República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06383-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
7 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06383-00 (10109)
Accionante: Rosa María Castillo Cantillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Tema: acción de tutela contra providencias judiciales. Subtema 1: legitimación en
la causa por activa. Subtema 2: requisito de subsidiariedad.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la acción de tutela interpuesta por Rosa María Castillo Cantillo en contra del Tribunal
Administrativo del Atlántico, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la educación superior y a la moralidad
administrativa.
1. Síntesis del caso
La señora Rosa María Castillo Cantillo interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la educación superior en su modalidad de aceptabilidad y a la
moralidad administrativa, con ocasión de la expedición del auto del 27 de julio de
2026 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado No. 08001-33-33-004-2026-00105-01, promovido por el señor Leyton
Daniel Barrios Torres contra las resoluciones 022126 y 023896 de 2025, expedidas
por el Ministerio de Educación Nacional.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06383-00 (10109)
Accionante: Rosa María Castillo Cantillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. Rosa María Castillo Cantillo es estudiante de la Universidad del Atlántico y
ejerce como representante estudiantil ante el Consejo de Bienestar Universitario. El
Estatuto General de esa institución establece que, para ejercer como rector, se
requiere, entre otras condiciones, haber desarrollado durante al menos cuatro años
actividades investigativas, de docencia universitaria o administrativas en cargos de
nivel directivo en instituciones de educación superior.
3. Mediante el Acuerdo Superior 000032 del 27 de octubre de 2025, el Consejo
Superior de la Universidad del Atlántico designó a Leyton Daniel Barrios Torres
como rector para el período 2025-2029. Contra ese acto se promovieron varias
demandas de nulidad electoral ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, en las
que se cuestionó, entre otros aspectos, que Barrios Torres cumpliera la experiencia
exigida por el Estatuto General.
4. En el curso de los procesos de nulidad electoral se decretaron pruebas dirigidas
a verificar la experiencia que Barrios Torres había acreditado para aspirar a la
rectoría. Con ese propósito, el Tribunal requirió a la Corporación Universitaria
Empresarial de Salamanca para que informara si aquel había ejercido actividades
docentes en esa institución y remitiera los soportes correspondientes. La entidad
respondió que no existía ni había existido vínculo jurídico, contractual, laboral,
académico, docente o ad honorem2 con el rector.
5. También se requirió a la Corporación Universitaria Americana para que
precisara la naturaleza de la relación que había mantenido con Barrios Torres y las
actividades desarrolladas por este. La institución informó que había celebrado con
él contratos de prestación de servicios profesionales ad honorem para desarrollar
actividades de extensión y proyección social, y aclaró que esas funciones no
implicaron la asignación de horas directas en aula. Estas respuestas fueron
incorporadas al debate probatorio sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos
para su designación como rector.
6. Durante el mismo período se presentaron cuestionamientos al proceso de
elección rectoral y alteraciones en el funcionamiento de la Universidad. En ese
contexto, el Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución 022126 del 14
de noviembre de 2025, mediante la cual ordenó medidas preventivas y de vigilancia
especial. Posteriormente, mediante la Resolución 023896 del 11 de diciembre
1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06383-00 (10109), índice 2, certificado CEADC463C2210AD0
07507E2173C4438A BABEB6B284FF6676 B080518AAFF62BE4.
2 En español significa por la honra, el prestigio o la satisfacción personal que la tarea brinda.
2
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Accionante: Rosa María Castillo Cantillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
siguiente, dispuso reemplazar temporalmente a Barrios Torres como rector y
representante legal de la institución.
7. Mientras permanecía vigente ese reemplazo, dentro de los procesos de nulidad
electoral se solicitó la suspensión provisional del Acuerdo Superior 000032 de 2025.
La medida fue negada al considerarse que la separación temporal de Barrios Torres
dispuesta por el Ministerio impedía que, en ese momento, el acto de designación
produjera los efectos que se pretendían suspender. De esa manera, el acto de
elección continuó siendo objeto del proceso electoral, aunque Barrios Torres
permanecía separado temporalmente de la rectoría.
8. A su vez, Barrios Torres promovió ante el Juzgado Cuarto Administrativo Oral
de Barranquilla un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
las decisiones adoptadas por el Ministerio, entre ellas las Resoluciones 022126 y
023896 de 2025. En ese proceso solicitó la suspensión provisional de tales actos.
Mediante auto del 27 de mayo de 2026, el juzgado negó la medida cautelar,
determinación contra la cual el demandante interpuso recurso de apelación.
9. El 27 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo del Atlántico resolvió la
apelación, revocó la providencia del Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla
y suspendió provisionalmente las Resoluciones 022126 y 023896 de 2025, así como
los actos fictos derivados del silencio administrativo frente a los recursos
presentados contra ellas. Con esa determinación quedaron suspendidos, entre
otros, los efectos del acto mediante el cual el Ministerio había dispuesto el
reemplazo temporal de Barrios Torres.
10. La decisión del Tribunal se adoptó mientras continuaban en trámite las
demandas de nulidad electoral contra el acto que había designado a Barrios Torres
como rector y en las que se discutía el cumplimiento de los requisitos para acceder
al cargo.
11. En ese contexto, Rosa María Castillo Cantillo, por conducto de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico con
ocasión del auto del 27 de julio de 2026.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
12. La accionante sostuvo que se encuentra legitimada para promover el amparo
en su condición de estudiante y representante estudiantil ante el Consejo de
Bienestar Universitario, pues considera que la providencia cuestionada incide
directamente en su derecho a la educación superior. Además, sostiene que la
jurisprudencia constitucional ha fijado la subregla pacífica según la cual la acción de
tutela procede a instancias de terceros afectados cuando una providencia judicial
lesiona o amenaza sus derechos fundamentales de forma directa.
13. En cuanto a los requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, afirmó que el asunto tiene relevancia constitucional (pues,
para el caso, se discute la tensión entre la autonomía universitaria y la moralidad
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Accionante: Rosa María Castillo Cantillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
pública), que la solicitud fue presentada oportunamente y que se satisface la
subsidiariedad, porque contra el auto del 27 de julio de 2026, que resolvió en
segunda instancia sobre la petición de medida cautelar, no procede otro recurso
judicial.
14. En relación con las causales específicas de procedencia, alegó, en primer lugar,
la configuración de un error inducido. Afirmó que Leyton Daniel Barrios Torres,
demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, incumplió los
deberes de lealtad y buena fe procesal al omitir información relacionada con los
procesos de nulidad electoral y con los cuestionamientos formulados respecto de
los documentos empleados para acreditar los requisitos de su designación como
rector. Según la accionante, esa omisión impidió que el Tribunal contara con todos
los elementos necesarios para valorar adecuadamente la apariencia de buen
derecho exigida para decretar la medida cautelar.
15. También atribuyó a la providencia un defecto fáctico en su dimensión negativa,
porque, a su juicio, el Tribunal dejó de valorar elementos probatorios relacionados
con la experiencia acreditada por Barrios Torres para acceder a la rectoría. Señaló
que esa información resultaba determinante para establecer si existía la apariencia
de buen derecho que justificaba suspender las decisiones adoptadas por el
Ministerio de Educación Nacional y, por tanto, que su falta de consideración incidió
en el sentido de la decisión cuestionada.
16. Finalmente, invocó un defecto sustantivo y la violación directa de la
Constitución. Sostuvo que el Tribunal otorgó un alcance excesivo a la autonomía
universitaria y desconoció que esta se encuentra limitada por las facultades
estatales de inspección y vigilancia sobre la educación superior, particularmente las
previstas en la Ley 1740 de 2014. En ese sentido, invocó la sentencia C-491 de
2016 y afirmó que la decisión cuestionada desconoció los principios de legalidad y
moralidad administrativa, así como las garantías asociadas a la adecuada
prestación del servicio público de educación superior.
17. Con fundamento en esos argumentos, la accionante formuló las siguientes
pretensiones:
PRIMERA. TUTELAR íntegramente los derechos fundamentales de mi poderdante y
sus representados al Debido Proceso, a la Educación Superior en su componente de
aceptabilidad, y a la Moralidad Administrativa.
SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS el Auto proferido el 27 de julio de 2026
por el Despacho 003 del Tribunal Administrativo del Atlántico (Rad. 08-001-33-33-004-
2026-00105-01-W).
TERCERA. ORDENAR a la autoridad accionada proferir una nueva providencia de
reemplazo que resuelva la apelación de la medida cautelar, valorando integralmente el
acervo probatorio sobre la falsa motivación y el incumplimiento concurrente del
artículo 17 del Acuerdo Superior 004 de 2007, y sancionando la temeridad y violación
al deber de lealtad procesal en que incurrió el accionante al ocultar los procesos de
nulidad electoral vigentes.
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Accionante: Rosa María Castillo Cantillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
CUARTA. COMPULSAR COPIAS penales y disciplinarias a la Fiscalía General de la
Nación y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contra el señor Leyton Barrios y
su apoderado judicial, por el presunto uso de documento falso y fraude a resolución
judicial.
2.3. Trámite procesal
18. Mediante auto del 14 de agosto de 20263, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de tutela presentada por Rosa
María Castillo Cantillo contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y vinculó al
Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla, al Ministerio de Educación Nacional
y a la Universidad del Atlántico. Además, negó la medida provisional solicitada, al
considerar que no se acreditó siquiera sumariamente la existencia de un perjuicio
irremediable que justificara suspender de inmediato los efectos del auto del 27 de
julio de 2026, y requirió a las autoridades judiciales para que remitieran el
expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.4. Intervenciones
2.4.1. Contestación de la tutela por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Barranquilla
19. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla, mediante memorial
radicado el 19 de agosto de 20264, informó que admitió el medio de control
promovido por Leyton Daniel Barrios Torres el 24 de abril de 2026 y que, mediante
auto del 27 de mayo siguiente, declaró su falta de competencia respecto de la
Resolución 024488 de 2025, pero continuó el trámite frente a las Resoluciones
022126 y 023896 y negó su suspensión provisional. Añadió que el recurso de
apelación contra esa decisión fue concedido el 25 de junio de 2026 y que, para la
fecha de su intervención en la tutela, el Tribunal Administrativo del Atlántico aún no
había devuelto el expediente. Finalmente, sostuvo que sus actuaciones no
vulneraron derechos fundamentales.
2.4.2. Intervención del Tribunal Administrativo del Atlántico
20. El Tribunal Administrativo del Atlántico solicitó, a través de memorial allegado el
19 de agosto de 20265, que la acción de tutela se declarara improcedente o,
subsidiariamente, se negara. Como punto de partida, explicó que la accionante
mezcló dos controversias judiciales distintas: de una parte, los procesos de nulidad
electoral promovidos contra el Acuerdo Superior 000032 de 2025, mediante el cual
se designó a Leyton Daniel Barrios Torres como rector; y, de otra, el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por este contra las
3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06383-00 (10109), índice 4, certificado 216397A6D80679EA
198BA7A0F41CE8AE 0FC9E1C771F42CFA 06D20C4E6614B019.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06383-00 (10109), índice 11, certificado 742370910D906CC2
4326CD8A069DE6A3 C8811B29F82E75B8 8A71533A5C69C611.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06383-00 (10109), índice 14, certificado 3A4F7DBDDC5BF14C
00EFCF03540005BC 0C805EF414EF0559 C5716DBCDE3342F1.
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Accionante: Rosa María Castillo Cantillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
resoluciones expedidas por el Ministerio de Educación Nacional en ejercicio de sus
facultades de inspección y vigilancia. Manifestó que ambos asuntos tienen objetos,
procedimientos y jueces naturales diferentes, por lo que la Sala que profirió el auto
cuestionado no podía pronunciarse sobre las causales de nulidad del acto electoral
ni sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la elección del rector.
21. Señaló que su competencia en segunda instancia estaba limitada a resolver la
apelación contra la negativa de la medida cautelar solicitada dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. En ese marco, el auto del 27 de julio de 2026
examinó únicamente la legalidad provisional de las Resoluciones 022126 y 023896
de 2025, relativas, respectivamente, a la vigilancia especial dispuesta por el
Ministerio y al reemplazo temporal del rector. Precisó que no correspondía a esa
Sala anticipar el juicio sobre la legalidad de la designación de Barrios Torres, pues
ese asunto ya estaba sometido al conocimiento de otra Sala del Tribunal dentro de
los procesos electorales acumulados.
22. Frente al supuesto error inducido, el Tribunal negó que hubiera decidido bajo
engaño o desconocimiento de la existencia de los procesos electorales. Explicó que
la controversia sobre la designación rectoral hacía parte del contexto institucional
que rodeaba las medidas adoptadas por el Ministerio y que la providencia
cuestionada no resolvió si Barrios Torres cumplía o no los requisitos para ser rector.
Afirmó que la decisión cautelar se sustentó, en cambio, en la confrontación de las
Resoluciones 022126 y 023896 con los artículos 11 y 13 de la Ley 1740 de 2014 y
con la Sentencia C-491 de 2016, por lo que la información supuestamente omitida
no fue determinante para el sentido de la providencia.
23. En cuanto al defecto fáctico, adujo que las pruebas relacionadas con la
Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca y la Corporación Universitaria
Americana pertenecían al debate probatorio del proceso de nulidad electoral y
estaban encaminadas a determinar si Barrios Torres cumplía las condiciones
exigidas para su designación. A juicio del Tribunal, esos elementos no eran
decisivos para establecer, dentro de otro proceso, si el Ministerio había cumplido
los presupuestos legales para someter a la Universidad a vigilancia especial y
reemplazar temporalmente al rector. Añadió que el auto del 27 de julio de 2026
tampoco tuvo por demostrada la experiencia de Barrios Torres ni fundó la medida
cautelar en la validez de las certificaciones aportadas por él.
24. Respecto del defecto sustantivo, manifestó que la providencia no desconoció
las competencias constitucionales y legales de inspección y vigilancia del Ministerio
de Educación Nacional ni sostuvo que la autonomía universitaria fuera absoluta.
Indicó que la Sala reconoció expresamente las facultades previstas en la Ley 1740
de 2014, pero consideró que su ejercicio estaba sometido a las causales,
procedimientos y exigencias de motivación establecidos por el legislador. En
particular, explicó que el análisis cautelar se concentró en determinar si los hechos
invocados para la vigilancia especial correspondían a la causal utilizada por el
Ministerio y si existía soporte suficiente para atribuir al rector incumplimiento u
obstrucción de las medidas de vigilancia.
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Accionante: Rosa María Castillo Cantillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
25. Finalmente, el Tribunal planteó el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad. Informó que el auto del 27 de julio de 2026 aún no se encontraba
ejecutoriado, pues estaban pendientes de resolución solicitudes de aclaración y
adición formuladas por el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad del
Atlántico. Con fundamento en el artículo 302 del CGP, destacó que mientras esas
solicitudes no fueran resueltas la decisión principal no adquiría firmeza y, por tanto,
no se habían agotado los mecanismos disponibles dentro del proceso ordinario. Con
base en esas razones, pidió declarar improcedente la tutela o, en su defecto, negar
el amparo por no configurarse ninguna causal específica de procedencia contra
providencias judiciales.
2.4.3. Intervención de la Universidad del Atlántico
26. La Universidad del Atlántico, por medio de memorial radicado el 24 de agosto
de 20266, solicitó declarar improcedente la acción y, subsidiariamente, negar el
amparo. Cuestionó la legitimación en la causa por activa de Rosa María Castillo
Cantillo, pues, aunque reconoció su condición de estudiante y representante ante el
Consejo de Bienestar Universitario, sostuvo que esa calidad no le confiere la
representación judicial de la comunidad estudiantil. Añadió que no acreditó una
afectación concreta de su derecho a la educación ni una alteración efectiva en la
prestación del servicio educativo.
27. También afirmó que la tutela mezcló dos controversias distintas: los procesos
de nulidad electoral contra el acto de designación de Barrios Torres y el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho contra las medidas adoptadas por el
Ministerio de Educación Nacional. Con base en ello, negó la configuración del error
inducido y del defecto fáctico, al considerar que el Tribunal conocía la existencia de
la controversia electoral y que las pruebas sobre la experiencia de Barrios Torres
pertenecían a ese proceso, sin ser determinantes para resolver la legalidad
provisional de las Resoluciones 022126 y 023896 de 2025.
28. Finalmente, refirió que tampoco se configuró defecto sustantivo ni violación
directa de la Constitución, porque el Tribunal reconoció las facultades de inspección
y vigilancia del Ministerio y aplicó la Ley 1740 de 2014 y la Sentencia C-491 de
2016. Además, alegó falta de subsidiariedad, dado que el auto del 27 de julio de
2026 aún no estaba ejecutoriado y se encontraban pendientes solicitudes de control
de legalidad, aclaración y adición. Por esas razones, pidió declarar improcedente la
tutela o, en subsidio, negar el amparo.
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06383-00 (10109), índice 16, certificado B17ADB48721BAFA3
B21C80791950D0FC 5978271EA1092AA4 28E0C39AFF3B3558.
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Accionante: Rosa María Castillo Cantillo
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2.4.4. Intervención de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación
Nacional
29. Mediante oficio allegado el 25 de agosto de 20267, el Ministerio de Educación
Nacional solicitó declarar improcedente la acción de tutela. Señaló, para el efecto,
que este mecanismo tiene carácter subsidiario y excepcional, especialmente
cuando se dirige contra providencias judiciales, y que la accionante debía acreditar
el agotamiento de los medios ordinarios y extraordinarios de defensa, así como la
existencia de una afectación concreta de derechos fundamentales. Añadió que no
se demostró un perjuicio irremediable que justificara la intervención del juez
constitucional.
30. También alegó falta de relevancia constitucional. A su juicio, la controversia
planteada no demostraba una afectación directa y grave de derechos
fundamentales, sino que pretendía reabrir discusiones propias del proceso judicial
ordinario y convertir la tutela en una instancia adicional. Recordó que la autonomía
e independencia judicial impiden que el juez constitucional sustituya al juez natural,
salvo cuando se acredite de manera ostensible alguna de las causales específicas
de procedencia contra providencias judiciales.
31. Finalmente, expuso de manera general los requisitos establecidos por la
jurisprudencia para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales y
argumentó que, en el caso concreto, no se acreditó ninguno de los defectos
alegados ni una vulneración de los derechos fundamentales de la accionante. Con
fundamento en ello, pidió que la acción fuera declarada improcedente.
2.4.5. Intervenciones adicionales del apoderado de la solicitante
32. Mediante memorial del 25 de agosto de 20268, el apoderado de la accionante
se pronunció, en primer lugar, sobre las respuestas del Tribunal Administrativo del
Atlántico, la Universidad del Atlántico y el Juzgado Cuarto Administrativo de
Barranquilla. Reiteró que Rosa María Castillo Cantillo estaba legitimada para
promover la tutela en su condición de estudiante y representante estudiantil y
sostuvo que, aunque no fue parte en el proceso ordinario, la providencia
cuestionada afectaba directamente su esfera constitucional. Además, afirmó que las
intervenciones revelaban que el auto del 27 de julio de 2026 aún no estaba
ejecutoriado, pues se encontraban pendientes solicitudes de aclaración, adición y
control de legalidad.
33. En ese mismo escrito amplió los cuestionamientos inicialmente formulados.
Alegó la existencia de un defecto orgánico, porque consideró que el Tribunal
Administrativo del Atlántico carecía de competencia para suspender la Resolución
023896 de 2025; asimismo, invocó desconocimiento del precedente, al señalar que
la Sección Primera del Consejo de Estado había negado previamente la suspensión
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06383-00 (10109), índice 18, certificado 7303D069BF239B07
9768F9F27E410355 0B83DFB0CBE12ADC 3933267AEFB4AB6E.
8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06383-00 (10109), índice 17, certificado E1D565B93A9D1E5F
4C0D35FC6F61F982 1F6DCB6786D6D07E 274A996F026B31E9.
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Accionante: Rosa María Castillo Cantillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
de la Resolución 022126. También reiteró el error inducido y el defecto fáctico, con
fundamento en las respuestas de la Corporación Universitaria Empresarial de
Salamanca y de la Corporación Universitaria Americana sobre la experiencia
acreditada por Barrios Torres. Con base en ello, insistió en que se dejara sin efectos
el auto cuestionado y solicitó nuevamente la adopción de una medida provisional.
34. Posteriormente, el 1 de septiembre de 2026, el apoderado controvirtió de
manera específica la contestación del Ministerio de Educación Nacional9. Rechazó
que el asunto pudiera calificarse como una controversia de naturaleza económica y
sostuvo que la tutela planteaba cuestiones de relevancia constitucional relacionadas
con el debido proceso, la educación superior y el ejercicio de las facultades de
inspección y vigilancia del Estado. Igualmente, reiteró los cargos de defecto
orgánico, desconocimiento del precedente, error inducido y defecto fáctico, y afirmó
que la tutela constituía el mecanismo idóneo para obtener la protección solicitada.
35. Finalmente, insistió en que la falta de ejecutoria del auto del 27 de julio de 2026
no impedía un pronunciamiento de fondo del juez de tutela y pidió desestimar las
objeciones de improcedencia formuladas por las entidades intervinientes. En ese
sentido, solicitó conceder el amparo, dejar sin efectos la providencia cuestionada y
ordenar al Tribunal Administrativo del Atlántico adoptar una nueva decisión
conforme a los criterios que, a su juicio, habían sido fijados por las Secciones
Primera y Quinta del Consejo de Estado.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
36. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
en el Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en primera
instancia, la acción de tutela interpuesta por Rosa María Castillo Cantillo contra el
Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se cuestiona la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la educación
superior en su componente de aceptabilidad, y a la moralidad administrativa.
3.2. Problema jurídico
37. En este caso, se contrae a determinar lo siguiente: ¿la acción de tutela
promovida por Rosa María Castillo Cantillo acredita los requisitos generales de
procedibilidad de tutelas contra providencias judiciales? De ser así, ¿el Tribunal
Administrativo del Atlántico incurrió en los defectos fáctico y sustantivo, además
del defecto orgánico, al proferir el auto del 27 de julio de 2026?
9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06383-00 (10109), índice 21, 8D4B12402963E3C1 965592D6066A9AE4
AA530D1CF69D0B95 DF9677B9C4F6D302.
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Accionante: Rosa María Castillo Cantillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
3.3. Sobre los requisitos generales de procedibilidad en el caso bajo
estudio
38. La jurisprudencia del Consejo de Estado10 y de la Corte Constitucional ha
señalado que la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales exige la acreditación de unos requisitos generales de procedibilidad,
orientados a preservar el carácter subsidiario del mecanismo de amparo y la
autonomía e independencia de la función judicial11.
39. En el asunto bajo examen, la Sala advierte que la controversia planteada reviste
relevancia constitucional, en la medida en que la accionante atribuye a la
providencia cuestionada la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la educación superior y a la moralidad administrativa, y sostiene que la
autoridad judicial accionada incurrió en diferentes defectos con incidencia directa
sobre tales garantías.
40. Asimismo, se encuentra satisfecho el presupuesto relativo a la identificación
razonable de los hechos y de los derechos presuntamente vulnerados, pues la
solicitud de amparo expone con claridad tanto la providencia cuestionada como los
fundamentos fácticos y jurídicos en los que sustenta el reproche constitucional.
41. Del mismo modo, la decisión controvertida no fue proferida dentro de un trámite
de tutela, sino al interior de un medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, circunstancia que satisface uno de los presupuestos generales de
procedencia fijados por la jurisprudencia constitucional.
42. No obstante, la verificación de los requisitos de legitimación en la causa por
activa, así como la exigencia de subsidiariedad, exigen un análisis particular en el
presente asunto, dado que las entidades intervinientes cuestionaron expresamente
la aptitud de la accionante para promover el amparo y, además, alegaron que la
providencia judicial controvertida no se encuentra ejecutoriada por existir solicitudes
pendientes de decisión dentro del proceso ordinario.
43. Por tal razón, la Sala procederá a examinar de manera autónoma ambos
presupuestos, para lo cual examinará primero la legitimación en la causa por activa,
dado que su ausencia impide avanzar hacia el estudio de fondo de los demás
requisitos de procedencia y de los defectos atribuidos a la providencia judicial
cuestionada.
3.4. Legitimación en la causa
44. El artículo 86 de la Constitución Política dispuso que cualquier persona puede
acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección de «sus
derechos constitucionales fundamentales», y que podrá hacerlo por sí misma, o por
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
11 Corte Constitucional, sentencias SU-813 de 2007, T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022, entre
otras.
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Accionante: Rosa María Castillo Cantillo
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quien actúe a su nombre. En desarrollo de lo anterior, el artículo 10 del Decreto Ley
2591 de 1991 determinó que se pueden agenciar derechos ajenos cuando su titular
no esté en las condiciones de promover y ejecutar su propia defensa, lo que deberá
manifestarse en la solicitud de amparo. Además, la misma norma prevé que tanto
la Defensoría del Pueblo como las personerías municipales cuentan con la
legitimidad para interponer la acción de tutela.
45. Así, y con las precisiones señaladas por las normas previamente citadas, la
Corte Constitucional ha insistido en que debe existir una identidad entre el titular del
derecho fundamental vulnerado y quien ejerce el recurso de amparo. Es de tal
importancia este asunto, que para ese Tribunal la estructuración de la legitimación
en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, por los
siguientes motivos: en primer lugar, porque posibilita analizar la calidad subjetiva de
las partes frente al interés sustancial que se discute en el proceso de tutela, de tal
modo que el derecho cuya protección se persigue sea propio del demandante, y no
de otra persona12.
46. En segundo término, porque como lo ha destacado la misma Corte, «[...] la
exigencia de la legitimidad activa en la acción de tutela no corresponde a un simple
capricho del legislador, sino que obedece al verdadero significado que la
Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el
sentido de que, no obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide si
pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios intereses, es sólo
la persona capaz para hacerlo»13.
47. En el caso concreto bajo examen, la Sala advierte que la señora Rosa María
Castillo Cantillo promueve la acción de tutela en su condición de estudiante de la
Universidad del Atlántico y de representante estudiantil ante el Consejo de Bienestar
Universitario. Sostiene que la providencia judicial cuestionada afecta sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la educación superior y a la moralidad
administrativa, pues permite que Leyton Daniel Barrios Torres retome el ejercicio de
la rectoría de esa institución.
48.Con todo, la Sala considera que la accionante no acreditó la legitimación en la
causa por activa, por las razones que se exponen a continuación.
3.4.1. No se evidencia una afectación personal, cierta y directa de sus
derechos fundamentales
49. En el presente asunto, la accionante afirma que la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo del Atlántico compromete su derecho a la educación
superior. Sin embargo, no identifica ni demuestra de qué manera concreta la
suspensión cautelar de los actos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional
12 Corte Constitucional, sentencias T-403 de 1995, T-1191 de 2004 y T-086 de 2010. Ver también Consejo de
Estado, Sección Primera, sentencia del 18 de noviembre de 2022, exp. 11001-03-15-000-2022-05577-00, M.P.
Nubia Margoth Peña Garzón.
13 Corte Constitucional, sentencia T-697 de 2006. Ver también Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia
del 12 de diciembre de 2024, exp. 11001-03-15-000-2024-05030-01, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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produjo una afectación personal, cierta y actual sobre sus condiciones de acceso,
permanencia o disfrute del servicio educativo.
50. En efecto, la providencia cuestionada resolvió una solicitud cautelar dentro de
un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el
señor Leyton Daniel Barrios Torres contra varios actos administrativos expedidos
por el Ministerio de Educación Nacional. No obstante, tal decisión no estuvo dirigida
a la accionante, no modificó su situación jurídica individual ni tampoco adoptó
determinaciones específicas respecto de su condición de estudiante.
51. Los argumentos expuestos en la demanda revelan, en cambio, una
preocupación por las consecuencias institucionales que podría generar el eventual
retorno del señor Barrios Torres al ejercicio de la rectoría. Pero, la eventual
repercusión que una decisión judicial pueda tener sobre la administración general
de una universidad no equivale, por sí sola, a la acreditación de una lesión directa
e individualizable de un derecho fundamental propio.
3.4.2. La condición de representante estudiantil no otorga una legitimación
especial para promover la presente acción
52. La accionante también invoca su calidad de representante estudiantil ante el
Consejo de Bienestar Universitario y aduce que la providencia cuestionada afecta
no solo sus intereses, sino también los de los estudiantes a quienes representa. Sin
embargo, la Sala observa que dicha condición corresponde al ejercicio de funciones
de participación y representación dentro de la estructura institucional de la
Universidad del Atlántico, circunstancia que, por sí sola, no resulta suficiente para
acreditar la legitimación en la causa por activa dentro del presente trámite
constitucional.
53. En efecto, aunque la demanda alude a los efectos que las decisiones
cuestionadas podrían generar para la comunidad estudiantil y para la Universidad
del Atlántico en general, en este caso la acción de tutela no fue promovida como
mecanismo de agencia oficiosa. Tampoco se identifica la presencia de personas
que ostenten la titularidad de los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados, ni se afirma que aquellas se encuentren imposibilitadas para ejercer por
sí mismas los mecanismos de defensa judicial correspondientes, en los términos
del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.
54. Por lo tanto, la calidad de representante estudiantil invocada por la accionante
no permite tener por acreditado, en el caso bajo examen, un interés jurídico propio
distinto al de la comunidad universitaria en general, ni la habilita para reclamar
judicialmente, mediante esta acción constitucional, la protección de los derechos
fundamentales de una colectividad indeterminada.
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3.4.3. La accionante no demostró un interés jurídico propio y directo en la
controversia planteada
55. Finalmente, la Sala observa que los cuestionamientos formulados en la solicitud
de amparo están dirigidos principalmente a controvertir la legalidad y conveniencia
de decisiones relacionadas con la designación y permanencia del rector de la
Universidad del Atlántico, así como el ejercicio de las facultades de inspección y
vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional.
56. Sin embargo, los eventuales efectos que esas controversias puedan proyectar
sobre la institución universitaria corresponden a intereses de carácter general o
colectivo y no a la afectación concreta de una posición jurídica individual de la
accionante. La demanda no explica ni demuestra cómo la providencia judicial
cuestionada produjo una carga, limitación o menoscabo específico sobre sus
derechos fundamentales, distinta de la inconformidad que manifiesta respecto de
las decisiones adoptadas en torno a la administración de la universidad y a la
situación jurídica del rector.
57. La anterior conclusión se ve reforzada por una circunstancia adicional: aunque
formalmente la acción de tutela se dirige contra el auto del 27 de julio de 2026,
proferido dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el señor Leyton Daniel Barrios Torres contra actos expedidos por el
Ministerio de Educación Nacional, buena parte de los argumentos desarrollados por
la accionante se encuentran orientados a cuestionar aspectos relacionados con la
legalidad de su designación como rector de la Universidad del Atlántico14.
58. En efecto, los cargos de error inducido y defecto fáctico descansan
esencialmente en la supuesta falta de valoración de elementos probatorios
vinculados con el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la rectoría,
particularmente aquellos relacionados con la experiencia profesional acreditada por
el señor Barrios Torres. Del mismo modo, la accionante insiste en las irregularidades
que, a su juicio, afectan el acto de elección y en la necesidad de impedir que este
produzca efectos jurídicos.
59.Sobre este aspecto, la Sala observa que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo actualmente conoce de varios procesos de nulidad electoral
14 . Por ejemplo, cuando se refiere a la negativa de ese operador judicial de suspender provisionalmente el acto
de elección de Barrios Torres como rector, la solicitante advierte que «el fallador incurrió en un grave error de
derecho al confundir y equiparar los efectos de una medida preventiva de policía administrativa (la cual es
precaria, transitoria y revocable por el Ejecutivo) con la naturaleza del control jurisdiccional de legalidad»; y
luego añade que la «jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado ha sido enfática en advertir que
no se puede admitir la figura de la carencia actual de objeto, si el acto de elección cuestionado mantiene su
vigencia material en el ordenamiento jurídico y sigue amparado por la presunción de legalidad. Toda vez que,
la resolución del Ministerio de Educación se limita a apartar provisionalmente del ejercicio del cargo al
accionante, pero de ninguna manera anula, suspende ni destruye la validez jurídica del acto de su elección, el
objeto de la cautela electoral permanece incólume. Concluir lo contrario implica dejar la legalidad y la
gobernabilidad de la universidad supeditada a una medida administrativa contingente que, al decaer, permitiría
la reactivación automática de un acto de nombramiento viciado por falsedad documental, tal como sucedió con
el fallo de tutela en segunda instancia proferido por el Tribunal, que ordena la suspensión de los efectos de las
Resoluciones 022126 y 023896 de 2025 del Ministerio de Educación Nacional». En Samai, exp. 11001-03-15-
000-2026-06383-00 (10109), índice 2, certificado CEADC463C2210AD0 07507E2173C4438A
BABEB6B284FF6676 B080518AAFF62BE4.
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promovidos contra el acto mediante el cual fue designado el rector de la Universidad
del Atlántico15. Precisamente, en esos procesos se debate la legalidad de dicha
elección y se valoran los elementos de convicción relacionados con el cumplimiento
de los requisitos estatutarios para el ejercicio del cargo.
60. Además, el artículo 228 del CPACA prevé expresamente la intervención de
terceros en los procesos electorales al disponer que cualquier persona puede
solicitar ser reconocida como impugnadora o coadyuvante. De esta manera, el
ordenamiento jurídico contempla mecanismos específicos para que los ciudadanos
que consideren comprometidos sus intereses en la definición de una controversia
electoral puedan participar en ella y presentar ante el juez natural los argumentos y
elementos de juicio que estimen pertinentes16.
61. La Sala observa que, del material obrante en el expediente no se advierte que
la accionante hubiera solicitado su intervención, ni haber participado en los procesos
electorales en los que actualmente se discuten las cuestiones que constituyen el
núcleo de sus reproches17. Esta circunstancia confirma que la presente acción de
tutela no puede ser utilizada como un mecanismo alternativo para trasladar al juez
constitucional debates que cuentan con escenarios procesales específicos de
discusión y participación.
62. Por consiguiente, la ausencia de una afectación personal y directa de derechos
fundamentales, sumada a la existencia de mecanismos ordinarios de intervención
respecto de los asuntos que materialmente motivan la inconformidad de la
accionante, conduce a concluir que no se encuentra acreditada la legitimación en la
causa por activa en el presente asunto.
3.5. Sobre la exigencia de subsidiariedad
63. Como razón adicional a la carencia de legitimación en la causa por activa, la
Sala advierte que las circunstancias del caso también plantean reparos desde la
perspectiva del requisito de subsidiariedad. Efectivamente, como quedó expuesto,
buena parte de los cuestionamientos formulados por la accionante se encuentran
dirigidos a controvertir aspectos relacionados con la designación del señor Leyton
Daniel Barrios Torres como rector de la Universidad del Atlántico y con el
cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a dicho cargo.
15 Ver Samai, exp. 08001-23-33-000-2025-00478-00 (principal).
16 Corte Constitucional, sentencia SU-329 de 2024, consideraciones jurídicas 115 a 120.
17 La sentencia SU-329 de 2024 unificó los criterios para el análisis de la legitimación de la causa por activa en
acciones de tutela contra providencias proferidas en desarrollo del proceso de nulidad electoral, y estableció las
siguientes subreglas: (i) en las acciones de tutela que busquen el amparo de los derechos a la representación
política y a elegir y ser elegido, quienes no hayan sido partes o terceros en el proceso ordinario en el que se
profirió la decisión cuestionada, no tienen legitimación por activa para presentar la acción de tutela; (ii) por tanto,
en estos casos los solicitantes deben acreditar que participaron en el respectivo proceso en calidad de
demandados, demandantes o terceros con interés y que, por esa razón, les asiste un interés legítimo. Esta
posición ha sido asumida por esta corporación en decisiones recientes. Por ejemplo, Consejo de Estado,
Sección Cuarta, sentencia del 12 de febrero de 2026, exp. 11001-03-15-000-2025-07360-00, M.P. Claudia
Rodríguez Velásquez.
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64. Sobre ese particular, el ordenamiento jurídico prevé mecanismos específicos de
participación dentro de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y de
nulidad electoral. Así, frente a los primeros, el artículo 224 del CPACA dispone que
«[d]esde la admisión de la demanda y hasta antes de que se profiera el auto que
fija fecha para la realización de la audiencia inicial, en los procesos con ocasión de
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho […] cualquier persona que
tenga interés directo, podrá pedir que se la tenga como coadyuvancia o
impugnadora, litisconsorte o como interviniente ad excludendum».
65. Por otra parte, respecto a las demandas de nulidad electoral, el artículo 228 del
mismo código permite la intervención de terceros como impugnadores o
coadyuvantes, de manera que quienes estimen afectada una posición jurídica
propia por la definición de una controversia electoral puedan acudir al juez natural y
presentar los argumentos que consideren pertinentes. En estos casos, la
intervención puede hacerse efectiva «hasta el día inmediatamente anterior a la
fecha de celebración de la audiencia inicial».
66. En ese orden de ideas, si la inconformidad de la accionante se encontraba
asociada a los cuestionamientos que actualmente son objeto de discusión dentro
de los procesos de nulidad electoral promovidos contra el acto de designación del
rector de la Universidad del Atlántico; o vinculada a las actuaciones relativas al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Barrios
Torres contra las resoluciones del Ministerio de Educación, correspondía acudir, en
primer término, a los mecanismos de intervención previstos por el legislador para
ese tipo de controversias.
67. Por consiguiente, la existencia de cauces procesales específicos de
participación y contradicción frente a los asuntos que constituyen el núcleo material
de los reproches formulados en la demanda de tutela impide considerar satisfecho
el requisito de subsidiariedad, pues la acción de amparo no puede convertirse en
un mecanismo alternativo para promover debates que cuentan con escenarios
ordinarios de discusión y defensa dentro de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
4. Conclusión
68. La Sala considera que en este caso no se acreditó la legitimación en la causa
por activa de la señora Rosa María Castillo Cantillo, pues no demostró ser titular de
una posición jurídica individual y directa que resultara comprometida con la
providencia cuestionada; no demostró un interés jurídico propio y directo en la
controversia planteada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
en el que se profirió la providencia demandada; y tampoco demostró actuar como
agente oficiosa.
69. La acción de tutela tampoco supera el requisito de subsidiariedad, toda vez que,
frente a los reproches esbozados por la solicitante contra la providencia del 27 de
julio de 2026, y respecto de la inconformidad que suscitó la designación de Leyton
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Accionante: Rosa María Castillo Cantillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Daniel Barrios Torres como rector de la Universidad del Atlántico, la parte actora
contaba con la posibilidad de acudir como tercera interviniente en los respectivos
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y de nulidad electoral.
70. Debido a que en el presente asunto no se acreditaron los presupuestos de
legitimación en la causa por activa y subsidiariedad, requisitos indispensables para
habilitar el examen de fondo de la controversia constitucional planteada, la Sala no
emitirá pronunciamiento sobre los defectos atribuidos a la providencia judicial
cuestionada.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por Rosa María
Castillo Cantillo contra el auto del 27 de julio de 2026, pues no acreditó la
legitimación en la causa por activa ni se cumplió con el requisito de subsidiariedad.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
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Accionante: Rosa María Castillo Cantillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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