalúos de los predios a rematar, situación que motivó el ingreso del
expediente al despacho a fin de proveer según corresponda.

Precisó que funge como titular de despacho desde el pasado 30 de julio, por lo que
no había tenido conocimiento previo del asunto. Dijo que adoptará las medidas
pertinentes a fin de materializar la diligencia encomendada con prioridad.

Frente a la solicitud del actor de que se releve a la firma que actúa como secuestre
y que se le requiera para que allegue informes, el Juzgado especificó que carece
de competencia para atender dichas pretensiones, pues sus facultades están
limitadas al objeto de la comisión.

El Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogotá manifestó que el 12 de noviembre
de 2025 le fue repartido el Despacho Comisorio núm. JEMB - 0021 - 2025,
proveniente del Juzgado Segundo Civil Municipal de Bogotá, y el 24 de febrero de
2026, ordenó la devolución del expediente para lo de su competencia, advirtiendo
que, en caso de no asumir su conocimiento, se planteaba el conflicto negativo.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
adujo que mediante el Despacho Comisorio núm. JEMB-0021-2025 confirió amplias
facultades para adelantar las actuaciones necesarias para el cumplimiento de la
comisión, particularmente aquellas relacionadas con el remate, la custodia de los
bienes y su posterior adjudicación, según habilita el artículo 40 del Código General
del Proceso.

Aunado a lo dicho dijo que las inconformidades planteadas por la entidad accionante
respecto de la actuación del secuestre y de las condiciones necesarias para la
celebración de la audiencia de remate corresponden, en principio, al ámbito propio
de la comisión, dado que el juez comisionado se encuentra facultado para adoptar
las determinaciones necesarias para materializar la diligencia, requerir al auxiliar de
la justicia acerca del estado y custodia de los inmuebles y, si concurren los

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presupuestos legales, adoptar las medidas que correspondan frente al
incumplimiento de sus deberes, como se regula en el artículo 456 del Código.

Que la acción de tutela no puede emplearse para desplazar al juez natural ni para
anticipar decisiones que todavía pueden adoptarse dentro del trámite en curso;
motivo por el cual pidió que se declare improcedente el mecanismo constitucional,
por no satisfacer el presupuesto de la subsidiariedad.

El Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección
Tercera informó que el 24 de julio de 2006 remitió el expediente a los juzgados
administrativos a través de la Oficina de Servicios Judiciales y el 18 de septiembre
de ese año, el despacho devolvió el expediente al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.

Concluyó que no existe vulneración de los derechos fundamentales invocados,
dado que las actuaciones surtidas se ajustaron al marco legal y competencial
aplicable. Además, las medidas solicitadas corresponden a decisiones cuya
adopción compete exclusivamente a otra autoridad judicial.

Las demás partes guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) petición judicial; iii) debido
proceso; y, iv) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Petición judicial

En relación con el ejercicio del derecho de petición ante las autoridades judiciales,
ha dicho la Corte Constitucional que existen dos clases de solicitudes, dentro de las
cuales encontramos:

«(…) (i) las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que se

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encuentran reguladas en el procedimiento respectivo de cada juicio,
debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas
procesales previstos para tal efecto; y (ii) aquellas peticiones que por ser
ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas
por la autoridad judicial bajo las normas generales del derecho de petición que
rigen la administración y, en especial, de la Ley 1755 de 2015. (…)»1 (negrilla
fuera de texto original)

Frente al primer escenario, la Corte2 considera que son todas aquellas donde el
ciudadano solicita la aplicación de leyes sustantivas o procedimentales que rigen
los procesos de competencia del juez, las cuales se rigen por el procedimiento
judicial respectivo y no por la Ley 1755 de 2015.

Por su parte, el Consejo de Estado en sentencia del 19 de noviembre de 2020
señaló que

«(…) las reglas del derecho fundamental de petición no son aplicables
cuando se le solicita a un servidor judicial que cumpla sus funciones
jurisdiccionales, ya que las peticiones sobre actuaciones judiciales se
encuentran reguladas en procedimientos propios. Por tanto, los memoriales
y los recursos se rigen por los términos y etapas procesales previstos por el
legislador, y en general, por las leyes procedimentales propias de cada
mecanismo judicial». (negrilla fuera de texto original)

Ahora, si la petición se refiere a asuntos ajenos a un proceso judicial, es meramente
administrativa y se aplican las reglas previstas en la Ley 1755 de 2015 y, se predica
que la respuesta debe ceñirse y respetar el núcleo irreductible de este derecho
fundamental, el cual, para la jurisprudencia constitucional consiste en prontitud, que
se resuelva de fondo y se notifique debidamente la respuesta al solicitante.

Debido proceso

El artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso se aplica
a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Señala que esta garantía
implica que los procedimientos se sigan conforme a las normas previamente
establecidas y comprende los derechos a la defensa y de contradicción, a la defensa
técnica, al juez natural; a la favorabilidad; a la publicidad; a la doble instancia; a no
ser juzgado dos veces por el mismo hecho; y a la presunción de inocencia.

La Corte Constitucional3 ha reconocido que este derecho fundamental comprende
un conjunto de garantías para el ciudadano sometido a un procedimiento judicial o
administrativo y su relevancia constitucional obedece a que representa la máxima
facultad y posibilidad de las personas para limitar el ejercicio del poder del Estado,
en tanto que obliga a las autoridades a surtir el trámite respectivo siguiendo las
reglas previamente establecidas en el ordenamiento jurídico. Tal sometimiento dota

1 Ver sentencias SU 076 de 2022 y T 394 de 2018
2 Sentencias C-951 de 2014, T-311 de 2013, T-172 de 2016, T-394 de 2018, reiteradas en la sentencia SU-333

de 2020
3 Sentencias T 261 de 2025 y T 419 de 1992

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de legitimidad las decisiones y sus efectos jurídicos.

Análisis del caso concreto

El actor estima que el Juzgado Segundo Civil Municipal de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C le violan los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia por no resolver una serie de peticiones que ha presentado en el proceso
ejecutivo con radicado 25000-23-26-000-2006-00101-00/01.

De las pruebas que obran en el expediente, se evidencia lo siguiente:

• El 24 de febrero de 2025, el Tribunal requirió al secuestre, Grupo Jurídico Escola
S.A.S., para que allegara un reporte de las gestiones adelantadas luego de su
memorial del 28 de febrero de 2024, a fin de establecer el estado actual de los
bienes a su cargo, de igual manera para que complementara su nuevo reporte con
registros video-fotográficos de lo detallado.

• El 30 de mayo de 2025, el apoderado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
solicitó requerir nuevamente al secuestre a fin de que rinda informe de gestión
respecto del estado actual de los predios bajo su cargo.

• El 24 de junio de 2025, el Tribunal le ordenó a la secretaría, trasladar la solicitud
de requerimiento de informe de gestión del secuestre, al Juzgado Segundo Civil
Municipal de Bogotá, para que, en el marco de sus competencias, tome las
determinaciones que considera más eficientes, a fin de lograr una debida gestión
de la labor que le fue encomendada a aquél secuestre, como también del
cumplimiento cabal del objeto de la comisión.

• El 8 de octubre de 2025, el actor reiteró la solicitud de requerir al secuestre, con
fundamento en que este no ha rendido informe desde abril de 2025 ante ese
despacho ni ante el comisionado que habría de atender la diligencia de remate.
Adicionalmente, refirió que el juez comisionado no ha impulsado la comisión
encomendada.

• El 15 de diciembre de 2025, el Tribunal dispuso:

«(…) Compulsa copias de la presente actuación a la Comisión de Disciplina
Judicial, a efectos de que investigue y tome las determinaciones que considere
pertinentes respecto del trámite impartido al Despacho Comisorio No. JEMB-
0021-2025, como quiera que a la fecha no se tiene conocimiento del trámite
dado a éste por parte de la Oficina de Servicios Juzgado Civil - Laboral - Familia
De Bogotá D.C., ni por parte del Juzgado 2º Civil Municipal de Bogotá D.C., a
quien le correspondió por reparto dicha comisión.

SEGUNDO: Se requiere al Secuestre –GRUPO JURÍDICO ESCOLA S.A.S.,
con el objeto de que allegue un reporte de las gestiones adelantadas en el
marco de su gestión como secuestre dentro del proceso de la referencia, a fin

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de conocer el estado actual de los bienes a su cargo, de igual manera para que
complemente su nuevo reporte con registros video-fotográficos de lo detallado.

Informe que deberá remitir igualmente al Juez Comisionado.

Para lo cual, se le concede el término perentorio de diez (10) días,
contados a partir de la notificación electrónica del presente proveído, a su
correo de notificaciones judiciales.

TERCERO: Se requiere al Juez Comisionado, encargado de atender el
Despacho Comisorio No. JEMB-0021-2025, para que rinda informe de las
gestiones realizadas respecto de la diligencia de remate y adjudicación a su
cargo, desde el pasado mes de marzo de 2025».

• El 3 de febrero de 2026, el demandante le solicitó al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C que requiriera al secuestre de los
predios a fin de que cumpliera con sus funciones de administración y cuidado de
estos.

• El 6 y 22 de abril de 2026, el actor le pidió al Tribunal realizar un nuevo despacho
comisorio y requerir al secuestre, para que rinda informe de gestión respecto del
estado actual de los predios encargados para su custodia.

• El 8 de abril de 2026, el Ministerio le solicitó al Juzgado impulsar el proceso.

• El 26 de mayo de 2026, el Tribunal compulsó copias de la presente actuación al
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá D.C, para que investigue y tome las
determinaciones que considere pertinentes respecto del trámite impartido al
Despacho Comisorio núm. JEMB-0021-2025, por los juzgados Segundo Civil
Municipal de Bogotá y Noventa Civil Municipal de Bogotá, pues a la fecha no se ha
adelantado ningún trámite e impulso al mismo y no se cuenta con una gestión
concreta sobre el objeto de la comisión. Adicionalmente, negó la solicitud de realizar
un nuevo despacho comisorio.

• El 18 de junio y 22 de julio de 2026, el Ministerio le pidió al Juzgado Segundo Civil
Municipal de Bogotá que requiera al secuestre designado, para que allegue un
reporte de las gestiones adelantadas, a fin de establecer el estado actual de los
bienes a su cargo.

• El 29 de mayo de 2026, el Juzgado fijó audiencia de remate para el 17 de
septiembre de 2026 a las 8:00 a.m.

La Corte Constitucional4 ha establecido que las etapas, el procedimiento y los
recursos que conforman un proceso son el primer espacio de protección de los
derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de garantías del debido
proceso, por lo que no es admisible alegar vulneraciones, cuando dicho amparo no
ha sido solicitado dentro del mismo.

4 T 495 de 2024

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De lo expuesto, la Sala evidencia que el Tribunal ha dado trámite a las diferentes
peticiones que el actor le ha formulado y con ocasión de estas, ha requerido en
varias oportunidades al secuestre y ha compulsado copias a la Comisión de
Disciplina Judicial y al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, para que
investigue a las autoridades judiciales que han tenido a su cargo el Despacho
Comisorio núm. JEMB-0021-2025.

En cuanto a la pretensión de relevar al secuestre, Grupo Jurídico Escola S.A.S, del
proceso ejecutivo 2006-00101-01, no se observa que el Ministerio hubiera realizado
dicha solicitud ante el juez natural y tampoco de que pidiera ante el Juzgado
Segundo Civil Municipal de Bogotá que se le remita el link de la audiencia que se
llevará a cabo el 17 de septiembre de 2026, de manera virtual, razón por la cual esta
acción no satisface el presupuesto de la subsidiariedad.

De igual forma, no hay lugar a compulsar copias, en la medida que el actor puede
presentar las quejas que estime convenientes a fin de que se efectúen las
investigaciones del caso y de ser procedente, se impongan las sanciones
correspondientes.

De la respuesta que brindó el Juzgado Segundo Civil Municipal de Bogotá se
desprende que hacen falta unas piezas procesales que son necesarias para el
desarrollo de la audiencia de remate; sin embargo, no se avizora que el despacho
hubiera realizado actuación alguna tendiente a la obtención de dichos documentos
y tampoco se ha pronunciado sobre las últimas peticiones relacionadas con la
actuación del secuestre, motivo por el cual se exhortará.

En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela en contra del
Juzgado Segundo Civil Municipal de Bogotá y del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en relación con las pretensiones
de relevar al secuestre y enviar link de acceso a audiencia; se exhortará al Juzgado
Segundo Civil Municipal de Bogotá, para que realice las actuaciones que considere
necesarias a fin de obtener los documentos que requiere para celebrar la audiencia
de remate y se pronuncie sobre las solicitudes formuladas por el actor en relación
con requerir al secuestre para que brinde informe; y, se declarará la falta de
legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del
Circuito de Bogotá, del Juzgado Noventa Civil Municipal de Bogotá, de Henao
Castrillón y Cia Ltda, de Pavimentos Explanaciones Urbanas Ltda, de Suever S.A.S,
de Grupo Jurídico Escola S.A, del señor Luis Ángel Dueñas Gómez y del Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, ya que no se formularon pretensiones
en contra de estos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA

Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en contra del Juzgado
Segundo Civil Municipal de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, en relación con las pretensiones de relevar al
secuestre y enviar link de acceso a audiencia.

Segundo. EXHORTAR al Juzgado Segundo Civil Municipal de Bogotá, para que
realice las actuaciones que considere necesarias a fin de obtener los documentos
que requiere para la audiencia de remate del 17 de septiembre de 2026 y se
pronuncie sobre las solicitudes formuladas por el actor en relación con requerir al
secuestre para que brinde informe.

Tercero. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, del Juzgado Noventa Civil
Municipal de Bogotá, de Henao Castrillón y Cia Ltda, de Pavimentos Explanaciones
Urbanas Ltda, de Suever S.A.S, de Grupo Jurídico Escola S.A, del señor Luis Ángel
Dueñas Gómez y del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

Cuarto. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Quinto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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