RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-06381-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06381-00

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06381-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Julia Josefa Daza Romero, por conducto de apoderada, contra el Tribunal Administrativo de la Guajira, el Juzgado Primero (1°) Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Riohacha y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06381-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06381-00
Accionante: JULIA JOSEFA DAZA ROMERO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: INMEDIATEZ: No se cumple porque la demanda de tutela se presentó después de
cumplido el término considerado como razonable para cuestionar la providencia judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala se pronunciará en relación con la acción de tutela1 instaurada por la señora
Julia Josefa Daza Romero, por conducto de apoderada, de conformidad con lo
consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 12 de agosto de 2026, la accionante presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de la Guajira, el Juzgado Primero (1°) Administrativo Mixto
del Circuito Judicial de Riohacha y la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna, al acceso efectivo a
la administración de justicia, a la tutela efectiva y del principio constitucional de
favorabilidad laboral.

Hechos relevantes

2. A partir de lo indicado en el escrito de tutela y de los documentos obrantes en el
expediente, se extrae lo siguiente.

3. La señora Julia Josefa Daza Romero estuvo vinculada desde el 1° de noviembre
de 1979 hasta el 19 de marzo de 2000 en el Hospital Nuestra Señora de los
Remedios, cuando fue retirada del servicio por la supresión del cargo. La última
asignación que recibió estaba compuesta por los factores: salario mensual, prima
de antigüedad, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, prima de servicios,
prima vacacional, bonificación por servicios prestados, prima de navidad, horas

1
Que ingresó al despacho para fallo el 26 de agosto de 2026.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06381-00
Accionante: Julia Josefa Daza Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de la Guajira y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

extras, jornada nocturna. El 26 de mayo de 2008, la accionante cumplió con los
requisitos para acceder a su pensión de vejez.

4. El 23 de julio de 2008, la demandante solicitó a la Caja Nacional de Previsión
Social (CAJANAL E.I.C.E.), hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), el
reconocimiento y pago de su pensión de vejez. A través de la Resolución núm.
24094 de 2010, la entidad reconoció la pensión de vejez a partir de los 55 años con
una tasa de reemplazo del 75% de su ingreso base de liquidación (IBL) promedio
de los últimos 10 años de servicio, de conformidad con la Ley 100 de 1993.

5. La accionante solicitó a la entidad que reliquidara su pensión de vejez, con la
inclusión de los factores percibidos durante el último año de servicio. Frente a ello,
la UGPP negó la petición mediante la Resolución núm. RDP 012473 de 20152. La
demandante presentó recursos de reposición y, en subsidio, apelación, los cuales
fueron resueltos mediante las resoluciones núm. RDP 023079 y RDP 0029412 de
2015.

6. Ante lo anterior, la tutelante interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra las resoluciones núm. RDP 012473, RDP 023079 y RDP 0029412
de 2015 proferidas por la UGPP.

7. El trámite correspondió al Juzgado Primero (1°) Administrativo Mixto del Circuito
Judicial de Riohacha (radicado núm. 44001-33-40-001-2016-00082-00). Mediante
sentencia del 30 de agosto de 2019, dicha autoridad judicial negó las pretensiones
de la demanda. El juzgado observó que, mediante Sentencia de unificación del 28
de agosto de 2018 (expediente núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01), el Consejo
de Estado acogió el criterio interpretativo del régimen de transición de la Corte
Constitucional. Además, indicó que la misma providencia del Consejo de Estado
estableció su aplicación obligatoria para todos los casos en discusión en vía
administrativa o judicial. También observó que la demandante estaba cobijada por
el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993. Manifestó que la UGPP
aplicó en debida forma dicho régimen, pues tuvo en cuenta la edad y el tiempo de
servicios establecida en la Ley 33 de 1985, mientras que aplicó una tasa de
reemplazo del 75% sobre el IBL, en atención a los factores salariales enlistados en
el Decreto 1158 de 1994. Además, señaló que la entidad calculó el IBL de acuerdo
con lo previsto por los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, lo cual se adecuó a
las reglas jurisprudenciales previstas para el régimen de transición.

8. Inconforme con la decisión, la demandante presentó recurso de apelación, el cual
correspondió al Tribunal Administrativo de la Guajira. En su escrito, señaló que el a
quo no tuvo en cuenta el acervo probatorio, especialmente, el certificado laboral del
Hospital Nuestra Señora de los Remedios. En este, afirmó que se evidenciaba el
pago periódico de valores correspondientes a factores salariales. También
argumentó que su derecho se consolidó antes de la expedición de la providencia
SU-230 de 2015, por lo que se debía aplicar la sentencia del Consejo de Estado del

2
La Sala advierte que la actora indicó que el año del acto fue el 2016, pero en las decisiones
cuestionadas se indicó que dicho acto fue dictado en el 2015.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06381-00
Accionante: Julia Josefa Daza Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de la Guajira y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

4 de agosto de 2010, en consideración al derecho a la igualdad y de que se
resuelvan los casos de manera uniforme.

9. Mediante sentencia del 21 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de
la Guajira confirmó la sentencia proferida por el a quo. Como fundamento de su
decisión, el Tribunal Administrativo de la Guajira realizó una revisión jurisprudencial
y afirmó que, mediante la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 (25000-
23-25-000-2006-07509-01), el Consejo de Estado había adoptado un criterio que
consideraba la inescindibilidad de la normativa aplicable a las personas cobijadas
por el régimen de transición. En ese orden de ideas, la edad, el tiempo de servicio,
la tasa de reemplazo y el IBL debían ser calculados de acuerdo con la Ley 33 de
1985. Sin embargo, el Consejo de Estado cambió el criterio jurisprudencial en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 (52001-23-33 000-2012-00143-
01), en el cual acogió la postura de la Corte Constitucional y estableció las
siguientes subreglas: (i) son aplicables las reglas previstas en normas anteriores
respecto de la edad para consolidar el derecho, el tiempo de servicios y el monto de
la pensión; (ii) el IBL se calcula de acuerdo con lo previsto en el artículo 36, inciso
3° de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 21 de esa norma; (iii) los
factores salariales que se deben incluir en el IBL para los servidores públicos
beneficiarios de la transición son aquellos sobre los que se hayan realizado aportes
al Sistema de Pensiones, aplicando las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y el
Decreto 1158 de 1994.

10. Realizado lo anterior, señaló que, a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993,
a la demandante le faltaban 14 años para adquirir el derecho a la pensión, por lo
que el IBL debía calcularse con atención al promedio de salarios o rentas sobre los
últimos 10 años. También concluyó que la UGPP incluyó los factores salariales del
IBL de manera ajustada al ordenamiento normativo y al criterio jurisprudencial.
Además, valoró el certificado laboral y determinó que no era posible acreditar que
se hubiera cotizado al sistema pensional sobre valores diferentes a la asignación
básica mensual, horas extras y prima de antigüedad. La autoridad judicial también
señaló que la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de
2018 estableció su carácter vinculante frente a todos los casos pendientes de
solución administrativa y judicial. Por lo anterior, el Tribunal argumentó que la
accionante tenía pendiente la resolución judicial de la reliquidación de su pensión,
por lo que no tenía un derecho consolidado respecto a la reliquidación de esta y
debía aplicarse la sentencia relacionada y no la sentencia de unificación del 4 de
agosto de 2010 del Consejo de Estado, como planteó la accionante.

Pretensiones

11. En el presente proceso de tutela, la demandante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):

“1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
seguridad social, mínimo vital, vida digna y acceso efectivo a la
administración de justicia.
2. Dejar sin efectos la providencia judicial cuestionada, si se concluye que
incurrió en un defecto constitucional conforme a la jurisprudencia sobre
tutela contra providencias judiciales.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06381-00
Accionante: Julia Josefa Daza Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de la Guajira y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

3. Ordenar que se profiera una nueva decisión respetando el precedente
constitucional, el derecho a la igualdad y el debido proceso.
4. Ordenar a la UGPP realizar un nuevo estudio integral del reconocimiento
pensional conforme a la Constitución y a la jurisprudencia aplicable.
5. Como medida de protección transitoria, ordenar las actuaciones
necesarias para evitar la afectación del mínimo vital mientras se adopta la
decisión correspondiente.
6. Disponer las demás medidas que el despacho considere necesarias para
garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales”3.

Fundamentos de la demanda de tutela

12. La parte accionante argumentó que la demanda superaba los requisitos
generales de tutela contra providencia judicial. Igualmente, sostuvo que las
decisiones de las autoridades judiciales incurrieron en defecto sustantivo por los
siguientes motivos. En primer lugar, señaló que no tuvieron en cuenta el acervo
probatorio4, pues el certificado expedido por el Hospital Nuestra Señora de los
Remedios reconoció diferentes valores pagados de manera reiterativa y periódica a
la accionante (salario mensual, prima de antigüedad, auxilio de alimentación, auxilio
de transporte, prima de servicios, prima vacacional, bonificación por servicios
prestados, prima de navidad, horas extras, jornada nocturna), sobre los cuales se
realizaron los descuentos por concepto de aportes pensionales. De acuerdo con la
demandante, en su caso particular, la interpretación correcta del régimen de
transición establecido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se debe establecer
de conformidad con el momento de consolidación de su derecho pensional. En
efecto, señaló que este se consolidó antes de la expedición de la Sentencia SU-230
de 2015 de la Corte Constitucional, que estableció que el IBL de las personas
cobijadas por el régimen de transición se debe calcular de conformidad con el inciso
3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por lo anterior, argumentó que debía
aplicarse la tesis jurisprudencial de la sentencia del 4 de agosto de 2010 del Consejo
de Estado, la cual estableció que el régimen de transición involucraba la tasa de
reemplazo y el cálculo del IBL del régimen anterior, además de la edad y el tiempo
de servicio5. Además, indicó que este último precedente es aplicable en virtud del
principio de favorabilidad en materia laboral.

13. La demandante sostuvo que las decisiones demandadas incurrieron en
desconocimiento del precedente, pues no aplicaron varias decisiones del
Consejo de Estado. Igualmente, señaló que la sentencia objeto de tutela presenta
una motivación insuficiente frente a los argumentos expuestos por la parte
demandante.

Trámite procesal

14. Por medio de auto del 13 de agosto de 2026, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de la
Guajira, al Juzgado Primero (1°) Administrativo Mixto del Circuito Judicial de

3
Ver archivo “001_1_DemandaWeb_Demanda_ACCIONDETUTELAPROVID”, págs. 14-15.
4
La Sala advierte que la accionante relacionó este alegato dentro del defecto sustantivo, aunque se
trata de un defecto fáctico.
5
La Sala advierte que la accionante relacionó este alegato dentro del defecto sustantivo, aunque se
trata de desconocimiento del precedente.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06381-00
Accionante: Julia Josefa Daza Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de la Guajira y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Riohacha y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Igualmente, dispuso la
vinculación del Ministerio Público y de los demás intervinientes dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 44001-33-40
001-2016-00082-00/01. También dispuso negar la medida provisional solicitada por
la parte actora.

Intervenciones

15. El Juzgado Primero (1°) Administrativo Mixto del Circuito Judicial de
Riohacha solicitó que se declarara que las providencias observaron el debido
proceso y el precedente judicial aplicable y que no se configuraron los defectos
alegados. Así mismo, pidió negar “por improcedente y/o infundada la acción de
tutela”6. Frente a los aspectos de fondo, señaló que no se configuró un defecto
fáctico, pues el Tribunal Administrativo de la Guajira valoró las pruebas obrantes;
un defecto sustantivo, pues las sentencias aplicaron el precedente vinculante que
establece la interpretación del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993; un desconocimiento del precedente, y tampoco se presentó defecto de
motivación. Respecto a los requisitos formales, afirmó que la tutela pretende
convertirse en una tercera instancia. Además, remitió el expediente del proceso
ordinario.

16. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) solicitó que se declare la
improcedencia de la tutela y como “consecuencia de lo anterior se NIEGUE el
amparo”7. Frente a lo formal, indicó que no se cumplen los requisitos de inmediatez
ni subsidiariedad. Además, señaló que la parte actora buscó que se revise la
decisión ejecutoriada del juez natural, por lo que pretende que la acción sea una
instancia adicional. También señaló que la tutela no es la vía adecuada para
reclamar prestaciones económicas negadas en sede judicial. Respecto de los
aspectos de fondo, señaló que las decisiones de las autoridades judiciales fueron
acertadas y no vulneraron derechos fundamentales.

17. El despacho de la magistrada Paula Andrea Duarte García del Tribunal
Administrativo de la Guajira solicitó declarar improcedente o, en su defecto, negar
el amparo. Respecto a lo formal, sostuvo que la demanda no superaba los requisitos
de subsidiariedad, ni inmediatez. Frente a los aspectos de fondo, indicó que no se
configuró el defecto sustantivo, el desconocimiento del precedente y la falta de
motivación.

18. Pese a haber sido notificadas en debida forma8, las demás partes guardaron
silencio.

6
Ver archivo “14_RECIBEPRUEBAS_Memorial_informedetutela20260_4_20260819170248675”
pág. 5
7
Ver archivo “15_MemorialWeb_Respuesta-RESPUESTAAVOCOTUTE”, pág. 19.
8
Véase índice 8 de Samai.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06381-00
Accionante: Julia Josefa Daza Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de la Guajira y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

19. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

20. De conformidad con lo expuesto, la Sala de la Subsección entiende que el
problema jurídico se circunscribe a responder si la presente acción de tutela cumple
con los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales. En ese sentido,
la Subsección estudiará si satisface el requisito general de inmediatez, pese al
tiempo transcurrido entre la notificación de la sentencia de segunda instancia y la
presentación de la solicitud de amparo, o existen circunstancias excepcionales que
justifiquen razonablemente dicha tardanza.

21. La Sala advierte que, en el apartado “XVII. DEFECTOS EN QUE INCURRE LA
PROVIDENCIA JUDICIAL”9, la parte accionante no relacionó de manera explícita
un defecto fáctico. No obstante, como parte de la exposición del defecto sustantivo,
afirmó que la autoridad no valoró el certificado expedido por el Hospital Nuestra
Señora de los Remedios, lo cual se puede encauzar como un defecto fáctico10. De
igual modo, la demandante refirió un desconocimiento del precedente sin señalar
de manera clara cuál fue la decisión o decisiones desconocidas. No obstante, en su
exposición del defecto sustantivo, varios de los argumentos se relacionan con la no
aplicación de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 del Consejo de
Estado y de las sentencias en que fue reiterada aquella providencia.

22. La Subsección se centrará en la sentencia del 21 de septiembre de 2022 del
Tribunal Administrativo de la Guajira, pues fue la decisión de segunda instancia en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

23. De superar el análisis de las causales generales de procedencia, la Sala
establecerá si las autoridades judiciales accionadas, mediante las providencias del
30 de agosto de 2019 y el 21 de septiembre de 2022, incurrieron en: (i) un defecto
fáctico, por la no valoración del certificado laboral expedido por el Hospital Nuestra
Señora de los Remedios; (ii) desconocimiento del precedente, por la no aplicación
de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado,
consejero ponente Víctor Alvarado Ardila y, en su lugar, la aplicación de la sentencia
SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional; (iii) defecto sustantivo, por interpretar el
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 sin atender a
la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado; (iv)
decisión sin motivación frente a los argumentos expuestos por la parte demandante.

9
Ver archivo “001_1_DemandaWeb_Demanda_ACCIONDETUTELAPROVID”, págs. 7-14.
10
Corte Constitucional T-082 de 2023.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06381-00
Accionante: Julia Josefa Daza Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de la Guajira y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

24. Para contestar los anteriores interrogantes, se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y (ii) el caso
concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

25. Conforme con el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de
200511, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el
actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que
concurren siete causales genéricas de procedencia y al menos una específica.

26. De manera frecuente, la Corte ha indicado que, en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar12: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela13, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional14 o el Consejo de Estado15,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)16; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable17 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que, cuando
se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo en la decisión
judicial cuestionada, es decir, que, si tal error no hubiere ocurrido, el alcance de la
decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Caso concreto

27. Realizada la anterior exposición, la Sala abordará el caso concreto, en el cual
estudiará el requisito de inmediatez.

11
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
12
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
13
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
14
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
15
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
16
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
17
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06381-00
Accionante: Julia Josefa Daza Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de la Guajira y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Sobre el requisito de inmediatez

28. En relación con el requisito de inmediatez, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que, aunque la acción de tutela no está sometida a un término de
caducidad, su ejercicio debe producirse dentro de un plazo razonable y
proporcionado contado desde el hecho que originó la presunta vulneración de los
derechos fundamentales18. Esta exigencia adquiere especial intensidad cuando el
amparo se dirige contra una providencia judicial, pues responde a la necesidad de
armonizar la protección efectiva de los derechos fundamentales con los principios
de seguridad jurídica y cosa juzgada, de modo que las decisiones judiciales no
permanezcan indefinidamente expuestas al control constitucional. Por ello,
corresponde valorar el tiempo transcurrido entre la providencia cuestionada y la
interposición de la tutela, así como establecer si existen circunstancias particulares
que justifiquen objetivamente la tardanza. La sola circunstancia de que la
controversia ordinaria verse sobre un derecho pensional no releva al accionante de
satisfacer esta carga cuando la vulneración alegada se atribuye específicamente a
una decisión judicial ejecutoriada.

29. En el presente asunto, este requisito no se encuentra satisfecho. La providencia
de segunda instancia cuestionada fue proferida por el Tribunal Administrativo de La
Guajira el 21 de septiembre de 2022 y notificada electrónicamente el 29 de
septiembre siguiente. No obstante, la señora Julia Josefa Daza Romero solo
promovió la presente acción de tutela el 12 de agosto de 2026, esto es,
aproximadamente tres años y diez meses después de la notificación de la sentencia
cuestionada. En la demanda no se advierte una circunstancia excepcional que
explique razonablemente ese prolongado periodo de inactividad ni una imposibilidad
objetiva para acudir oportunamente al juez constitucional. En consecuencia, la
acción no satisface el requisito general de inmediatez y, por esa razón, resulta
improcedente. Incluso si se tomara como referente temporal el auto del 9 de marzo
de 2023, mediante el cual el juzgado de origen obedeció lo resuelto por el superior
y ordenó el archivo del expediente, habrían transcurrido más de tres años y cinco
meses hasta la presentación del amparo.

30. En consecuencia, atendido el tiempo transcurrido y la ausencia de
circunstancias particulares que justifiquen razonablemente la tardanza, la acción no
satisface el requisito general de inmediatez y resulta improcedente, por lo que no
es necesario examinar los demás requisitos generales ni los defectos específicos
alegados.

31. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

18
Corte Constitucional, Sentencia T-146 de 2025 y SU-288 de 2022.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06381-00
Accionante: Julia Josefa Daza Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de la Guajira y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

III. R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Julia Josefa Daza Romero, por conducto de apoderada, contra el Tribunal
Administrativo de la Guajira, el Juzgado Primero (1°) Administrativo Mixto del
Circuito Judicial de Riohacha y la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

9

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.