Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06334-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06334-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06334-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06334-00
Accionante: Carlos Enrique Griego Cataño
Accionados: Tribunal Administrativo de la Guajira, Despacho 001
Tema: Tutela por presunta mora judicial
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela instaurada por el señor Carlos Enrique Griego Cataño, actuando
a nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de la Guajira, Despacho
001, por la posible vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la protección especial al adulto mayor, a la seguridad social y a la vida
en condiciones dignas, ocurrida con ocasión de la presunta mora judicial en la
que habría incurrido la autoridad judicial accionada1, al interior del proceso
seguido bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 44001-33-40 003-2024-00119-00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela y del expediente, se colige que el señor Carlos
Enrique Griego Cataño2, instauró una demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
Fiduprevisora S.A. y el Departamento de La Guajira, con el propósito de obtener
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de
su cónyuge, la docente Nancy del Carmen Crespo Acevedo (q.e.p.d.), ocurrido el
9 de mayo de 1995.
1
Con relación a un recurso de apelación presentado por el actor contra la providencia del 20 de junio de 2025 proferida
por el Juzgado Primero Administrativo de Maicao (la cual se puede visualizar en el índice 39 del aplicativo SAMAI, exp.
44001-33-40-003-2024-00119-00). El recurso fue admitido por la autoridad judicial accionada mediante auto del 25 de
noviembre de 2025 (índice 4 del aplicativo SAMAI, exp. 44001-33-40-003-2024-00119-01).
2
Adulto mayor que manifiesta contar actualmente con 74 años.
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06334-00
Accionante: Carlos Enrique Griego Cataño
3. En conocimiento del asunto, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Maicao, mediante sentencia del 20 de junio de 2025 3, declaró la
nulidad de los actos administrativos que negaron la prestación reclamada y
ordenó a la Nación, Ministerio de Educación Nacional y FOMAG reconocer y
pagar la pensión de sobrevivientes a favor del demandante, con efectos fiscales
desde el 21 de junio de 2021.
4. Inconforme con algunos aspectos de dicha providencia, la parte actora
interpuso recurso de apelación. En consecuencia, el expediente fue remitido
al Tribunal Administrativo de La Guajira el 22 de agosto de 2025 y correspondió
por reparto al Despacho 001, que admitió el recurso mediante auto del 25 de
noviembre de 2025.
5. Posteriormente, el proceso ingresó al despacho para fallo el 5 de
diciembre de 2025. No obstante, según adujo el accionante, desde esa fecha no
se registraron actuaciones orientadas a la adopción de la decisión de segunda
instancia, pese al tiempo transcurrido desde la admisión de la apelación.
6. Ante tal situación, el apoderado judicial del demandante presentó solicitud
de impulso procesal el 27 de mayo de 20264. Asimismo, el 2 de julio de 2026
promovió vigilancia judicial administrativa.
7. Finalmente, mediante Resolución núm. CSJGUR26-366 del 16 de julio de
2026, el Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira exhortó al Despacho
001 para que atendiera la solicitud de impulso procesal. No obstante, el actor
afirmó que la situación permaneció inalterada, razón por la cual formuló la
presente acción de tutela en procura de obtener la protección de sus derechos
fundamentales.
2.2. Fundamento jurídico
8. El accionante invocó la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la protección especial al adulto mayor, a la seguridad social y
a la vida en condiciones dignas, al considerar que fueron vulnerados por la
omisión atribuida al Tribunal Administrativo de La Guajira al no resolver
oportunamente el recurso de apelación dentro del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho.
9. Sostuvo que la garantía del plazo razonable integra el núcleo esencial del
3
El a quo, mediante sentencia del 20 de junio de 2025, concluyó que la aplicación estricta del régimen especial docente
previsto en el Decreto 224 de 1972 resultaba desfavorable para el actor, debido a que la causante acreditó 17 años, 6
meses y 23 días de servicio, tiempo insuficiente para satisfacer el requisito de 18 años allí previsto. En aplicación de los
principios de igualdad y favorabilidad, el despacho consideró procedente acudir excepcionalmente a las disposiciones de
la Ley 100 de 1993, por cuanto la docente falleció el 9 de mayo de 1995, cuando dicho régimen ya se encontraba vigente,
y se hallaban acreditados los requisitos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. En consecuencia, declaró
la nulidad de las Resoluciones núm. 0277 de 17 de marzo de 2021 y 0799 de 15 de julio de 2022, y condenó a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar la
pensión de sobrevivientes a favor del señor Griego Cataño. Asimismo, dispuso el pago de la prestación desde el 9 de
mayo de 1995, con efectos fiscales a partir del 21 de junio de 2021 por razón de la prescripción trienal; ordenó la
actualización de las sumas adeudadas, negó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena
en costas.
4
En la que puso de presente la condición de adulto mayor, campesino y persona de escasos recursos del actor,
acreditando además su clasificación en el grupo B2 del Sisbén IV
2
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Acción De Tutela
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Accionante: Carlos Enrique Griego Cataño
debido proceso, de modo que la ausencia de una decisión judicial dentro de un
término prudente desconoce el acceso efectivo a la administración de justicia y
prolonga injustificadamente la definición de una controversia de naturaleza
pensional.
10. Afirmó que el proceso sometido a conocimiento del Tribunal no reviste
especial complejidad jurídica ni probatoria, pues la controversia se circunscribe a
determinar la procedencia de la aplicación del régimen general de pensiones por
resultar más favorable que el régimen especial docente y a establecer la fecha
desde la cual debe reconocerse el retroactivo pensional.
11. Indicó que el expediente fue remitido al Tribunal el 22 de agosto de 2025,
el recurso de apelación fue admitido el 25 de noviembre siguiente y el asunto
ingresó al despacho para fallo el 5 de diciembre de 2025, pero que, sin embargo,
para la fecha de presentación de la presenta acción de tutela aún no se había
proferido la decisión de segunda instancia.
12. Señaló igualmente que el 27 de mayo de 2026 solicitó impulso procesal y
aportó información relacionada con su condición socioeconómica; además,
promovió vigilancia judicial administrativa el 2 de julio de 2026, actuación que
concluyó con un exhorto dirigido al despacho judicial accionado para que
atendiera dicha petición.
13. Finalmente, señaló que es una persona de especial protección
constitucional por su condición de adulto mayor, campesino y clasificada en
pobreza moderada, circunstancias que, en su sentir, imponen un tratamiento
preferente y una respuesta judicial más célere frente a la reclamación de una
prestación destinada a garantizar su subsistencia digna.
2.3. Pretensiones
14. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…) 1) TUTELAR a mi favor los derechos constitucionales fundamentales al debido
proceso, protección especial al adulto mayor, seguridad social y vida en condiciones
dignas y, en consecuencia:
2) ORDENARLE al Despacho 001, a la magistrada Ceilis Riveira Rodríguez, que en
el menor tiempo posible proceda a imprimir impulso procesal al expediente de
referencia.
Como medida cautelar solicito al señor Juez solicitar expediente digitalizado de la
solicitud de extensión de sentencia de unificación de la referencia al consejo de
estado.5 » (Sic a toda la cita)
2.4. Intervenciones
15. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 12 de
5
Si bien la parte actora invocó lo que denominó una «medida cautelar», omitió individualizar la cautela requerida,
identificar de manera precisa el expediente al que hacía referencia y exponer las razones que justificaran su adopción
dentro del presente trámite constitucional.
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Acción De Tutela
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Accionante: Carlos Enrique Griego Cataño
agosto de 20266, en el que se ordenó notificar Tribunal Administrativo de la
Guajira como accionado y al Juzgado Primero Administrativo de Maicao, a la
Nación - Ministerio de Educación, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG) - Fiduprevisora S.A. y al Departamento de La Guajira –
Secretaría de Educación, como terceros interesados en el resultado del proceso.
16. Asimismo, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo
de su competencia.
2.4.1. Tribunal Administrativo de La Guajira7 a través de la magistrada Paula
Andrea Duarte García, titular del Despacho 001, informó que el proceso ingresó
para fallo el 5 de diciembre de 2025 y sostuvo que la ausencia de decisión no
obedecía a negligencia judicial, sino a la alta congestión del despacho, que
registra más de 350 procesos de segunda instancia, además del trámite
constante de acciones constitucionales.
17. Precisó que los expedientes deben decidirse conforme al orden legal de
ingreso y que alterar los turnos sin justificación constituye falta disciplinaria.
Igualmente, señaló que asumió la titularidad del despacho el 15 de julio de 2026
y que se encontraba adelantando el respectivo proceso de empalme.
18. En consideración a lo anterior, solicitó negar el amparo constitucional al
estimar inexistente una mora judicial injustificada y anunció que, una vez
culminaran los asuntos prioritarios de naturaleza constitucional, se otorgaría
prelación al caso del accionante.
2.4.2. Departamento de La Guajira - Secretaría de Educación8 manifestó que
carece de responsabilidad frente a los hechos planteados en la tutela, pues la
presunta vulneración deriva exclusivamente de actuaciones atribuibles al
Tribunal Administrativo de La Guajira y no a la entidad territorial.
19. En tal virtud, adujo su falta de legitimación en la causa por pasiva, por lo
que solicitó su desvinculación definitiva del trámite constitucional y pidió que
cualquier decisión de amparo, en caso de prosperar, se dirigiera exclusivamente
contra la autoridad judicial accionada.
2.4.3. Ministerio de Educación Nacional9 indicó que no participó en los hechos
que dieron origen a la tutela y que las pretensiones están dirigidas
exclusivamente a obtener el impulso y decisión de un proceso judicial que se
encuentra bajo la órbita funcional del Tribunal Administrativo de La Guajira.
20. Con fundamento en ello expuso que carecía de legitimación en la causa
por pasiva al no contar con competencia para intervenir en la actividad
jurisdiccional cuestionada y solicitó expresamente ser desvinculado de la
actuación constitucional.
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7
Índice 14 del aplicativo SAMAI
8
Índice 13 del aplicativo SAMAI
9
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Acción De Tutela
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Accionante: Carlos Enrique Griego Cataño
2.4.4. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
21. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 201910 y demás normas
concordantes.
3.2. Cuestión previa
22. El Departamento de La Guajira - Secretaría de Educación y el Ministerio
de Educación Nacional solicitaron su desvinculación de la presente acción
constitucional al aducir que carecen de legitimación en la causa por pasiva. No
obstante, no se accederá a su solicitud en consideración a que intervinieron
directamente en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que
se hace necesario garantizarles su derecho de defensa.
3.3. Problema jurídico
23. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo de la Guajira, Despacho 001, vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la protección especial al adulto
mayor, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas del señor Carlos
Enrique Griego Cataño, con ocasión de la presunta mora judicial al interior del
proceso seguido bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 44001-33-40 003-2024-00119-00/01.
3.4. Mora judicial injustificada
24. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es
originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, si no en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos11.
25. Al respecto, indicó la jurisprudencia constitucional que la tardanza en el
cumplimiento de los términos judiciales constituye una mora judicial injustificada
cuando (i) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo;
y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones
por parte de la autoridad judicial. Se ha explicado además que es excepcional la
10 Reglamento interno del Consejo de Estado.
11
Corte Constitucional, sentencia T-1019 de 2010, magistrado ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
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posibilidad del juez de tutela de alterar el orden de fallo, ya que el ordenamiento
jurídico consagra el deber de someterse a un sistema de turnos, con algunas
salvedades reconocidas por el legislador12.
26. Así las cosas, procede la acción de tutela en los casos de mora judicial
injustificada, siempre y cuando se acredite la inexistencia de otro medio de
defensa judicial y que se esté ante la posible materialización de un daño, cuyos
perjuicios se tornen irreparables.
27. Aunado a lo anterior, frente a la mora judicial justificada, ha precisado la
Corte Constitucional que según las circunstancias del caso, es posible (i) negar
la violación de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sometiendo al interesado al sistema de turnos; (ii) ordenar
excepcionalmente la alteración del orden para proferir el fallo, cuando el juez está
en presencia de un sujeto de especial protección constitucional, o cuando la mora
judicial supere los plazos razonables y tolerables de solución, en contraste con
las condiciones de espera particulares del afectado; o (iii) disponer un amparo
transitorio en relación con los derechos fundamentales comprometidos, mientras
el competente se pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia
planteada, en aquellos casos en que se está ante la posible materialización de
un daño cuyos perjuicios no puedan ser subsanados.
3.4.1. Análisis de la presunta mora judicial
28. La Sala advierte de entrada que negará el amparo solicitado, por cuanto
no se encuentra acreditada la mora judicial injustificada que el accionante
atribuye al Tribunal Administrativo de La Guajira, pues si bien el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado 44001-33-40-003-2024-00119-
01 ingresó al Despacho 001 para fallo el 5 de diciembre de 2025 y para la fecha
de presentación de la tutela aún no se había proferido la decisión de segunda
instancia, tal circunstancia, por sí sola, no permite concluir la existencia de una
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
29. En ese entendido, la presunta mora judicial injustificada no se configura
por el simple transcurso del tiempo, sino cuando la tardanza obedece a una
conducta negligente o desidiosa atribuible al funcionario judicial y carece de
explicación objetiva y razonable.
30. En el presente asunto, la magistrada titular del Despacho 001 informó que
la decisión pendiente no obedece al incumplimiento de sus deberes funcionales,
sino a factores estructurales relacionados con la congestión judicial, pues el
despacho cuenta con más de 350 procesos de segunda instancia, además del
trámite permanente de acciones constitucionales, incidentes de desacato y
consultas. Asimismo, explicó que el incremento de cargas se deriva de la
creación de nuevos despachos y circuitos administrativos sin el correspondiente
fortalecimiento de la planta de personal.
12
Corte Constitucional, sentencia T 441 de 2015, magistrado ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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31. De igual manera, la funcionaria puso de presente que asumió la
titularidad del despacho el 15 de julio de 2026 y que actualmente adelanta el
proceso de empalme administrativo y jurisdiccional, circunstancia que se suma al
hecho de encontrarse encargada del Despacho 002 de la misma Corporación.
Tales razones evidencian la existencia de circunstancias objetivas que justifican
la tardanza denunciada y descartan una actuación arbitraria o negligente por
parte de la autoridad judicial accionada.
32. Aunado a lo anterior, el Tribunal explicó que los asuntos sometidos a su
conocimiento deben resolverse conforme al orden de ingreso, en garantía de los
principios de igualdad y debido proceso, y recordó que la alteración injustificada
de los turnos constituye falta disciplinaria. En ese contexto, la Sala no advierte
una paralización injustificada del trámite ni una omisión sistemática en el
cumplimiento de las funciones jurisdiccionales, sino una demora asociada a las
condiciones reales de funcionamiento del despacho judicial.
33. Ahora bien, la Sala no desconoce que el señor Carlos Enrique Griego
Cataño es una persona de especial protección constitucional en consideración a
su edad y a su condición socioeconómica actual, aunado a que la controversia
judicial versa sobre el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes,
prestación estrechamente relacionada con los derechos a la seguridad social y
al mínimo vital.
34. No obstante, la acreditación de tales condiciones por si solas, no conducen
automáticamente a la prosperidad del amparo, pues la alteración del sistema de
turnos constituye una medida excepcional que exige demostrar la existencia de
una demora irrazonable o atribuible a la desidia de la autoridad judicial.
35. En el presente asunto, el expediente no revela circunstancias de esa
naturaleza, toda vez que la autoridad accionada expuso razones objetivas y
verificables que justifican el tiempo transcurrido sin decisión y que impiden
concluir la configuración de una mora judicial injustificada.
36. Por consiguiente, al encontrarse acreditado que la tardanza cuestionada
obedece a factores objetivos relacionados con la congestión judicial, la carga
estructural del despacho, el reciente relevo en su titularidad y el respeto del orden
legal para decidir los procesos, mas no a una conducta negligente o arbitraria de
la autoridad accionada, la Sala concluye que no se vulneraron los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, negará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por el Departamento
de La Guajira - Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación Nacional
por las razones plasmadas en el numeral 3.2. de la presente providencia.
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Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor
Carlos Enrique Griego Cataño en contra del Tribunal Administrativo de la Guajira,
Despacho 001, de conformidad con las consideraciones expuestas en la
presente providencia.
Tercera: Notifíquese a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: De no ser impugnada la sentencia envíese a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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