RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-06372-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06372-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06372-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por Luz Enith Cocomá García, a través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo del Caquetá, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06372-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06372-00
Demandante: Luz Enith Cocomá García
Demandados: Tribunal Administrativo del Caquetá y otros

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Sustitución pensional. Ausencia de los defectos
invocados.

Decisión: Niega el amparo solicitado

La Sala decide la acción de tutela formulada por Luz Enith Cocomá García en contra
del Juzgado 4 Administrativo de Florencia, del Tribunal Administrativo del Caquetá
y del departamento del Caquetá, Secretaría de Educación.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 11 de agosto de 2026, Luz Enith Cocomá García presentó acción de tutela
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, seguridad social, mínimo vital, igualdad y dignidad humana y que se
garantice una protección especial por ser una persona en situación de debilidad
manifiesta.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos los numerales
cuarto, quinto y, en lo pertinente, el sexto de la sentencia proferida el 21 de mayo
de 2026 por el Tribunal Administrativo del Caquetá y ordinal quinto del fallo dictado
el 29 de septiembre de 2023 por el Juzgado 4 Administrativo de Florencia en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 18001-33-33-004-
2019-00208-01; para, en su lugar, ordenar a la primera autoridad judicial emitir una
decisión de reemplazo, en la que se resuelva de fondo su derecho, con aplicación
del régimen exceptuado del magisterio, en particular, los artículos 279 de la Ley 100
de 1993, 3 de la Ley 71 de 1988 y 6, 8 y 12 del Decreto 1160 de 1989; de la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia y del enfoque diferencial que
impone su condición de sujeto especial de protección constitucional.

3. De forma subsidiaria, peticionó dejar sin efectos las providencias mencionadas
y, en su lugar, reconocerle directamente la sustitución de la pensión post mortem
causada por el fallecimiento del señor Juan Antonio Calderón Bautista, en un 50 %
y con carácter vitalicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 del
Decreto 1160 de 1989 y 3 de la Ley 71 de 1988. En el evento de accederse al
reconocimiento directo, pidió declarar que, conforme al parágrafo del artículo 8 del
Decreto 1160 de 1989, si Sara Mildrey Calderón Gutiérrez no acreditó la condición

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06372-00
Demandante: Luz Enith Cocomá García

de estudiante con posterioridad al 23 de julio de 2021, la porción correspondiente
acrecerá en su favor de forma proporcional a partir de esa fecha.

4. Por último, solicitó que se decrete y mantenga, hasta la ejecutoria del fallo de
tutela, la medida provisional solicitada, de tal manera que se prevenga al
departamento del Caquetá – Secretaría de Educación, y al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) abstenerse de pagar o acrecentar en
favor de terceros el 50 % de esa prestación.

5. Como fundamentos fácticos, de la revisión del expediente, se observa que
Abemain Gutiérrez Rubio, en representación de su hija Sara Mildrey Calderón
Gutiérrez, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
del departamento del Caquetá y de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), con el fin de obtener la
nulidad del acto ficto o presunto derivado de la negativa por parte del ente territorial
de dar respuesta a la petición del 13 de agosto de 2018 y del oficio 20181092115951
del 18 de diciembre de 2018 expedido por la Fiduprevisora.

6. Adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a las
entidades demandadas reconocer la prestación a favor de su hija con base en el
régimen general de pensiones y continuar pagando la sustitución de la pensión post
mortem que le fue reconocida, en su condición de beneficiaria del señor Juan
Antonio Calderón Bautista, mediante Resolución No. 000159 del 4 de febrero de
2014. Además, pidió reconocer y pagar la indexación y los intereses moratorios
correspondientes.

7. El 16 de septiembre de 2022, el Juzgado 4 Administrativo de Florencia vinculó
a Luz Enith Cocomá García como litisconsorte necesaria. En su contestación,
aquella reconoció la calidad de hija de la demandante respecto del causante, pero
negó que dicha circunstancia le otorgara derecho exclusivo o pleno sobre la
prestación pensional, pues existía otra beneficiaria con igual o mejor derecho. En
ese sentido, sostuvo que la allí demandante no podía pretender el reconocimiento
del 100 % de la mesada, menos aun cuando durante varios años había percibido la
totalidad de la pensión sin informar la existencia de la compañera permanente del
fallecido.

8. El 29 de septiembre de 2023, el Juzgado 4 Administrativo de Florencia declaró
la nulidad del acto ficto presunto negativo y, en consecuencia, ordenó a la Nación –
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(Fomag) pagar a Sara Mildrey Calderón Gutiérrez la pensión post mortem en un
50% de forma retroactiva desde el 1 de febrero de 2018 fecha en la cual se
suspendió el pago y hasta el 23 de julio de 2021 fecha en la cual cumplió la mayoría
de edad.

9. De igual forma, aclaró que dicha entidad debía abstenerse de cancelar el 50%
restante hasta que se resolviera administrativa y judicialmente la situación jurídica
de la señora Cocomá García, evento en el cual de resultar adversas las
pretensiones de dicho extremo procesal en los diferentes escenarios; debía
acrecentarse la prestación reconocida en favor de Sara Mildrey Calderón Gutiérrez.

2
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06372-00
Demandante: Luz Enith Cocomá García

10. Para soportar la anterior decisión, aclaró que el fondo del asunto no
radicaba en si era o no aplicable el principio de favorabilidad entre los dos
regímenes, el general y el previsto en el Decreto 224 de 1972, sino en la decisión
unilateral por parte de las demandadas de suspender el pago de las mesadas
pensionales previamente reconocidas. Además, precisó que si dicha parte
consideraba que la Resolución No. 000159 del 4 de febrero de 2014 era contrario a
derecho, debió agotar los mecanismos previstos en la Ley 1437 de 2011 y no
suspender el pago de las mesadas de forma unilateral, pues la condición temporal
invocada para suspender el pago no estaba contemplada en el referido acto.

11. Por otra parte, constató que la señora Luz Enith Cocomá García adelantaba
un trámite administrativo para obtener la pensión de sobrevivientes, el cual había
sido negado mediante Resolución 1707 del 27 de octubre de 2022, decisión que fue
recurrida, sin que obrara un pronunciamiento definitivo al respecto. Agregó que el
Juzgado, a pesar de que acreditó su convivencia con el causante, indicó que, al no
haber formulado demanda de reconvención, no podía pronunciarse sobre sus
pretensiones particulares ni sobre los actos administrativos relacionados con su
situación pensional.

12. Inconforme con la anterior decisión, la señora Cocomá García interpuso
recurso de apelación, puesto que, en su criterio, el Juzgado sí contaba con
información suficiente para resolver su situación pensional, pues obraba la
Resolución 000608 del 4 de mayo de 2023, que resolvió el recurso de reposición y
negó la apelación. Sostuvo que remitirla a culminar el trámite administrativo o iniciar
otro proceso constituyó un fallo inhibitorio encubierto, desconoció los principios de
economía y eficacia y desaprovechó las pruebas recaudadas. Además, cuestionó
la exigencia de formular demanda de reconvención, al considerar que dicha figura
solo procedía para el demandado, no para un tercero con interés por activa.

13. Por su parte, la Nación – Ministerio de Educación – Fomag insistió que el
causante no cumplió la edad para ser beneficiario de la pensión de jubilación, razón
por la cual debía aplicársele lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Ley 224 de
1972, se manera que su actuación se encontraba ajustada a derecho.

14. El 21 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo del Caquetá revocó
parcialmente la sentencia de primera instancia, en relación con la decisión inhibitoria
que se adoptó al diferir la situación jurídica de la litisconsorte necesaria; en ese
sentido, negó el derecho reclamado por Luz Enith Cocomá García y ordenó el
restablecimiento íntegro del 100 % de la mesada pensional reconocida mediante
Resolución 159 de 2014 a favor de la demandante.

15. Lo anterior al considerar que el Juzgado incurrió en error de derecho y
procedimental, al abstenerse de estudiar de fondo el derecho pensional de la señora
Luz Enith Cocomá García por no haber presentado una demanda de reconvención,
pues, a pesar de que la reconvención no fuera procedente, el juez debía valorar las
pruebas aportadas por la litisconsorte y determinar si tenía derecho a la prestación.
Así, al analizar de fondo su situación, concluyó que aquella no acreditó el requisito
de cinco años de convivencia inmediatamente anteriores al fallecimiento del
causante, pues las pruebas aportadas solo demostraban una convivencia de
aproximadamente dos años y medio, por lo que no cumplió el requisito exigido para
reconocerle la sustitución pensional.

3
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06372-00
Demandante: Luz Enith Cocomá García

16. Como fundamentos de vulneración, la parte accionante afirmó que la
sentencia dictada el 21 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo del Caquetá
incurrió en defecto sustantivo, al aplicar indebidamente el artículo 13 de la Ley 797
de 2003, al exigirle cinco años de convivencia para acceder a la pensión de
sobrevivientes, pese a que el causante era un docente afiliado al Fomag, sometido
a un régimen exceptuado del Sistema General de Seguridad Social y, en esa
medida, le era aplicable la Ley 71 de 1988 y el Decreto 1160 de 1989, disposiciones
que no establecen un término mínimo de convivencia.

17. Agregó que el único presupuesto temporal que ese régimen contempla
respecto de la compañera permanente es el del artículo 12 del Decreto 1160 de
1989, conforme al cual se admite tal calidad a quien ostente el estado civil y haya
hecho vida marital con el causante durante el año inmediatamente anterior a su
fallecimiento. Así, explicó que en su caso convivió con el causante de manera
continua durante dos años y medio, hasta el día de la muerte, es decir, más del
doble del tiempo exigido por la norma efectivamente aplicable, convivencia que el
propio Tribunal tuvo por probada.

18. Adicionalmente, manifestó que la providencia cuestionada incurrió en el
defecto mencionado, al invertir el principio de favorabilidad consagrado en el artículo
53 de la Constitución Política, ya que a pesar de que reconoció que aquel permite
acudir al régimen general cuando resulte más favorable que el especial, terminó
aplicando simultáneamente disposiciones de ambos regímenes para adoptar la
regla más restrictiva, pues mantuvo la aplicación del régimen especial para la
prestación, pero tomó del régimen general el requisito de los 5 años para negarle
la condición de beneficiar. Además, sostuvo que dicha interpretación desconoce el
carácter inescindible de los regímenes pensionales y convierte el principio
mencionado en una herramienta para imponer una condición más gravosa.

19. De otro lado, indicó que se configuró la causal de desconocimiento del
precedente judicial, dado que el Tribunal de manera errónea consideró que existía
una posición pacífica en la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en exigir a
los compañeros permanentes cinco años de convivencia como presupuesto de
orden público, de estricto cumplimiento y sin posibilidad de inaplicación. Sin
embargo, señaló que el Consejo de Estado, en la sentencia del 3 de septiembre de
2020, rad. 05001-23-33-000-2015-01052-01, expuso que «para el personal docente
del magisterio […] las normas que gobiernan su sustitución pensional no
establecieron un tiempo mínimo de convivencia».

20. Asimismo, mencionó que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, en las providencias identificadas con el número CSJ SL1730-2020, la
CSJ SL2747-2020 y CSJ SL5270-2021, precisó «que el requisito de cinco años de
convivencia solo es exigible cuando la pensión se causa por la muerte de un
pensionado y no de un 13 y en 12 afiliado, con apoyo en la literalidad del artículo 13
de la Ley 797 de 2003 y en la sentencia C-1094 de 2003 de la Corte Constitucional,
que al declarar exequible esa disposición precisó que el régimen de convivencia por
cinco años solo se fija para el caso de los pensionados».

21. Finalmente, afirmó que se configuró el defecto de violación directa de la
Constitución Política, al desconocer criterio material de convivencia, la finalidad de

4
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06372-00
Demandante: Luz Enith Cocomá García

los requisitos temporales, el enfoque diferencial aplicable a sujetos de especial
protección constitucional y el deber de examinar la excepción de
inconstitucionalidad. Al respecto, indicó que el Tribunal otorgó un carácter rígido al
requisito de cinco años de convivencia, pese a que, según la jurisprudencia
constitucional1 el requisito de convivencia no puede ser analizado en abstracto sino
a partir de una evaluación de las circunstancias concretas de cada caso, en un
marco de libertad probatoria.

22. Así, explicó que la unión marital con el causante no alcanzó los 5 años por
una única razón, la muerte de este último, que es precisamente la contingencia que
la prestación asegura, de manera que exigirle una unión real y probada una duración
que la propia muerte hizo imposible de completar, equivale a subordinar el derecho
al cumplimiento de una condición de imposible realización, en contravía del principio
general del derecho conforme al cual nadie está obligado a lo imposible y del juicio
de razonabilidad y proporcionalidad que gobierna la aplicación de toda regla.

23. Adicionalmente, alegó que a pesar de que se reconoció su situación de
debilidad manifiesta, derivada de su condición de salud, no le otorgó ninguna
consecuencia jurídica al momento de resolver su derecho pensional, por lo que se
incumplió el deber de aplicar un enfoque diferencial y de examinar la compatibilidad
de la exigencia temporal con sus derechos fundamentales.

Intervenciones2

24. La señora Sara Mildrey Calderón Gutiérrez indicó que la accionante
pretende desnaturalizar la acción de tutela para convertirla en una tercera instancia,
con el fin de reabrir la discusión probatoria y normativa que ya fue debatida y
resuelta con la debida observancia del debido proceso por el juez natural de la
causa.

25. En todo caso, afirmó que la providencia cuestionada no incurrió en ninguna
vía de hecho al verificar el requisito de convivencia exigido por el ordenamiento legal
e interpretado constitucionalmente, toda vez que el principio de sostenibilidad del
sistema pensional impone la acreditación rigurosa de la comunidad de vida efectiva
y duradera, por lo que el disentimiento de las normas aplicables no constituye un
defecto constitucional, sino una diferencia de criterio probatorio y normativo resuelta
legítimamente por la autoridad judicial accionada.

26. Además, aclaró que la situación especial de salud no exime a las partes del
cumplimiento de los requisitos legales esenciales para la causación y sustitución del
derecho pensional, comoquiera que la protección a la salud se satisface mediante
el sistema de seguridad social en salud, pero no sustituye la falta de acreditación de
los presupuestos sustanciales para acceder a una prestación económica post

1
Al respecto, refirió las sentencias T-197 de 2010, T-324 de 2014, T-245 de 2017, T-392 de 2018 y T-251 de 2021 y U056 de
2025.
2
El 19 de agosto de 2026, se admitió la acción de tutela en contra del Juzgado 4 Administrativo de Florencia, del Tribunal
Administrativo del Caquetá y de la Secretaría de Educación del departamento del Caquetá; se vinculó a Sara Mildrey Calderón
Gutiérrez y a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG
representado por la Fiduciaria La Previsora S. A.; y se negó la medida provisional solicitada al no haberse acreditado de
manera suficiente que la ejecución de la providencia cuestionada comprometiera la continuidad del tratamiento médico por la
patología que padece, su subsistencia o el goce efectivo de algún derecho fundamental en términos tales que no pudieran
ser examinados oportunamente dentro del trámite preferente y sumario propio de la acción de tutela.

5
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06372-00
Demandante: Luz Enith Cocomá García

mortem. En esos términos, solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en
su defecto, negar el amparo deprecado, ante la ausencia de vulneración de los
derechos fundamentales reclamados.

27. El Ministerio de Educación Nacional sostuvo que la acción no goza de
relevancia constitucional, puesto que el asunto recae en una discusión de
naturaleza estrictamente económica, la cual involucra intereses privados, situación
que excede la competencia del juez de tutela. Aunado a ello, adujo que el caso no
demostró que las vulneraciones a las garantías fundamentales invocadas
comprometan gravemente la existencia o supervivencia de la accionante y tampoco
se acreditó una transgresión indirecta de esos derechos.

28. Al respecto, puntualizó que es el extremo activo a quien le corresponde
demostrar la existencia de una eventual transgresión de derechos que permita inferir
que la providencia acusada es contraria al ordenamiento jurídico. Por lo anterior,
solicitó declarar improcedente la acción de la referencia.

29. La Secretaría de Educación del Departamento del Caquetá manifestó que
carece de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que los reproches
formulados por la parte actora recaen sobre la interpretación del régimen jurídico
aplicable a su reclamación pensional, la valoración de convivencia con el causante
y la exigencia temporal considerada por el Tribunal Administrativo del Caquetá en
la sentencia del 21 de mayo de 2026.

30. Sin embargo, precisó que esa entidad no participó en la formación de su
motivación, no seleccionó las normas o precedentes utilizados por aquella autoridad
y no se encuentra facultada para alterar o complementar su contenido. En
consecuencia, peticionó su desvinculación del presente trámite constitucional.

31. La Fiduprevisora SA aseguró que no es la responsable de la vulneración de
los derechos reclamados por la parte actora, dado que no existe nexo de causalidad
entre esa entidad y la omisión o acción que diera lugar a la transgresión de esas
garantías. Por tanto, peticionó declarar improcedente la acción y su desvinculación
de esta, al haberse configurado la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva.

32. El Juzgado 4 Administrativo de Florencia, en cumplimiento del
requerimiento efectuado en el auto admisorio de la acción de tutela, remitió el enlace
para consultar el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.

33. El Tribunal Administrativo del Caquetá no rindió el informe solicitado, a
pesar de que fue debidamente notificado del presente trámite.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

34. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

6
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06372-00
Demandante: Luz Enith Cocomá García

Cuestión previa

35. Previo a plantear el problema jurídico que aquí se desarrollará, la Sala
aclara que el análisis se centrará únicamente en la providencia emitida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo del Caquetá, al ser la autoridad judicial que
puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto que revocó
parcialmente la decisión adoptada por el Juzgado 4 Administrativo de Florencia.

36. Asimismo, se precia que si bien la parte actora adecuó el reparo relacionado
con el desconocimiento de los principios de favorabilidad e inescindibilidad de la
norma en el defecto sustantivo, este se ajusta más a la causal de violación directa
de la Constitución Política, razón por la cual se realizará su estudio a partir de la
última causal mencionada.

Problema jurídico

37. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, si la sentencia dictada el 21 de mayo de 2026
por el Tribunal Administrativo del Caquetá vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social, mínimo vital, igualdad y dignidad humana, al
incurrir en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y
violación directa de la Constitución Política.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

38. La presente acción de tutela cumple con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, mínimo vital, igualdad y
dignidad humana; se argumentaron de forma adecuada los reparos, los cuales
fueron encuadrados en las causales específicas mencionadas; y no se trata de un
asunto de mera legalidad o carácter eminentemente económico; (2) se tiene
acreditada la legitimación, tanto activa como pasiva, puesto que la accionante es la
titular de las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas, y el
Tribunal Administrativo del Caquetá fue la autoridad judicial que profirió la decisión
que se cuestiona en el escrito de amparo; (3) no existe otro mecanismo judicial que
permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales; (4)
la acción de tutela se presentó el 11 de agosto de 2026, es decir, dentro de los 6
meses siguientes a la notificación de la sentencia del 21 de mayo de 20263; (5) no
se alegó una irregularidad procesal; (6) se identificaron razonablemente los hechos
y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos
fundamentales; y (7) la tutela no se interpone contra una providencia de igual
naturaleza.

39. Así las cosas, al encontrarse satisfechos los requisitos antes mencionados,
la Subsección procederá a efectuar un análisis de fondo frente a los reparos
formulados por la parte demandante.

Análisis de la vulneración alegada: Estudio de los defectos

3
La providencia fue notificada por mensaje de datos el 25 de mayo de 2026.

7
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06372-00
Demandante: Luz Enith Cocomá García

40. La accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social, mínimo vital, igualdad y dignidad humana, los
cuales estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo del Caquetá, al expedir la
sentencia del 21 de abril de 2026, puesto que, a su juicio, dicha providencia incurrió
en el defecto sustantivo, al aplicar de forma indebida el artículo 13 de la Ley 797 de
2003 y exigirle cinco años de convivencia, a pesar de que el causante era un
docente, por lo que la situación debía resolverse exclusivamente conforme a la Ley
71 de 1988 y el Decreto 1160 de 1989.

41. Pues bien, para resolver el anterior desacuerdo, la Sala considera necesario
analizar los argumentos en que se apoyó la autoridad judicial accionada para
fundamentar su decisión. Al respecto, se advierte que el Tribunal Administrativo del
Caquetá, frente a la situación de la aquí demandante, expuso en la sentencia del 21
de mayo de 2026 lo siguiente:

«[…] Descendiendo al caso sub examine, resulta evidente el error del Juzgado Cuarto
Administrativo de Florencia. Ante la imposibilidad procesal de darle trámite a una
reconvención, su deber como garante de los derechos sustanciales y constitucionales era
examinar el acervo probatorio (testimonios, interrogatorios y documentales recaudados) y
emitir un pronunciamiento definitivo determinando si la señora Luz Enith Cocomá García tenía
o no derecho a la pensión de sobrevivientes. Al negarse a efectuar este análisis material y
diferir el estudio a un eventual trámite ajeno, el a quo inobservó el precedente vigente,
haciendo imperativa la revocatoria parcial del fallo en este punto para que esta Sala asuma la
competencia y defina el derecho sustancial reclamado por la litisconsorte.

2.6.4. En caso de superarse el anterior obstáculo procesal, y a la luz de las pruebas
aportadas –incluyendo las allegadas en segunda instancia respecto al agotamiento del
trámite administrativo–, ¿acreditó la litisconsorte su calidad de compañera permanente
con mejor o igual derecho para ser titular de la prestación económica debatida?

A pesar de existir pruebas de convivencia, la señora Luz Enith Cocomá no reúne el requisito
temporal estricto fijado por la jurisprudencia para ostentar la calidad de beneficiaria.

El acervo probatorio demuestra que, tras la separación del causante y la madre de su hija,
este inició una relación con la señora Luz Enith Cocomá. Obra en el expediente la Resolución
No. 001 de 2013 de la Asociación de Institutores del Caquetá (AICA) que rinde un homenaje
póstumo al docente y le da públicamente el trato de "esposa" a la señora Cocomá24. Durante
las audiencias y en sus interrogatorios, los testigos Alirio Morales Basto, Jesús Noel Murillo
Bedoya y Lelys Varón dieron fe de una convivencia mutua, singular y de apoyo, especialmente
frente a la grave enfermedad del causante, quien presuntamente transmitió (XXX) a la señora
Cocomá, dejándola en situación de debilidad manifiesta.

Sin embargo, las propias declaraciones extraproceso rendidas ante notario y aportadas por la
misma litisconsorte (suscritas por ella y por los testigos Alirio Morales y Jesús Noel Murillo)
confiesan de forma unánime y taxativa que la convivencia en unión marital de hecho duró
exactamente dos (2) años y medio hasta el fallecimiento del docente el 30 de enero de 2013

Bajo las reglas de la Sentencia del Consejo de Estado Rad. 11001-03-15-000-2021-00740-01,
el máximo tribunal es perentorio al diferenciar la situación de la cónyuge separada de hecho
(a quien le basta demostrar 5 años en cualquier tiempo) frente a la de la compañera
permanente, afirmando: "cosa distinta es con los compañeros permanentes en donde sí se
exige que hayan vivido juntos 5 años antes del fallecimiento".

Aunado a ello, la Sentencia del Consejo de Estado Rad. 17001-23-33-000-2013-00133-01
(0274-14) dictamina el principio de irretroactividad, indicando que "la ley que gobierna el
reconocimiento de la pensión de beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del
causante", consolidándose así la exigencia legal de los 5 años en cabeza de la compañera
permanente sin posibilidad de inaplicación.

Al probarse una convivencia de solo 2.5 años, la señora Luz Enith Cocomá García no cumple
la tarifa legal y jurisprudencial mínima exigida por el Consejo de Estado para desplazar o
concurrir en el derecho pensional con la hija menor del causante.

8
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06372-00
Demandante: Luz Enith Cocomá García

Ahora bien, este Tribunal no es ajeno a la condición de sujeto de especial protección
constitucional alegada por la señora Luz Enith Cocomá García en su recurso de apelación,
derivada de su grave estado de salud al encontrarse acreditado en su historia clínica que
XXXXXX, lo que la ubica en una situación de debilidad manifiesta.

Empero, resulta imperioso precisar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado ha sido pacífica en señalar que los requisitos legales para acceder a la
pensión de sobrevivientes o sustitución pensional, tales como el tiempo mínimo de convivencia
de cinco (5) años inmediatamente anteriores al deceso exigido a los compañeros
permanentes, son presupuestos de orden público y de estricto cumplimiento. El propósito del
legislador y de la jurisprudencia al fijar este límite temporal no es otro que salvaguardar la
viabilidad del régimen pensional, basándose en el principio de solidaridad, y amparar el
patrimonio del sistema frente a posibles maniobras fraudulentas o convivencias de última hora,
requiriendo la demostración de un compromiso de vida real con vocación de continuidad.

Por consiguiente, si bien la jurisdicción contencioso-administrativa debe aplicar un enfoque
diferencial y garante frente a los sujetos en condición de debilidad manifiesta, dicha
circunstancia de salud, por sí sola, no tiene la virtualidad de eximir a la litisconsorte de acreditar
el requisito objetivo y temporal de convivencia exigido por la ley y la jurisprudencia unificada
para desplazar o concurrir con la hija beneficiaria. Acceder al reconocimiento pensional
soslayando la falta de los cinco años de convivencia implicaría un desconocimiento directo del
ordenamiento jurídico y de la exigencia material decantada por el órgano de cierre, por lo que
el argumento formulado en la alzada frente a este aspecto específico carece de vocación de
prosperidad […]». [Se omite referencia específica a dato sensible de salud de la accionante]

42. De lo anterior se desprende que el Tribunal Administrativo del Caquetá
examinó de manera expresa la situación de la aquí accionante y, a partir del material
probatorio obrante en el expediente, determinó que la convivencia entre aquella y el
causante se había prolongado por aproximadamente dos años y medio, tiempo
inferior a los 5 años de convivencia inmediatamente anteriores al fallecimiento que
deben acreditarse en el caso de compañeros permanentes.

43. Al respecto, se advierte que el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en lo que
aquí interesa, frente a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, dispone lo
siguiente:

«[…] Artículo 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así:

Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión
de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o
más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del
pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido
con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte […]».

44. Adicionalmente, se observa que la autoridad accionada sustentó la
aplicación de la referida disposición en la sentencia dictada el 17 de febrero de 2015
en el proceso con radicado 17001-23-33-000-2013-00133-01 (0274-14), en la cual
el Consejo de Estado indicó que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
se rige por la norma vigente al momento del deceso del causante.

45. Así las cosas, la Sala no advierte que el Tribunal Administrativo del Caquetá
hubiese aplicado de forma caprichosa lo previsto tal disposición, pues partió del
hecho de que el señor Juan Antonio Calderón Bautista falleció el 30 de enero de
2013 y que la relación de convivencia con la señora Cocomá García se extendió
durante aproximadamente dos años y medio, cuya circunstancia no fue inferida de
manera arbitraria, sino que se estableció a partir de las declaraciones aportadas por
la actora los testigos Alirio Morales y Jesús Noel Murillo y, con fundamento en ello,

9
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06372-00
Demandante: Luz Enith Cocomá García

la autoridad judicial concluyó que no se encontraba acreditado el requisito de los
últimos 5 años anteriores a la muerte del causante.

46. En esa medida, no se evidencia que el Tribunal hubiese desconocido la
existencia de un régimen especial para el personal docente, sino que examinó la
controversia desde las reglas jurisprudenciales que, a su juicio, resultaban
aplicables a la condición de compañera permanente y a la concurrencia con la hija
del causante, toda vez que aquella corporación reconoció que las pruebas
demostraban una convivencia real, pero determinó la insuficiencia del tiempo
exigible de convivencia.

47. Por tanto, el desacuerdo de la accionante parte de una discrepancia con la
conclusión jurídica adoptada por la autoridad accionada, pero no demuestra que
esta provenga de la aplicación de una disposición incorrecta o manifiestamente
incompatible con el supuesto analizado, de ahí que no se configure la causal de
defecto sustantivo.

48. Ahora bien, tampoco puede afirmarse que el Tribunal desconoció el
principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la Constitución Político, ya
que, por el contrario, lo analizó expresamente y reconoció que, en materia
prestacional, puede acudirse a la regulación más favorable cuando concurran las
condiciones jurisprudencialmente establecidas para ello.

49. Al mismo tiempo, señaló que dicha posibilidad encuentra un límite en el
carácter inescindible de los regímenes pensionales, por lo que no resultaba
admisible seleccionar aisladamente los componentes más favorables de distintos
regímenes y, en ese entendido, determinó que el régimen aplicable era el general,
dadas las circunstancias que rodeaban el reconocimiento de la sustitución pensional
para la aquí accionante y la hija del causante. Además, explicó que el requisito
temporal perseguía una finalidad relacionada con la protección de la sostenibilidad
del sistema pensional y la necesidad de acreditar una relación de convivencia con
vocación de permanencia.

50. Igualmente, se destaca que el Tribunal accionado no desconoció la
situación de especial protección constitucional alegada por la accionante, derivada
de la grave enfermedad que padece, de acuerdo con lo consignado en la historia
clínica, ni omitió valorar las circunstancias particulares que rodearon su relación con
el causante, circunstancia que imponía el deber de adoptar un enfoque diferencial
y garante al estudiar el caso. Sin embargo, a partir de esa consideración, dicha
autoridad explicó que la situación de vulnerabilidad, por sí sola, no tenía la
virtualidad de eximir a la accionante de acreditar el requisito temporal de convivencia
que, conforme al criterio jurídico adoptado en la providencia, resultaba exigible para
el reconocimiento de la sustitución pensional.

51. Por último, tampoco se advierte el desconocimiento de la sentencia
proferida por el Consejo de Estado el 3 de septiembre de 2020, rad. 05001-23-33-
000-2015-01052-01, pues, en primer lugar, dicha providencia no constituye, por sí
misma, un precedente judicial vinculante en los términos de la Ley 1437 de 2011; y,
en segundo lugar, no presenta identidad fáctica con el asunto objeto de análisis,
pues se ocupó del reconocimiento de la sustitución de una pensión gracia.

10
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06372-00
Demandante: Luz Enith Cocomá García

52. Ahora, en gracia de discusión, si bien en esa oportunidad el Consejo de
Estado sostuvo que para el reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia,
«en aplicación del Decreto 1160 de 1989, no constituye requisito indispensable el
tiempo mínimo de convivencia de 5 años al que se refiere el artículo 47 de la Ley
100 de 1993, más aún cuando esta Ley no resulta aplicable al caso en estudio, dado
que se trata del derecho reclamado por el accionante como beneficiario de una
docente afiliada al Fomag».

53. Sin embargo, se precisa que la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante la sentencia de unificación SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto de 2022, rad.
23001-23-33-000-2014-00444-01 (interno 1655-2017), estableció como regla que el
requisito de convivencia para el cónyuge supérstite o el compañero permanente en
materia de sustitución de pensión gracia es la vigente para la fecha del deceso del
causante. Por consiguiente, aun si se tomara como referente la sentencia invocada
por la parte actora, no podría concluirse que el Tribunal Administrativo del Caquetá
desconoció la tesis imperante en esa materia.

54. Finalmente, la Sala aclara que la accionante no aportó copia de las
providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia con el fin de determinar si
estas eran aplicables al caso bajo estudio y, en todo caso, se precia que la decisión
cuestionada se sustentó en la jurisprudencia del máximo órgano de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.

55. En ese orden de ideas, al no haberse estructurado ninguno de los defectos
invocados, comoquiera que el Tribunal Administrativo del Caquetá explicó de
manera razonable, con fundamento en las normas y jurisprudencia aplicable al caso,
las razones por las cuales consideró que no se encontraba acreditado el requisito
de convivencia para el reconocimiento de la sustitución pensional, se negará el
amparo solicitado por Luz Enith Cocomá García.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por Luz Enith Cocomá García, a través de
la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo del Caquetá, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

11
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06372-00
Demandante: Luz Enith Cocomá García

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

12
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.