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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-06370-00

Fecha
21 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-06370-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Distribuidora JACH S.A. contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta, por las razones expuestas en esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Radicado: 11001-03-15-000-2026-06370-00 Accionante: DISTRIBUIDORA JACHS.A Accionado: Consejo de Estado-Sección Cuarta Vinculados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros Referencia: Acción de Tutela SEGUNDO. NOTIFICAR esta decisión a las partes y a los interesados por el medio más eficaz, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO. De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-06370-00

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

21 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06370-00
Accionante: DISTRIBUIDORA JACH S.A.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA
Vinculado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
CUARTA, SUBSECCIÓN B Y UAE-DIAN
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Declara improcedencia por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, pues la controversia pretende reabrir
una discusión ya resuelta por el juez natural.

Sentencia de Primera Instancia1

I. Síntesis de la Decisión

1. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito
general de relevancia constitucional. Los argumentos de la accionante buscan reabrir el
debate jurídico y probatorio resuelto por el juez natural y no plantean una cuestión
constitucional autónoma frente a la razón central de la providencia cuestionada. Por esta
razón, no se examinarán los defectos específicos alegados.

II. Antecedentes

La demanda

2. El 12 de agosto de 2026, Distribuidora JACH S.A. interpuso acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de
justicia, así como de la seguridad jurídica y la confianza legítima, que estimó vulnerados
por la sentencia del 16 de julio de 2026.2

Hechos relevantes

3. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
Distribuidora JACH S.A., por medio de apoderado judicial, demandó a la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El
proceso fue admitido únicamente respecto de la Resolución 2242 del 14 de septiembre
de 2016, que aprobó el remate del inmueble. Como restablecimiento del derecho, solicitó

1
Para la elaboración de esta providencia, en especial para la redacción de los hechos y la síntesis de las
intervenciones de las partes, se utilizó la herramienta de inteligencia artificial Copilot, la cual es proporcionada dentro
del entorno de Microsoft 365 por la Rama Judicial, con carácter asistencial y bajo supervisión humana, conforme a los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-323 de 2024 y al Acuerdo PCSJA24-12243 de 2024
del Consejo Superior de la Judicatura, «Por el cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso,
responsable, seguro y ético de la inteligencia artificial en la Rama Judicial». Se deja expresa constancia de que la
valoración del material probatorio, el análisis jurídico del asunto, la construcción de la motivación, las conclusiones
alcanzadas y la decisión adoptada corresponden exclusivamente a esta corporación, como resultado del juicio crítico
y la deliberación humana.
2
Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 00024. C. P. Wilson Ramos Girón.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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1

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06370-00
Accionante: DISTRIBUIDORA JACHS.A
Accionado: Consejo de Estado-Sección Cuarta
Vinculados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Acción de Tutela

que se declararan la prescripción del proceso de cobro coactivo 981621 y la ilegalidad
del remate, y que la actuación retornara al estado anterior.

4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, mediante
sentencia del 3 de abril de 2025, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas.3

5. Inconforme, la parte actora interpuso recurso de apelación. El 16 de julio de 2026, el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, confirmó la sentencia de primera instancia mediante
una decisión que contó con una aclaración de voto, en relación únicamente con la
condena en costas.4

6. La sociedad accionante promovió esta acción de tutela. Afirmó que la providencia
incurrió en defectos procedimental, fáctico, sustantivo y de desconocimiento del
precedente, principalmente por no valorar adecuadamente la incidencia de los
mandamientos de pago expedidos en 2013 y de la Resolución 3285 de 2016 sobre la
eficacia del mandamiento de 2011, la notificación y la prescripción de la acción de cobro.

7. También afirmó que la autoridad judicial no valoró de forma integral las pruebas sobre
las notificaciones, la identificación del inmueble y el avalúo comercial, ni confrontó el
caso con el precedente aplicable. Con base en estos reproches, atribuyó a la providencia
los defectos antes indicados.

Pretensiones

8. Solicitó el amparo de sus derechos fundamentales, que se dejara sin efectos la
sentencia del 16 de julio de 2026 y que se ordenara a la Sección Cuarta del Consejo de
Estado proferir una nueva decisión que valore integralmente los cargos, las pruebas y el
precedente aplicable, sin imponerle una solución de fondo.

Fundamentos de la demanda de tutela

9. La accionante sostuvo que la solicitud cumplía los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y que la sentencia de la Sección
Cuarta incurrió en los siguientes defectos:

10. Defecto procedimental: la accionante afirma que la sentencia no respondió de forma
completa y suficientemente motivada los reparos formulados en la apelación.

11. Defecto fáctico: sostiene que se omitió valorar integralmente pruebas relevantes
sobre los mandamientos de pago de 2013, la Resolución 3285 de 2016, las
notificaciones, la identificación del inmueble y su avalúo.

12. Defecto sustantivo: cuestiona que se declarara vigente el cobro y no configurada la
prescripción sin determinar previamente los efectos de los mandamientos de 2013 sobre
el expedido en 2011.

13. Desconocimiento del precedente: alega que la providencia no confrontó el caso con
la jurisprudencia aplicable sobre motivación judicial, valoración probatoria, notificación y
prescripción de la acción de cobro.

3
Índice 40 expediente SAMAI.
4
«Aclaro parcialmente mi voto frente a la sentencia de la referencia en cuanto al fundamento jurídico considerado
para condenar en costas a la demandante en segunda instancia».

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06370-00
Accionante: DISTRIBUIDORA JACHS.A
Accionado: Consejo de Estado-Sección Cuarta
Vinculados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Acción de Tutela

Trámite en primera instancia

14. Mediante auto del 13 de agosto de 2026, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado y vinculó, en
calidad de terceros con interés, a la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por haber actuado como entidad demandada
dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho; al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, por haber proferido la
sentencia de primera instancia dentro de ese proceso; y a José Alonso Londoño Castro,
quien intervino como litisconsorte necesario.5

Intervenciones

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A6

15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, solicitó
declarar improcedente la tutela o, en subsidio, negar el amparo. Sostuvo que la
accionante reiteró argumentos resueltos en el proceso ordinario, por lo que el asunto
carecía de relevancia constitucional. También afirmó que no se cumplió el requisito de
subsidiariedad, pues la sociedad pudo solicitar la adición de la sentencia si estimaba que
esta omitió algún pronunciamiento.

En cuanto al fondo, indicó que la providencia cuestionada examinó los argumentos de
la apelación, tuvo en cuenta el material probatorio relevante, aplicó las normas sobre
notificación y prescripción y no desconoció precedente alguno, pues la accionante no
identificó la regla jurisprudencial que consideraba desatendida.

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN)

16. La DIAN pidió declarar improcedente la acción de tutela o, subsidiariamente, negar
el amparo, al considerar que la accionante no acreditó la relevancia constitucional del
asunto ni explicó de manera clara el vínculo entre la providencia cuestionada y la
vulneración de los derechos invocados. Sostuvo que la solicitud pretende reabrir el
debate sobre la valoración probatoria, los cargos de apelación y la interpretación del
régimen de cobro coactivo, asuntos ya resueltos por el juez natural. Añadió que el
desacuerdo con la sentencia no demuestra una actuación arbitraria o manifiestamente
irrazonable ni configura los defectos procedimental, fáctico, sustantivo o por
desconocimiento del precedente alegados.

Consejo de Estado, Sección Cuarta

17. La Sección Cuarta del Consejo de Estado solicitó declarar improcedente la acción de
tutela por falta de relevancia constitucional o, en subsidio, negar el amparo. Sostuvo que
la accionante no controvirtió la razón central de la sentencia cuestionada, relativa a la
falta de sustentación adecuada del recurso de apelación, sino que reprodujo los
argumentos del proceso ordinario. También señaló que varios reproches y pruebas se
relacionaban con actos administrativos excluidos del control judicial mediante
providencias ejecutoriadas.

5
Índice 0004 del expediente, SAMAI.
6
Índice 00015 expediente SAMAI.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06370-00
Accionante: DISTRIBUIDORA JACHS.A
Accionado: Consejo de Estado-Sección Cuarta
Vinculados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Acción de Tutela

La autoridad accionada afirmó que la sentencia contrastó los argumentos de la apelación
con los fundamentos del fallo del Tribunal y concluyó que no desvirtuaban lo decidido
sobre la notificación del mandamiento de pago, la prescripción, el avalúo y la
identificación del inmueble. A partir de ello, sostuvo que no se configuraron los defectos
ni la vulneración de los derechos fundamentales alegados.7

18. Los demás vinculados guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

Competencia

19. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de
la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.8

Problema jurídico y metodología de la decisión

21. La Sala establecerá si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Si se superan, determinará si la autoridad
accionada incurrió en los defectos alegados y vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa, a la igualdad, al acceso efectivo a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva, así como la seguridad jurídica y la confianza legítima
de Distribuidora JACH S.A.

Análisis de la Sala

21. Legitimación en la causa. Este requisito se cumple por activa, porque Distribuidora
JACH S.A. fue demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 25000-23-37-000-2017-00200-03, en el cual se profirió la decisión cuestionada,
y es titular de los derechos fundamentales cuya protección solicita.

22. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque la
Sección Cuarta del Consejo de Estado fue la autoridad judicial que profirió la sentencia
de segunda instancia, a la que la parte actora atribuye la vulneración de sus derechos
fundamentales.

23. Inmediatez. El requisito se cumple. La providencia cuestionada se profirió el 16 de
julio de 2026, se notificó el 24 de julio siguiente y la tutela se presentó el 12 de agosto de
2026, dentro de un término razonable.

24. La providencia cuestionada no fue proferida en otro proceso de tutela.

25. Subsidiariedad. Este requisito se cumple, pues la parte actora agotó los recursos
procedentes en el proceso ordinario.

26. Relevancia constitucional. La acción de tutela contra providencias judiciales no
constituye una instancia adicional para discutir asuntos de mera legalidad ni para revisar
la interpretación razonable del juez natural. Este mecanismo exige que la controversia

7
Índice 00014 expediente SAMAI.
8
Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13, «Distribución de los procesos entre las
secciones».

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Vinculados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Acción de Tutela

plantee una cuestión vinculada con la posible afectación de derechos fundamentales,
que no se limite a cuestiones legales o económicas particulares9.

27. La Sala considera que la solicitud de amparo no satisface el requisito general de
relevancia constitucional, porque los planteamientos de la accionante reproducen y
reformulan cuestiones procedimentales, probatorias y normativas propuestas y resueltas
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

28. La accionante pretende que el juez constitucional revise el tratamiento dado a la
eficacia y notificación de los mandamientos de pago; la prescripción de la acción de
cobro; los efectos de los mandamientos de pago 0053 y 0081 de 2013 y de la Resolución
3285 de 2016; la identificación y el avalúo del inmueble; las medidas cautelares; y el
remate. También solicita una nueva sentencia que examine esos asuntos, valore las
pruebas y confronte el caso con el precedente constitucional y contencioso
administrativo.

29. Al respecto, la razón principal de la sentencia cuestionada consistió en que los
argumentos de la apelación no tenían la capacidad de controvertir o desvirtuar los
fundamentos de la decisión de primera instancia. La Sección Cuarta señaló que la
apelante reprodujo el concepto de violación de la demanda y transcribió los hechos y las
pretensiones inicialmente formuladas, incluso respecto de actos que habían sido
excluidos del control judicial.

30. Además, la autoridad accionada contrastó los argumentos reproducidos con las
conclusiones del Tribunal. En particular, examinó si esos planteamientos controvertían
lo resuelto sobre la notificación del mandamiento de pago 900072, la interrupción de la
prescripción, la improcedencia de exigir requerimientos especiales, el avalúo empleado
para el remate y la individualización del inmueble. Concluyó que la apelación no
desvirtuaba los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia recurrida y, por ello,
confirmó esa decisión.

31. La demanda de tutela no desarrolla un cuestionamiento específico contra esa razón
decisoria. En su lugar, plantea que los asuntos formulados en la apelación debieron
recibir un examen individual, más amplio y con un alcance diferente. Así, el reproche se
dirige al grado de análisis efectuado por el juez de segunda instancia, pero no explica de
qué manera la conclusión sobre la insuficiente sustentación del recurso constituye una
afectación constitucional autónoma, distinta de la inconformidad con la decisión
adoptada.

32. Además, varios de los asuntos cuyo estudio reclama la accionante no integraron el
objeto del proceso ordinario. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue
admitida únicamente respecto de la Resolución 2242 del 14 de septiembre de 2016, que
aprobó el remate del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50S-470673. En
cambio, la Resolución 3285 de 2016, el acto que fijó la fecha del remate y otros actos
administrativos fueron excluidos del control judicial mediante una providencia confirmada
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

33. La ausencia de un pronunciamiento de fondo sobre esos actos obedeció a la
delimitación del litigio establecida mediante providencias ejecutoriadas. La tutela no
permite incorporar asuntos excluidos del proceso ordinario ni obtener un nuevo examen
de su legalidad.

9
Corte Constitucional, sentencia SU-017 de 2024, M.S. Natalia Ángel Cabo.

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Referencia: Acción de Tutela

34. La accionante también afirma que la autoridad judicial no valoró de forma integral los
mandamientos de pago 0053 y 0081 de 2013, la Resolución 3285 de 2016, las
constancias de notificación, los certificados de tradición, el avalúo comercial y las
actuaciones de embargo, secuestro y remate. Este reproche requiere una nueva
apreciación de esos elementos, pero no precisa por qué el examen atribuido a la
providencia cuestionada plantea una afectación directa de los derechos fundamentales
invocados.

35. Respecto del defecto sustantivo, la sociedad cuestiona la interpretación de las
disposiciones sobre la notificación del mandamiento de pago y la prescripción de la
acción de cobro. La sentencia explicó que la citación debía remitirse a la dirección
registrada en el RUT, que la notificación por aviso se efectuó después de la devolución
de las comunicaciones y que la notificación del mandamiento de pago 900072
interrumpió la prescripción. También indicó que, para la fecha de aprobación del remate,
no había finalizado el nuevo término de cinco años.

36. La parte actora propone una interpretación distinta de esas disposiciones y afirma
que la autoridad judicial debió examinar primero los efectos de los mandamientos
expedidos en 2013. No explica, sin embargo, por qué la interpretación del juez natural
resulta arbitraria o incompatible con la Constitución. El planteamiento corresponde a una
discrepancia sobre el alcance de las normas aplicables al cobro coactivo y no habilita la
intervención del juez de tutela.

37. Frente al desconocimiento del precedente, la accionante alude de forma general a la
jurisprudencia sobre motivación judicial, valoración probatoria, debido proceso
administrativo, notificación y prescripción. No identifica una regla jurisprudencial concreta
que, por su semejanza fáctica y jurídica con este asunto, debiera aplicarse y que la
autoridad accionada hubiera desconocido. La providencia cuestionada citó decisiones de
la Sección Cuarta sobre la carga de sustentación de la apelación y explicó que la
reproducción de los cargos de la demanda no basta para controvertir la sentencia
recurrida.

38. La Sala concluye que los argumentos de la tutela no plantean una cuestión
constitucional autónoma. La solicitud busca prolongar la controversia jurídica y probatoria
que examinó el juez natural. La invocación de derechos fundamentales y defectos
específicos no convierte en constitucional un debate orientado a obtener otra revisión de
la interpretación normativa, la valoración probatoria y las conclusiones del proceso
ordinario.

39. La acción de tutela es improcedente por incumplimiento del requisito general de
relevancia constitucional. Esta conclusión impide el examen de fondo de los defectos
específicos alegados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Distribuidora JACH S.A. contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta, por las razones
expuestas en esta providencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06370-00
Accionante: DISTRIBUIDORA JACHS.A
Accionado: Consejo de Estado-Sección Cuarta
Vinculados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Acción de Tutela

SEGUNDO. NOTIFICAR esta decisión a las partes y a los interesados por el medio más
eficaz, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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