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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-06377-00

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-06377-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por conducto de apoderado, contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-06377-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06377-00
Accionante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad – Principios constitucionales
de legalidad, confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica / MEDIO DE CONTROL DE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Sanciones por inexactitud y por
rechazo de pérdidas. Causales de exoneración punitiva. Error sobre el derecho aplicable /
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD – RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / Se acudió a la
acción de tutela con el propósito de reabrir la discusión definida en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), por conducto de apoderado, de conformidad con lo consagrado
en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto
2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 12 de agosto de 2026 la parte accionante presentó acción de tutela contra la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, y de los principios
constitucionales de legalidad, confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica.

Hechos relevantes

2. La sociedad Anglogold Ashanti Colombia S.A. promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIAN, con el
fin de obtener la nulidad (i) de la Liquidación Oficial de Revisión núm.
312412018000063 del 18 de octubre de 2018, proferida por la División de
Liquidación de la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes de la DIAN, que
modificó la declaración privada del impuesto sobre la renta correspondiente al año
gravable 2013; y (ii) de la Resolución núm. 992232019000046 del 24 de octubre de

1
Que ingresó para fallo el 28 de agosto de 2026.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06377-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela

2019, por medio de la cual la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, resolvió el
recurso de reconsideración contra la anterior.

3. El asunto correspondió a la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, a través de sentencia del 8 de febrero de
2024, (i) accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en lo relacionado
con el levantamiento de las sanciones por inexactitud y por rechazo de pérdidas
impuestas, al encontrar probada la causal exculpatoria alegada por la sociedad
Anglogold Ashanti Colombia S.A.; y (ii) se abstuvo de condenar en costas.

4. Como fundamento de su decisión, el a quo concluyó que las expensas de
exploración debían reconocerse contablemente como activos diferidos y fiscalmente
amortizarse de manera gradual, por lo que no era procedente su deducción
inmediata; no obstante, levantó las sanciones por inexactitud y rechazo de pérdidas,
al considerar que esta última vulneraba el principio de non bis in idem y que la
primera estaba amparada por la causal exculpatoria de error de apreciación del
derecho, pues la entonces sociedad actora realizó una interpretación razonable de
la normativa y aplicó un método contable de reconocido valor técnico.

5. Inconformes con la decisión precitada, ambas partes presentaron recurso de
apelación. Por un lado, la sociedad Anglogold Ashanti Colombia S.A. reiteró que no
vulneró la regla de asociación prevista en el artículo 13 del Decreto 2649 de 1993,
por cuanto esta no exigía que los costos y gastos estuvieran vinculados a la
percepción de ingresos y, en cambio, las normas fiscales reconocían la pérdida
como un resultado de la actividad económica; y, por el otro, la DIAN pidió que se
mantuvieran las sanciones por inexactitud y por rechazo de pérdidas impuestas en
los actos demandados.

6. El trámite de segunda instancia fue asignado a la Sección Cuarta del Consejo de
Estado que, por medio de sentencia del 5 de febrero de 2026, confirmó la decisión
apelada.

7. En criterio del ad quem, “las erogaciones efectuadas durante la etapa de
exploración de recursos naturales deben recibir el tratamiento tributario de activos
diferidos, conforme a lo dispuesto en los artículos 142 y 143 del ET (entonces
vigente). Asimismo, precisa que, aunque la imposición concurrente de las sanciones
previstas en los artículos 647 y 647-1 del mismo estatuto no vulnera la prohibición
constitucional del non bis in idem, procede exonerar al contribuyente de
responsabilidad cuando acredite que la conducta sancionable obedeció a una
interpretación razonable, aunque errónea, del derecho aplicable, que le generó la
convicción de no estar incurriendo en una infracción tributaria”2.

Pretensiones

8. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):

2
Folio 10. Archivo “044_44Sentencia_28903AnglogoldAshant”. Expediente en préstamo.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06377-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela

“A. Que se tutele en favor de mi representada los derechos fundamentales
al debido proceso, a la defensa e igualdad en congruencia con los principios
de la buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, vulnerados con la
sentencia proferida por parte de la Corporación accionada, al incurrir en
defecto material o sustantivo, decisión sin motivación, y desconocimiento del
precedente.

B. Que se deje sin efecto la sentencia del Consejo de Estado el 5 de febrero
de 2026, dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
No. 25000233700020200017201.

C. Como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene al Consejo de
Estado proferir un nuevo fallo en donde corrija los defectos advertidos a la
sentencia que se deja sin efecto”3.

Fundamentos de la demanda de tutela

9. La DIAN sostiene que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con la expedición
de la sentencia del 5 de febrero de 2026, incurrió en una decisión sin motivación,
por cuanto no analizó ni se pronunció sobre los argumentos expuestos por la entidad
en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación, relacionados con la
improcedencia de la causal exculpatoria de diferencia de criterios aplicada en el
caso concreto. Así, bajo iguales consideraciones, alega la configuración de un
defecto sustantivo al advertir que la controversia debió resolverse conforme a las
disposiciones normativas que han definido el alcance, contenido y criterios de
ponderación que debe aplicar el juzgador para determinar la procedencia de la
causal en mención.

10. De otro lado, aduce que la sentencia de segunda instancia incurrió en un
defecto fáctico por la falta de valoración de medios de prueba determinantes, toda
vez que no fueron apreciadas las pruebas obrantes en el expediente judicial que, a
juicio de la DIAN, acreditaban la improcedencia de aplicar la causal exculpatoria de
la sanción por inexactitud fundada en una diferencia de criterios sobre el derecho
aplicable.

11. Finalmente, la DIAN señala que se configura un desconocimiento del
precedente, pues indica que la sentencia de segunda instancia aplicó
indebidamente decisiones proferidas en procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho, cuyos efectos son inter partes, sin tener en cuenta que estas no
constituyen por sí mismas una regla de derecho de aplicación general. En ese
sentido, plantea que la procedencia de la causal exculpatoria debía determinarse a
partir del estudio del caso concreto, atendiendo a la carga argumentativa y
probatoria desplegada durante el proceso.

Trámite procesal

12. Mediante auto del 13 de agosto de 2026, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, como accionado, y a la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, a la sociedad Anglogold Ashanti Colombia S.A, a

3
Folios 36 y 37 del escrito de tutela.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06377-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela

la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y a los demás
intervinientes dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 25000-23-37-000-2020-00172-00/01, en calidad de terceros con
interés en las resultas del proceso, para que rindieran informe. Asimismo, vinculó a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, de considerarlo
necesario, interviniera en el presente asunto. Entre otras decisiones.

Intervenciones

13. El magistrado Wilson Ramos Girón, como integrante de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de
la referencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Adujo que
la petición de amparo no satisface los parámetros definidos por la jurisprudencia,
particularmente en la sentencia SU-215 de 2022, dictada por la Corte Constitucional.

14. Manifestó que los planteamientos de la entidad demandante pretenden reabrir
el debate con el fin de que se acoja la tesis interpretativa que sostuvo a lo largo del
proceso judicial y se examinen argumentos nuevos, sin que esta sea la oportunidad
procesal prevista para ello. En conclusión, indicó que “reproducir con ocasión de la
acción de tutela el debate acerca de la improcedencia de la causal exculpatoria de
las sanciones supone controvertir el criterio de decisión acogido por el tribunal de
primera instancia y por la Sección Cuarta en la sentencia impugnada. Asimismo,
introducir una discusión novedosa respecto de las formuladas como cargos de
apelación implica desconocer la litis trabada en el proceso”4.

15. La Procuraduría Delegada de Intervención 10: Quinta ante el Consejo de
Estado señaló que la acción de tutela bajo estudio es improcedente y se debe negar
el amparo pretendido. Indicó que un eventual estudio de fondo implicaría reabrir un
debate jurídico y probatorio que ya fue analizado y resuelto de fondo en sede
judicial.

16. En ese sentido, sostuvo que la acción de tutela no puede utilizarse como tercera
instancia solo por el hecho de que las decisiones resulten desfavorables para la
parte vencida. En efecto, alegó que los argumentos de defensa ya fueron
planteados en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo
que la diferencia de criterios entre la interpretación por los jueces no constituye, por
sí sola, una vulneración de derechos fundamentales.

17. El magistrado Juan Darío Contreras Bautista, como integrante de la
Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, precisó que no son parte accionada en el presente asunto, puesto
que la parte actora dirige la demanda contra la Sección Cuarta del Consejo de
Estado. Sin embargo, solicitó que se declare la improcedencia de la acción, o
subsidiariamente, se nieguen las pretensiones invocadas, debido a que no se
cumplen las causales generales ni específicas de procedibilidad.

4
Folio 3. Archivo “019_19CONTESTACIONDE_20260637700Contestac”.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06377-00
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Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela

18. Expuso que la tutela no puede utilizarse como un mecanismo sustitutivo de los
instrumentos procesales previstos en el ordenamiento jurídico ni como una instancia
adicional para reabrir el debate suscitado en el proceso ordinario. Admitir lo
contrario, según advirtió, supondría desconocer el carácter residual y subsidiario del
amparo constitucional y permitir que, por esta vía excepcional, se controvirtiera una
decisión judicial respecto de la cual la parte interesada contaba con mecanismos
procesales ordinarios para plantear las inconformidades que ahora pretende hacer
valer en sede constitucional.

19. Finalmente, por conducto de la Secretaría de su Sección Cuarta, el Tribunal
allegó el enlace de acceso al expediente contentivo del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado núm. 25000-23-37-000-2020-00172-01.

20. La sociedad Mineros Tolima S.A.S, antes Anglogold Ashanti Colombia
S.A., solicitó que se declare improcedente la acción presentada por la DIAN, puesto
que no se configura ninguno de los requisitos excepcionales de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales. Indicó que la demanda no está orientada a
demostrar la existencia de un defecto constitucional autónomo, sino a obtener una
nueva valoración de los mismos argumentos que fueron analizados por el juez
natural y resueltos en sentido contrario a los intereses de la Administración.

21. Pese a haber sido notificadas en debida forma, las demás partes guardaron
silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

22. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

23. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular la relevancia
constitucional, al presentar una argumentación encaminada a reabrir el debate
surtido en el proceso ordinario y a cuestionar aspectos de contenido económico?

24. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si ¿la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, con la expedición de la sentencia del 5 de febrero de 2026,
proferida en el curso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado núm. 25000-23-37-000-2020-00172-01, incurrió en un defecto sustantivo,
una decisión sin motivación, un defecto fáctico y un desconocimiento del precedente
y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y a la igualdad, y de los principios constitucionales de
legalidad, confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica de la parte accionante?

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06377-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela

25. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

26. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20055, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

27. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar6: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela7, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional8 o el Consejo de Estado9, ni
una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP10; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable11 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada.

Del requisito de relevancia constitucional

28. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a

5
Corte Constitucional C-590 de 2005.
6
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
7
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
9
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
11
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

6

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Referencia: Acción de tutela

reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

29. La Corte Constitucional indicó12 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

30. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en los
eventos en que se pretende reabrir la discusión13: (i) el debate debe recaer sobre
un asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre en el contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

31. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia14.

32. Además, la Sala advierte que el presente asunto guarda especial proximidad
con el examinado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 2022, en
la cual se estudió una acción de tutela dirigida contra una providencia de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado en materia tributaria. En esa oportunidad, la Corte
concluyó que el requisito de relevancia constitucional no se satisface cuando los
reproches están dirigidos a que el juez constitucional controle la corrección jurídica
de la decisión, la controversia presenta una dimensión predominantemente
económica y no se advierte, prima facie, una actuación arbitraria o ilegítima de la
alta corte accionada. Asimismo, precisó que el examen de relevancia constitucional
respecto de providencias de altas cortes exige una carga reforzada dirigida a
evidenciar una afectación arbitraria de los derechos fundamentales.

Caso concreto

33. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto en la totalidad de los defectos alegados por el actor, dado que no
se cumple con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.

12
Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.

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Referencia: Acción de tutela

34. Revisada la demanda, se evidencia que la parte accionante acudió a la acción
de tutela con el propósito de cuestionar nuevamente las consideraciones expuestas
en la sentencia del 5 de febrero de 2026, dictada por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, relacionadas con el tratamiento tributario de las erogaciones efectuadas
durante la etapa de exploración y con la procedencia de las sanciones por
inexactitud y por rechazo de pérdidas fiscales.

35. Al respecto, se advierte que la autoridad judicial accionada analizó el tratamiento
tributario aplicable a las expensas efectuadas durante la etapa de exploración
minera, a partir de lo dispuesto en los artículos 142 y 143 del Estatuto Tributario y
de las normas contables vigentes para la época de los hechos, y concluyó que
aquellas debían reconocerse como activos diferidos y deducirse gradualmente
mediante el sistema de amortización, por lo que no resultaba procedente su
reconocimiento total como costos del ejercicio mediante el método de “esfuerzos
exitosos”15.

36. De igual manera, esa Corporación estudió la procedencia de las sanciones
impuestas a la sociedad contribuyente. En particular, respecto de la sanción por
rechazo de pérdidas, reiteró el criterio fijado en la sentencia del 9 de abril de 202516
y concluyó que su imposición concurrente con la sanción por inexactitud no
vulneraba la prohibición constitucional del non bis in idem, pues los artículos 647 y
647-1 del Estatuto Tributario establecen bases distintas para su tasación. Frente a
ello, la Sección Cuarta indicó:

“3.1- Sobre la primera cuestión, la Sala pone de presente que mediante
sentencia del 09 de abril de 2025 (exp. 28381, CP: Myriam Stella Gutiérrez
Argüello) rectificó su criterio jurídico sobre la aplicación concomitante de las
sanciones por inexactitud y por rechazo o disminución de pérdidas fiscales.
De conformidad con lo expuesto en dicha providencia, la sanción prevista
en el artículo 647-1 del ET no constituye un tipo sancionador autónomo
frente a la consagrada en el artículo 647 ibidem, como lo precisó la Corte
Constitucional en la sentencia C-910 de 2004. Por el contrario, ambas
disposiciones regulan la reacción del ordenamiento jurídico frente a la
infracción del deber de declarar, en particular cuando esta se materializa
mediante inexactitudes en la autoliquidación tributaria presentada por el
contribuyente y detectadas por la Administración en el curso de un
procedimiento de revisión. Tales inexactitudes pueden dar lugar al rechazo
o disminución de las pérdidas fiscales declaradas –que no se traducen en
un mayor impuesto a cargo del declarante– y a la determinación de un mayor
impuesto a su cargo. En esa medida, no le asiste razón a la demandada al
sostener que se trata de sanciones autónomas.

Sin embargo, lo anterior no implica que la determinación concurrente de la
multa con fundamento en ambas disposiciones transgreda la prohibición de
non bis in idem. Así, en la sentencia del 09 de abril de 2025 que aquí se
reitera, la Sala precisó que, para el primer supuesto, el ordenamiento
tributario no contemplaba inicialmente una base para cuantificar la sanción,
circunstancia que motivó la adición del artículo 647-1 al ET por el artículo 24
de la Ley 863 de 2003. Esta disposición fija una base teórica para calcular
la multa cuando las inexactitudes en la declaración disminuyen o anulan la
pérdida fiscal declarada y, por tanto, no integran la base de tasación de la

15
Folio 6. Archivo “044_44Sentencia_28903AnglogoldAshant”.
16
Exp. 28381, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello

8

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Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela

multa prevista en el artículo 647 ibidem, que presupone la determinación de
un mayor impuesto a cargo.

Como se indicó en la providencia del 09 de abril de 2025, la sanción por
inexactitud parte de ‘valores positivos determinados por la actuación oficial
que generan el mayor impuesto, es decir, cuando el resultado de la
depuración oficial genera renta líquida o una modificación de esta que
implica un mayor valor del impuesto determinado’, mientras que la base de
la sanción por rechazo o disminución de pérdidas se calcula sobre un valor
negativo, que proviene de una pérdida fiscal estimada de forma inexacta”17.

37. Asimismo, la autoridad judicial examinó la causal exculpatoria invocada por la
sociedad contribuyente y determinó que se configuraba una diferencia razonable de
interpretación sobre el alcance de la expresión “de acuerdo con la técnica
contable”18, contenida en el artículo 142 del Estatuto Tributario. Para ello, consideró
que la sociedad había actuado de manera diligente y había empleado un método de
reconocido valor técnico, denominado “esfuerzos exitosos”19, para registrar los
gastos cuestionados, sin tener conciencia de estar infringiendo el ordenamiento
jurídico.

38. Así, los cuestionamientos formulados por la entidad accionante en todos los
defectos se dirigen, en esencia, contra la valoración jurídica y probatoria efectuada
por el juez natural del proceso respecto del tratamiento tributario de las erogaciones
discutidas y de la configuración de la causal exculpatoria de la sanción por
inexactitud, asuntos que fueron objeto de debate y decisión dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

39. En este asunto, esa carga reforzada no se encuentra satisfecha. Si bien la DIAN
formuló sus desacuerdos mediante las categorías de decisión sin motivación,
defecto sustantivo, defecto fáctico y desconocimiento del precedente, la estructura
material de sus reproches muestra que cuestiona la suficiencia de las razones
empleadas por la Sección Cuarta para encontrar acreditada la causal exculpatoria,
la valoración otorgada a determinados elementos probatorios y el alcance atribuido
a la jurisprudencia tributaria sobre el error en la apreciación del derecho aplicable.

40. En consecuencia, se advierte que la pretensión de la DIAN busca reabrir, por
vía de tutela, una controversia de naturaleza eminentemente legal y probatoria que
ya fue resuelta por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin que se
plantee un asunto que trascienda el ámbito propio de la legalidad de la actuación
tributaria y que revista, por sí mismo, relevancia constitucional. Por tanto, los
reparos formulados no satisfacen el requisito de relevancia constitucional exigido
para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

41. En este contexto, para esta Subsección es claro que la tutela ejercida por la
parte accionante busca prolongar el debate ante el juez natural, como si se tratara
de un recurso ordinario, situación que claramente escapa de la competencia del
juez de tutela, ya que no hay argumento que identifique la cuestión debatida como

17
Folio 9 ibid.
18
Folio 8 ibid.
19
Ibid.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06377-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela

un asunto de genuina relevancia constitucional. Además, es necesario resaltar que
la presente tutela debate un aspecto económico relacionado con la imposición de
una sanción tributaria, asunto que no evidencia que la demanda entrañe un tema
que recaiga sobre el goce de los derechos fundamentales.

42. En conclusión, la Subsección considera que la intención de la parte demandante
es someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera válida y
razonable por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia de la acción
de tutela debido al incumplimiento del requisito mencionado anteriormente. Por ello,
se declarará improcedente la petición de amparo interpuesta por la DIAN contra la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), por conducto de apoderado, contra la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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