Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06344-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06344-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-06344-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-06344-00
Accionante: JUAN CAMILO BALLESTEROS ANAYA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A
Tema: ACCIÓN DE TUTELA – Se declara improcedente la acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de procedencia de
inmediatez.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Juan Camilo Ballesteros Anaya, en nombre propio, solicitó el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de
21 de agosto de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con número de radicación 13001-23-33-000-2021-00388-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional, con el fin de
que se declarara la nulidad de la Resolución 0138 del 8 de diciembre de 2018,
expedida por el director de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla (ENAP),
mediante el cual se le retiró como cadete, por aptitud psicofísica. Precisó que, a
título de restablecimiento de derecho, solicitó el reintegro a la institución para poder
continuar con sus estudios superiores y, a su vez, que se le reconociera y pagara la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Juan Camilo Ballesteros Anaya
suma de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de
perjuicios morales.
2.2. Señaló que el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal
Administrativo de Bolívar, autoridad judicial que, mediante providencia de 20 de
junio de 2023, negó las pretensiones de la demanda.
2.3. Afirmó
que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de
providencia de 21 de agosto de 2025, confirmó la providencia recurrida.
2.4. Sostuvo que la providencia cuestionada vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva,
al incurrir en un defecto fáctico.
2.5. Señaló que el defecto fáctico se configuró por la valoración probatoria realizada
por el juez de segunda instancia en la que tuvo como cuadro médico recurrente seis
episodios convulsivos adicionales, sin individualizar los registros, los cuales indicó
que se trataban de incapacidades médicas, una telemetría y una impresión
diagnóstica, sin que se identificaran seis nuevas crisis. Consideró que esto
constituye una diferencia sustancial, puesto que, con seis nuevas crisis en 2018, el
expediente podía proyectar la imagen de una enfermedad convulsiva activa,
reiterada y persistente.
2.6. Añadió que “[…] La providencia no confrontó de manera suficiente la afirmación
de seis crisis con los registros de ausencia de nuevos episodios, la última convulsión
en noviembre de 2017, la telemetría, el EEG y los estudios pendientes. Relacionar
las pruebas no equivale a explicar racionalmente su contradicción. […]”.
Adicionalmente, sostuvo que existió la omisión de una prueba pericial médica.
2.7. Sobre el requisito de procedibilidad de la inmediatez señaló que debe tenerse en
cuenta que no tuvo conocimiento de la sentencia de 21 de agosto de 2025 “[…] por
la conducta presuntamente desleal o gravemente negligente del abogado, quien
habría informado que todavía no existía decisión, pese a que la sentencia ya había
sido notificada y ejecutoriada. […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia.
SEGUNDA. Dejar sin efectos la sentencia del 21 de agosto de 2025, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso
13001-23-33-000-2021-00388-00 / 4366-2024.
TERCERA. Ordenar a la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de
Estado que profiera una sentencia de reemplazo, después de valorar de forma
conjunta y racional la totalidad del material probatorio.
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Accionante: Juan Camilo Ballesteros Anaya
CUARTA. Ordenar que, antes de proferir la sentencia de reemplazo, se decrete
y practique un dictamen médico pericial independiente y retrospectivo por la
Junta Regional de Calificación de Invalidez territorialmente competente,
actuando exclusivamente como perito judicial y con garantía de contradicción
para todas las partes.
QUINTA. Precisar que la Junta Regional no actuará como segunda instancia
del Tribunal Médico Laboral Militar ni sustituirá el régimen especial de la Fuerza
Pública, sino que suministrará al juez natural un concepto técnico independiente
sobre el contenido de los registros existentes para los años 2017 y 2018.
SEXTA. Subsidiariamente, si se considera que la Junta Regional no es el
órgano más idóneo para pronunciarse sobre la aptitud psicofísica específica
para la formación militar, ordenar el dictamen al Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses o a un equipo interdisciplinario de una universidad u
hospital público integrado, como mínimo, por neurología, neurofisiología y
medicina laboral u ocupacional.
SÉPTIMA. Ordenar que la sentencia de reemplazo diferencie expresamente los
episodios convulsivos clínicamente documentados de las incapacidades,
excusas de servicio, controles, impresiones diagnósticas y exámenes
practicados.
OCTAVA. Ordenar que la nueva providencia se pronuncie de manera expresa
sobre la afirmación de seis episodios adicionales, el origen de los noventa y dos
días de incapacidad, los registros de ausencia de nuevos episodios, la
telemetría y el EEG, los estudios complementarios pendientes y la diferencia
entre las categorías de apto, aplazado y no apto.
NOVENA. Adoptar las demás órdenes que resulten necesarias para restablecer
los derechos fundamentales vulnerados. […]”. [Negrilla del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 13 de agosto de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad de
terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Armada Nacional y al Tribunal Administrativo de Bolívar.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:
6. El Tribunal Administrativo de Bolívar remitió copia digital del expediente del
proceso de Nulidad y Restablecimiento del derecho bajo radicado 13001- 23-33-
000-2021-00388-00.
7. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó
declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
inmediatez. Y, subsidiariamente, solicitó negar el amparo de los derechos
invocados, sostuvo que la sentencia cuestionada fue adoptada en ejercicio de la
autonomía e independencia judicial, con fundamento en el material probatorio
obrante en el proceso y que la discrepancia identificada por el accionante respecto
de la referencia a seis episodios adicionales no tuvo incidencia determinante en el
sentido de la decisión ni configuraba un defecto fáctico excepcional que permita la
intervención del juez constitucional.
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Accionante: Juan Camilo Ballesteros Anaya
8. El accionante a través de memorial recibido el 24 de agosto de 2026, se pronunció
frente al informe rendido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, frente al cual consideró que dichas afirmaciones debían ser examinadas
a partir de las circunstancias acreditadas y mediante confrontación directa con el
informe de tutela, el texto de la sentencia cuestionada y las pruebas médicas
obrantes en el expediente. Reiteró que, por circunstancias particulares con su
apoderado judicial, no conoció el curso del proceso y tampoco pudo interponer la
presente acción de tutela en el tiempo correspondiente.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.
VI.2. Problemas jurídicos
10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
1 “[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3 “[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela
[…]”.
4 “[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector
Justicia y del Derecho […]”.
5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
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Accionante: Juan Camilo Ballesteros Anaya
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
13. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.
16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
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Accionante: Juan Camilo Ballesteros Anaya
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.
17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
18. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
19. El señor Juan Camilo Ballesteros Anaya, en nombre propio, solicitó el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de
21 de agosto de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con número de radicación 13001-23-33-000-2021-00388-00/01.
20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de inmediatez.
VI.4.1. Incumplimiento del requisito general de procedencia de la inmediatez
21. En cuanto al requisito general de inmediatez, se debe señalar que la acción de
tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha dicho, refiriéndose a este requisito, que la acción de tutela debe
ser interpuesta: “[…] en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración11. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos […]”12.
22. Al respecto, la jurisprudencia constitucional13, ha señalado lo siguiente:
“[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el requisito
de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente, pues
el carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la
necesidad que existe de conciliar la protección de derechos
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
11
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
12
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.
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Accionante: Juan Camilo Ballesteros Anaya
fundamentales con los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, que podrían comprometerse si la tutela contra
providencias judiciales se convierte en práctica generalizada. De ahí que
la jurisprudencia de la Corte Constitucional haya sido particularmente
reiterativa en considerar que el principio de inmediatez es particularmente
importante cuando se trata de examinar la procedencia de tutelas contra
providencias judiciales. En la citada sentencia C-590 de 2005, se afirmó que
“de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos
de resolución de conflictos” […]”14. [Negrilla fuera del texto].
23. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, fijó una regla jurisprudencial según
la cual el plazo considerado como razonable era de seis (6) meses, contados a
partir de la notificación de la decisión judicial objeto de tutela. Ello con sustento en
el siguiente raciocinio:
“[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.
Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de
seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del
acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los
recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge,
además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como
razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de
una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]”15. [Negrilla
fuera del texto].
24. La jurisprudencia constitucional16 ha establecido excepciones a la aplicación del
requisito de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular17, así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i)
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
14
Ibidem.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-
15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16
Sentencia T-584 de 2011.
17
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del Consejo
de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
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estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre
el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”18.
25. Precisadolo anterior, la Sala pone de presente que, para determinar si la
presente acción de tutela satisface el requisito general de procedibilidad de
inmediatez, se debe tener en cuenta la fecha de notificación de la providencia. Ello
en razón a que la jurisprudencia de esta Sección ha sido pacífica en sostener que
el plazo razonable se contabiliza a partir de la fecha en que se notifique la
providencia acusada por vía de tutela.
26. Con fundamento en lo expuesto, la Sala estima pertinente indicar que: (i) la
providencia de 21 de agosto de 2025 que motivó la interposición de esta acción de
tutela fue notificada el 8 de septiembre de 202519, y (ii) la presente solicitud de
amparo fue radicada el 11 de agosto de 202620. Esto indica que transcurrieron más
de seis meses entre el conocimiento de la decisión judicial y la presentación de la
tutela, un lapso que no puede considerarse como razonable.
27. Ahora bien, respecto al planteamiento del accionante según el cual solicita que
el requisito de inmediatez debe valorarse conforme a los principios de razonabilidad
y proporcionalidad y atendiendo a las circunstancias particulares del caso, en
especial, a la actuación de su apoderado, quien presuntamente no le informó
oportunamente sobre la providencia cuestionada; la Sala considera que dicha
circunstancia no resulta suficiente, por sí sola, para justificar la tardanza en la
interposición de la acción de tutela.
28. Por tanto, si el accionante considera que la conducta de su apoderado comportó
un incumplimiento de sus deberes profesionales, podrá acudir a las autoridades
competentes para que, en el marco de sus competencias, se determine la eventual
responsabilidad a que haya lugar, habida cuenta de que la acción de tutela no es
el mecanismo idóneo para establecer la responsabilidad disciplinaria o profesional
del apoderado, ni puede utilizarse dicha controversia, por sí sola, como justificación
para exceptuar el cumplimiento del requisito de inmediatez.
29. En ese orden de ideas, y en atención a que no se observa una causal que
justifique la demora en la interposición de la presente acción constitucional, la Sala
considera que no se satisface el requisito general de procedibilidad atinente a la
inmediatez, resaltándose que tampoco se cumplen los presupuestos para acceder
a la aplicación de la sentencia SU-354 de 2017, proferida por la Corte
Constitucional.
18
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
19
Expediente núm. 13001233300020210038801, índice 15 de SAMAI. El mensaje de datos se envió el 4 de septiembre de
2025.
20
Índice 1 de SAMAI.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06344-00
Accionante: Juan Camilo Ballesteros Anaya
30. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo al no cumplir el requisito general de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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