Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06367-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06367-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06367-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06367-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: MERCELENA MARRUGO HERRERA Y OTROS
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. EL INCIDENTE DE NULIDAD
RESULTA SER EL MECANISMO IDÓNEO PARA VENTILAR LA PRESUNTA
INDEBIDA VINCULACIÓN DE TERCEROS Y/O NOTIFICACIÓN EN EL PROCESO,
Y DEL CUAL NO HICIERON USO LOS ACTORES.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, TRABAJO, MÍNIMO VITAL,
IGUALDAD, DIGNIDAD HUMANA Y ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por los
actores contra el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE CARTAGENA1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE BOLÍVAR2.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
Los señores MERCELENA MARRUGO HERRERA, MARÍA
ESPERANZA BOHÓRQUEZ HERAZO, ENITH QUINTANA
1
En adelante Juzgado.
2
En adelante Tribunal.
2
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Actores: MERCELENA MARRUGO HERRERA Y OTROS
VILLALBA, EDINSON RAFAEL LLERENA AGÁMEZ, BELSY ROCÍO
JARAMILLO PRETEL, MARISOL COLOMNA TORRES, KRISTIAN
ALEXANDER COLOMNA MONROY, ARJENIS CASTILLA GÓMEZ,
LEONARDO ALFREDO GUARDO LAZO, MARCOS ALCALÁ
GAMBÍN, SAMIR ENRIQUE CORTECERO TORRES, ARNOVIS
ENRIQUE GUZMÁN RAMOS, KETY LUZ BELTRÁN PEREIRA y
ARGELIO SERRANO, actuando en nombre propio, en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo, al mínimo vital, a la igualdad, a la dignidad humana
y a la estabilidad laboral reforzada, los cuales estiman vulnerados por
el JUZGADO y el TRIBUNAL, al haber proferido esta primera
autoridad las providencias de 29 de mayo y 8 de junio de 2026; y
por presunta mora judicial, por cuanto al parecer su superior no ha
resuelto el recurso de apelación interpuesto contra el referido auto
de 29 de mayo del presente año, dentro del medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos identificado con el
número único de radicación 2026-00138-01.
I.2. Hechos
Indicaron que la EMPRESA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE
BOLÍVAR S.A.S.,3 es un organismo de tránsito que opera en el
3
En adelante ETTBOLÍVAR.
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MUNICIPIO DE ARJONA4, en virtud del convenio de asociación
núm. 00160111701 de enero de 2017, suscrito con el ente territorial.
Adujeron que son trabajadores vinculados a ETTBOLÍVAR mediante
contrato laboral a término indefinido, algunos desde el 2019 y, que,
el salario que devengan es la única fuente de sustento.
Manifestaron que el personero municipal de Arjona, señor JORGE
ARMANDO BARRIOS CASTRO, instauró el medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos contra el MUNICIPIO y
ETTBOLÍVAR, por la presunta vulneración de los derechos e
intereses colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del
patrimonio público y la transparencia en la gestión pública.
Indicaron que al proceso le fue asignado el número único de
radicación 2026-00138-00 y le correspondió por reparto al
JUZGADO que, mediante auto de 29 de mayo de 2026 decretó
medida cautelar consistente, entre otras cosas, en suspender la
ejecución del convenio de asociación núm. 00160111701 de 2017 y
ordenar al MINISTERIO DE TRANSPORTE, al REGISTRO ÚNICO
NACIONAL DE TRÁNSITO (RUNT) y al SISTEMA INTEGRADO DE
INFORMACIÓN SOBRE MULTAS Y SANCIONES POR
4
En adelante MUNICIPIO.
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INFRACCIONES DE TRÁNSITO (SIMIT), bloquear el acceso total
de ETTBOLÍVAR a las plataformas virtuales con el fin de evitar su
operación, así como al MUNICIPIO de retomar toda la manipulación
del servicio, tal como se transcribe a continuación:
“[…] PRIMERO: DECRÉTASE como medidas cautelares dentro
del asunto de marras, las siguientes:
A). Suspender provisionalmente durante el trámite de la acción
popular, la ejecución del Convenio de Asociación No.
00160111701 de enero de 2017, suscrito entre MUNICIPIO DE
ARJONA y la EMPRESA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE
BOLÍVAR S.A.S.-SEM.
B) Ordénese al Ministerio de Transporte, RUNT y SIMIT bloquear
durante el trámite de la acción popular, el acceso total de la
EMPRESA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOLÍVAR S.A.S.-
SEM., a las plataformas virtuales para interactuar en consultas
y tramites adscritos a la operación del servicio, en aras de evitar
que la demandada siga operando de facto.
C). Ordénese al MUNICIPIO DE ARJONA que retome toda la
operación del servicio que en estos momentos está a cargo de
la EMPRESA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOLÍVAR S.A.S.-
SEM, en virtud de las obligaciones del Convenio de Asociación.
D) Ordénese al MUNICIPIO DE ARJONA llevar a cabo todas las
gestiones administrativas, logísticas y técnicas ante el Ministerio
de Transporte, RUNT, SIMIT, DITRA y demás entidades que se
haga necesario, en procura que la transición de funciones y
empalme con la EMPRESA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE
BOLÍVAR S.A.S.-SEM sea fluida, rápida y no genere ninguna
afectación a los derechos de los usuarios del servicio.
E) Ordenarse a la Procuraduría Regional de Bolívar, realizar el
acompañamiento y vigilancia especial al proceso de transición y
empalme aquí solicitado. Lo anterior, con el fin de garantizar que
la transferencia de la operación logística y del servicio de
tránsito, así como la entrega inventariada de expedientes físicos
y digitalizados del parque automotor de Arjona, los procesos
contravencionales y de cobro coactivo físicos y digitalizados por
infracciones al CNT, los procesos de cobro coactivo físicos y
digitalizados por Tasas de Tránsito de vehículos matriculados en
el organismo de tránsito de Arjona, bases de datos, los token de
cargue para interactuar con el SIMIT y el RUNT, especies
venales, comparenderas manuales y electrónicas, los equipos
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allí instalados que se utilizan para interactuar con el sistema HQ-
RUNT en la operación del organismo de tránsito y demás equipos
relacionados para la debida prestación del servicio, se realice
bajo los principios de integridad, seguridad de la información y
continuidad del servicio público, evitando cualquier afectación a
los derechos de los ciudadanos usuarios […]”.
Destacaron que el efecto material y directo de dicha medida fue la
parálisis total de la operación de la empresa y con ella, la supresión
de su fuente de empleo, cuya terminación se concretó el 10 de julio
de 2026.
Resaltaron que contra la mencionada decisión la sociedad
ETTBOLÍVAR interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación, siendo el primero de estos desatado de manera
confirmatoria en providencia de 8 de julio de 2026 por el JUZGADO,
en el que también concedió el de alzada con efecto devolutivo,
ordenando la remisión del expediente al TRIBUNAL.
Sostuvieron que la terminación del convenio con el MUNICIPIO ha
sido planteada en otras oportunidades por diferentes vías judiciales.
Finalmente, relataron que a la fecha el TRIBUNAL no ha resuelto el
recurso de apelación interpuesto.
I.3. Fundamentos de la solicitud
Aseguraron no han sido vinculados al medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos objeto de debate, ni fueron
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notificados ni oídos dentro de este, pese a ser directamente
afectados por la medida cautelar allí dictada, que dispone de facto la
extinción de sus cargos laborales.
A juicio de la parte actora, el JUZGADO incurrió en defecto
orgánico al asumir competencias propias del juez natural de la
controversia; máxime cuando en el JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGENA cursa el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 13001-33-33-004-
2024-00239-00, cuyo litigio versa exactamente sobre la continuidad
de la sociedad ETTBOLÍVAR y el convenio de asociación núm.
00160111701 de 2017.
Aseveró que también se incurrió en un defecto fáctico, toda vez
que la medida cautelar decretada carece de total respaldo probatorio,
pues se fundamentó en meras conjeturas e indicios esbozados por el
personero municipal de Arjona, ya que dentro del proceso censurado
no obra prueba técnica objetiva que acredite la afectación real a la
moralidad administrativa o al patrimonio público alegado.
Alegaron que se incurrió en defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente jurisprudencial en la medida
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en que se aplicó erróneamente la sentencia de unificación de 13 de
febrero de 2018, proferida por el Consejo de Estado dentro del
expediente con radicación 25000-23-15-000-2002-02704-01, la cual
faculta la suspensión de actos administrativos y no así la parálisis
integral de la actividad comercial de una sociedad de economía mixta
ni de sus contratos bilaterales vigentes.
Resaltaron que el JUZGADO incurrió en defecto procedimental
absoluto al pretermitir el derecho de contradicción de terceros
interesados, pues la medida cautelar decretada extinguió la fuente
de 25 empleos, sin siquiera ser vinculados o notificados de ello, lo
que vulnera su derecho de defensa.
Aseveraron que el JUZGADO decretó la medida cautelar solicitada
bajo el argumento de que las consecuencias sobre los puestos de
trabajo constituían efectos indirectos o intereses económicos
particulares que deben ceder ante el interés colectivo, omitiendo con
ello realizar un juicio de proporcionalidad y necesidad exigido en el
artículo 231 del CPACA.
Por último, pusieron de presente que, comoquiera que el recurso de
apelación se concedió en el efecto devolutivo, la amenaza sobre la
totalidad de sus contratos de trabajo es actual e inminente.
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I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia:
“[…] ORDENAR la suspensión o inaplicación transitoria de los
efectos del auto interlocutorio No. 342 del 29 de mayo de 2026
(confirmado por el auto No. 574 del 8 de julio de 2026), en cuanto
conllevan la parálisis de la operación de ETTBOLÍVAR, el Bloqueo
de Acceso a los Servicios SIMIT, RUNT y DITRA y la consecuente
terminación de los contratos de trabajo de los accionantes,
disponiendo lo necesario para preservar sus empleos mientras el
Tribunal Administrativo de Bolívar resuelve la apelación concedida
en el efecto devolutivo.
VIII. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS.
PRIMERO. SUBSIDIARIAMENTE, ORDENAR al Tribunal
Administrativo de Bolívar que resuelva de plano y de manera
prioritaria el recurso de apelación pendiente, en atención a la
afectación iusfundamental que la demora en la decisión genera
sobre los accionantes.
SEGUNDO. DISPONER que la protección transitoria concedida se
mantendrá vigente hasta que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo resuelva definitivamente sobre la medida cautelar.
TERCERO: EXHORTAR a las autoridades judiciales accionadas a
armonizar sus decisiones, en atención a que la medida cautelar del
Juzgado Octavo Administrativo resulta abiertamente contradictoria
con la suspensión provisional en firme decretada por el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena sobre el mismo
objeto, en salvaguarda de la seguridad jurídica […]”. (Destacado
pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- ETTBOLÍVAR solicitó que se accedan a las pretensiones de
la demanda y se ordene al TRIBUNAL priorizar el recurso de
apelación interpuesto contra la medida cautelar decretada dentro del
proceso objeto de tutela.
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Para ello, resaltó que tal medida paralizó por completo el servicio
público en el MUNICIPIO y desconoció el principio de la cosa
juzgada respecto de un fallo previo de nulidad simple en el que ya
realizó un pronunciamiento sobre el mismo objeto.
I.5.2.- El JUZGADO sostuvo que la acción de tutela resulta
improcedente, por cuanto el proceso cuestionado se encuentra
actualmente en curso, sumado a que la parte actora planteó una
vulneración sin allegar prueba alguna que demuestren la amenaza a
que hacen alusión, lo que descarta la existencia de un perjuicio
irremediable.
I.5.3.- La señora LAURA CECILIA MARTÍNEZ TORRES solicitó ser
tenida como coadyuvante dentro de la presente acción de tutela, toda
vez que aduce ser contratista de ETTBOLÍVAR. También, señaló que
la decisión cuestionada vulnera sus derechos fundamentales,
máxime cuando no fue vinculada al proceso origen de la controversia.
I.5.4.- El TRIBUNAL sostuvo que desde el momento en que el
expediente cuestionado fue repartido e ingresó al despacho
sustanciador, ha adelantado las actuaciones procesales
correspondientes dentro de un término razonable, atendiendo las
condiciones reales de funcionamiento y carga laboral que
actualmente soporta, por lo que solicitó ser desvinculado del
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presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestiones previas
Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala se pronunciará
respecto de los siguientes aspectos concernientes a: i) la
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva
presentada por el TRIBUNAL, ii) la solicitud de coadyuvancia
formulada por la señora LAURA CECILIA MARTÍNEZ TORRES; y
iii) el escrito de ampliación de las pretensiones presentado por los
actores EDINSON RAFAEL LLENERA AGÁMEZ y ARNOVIS
ENRIQUE GUZMÁN RAMOS.
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i) De la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva
La Sala advierte que el TRIBUNAL solicitó ser desvinculado de la
presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 20065, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández,
dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones
de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o
desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad
subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal
que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o
controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la
demanda sobre una pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar
un instrumento judicial carente de garantías procesales, en
donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para
desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez
debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los
principios de legalidad y contradicción.
5
Criterio reiterado por la Corte en recientes pronunciamientos, entre estos, en sentencias T-262 de 5
de julio de 2024 y T-019 de 5 de febrero de 2026, M.P. Juan Carlos Cortés González y Miguel Polo
Rosero, respectivamente.
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La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el
segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas,
esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal
se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los
derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna
circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por
pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación,
o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de
la Sala).
Ahora bien, la Sala advierte que teniendo en cuenta que la parte
actora también le endilga la vulneración de sus derechos
fundamentales al TRIBUNAL, le asiste interés en la decisión de la
acción constitucional de la referencia, razón por la que se denegará
la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
ii) De la solicitud de coadyuvancia
La Sala pone de presente que resulta necesario resolver la solicitud
presentada por la señora LAURA CECILIA MARTÍNEZ TORRES
referente a que se tenga como coadyuvante de los actores en la
acción de tutela de la referencia.
En un primer aspecto, la Sala resalta que la coadyuvancia en la
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acción de tutela se encuentra establecida en el inciso 2º del artículo
13 del Decreto 2591 de 1991, de la siguiente manera:
“[…] ARTÍCULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE
DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del
órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento
de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con
su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida
contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se
tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del
proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del
actor o de la persona o autoridad pública contra quien
se hubiere hecho la solicitud. […] (Destacado fuera de
texto).
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-062
de 2010, se refirió sobre el particular en los siguientes términos:
“[…] la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la
participación de un tercero con interés en el resultado del
proceso que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos
expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga
que éste pueda realizar planteamientos distintos o
reclamaciones propias que difieran de las hechas por el
demandante […]”.
Comoquiera que la señora LAURA CECILIA MARTÍNEZ TORRES
aduce ser contratista de ETTBOLÍVAR y que la medida cautelar
decretada afecta también sus derechos fundamentales, para la Sala
es claro que tiene interés legítimo en el resultado de la acción
constitucional de la referencia, por lo que se accederá a su solicitud
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y se tendrá como coadyuvante de la parte actora y así se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.
iii) Del escrito de ampliación de las pretensiones
Por último, la Sala advierte que con posterioridad a la admisión
de la demanda los actores EDINSON RAFAEL LLENERA
AGÁMEZ y ARNOVIS ENRIQUE GUZMÁN RAMOS, en escrito
obrante el índice 13 del expediente digital agregado al sistema
SAMAI, ampliaron sus pretensiones en el siguiente sentido:
“[…] por medio de la presente me permito SOLICITAR LA
COMPULSA DE COPIAS A LA FISCALIA GENERAL DE LA
NACION CONTRA EL PERSONERO MUNICIPAL DE ARJONA y
contra el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE CARTAGENA, así como REMITIR COPIAS DE
LAS DECISIONES DE ESTA ACCION CONSTITUCIONAL AL
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y A LA CONCESION DEL HQ-
RUNT […]”.
Ahora bien, la Corte Constitucional en sentencia T-583 de 19986 se
pronunció sobre el alcance y la posibilidad de presentar la ampliación
del escrito de tutela siempre que se cumpla el requisito de conexidad
material entre los motivos formulados en la petición inicial y la
solicitud de ampliación, en los siguientes términos:
“[…] Las declaraciones adicionales de quien ha
solicitado el amparo tienen por objeto ampliar los
datos que el juez requiere para tener un mayor
conocimiento de los hechos sobre los cuales habrá de
resolver.
6
Corte Constitucional, sentencia T-583 de 19 de octubre de 1998, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
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Pero ha de existir una identidad mínima entre la
materia que se expone en la demanda y la que
posteriormente constituye objeto de la ampliación, lo
cual significa que, aunque haya modificaciones respecto de
lo dicho inicialmente, no puede admitirse un divorcio total
entre tales asuntos.
Por el contrario, una total desconexión entre los
motivos que movieron a formular la solicitud inicial y
los que más tarde alega, debilita ostensiblemente su
credibilidad y pone en tela de juicio la urgencia de la
decisión judicial, a menos que el juez, mediante la práctica
de pruebas orientadas a la constatación de la verdad,
encuentre que los hechos narrados en la diligencia de
ampliación de la demanda son sobrevinientes, pero
entonces deben hallarse adecuadamente probados […]”
(Destacado fuera de texto).
En ese sentido, es del caso advertir que no se va a tener en cuenta
el escrito allegado con posterioridad a la admisión de la demanda,
debido a que introduce nuevos argumentos y pretensiones que
disienten con el objeto material del escrito de tutela primigenio,
razón por la que efectuar su estudio implicaría desconocer el debido
proceso de la contraparte7.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
7
En el mismo sentido se pronunció esta Sección, esto es, en sentencias de 26 de junio de 2025,
expediente núm. 2025-03130-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, de 12 de junio de 2026, expediente
núm. 2026-03786-00, M.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes y 18 de junio de 2026, expediente núm.
11001-03-15-000-2026-03730-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
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consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
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rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
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servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, los actores presentaron acción de tutela
contra el JUZGADO y el TRIBUNAL, al haber proferido esta primera
autoridad las providencias de 29 de mayo y 8 de junio de 2026; y
por la presunta mora judicial en la resolución del recurso de apelación
interpuesto contra el auto de 29 de mayo de 2026, dentro del medio
de control para la protección de los derechos e intereses colectivos
identificado con el número único de radicación 2026-00138-01.
Los actores estiman que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales, toda vez que incurrieron en
defecto procedimental absoluto por cuanto no fueron vinculados
a la actuación procesal como terceros con interés directo en las
resultas del proceso, pese a ser los directos afectados con la medida
cautelar decretada. Sumado a eso, que también se incurrió en
defecto fáctico por falta de un soporte probatorio idóneo que
argumentara la medida cautelar allí decretada.
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Alegaron que también se configuraron defectos orgánico y
sustantivo por desconocimiento del precedente
jurisprudencial, por cuanto el JUZGADO decretó una medida
cautelar de parálisis empresarial absoluta, lo cual desbordó sus
competencias, y reabrió un debate jurídico sobre la legalidad de una
sociedad que ya había hecho tránsito a cosa juzgada.
Así las cosas, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste
en establecer si el presente caso cumple con los presupuestos
generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de ser así,
determinar si las accionadas vulneraron los derechos fundamentales
de los actores.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito general de la subsidiariedad.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad
El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el
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cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que
«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y
negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
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dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»8 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Ahora, se observa que la mayoría de las inconformidades planteadas
por los actores recae en el hecho, según el cual, no fueron vinculados
al medio de control para la protección de los derechos e intereses
colectivos identificado con el número único de radicación 2026-
00138-01, promovida por el personero municipal de Arjona contra el
MUNICIPIO y ETTBOLÍVAR, por la presunta vulneración de los
derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, a la
defensa del patrimonio público y a la transparencia en la gestión
pública.
A juicio de los actores, pese a tener interés directo en el asunto por
ser trabajadores vinculados a ETTBOLÍVAR mediante contrato
laboral a término indefinido, cuyo salario es la única fuente de
sustento de sus familias, el JUZGADO omitió vincularlos y mediante
auto de 29 de mayo de 2026, decretó la medida cautelar allí
deprecada.
8 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Así las cosas, de lo expuesto en el escrito de tutela, las pruebas
arrimadas al proceso, así como las actuaciones visibles en el
aplicativo de SAMAI, la Sala advierte que la solicitud de amparo de
la referencia carece del requisito de la subsidiariedad, en la
medida en que el incidente de nulidad es el mecanismo judicial
idóneo para debatir la posible irregularidad planteada.
En efecto, de conformidad con los artículos 133 a 137 del CGP, el
incidente de nulidad resulta ser el mecanismo judicial idóneo para
ventilar la supuesta indebida vinculación y notificación deprecada por
los actores dentro del medio de control para la protección de los
derechos e intereses colectivos identificado con el número único de
radicación 2026-00138-01.
Sobre el particular, el artículo 133 del CGP dispone que es causal de
nulidad, entre otras:
“[…] ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo,
en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: […]
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto
admisorio de la demanda a personas determinadas, o el
emplazamiento de las demás personas, aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas
que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando
la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio
Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la
ley debió ser citado […]”.
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En ese orden de ideas, la Sala advierte que la presente acción
constitucional es improcedente por carencia del requisito de
subsidiariedad, en razón a que para exponer tal irregularidad el
ordenamiento jurídico prevé el incidente de nulidad, mecanismo
dispuesto para el asunto y del cual los actores no han hecho uso, por
lo que mal podría el juez de tutela ordenar un amparo con el
propósito que se emitan unas órdenes que evidentemente son
competencia del juez de conocimiento y deben ser analizadas en esa
sede.
En este punto es del caso destacar que en sentencia de 11 de
diciembre de 20259, en un asunto similar, esta Sala declaró la falta
de cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en los siguientes
términos:
“[…] En el sub lite, el accionante solicita que se dejen sin efectos
las actuaciones realizadas dentro de la acción de tutela radicada
63001-3333-005-2025-00033-00/01, tramitada ante el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Armenia y el Tribunal
Administrativo del Quindío, y que se disponga su vinculación al
trámite junto con las demás personas que ocupan en
provisionalidad o encargo el cargo de Analista I, Código 201,
Grado 1, OPEC 198415. Sostiene que la omisión de notificarlo en
ese proceso le impidió ejercer sus derechos de defensa y
contradicción.
Conforme al expediente, el accionante no fue vinculado en la
tutela previa y tampoco promovió el incidente de nulidad previsto
en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso,
mecanismo judicial idóneo para controvertir la falta de notificación
o vinculación de los terceros con interés legítimo dentro de ese
trámite. En efecto, la causal de nulidad por indebida notificación
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
diciembre de 2025, M.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro, radicación 2025-06676-00.
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o citación es el medio procesal específico para solicitar la
corrección de una irregularidad como la que ahora se invoca, y su
trámite está expresamente previsto para ser planteado ante el
juez natural del proceso en el que ocurrió la omisión.
No obstante, en esta oportunidad el actor reconoce que no
interpuso dicho incidente, pues optó por acudir directamente a la
acción de tutela sin intentar previamente la corrección de la
irregularidad dentro del mismo trámite constitucional en el cual a
su juicio se produjo la vulneración. Dicha conducta desconoce el
carácter subsidiario de la presente acción, toda vez que el
ordenamiento jurídico prevé un mecanismo ordinario, concreto y
eficaz para plantear la irregularidad: el incidente de nulidad. […]
En efecto, la falta de vinculación alegada por el actor
constituía una irregularidad procesal susceptible de
plantearse mediante el incidente de nulidad, que es el
mecanismo específicamente diseñado para abordar este
tipo de omisiones. El accionante, sin embargo, prescindió
de dicho medio y presentó directamente esta acción
constitucional, pretendiendo que el juez de tutela asuma el
examen de una irregularidad cuya corrección correspondía
inicialmente al juez natural de la actuación en la que
ocurrió […]”. (Resaltado fuera del texto original).
Por lo anterior, se tiene que, en el caso bajo examen, si la parte
actora estaba inconforme con la omisión en su vinculación y/o
notificación dentro del medio de control para la protección de los
derechos e intereses colectivos objeto de debate, lo procedente era
haber promovido el incidente de nulidad que dispone la normativa en
mención, mecanismo idóneo para el asunto y del cual no hicieron
uso.
Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se
configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala
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se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 10 que, frente al
tema, ha sostenido lo siguiente:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha
precisado que éste debe reunir las siguientes características:
“debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un
considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos
que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del
daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona
(moral o material), pero que sea susceptible de determinación
jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como
respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por
último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto
es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable […]”.
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la
existencia de un perjuicio irremediable en el presente asunto, dado
que, si bien los actores manifiestan que la medida cautelar decretada
afecta de forma directa su mínimo vital, no aportaron pruebas que
den cuenta de qué forma tal situación requiere de medidas urgentes
e impostergables, ya que en el plenario no obran elementos que
acrediten siquiera su vinculación laboral con ETTBOLÍVAR. Por lo
tanto, no es suficiente con que se alegue un supuesto de hecho del
cual se pretenda derivar una consecuencia jurídica, sino que este
debe estar suficientemente demostrado.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Finalmente, en lo que refiere a la supuesta mora judicial endilgada al
TRIBUNAL, al no haber resuelto presuntamente el recurso de
apelación interpuesto contra la providencia de 29 de mayo de 2026
se advierte que tampoco tiene vocación de prosperidad, toda vez
que, como quedó visto, los aquí actores no hacen parte del proceso
de protección de derechos e intereses colectivos objeto de
cuestionamiento, por lo que carecen de legitimación en la causa por
activa para alegar tal situación.
Al respecto, se advierte que esta Sala11 ha considerado que la
legitimación en la causa por activa de quien promueve acción de tutela
y alega la vulneración de sus derechos fundamentales, está
determinada por la participación en el proceso judicial cuya revisión
depreca en ejercicio del amparo constitucional.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que la solicitud de
amparo de la referencia debe ser declarada improcedente por no
cumplirse con los requisitos de la subsidiariedad y el previsto en el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, ya que no se acreditó el
presupuesto de la falta de legitimación en la causa por activa y así
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de
marzo de 2026, M.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicación 11001-03-15-000-2026-01499-00.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia presentada por
la señora LAURA CECILIA MARTÍNEZ TORRES, frente a la parte
actora, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
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para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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